“Contento, tranquilo y encantado”. Así está Xavier Solà, número dos del Departamento de Cultura de la Generalitat, porque la Fiscalía Anticorrupción ha decidido investigar sus negocios a lo largo de una década con la Asociación Catalana de Municipios (ACM) y de los que EL PAÍS ha dado cuenta.Su superior, el consejero Ferran Mascarell, ha decidido mantenerlo en el cargo porque realiza una buena gestión en el Departamento de Cultura, aunque considera “reprobable” su actuación pasada.
Solà, en su “pasado reprobable”, dejó una operación fallida de 630.000 euros con cargo a la ACM, es decir, al erario público. Procomu -empresa de la que era socio y con la que gestionó la brillante maniobra- ingresó 55.000 euros mientras él era accionista. Solà también cobró 193.000 euros por la redacción normativa de un catálogo de masías. Lo hizo girando 65 facturas a través de una empresa pantalla que compró y en la que él no aparecía como socio. “No es inmoral hacerlo”, argumentó. Todo, todo el dinero “moral” era público, procedente de los ayuntamientos catalanes.
Solà ya compareció ante el Parlament el miércoles santo -día que en las iglesias católicas se lee el evangelio de Mateo sobre la traición de Judas- para decir que se sentía víctima de “una persecución”. “Me han tenido que poner vigilancia por la presión que he tenido”, se lamentó. Recordó su juventud humilde, cuando vivió en casa de una tía monja en Cornellà de Llobregat e hizo el primer sueldo gracias a sus habilidades musicales en bodas, bautizos y comuniones. A su partido, Convergència, le convenció la partitura con estribillo de pretensiones dickensianas: Solà estuvo arropado en la Cámara por el propio consejero y por el portavoz de CiU en el Parlament, Jordi Turull, que tan buenos servicios hizo a la democracia cuando investigó los informes inútiles encargados por el Tripartito. Ahora, Convergència considera que no hay que exigir responsabilidades, basta con aplicar el corporativismo de partido y salvar al compañero atacado por la prensa inquisitorial.
El saldo que arroja todo el historial de Solà hace muy poco en favor de la ejemplaridad. Ni el propio Solà se ha atrevido a opinar al respecto. No quiere pronunciarse sobre si su comportamiento ha sido ético y no es difícil comprender el porqué. Él dice que todo fue legal. Puede que lo sea. La fiscalía, de momento, lo pone en duda. Y la sociedad percibe la imagen de un político con un pasado de negocios más que sospechosos con el dinero público, que ahora se aferra al cargo protegido por su partido y su consejero.
