Pregunta aparentemente complicada: ¿Qué tienen en común Bibiana Aído y el Alto Tribunal de Londres e Inglaterra, el equivalente al Supremo español?
La respuesta tiene que ver con la controversia provocada por uno de los pocos proyectos de ley que la extremada sequía legislativa del Gobierno de Zapatero enviará al Congreso: la ley del aborto.
Quienes están en contra de todo tipo de abortos han puesto el grito en el cielo porque se permita a las mujeres de entre 16 y 18 años decidir por sí mismas si quieren ser madres en contra de su voluntad. Como si para ellos el problema fuera la edad de decisión y no el aborto mismo.
Se ha presentado la reforma como la decisión de una ministra inexperta que hace incursiones permanentes en jardines dialécticos difíciles de sostener. Es decir, algo así como meter en la ridiculización de las frases de una ministra el anteproyecto de ley y atribuir el texto a un supuesto nuevo error de la titular de Igualdad.
Sin embargo, hasta donde alcanza la documentación, Aído no ha sido nunca ministra en Alemania, Francia, Bélgica, Rumanía, Portugal, Austria, Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, República Checa, Holanda y Suecia. Y en todos esos países hay ley de plazos como la que se quiere aprobar en España con muchos años de retraso. Y en muchos de ellos ha habido gobiernos conservadores.
El 23 de enero de 2006, el juez Stephen Silber, del Supremo británico, emitió una sentencia en la que ratificó la norma que permite a las mujeres de 16 años abortar sin conocimiento de los padres. Aclaro que la norma en vigor en Gran Bretaña (un país bárbaro y desalmado) no habla de permiso, sino de conocimiento, que aquí por la vía de la ley de autonomía del paciente será posible sí el médico cree que hay peligro.
O sea, que si la ley española permitiera que los padres obligaran a una mujer a concluir un embarazo no deseado, se mantendría la posibilidad de viajar a Londres, como ocurría hace muchos años, a abortar sin necesidad de permiso paterno.
El juez Silber, que no conoce si quiera a Bibiana Aído, sentenció que ningún padre tiene derecho a saber si su hija quiere abortar y que forzar a una chica a revelarlo a sus progenitores «puede llevarla a adoptar una decisión que lamente más tarde o a buscar la asistencia» en un centro abortista «no oficial». La sentencia merece la pena y explica que no es una ocurrencia de una ministra.
Se da por hecho que en el trámite parlamentario se pueda precisar las condiciones y circunstancias en las que se pueda informar a los padres. Pero para debatir conviene diferenciar entre consentimiento y conocimiento de los padres, que no es lo mismo.
Esperanza Aguirre ha dicho hoy que con el proyecto de ley se acaba con la patria potestad de los padres. En realidad, el PP ya permitió en 2002 que para las personas de 16 años se omitiera esta patria potestad, por ejemplo, para someterse a quimioterapia, a cirujía estética o cualquier otra intervención quirúrgica. Los padres pueden enterarse cuando ya ha pasado todo, porque así lo quiso el Gobierno del PP.
