Brasil y Bolivia inauguran hoy un espacio con vocación de permanencia en este blog: La Pelea Semanal. En este caso, se trata de una crisis diplomática que ambos países tratan de mantener con sordina. Implica a gobiernos y medios de comunicación. Y con el narcotráfico como telón de fondo.
Los antecedentes se remontan al pasado 28 de mayo. Ese día, el senador boliviano Roger Pinto se refugió en la Embajada de Brasil en La Paz y se declaró víctima de una persecución política por parte del presidente Evo Morales. Diez días despúes, el 6 de junio, el Gobierno de Dilma Rousseff le otorgó el asilo. Pero Pinto languidece en la sede diplomática porque Bolivia se niega a darle el salvoconducto, tal y como dictan las normas internacionales. Y ya van dos meses.
El contencioso ha subido algunos grados más. Varios de los principales medios escritos de Bolivia, como La Razón, Los Tiempos de Cochabamba o El Deber informan este jueves de la vuelta de tuerca dada por el Gobierno de Morales al amenazar, mediante su fiscal general, a cualquier funcionario que facilite los trámites de salida de Pinto. Una forma de dejar claro a Brasilia que no piensa atender su petición del salvoconducto. La única solución, destacaba el miércoles La Razón, es que Pinto se entregue.
Las autoridades bolivianas acusan a Pinto, del partido Convergencia Nacional, expresidente del Senado y flagelo de la corrupción oficial, de prácticamente todo el código penal vigente: una veintena de delitos que van desde el desacato a homicidio. Delitos en los que Brasil, por lo visto, no ha reparado.
La clave del caso saltó hace unos días. El pasado 10 de julio, Veja, la revista brasileña de referencia, publicó un reportaje titulado A república da cocaína. La crónica saca a la luz informes de la inteligencia policial boliviana que revelan supuestos vínculos de Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia y hombre de confianza de Evo Morales, con el narcotraficante brasileño Maximiliano Dorado, hoy encarcelado en su país. No es la primera vez que el nombre de Quintana, apodado el Vladimiro Montesinos de Bolivia, aparece en asuntos turbios. Pero esta vez las fuentes procedían de las propias filas de la seguridad del Estado. Según la revista Veja, el senador Roger Pinto tuvo acceso a esos papeles en 2011 y los hizo llegar a Evo Morales, para que se investigara. En lugar de eso, la persecución contra el senador se agudizó.
La madeja está cada vez más enredada. La Paz ha demandado a Veja y ha nombrado a un nuevo embajador, llamado Jerjes Justiniano, con el encargo específico de llevar adelante el proceso judicial. Varios funcionarios bolivianos, empezando por la ministra de Comunicación, han atacado públicamente al embajador brasileño. Itamaraty guarda silencio, si bien la revista Valor Económico se ha hecho eco del disgusto de la diplomacia brasileña y la posibilidad de que Dilma Rousseff suspenda la visita oficial a Bolivia prevista para el segundo semestre de este año.
Desde su llegada la presidencia, en 2006, Evo Morales ha abierto procesos judiciales contra numerosos políticos de oposición y varios expresidentes. Decenas de cargos públicos han abandonado el país esgrimiendo la falta de garantías judiciales.
El periodista y experto en seguridad Douglas Farah ha recogido el caso Pinto y otros similares en The Bolivarian Legacy, publicado recientemente en la revista Foreign Policy.
Apostilla. No tiene nada que ver pero no me resisto. En El Deber, el periodista Tuffí Aré Vázquez describe la delegación boliviana a los Juegos Olímpicos. Se titula Bochorno Olímpico y no tiene desperdicio.
Hay 2 Comentarios
Primeiro, a revista Veja não é referência no Brasil. É uma publicação de direita, que já publicou muitas mentiras e esta envolvida no escândalo com o criminoso Carlinhos Cachoeira.
Segundo: A direita brasileira, na forma do partido de oposição PSDB, ataca todos os países amigos e que tem presidentes de esquerda. Este partido domina a imprensa brasileira. Enfim, as fontes deste jornal não são confiáveis.
Publicado por: Edilson Ribeiro | 02/08/2012 3:23:50
Asi esta pues bolivia, en un estado de inseguridad jurídica nunca antes visto en estos casi 30 años de democracia ininterrumpida. Y no es que antes era mejor, pero nunca se llegó a estos niveles. Es una pena, sobre todo para los que desde un inicio apoyamos con toda la fuerza a evo, y ahora nos damos cuenta que sus intenciones han cambiado
Publicado por: elbolita | 26/07/2012 23:04:11