Por unas declaraciones como las de Esperanza Aguirre, asegurando que a los arquitectos habría que matarlos, cualquier político debería dimitir. Desear la muerte a cualquiera, y más aún horas después de haber exigido responsabilidades a unos estudiantes por reclamársela públicamente a ella, es, sin matices, éticamente intolerable. Y, estamos de acuerdo con ella, legalmente punible. Daría igual que el colectivo contra el que hubiera arremetido fuera el de los libreros, el de los músicos o el de los propios verdugos. Y, por supuesto, da exactamente igual que lo haya declarado a micrófono cerrado, lo importante no es que lo haya dicho, lo fundamental es que lo piensa.
