El ministro Ruiz-Gallardón pone en dos meses a todos los jueces en su contra
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, saluda al presidente en funciones del Poder Judicial, Fernando de Rosa, en el Congreso. Foto: Uly Martín
Pocas, muy pocas veces, un personaje público, dictadores aparte, ha puesto de acuerdo en su contra a todo un colectivo con el que está condenado a entenderse, a pactar y negociar. Aunque realmente en los últimos tiempos los dirigentes del PP y, en especial su presidente, Mariano Rajoy y su política de recortes —una paga de Navidad menos acá, una subida de IVA allá— van superando todo tipo de récords Guinness de impopularidad entre la ciudadanía.
Pero lo de Rajoy ya nos han informado de que se trata de la herencia recibida del Ejecutivo de Zapatero, de la perfidia de los mercados y del eje franco-alemán que nos obliga a adoptar medidas para sanear las cajas de ahorros plenas de activos tóxicos y que ayudarán a combatir el paro en el futuro, aunque nos dejen sin blanca en el presente.
Pero el actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en menos de dos meses, ha puesto de acuerdo a 4.500 jueces, es decir, la totalidad de la carrera judicial, empezando por todas las asociaciones judiciales, incluida la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que siempre se había llevado de maravilla con la cúpula del Partido Popular, lo que le había servido para superar con gracia y donosura procesos espinosos como el caso Naseiro, o más recientemente el caso Gürtel, en el que cuando todavía no se ha acabado la instrucción, ya se ha expulsado de la carrera al juez que inició la investigación, nada menos que un peso pesado como el juez Baltasar Garzón, por las escuchas en prisión a los principales acusados y sus abogados.
Nada que ver con lo que le ocurrió al PSOE con casos como Filesa o los GAL.
Claro que en los últimos 20 años el que ha controlado el mundo de la justicia, las relaciones con la cúpula judicial y las asociaciones de jueces, repartiendo prebendas, haciendo sugerencias, indicaciones y manejando perfectamente con mano de seda en guante de terciopelo todo lo importante en ese mundo era el ex ministro de Defensa y ex presidente de las Cortes, Federico Trillo, que llevaba con discreción y prudencia la finísima tela de araña de esas relaciones.
Desaparecido Trillo de la escena jurídica, Gallardón, que es fiscal de carrera, ha irrumpido arrasando, como la quintaesencia de sí mismo. Aficionado a la visibilidad extrema, en su etapa de alcalde Gallardón convirtió Madrid en un queso Gruyère, suprimió los famosos scalextrics y, tuneladora en mano, sembró la capital de pasos subterráneos al tiempo que endeudaba las arcas municipales hasta el fin de los tiempos.
Cuando tras suplicar que le hicieran ministro, le encomendaron la cartera de Justicia, cuyas competencias están transferidas a muchas comunidades autónomas, Gallardón no se desanimó y se propuso de inmediato ejecutar el programa del PP en materia de justicia: vuelta a la elección de los vocales del Poder Judicial por parte de los jueces, lo que beneficiaría a la conservadora APM; cadena perpetua revisable, aunque la legislación actual ya permite que los terroristas no salgan de prisión en 40 años; y revisión de la normativa sobre el aborto, eliminando la ley de plazos aprobada a propuesta de la ministra Aído, y vuelta a la autorización paterna para que las menores pudieran abortar.
Lo que fue una sorpresa es que, aprovechando las secuelas del desprestigio del Consejo del Poder Judicial por los viajes de fines de semana caribeños de su presidente, Carlos Dívar, Gallardón pretendiera meter una estocada de muerte al Consejo.
Gallardón había encontrado en Dívar un aliado, un interlocutor que se plegaba a sus peticiones, lo contrario que los vocales de la APM, encabezados por Manuel Almenar, que hasta la fecha tenían el control de los nombramientos de los cargos judiciales, en componenda interesada con Margarita Robles, que controla hasta tres votos de miembros de Jueces para la Democracia.
Por eso, cuando estalló el escándalo de los 32 viajes caribeños del presidente, Gallardón, a través de su secretario de Estado, Fernando Román, que le fue impuesto y con el que no se lleva demasiado bien, impartió instrucciones a sus vocales afines en el Consejo para que le mantuvieran en el cargo contra viento y marea.
Gallardón, en un error de libro, llegó a decir públicamente que Dívar saldría reforzado de la crisis,
Pero Dívar tenía los pies de barro y, a pesar de que la Fiscalía del Estado y 11 de los 15 compañeros de la Sala Segunda le echaron una mano, declarando que no había malversación en sus actos, cada vez que trataba de ofrecer una coartada de que sus viajes eran oficiales, alguien salía a desmentirle. Llegó un momento en el que la APM le puso en la tesitura de renunciar o ser expulsado. Y ante la realidad de los números, a Dívar no le quedó otro remedio que acceder.
El ministro podía haber esperado que el Consejo se cociese en su jugo y que, debido a la tremenda división existente en su seno, los vocales fuesen incapaces de encontrar un sustituto para Dívar. Y probablemente habría ganado. Pero su impaciencia, su vena exhibicionista y esa necesidad de quedar como el gran director de las obras más faraónicas le llevaron a plantear un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es una declaración de guerra a todos los jueces de España, ya que trata de reducir al tercer poder del Estado y sus amplias atribuciones a una especie de apéndice de su ministerio.
El proyecto pretende una reconversión de la cúpula judicial tan brutal que ha puesto de acuerdo a todos contra él. De entrada, elimina el sueldo de todos los vocales y mantiene únicamente el del presidente, que tendrá que tener la condición de magistrado del Supremo con más de tres años de antigüedad en la categoría, y que seguirá con dedicación exclusiva. Los demás continuarán con sus profesiones y cobrarán dietas únicamente por asistir a los plenos.
También se prevé una drástica reducción de las comisiones. Solo se mantendrán la Permanente y la de Igualdad. Las ocho restantes serán tramitadas por un cuerpo de letrados. Los viajes internacionales deberán coordinarlos con el Ministerio de Asuntos Exteriores, y un juez del Supremo se hará cargo de promover la acción disciplinaria, entre otros detalles menores.
Como se aprecia, una manera de eliminar de un plumazo la separación de poderes de Montesquieu, anular el contrapoder de los jueces y del Consejo y tratar de imponer la fuerza del Ejecutivo, es decir, él mismo.
De modo que todo el Consejo a excepción de sus cuatro vocales afines, Fernando de Rosa, Antonio Dorado, Concepción Espejel y Claro José Fernández, se ha rebelado y clama venganza.
Para ello resulta imprescindible que la voluntad de unión que Gallardón ha generado cristalice en un presidente presentable y que pueda hacer frente al rodillo de la mayoría absoluta del PP; aunque hace tiempo, al PSOE no le desagradaba una idea similar de desactivar al Consejo, por lo que no se descartan apoyos en ese terreno.
Los vocales llevan más de 14 horas de reuniones sin ponerse de acuerdo, pero todos ellos son conscientes de que del martes —para cuando está convocado un nuevo pleno— no puede pasar sin que la institución tenga nuevo presidente.
Y mientras tanto, Gallardón, se maneja entre los jueces con la desenvoltura de un rinoceronte entre piezas de cristalería de Bohemia, Rosenthal o Sèvres.
NOTA: El autor de este blog disfrutará a partir de hoy de sus merecidísimas vacaciones anuales. Les deseo lo mejor y mucha paciencia para hacer frente a los recortes de casi todo, menos de impuestos, que nos tiene preparados el Gobierno. Saludos cordiales a todos.
