Ganarse el respeto

María Emilia Casas pide respeto para el Tribunal Constitucional.
La duda es si ella y el resto de magistrados respetan al Tribunal Constitucional.
Si la vulneración del derecho a un juicio sin dilaciones en la resolución de los recursos contra el Estatuto de Cataluña es una falta de respeto al Tribunal Constitucional por parte de los propios magistrados.
Si tenía que haber dicho lo mismo cuando se utilizó el Tribunal como campo de batalla política con una triple recusación malintencionada.
Y si tenía que haber alzado la voz y pedir el mismo respeto cuando ella misma y un tercio de los magistrados acabaron su mandato hace dos años y medio sin que se procediera a la renovación inmediata.
¿Se conoce alguna declaración de Casas criticando con tanta firmeza al PSOE y al PP por batir el récord de interinidad de una institución tan importante como el Constitucional?
María Emilia Casas ha sido tan lenta para resolver sobre el Estatuto de Cataluña como para defender el prestigio de la institución que preside.

El Tajo desemboca en La Moncloa

- El debate sobre el Estatuto de Castilla-La Mancha trasciende los límites de la comunidad autónoma. Hay quien dice que está en juego nada menos que La Moncloa.

Rajoy tiene todas sus esperanzas puestas en arrebatar al PSOE su feudo, justo un año antes de las generales. Para eso dio el insólito paso estratégico de unir en una misma persona la condición de líder regional y la de número dos del partido.

Ganar Castilla-La Mancha no le garantiza La Moncloa, pero le haría venirse arriba antes de las generales. Y al PSOE esa comunidad le sirve de termómetro para medir su desgaste.

Y si pierde el PP, Rajoy afrontará el último año de legislatura con una secretaria general desgastada y derrotada y Zapatero podría exhibir una cierta fortaleza.

Por eso Barreda y Cospedal se han lanzado a la caza del voto con el agua del Tajo casi como único arma político.

La duda es quién acierta en la estrategia. Si Barreda retirando el Estatuto y echando sobre el PP la culpa del fracaso o Cospedal dando imagen de que se pliega a barones regionales más poderosos como Camps y Valcárcel.

- La estrategia de los partidos catalanes sobre el Tribunal Constitucional y la sentencia del Estatuto catalán se desvía hacia la vía muerta del Senado. Allí, el PSC forma grupo parlamentario con ERC e ICV, al margen del PSOE, y nunca ha tenido inconveniente en votar por su cuenta. El conflicto ha salido del Congreso y Zapatero respira aliviado.

- La subcomisión que estudia la reforma de la ley electoral tiene una difícil papeleta sobre la mesa: evitar que los argentinos residentes en España se queden sin votar en las municipales de dentro de un año. Ese voto se basa en la reciprocidad y el Gobierno ha remitido un acuerdo con Argentina que resulta difícil de aceptar por la subcomisión. Y los portavoces creen que no se entendería que votaran los procedentes de otros países sudamericanos, pero no los argentinos.

Locos por las urnas

La proximidad de las elecciones nubla la vista a los políticos y les altera. Las urnas les vuelven locos. Dos ejemplos:

-Zapatero ha conseguido enfriar el debate sobre el Tribunal Constitucional y la sentencia del Estatuto de Cataluña y ha conseguido convencer a Montilla para que baje el tono de su discurso. Le falta logar que CiU, con los que ya ha contactado, rebajen también sus iniciativas para denunciar la supuesta deslegitimación del actual tribunal. Un diputado del PSC confiesa en el pasillo que está algo más aliviado, porque asegura que él tendría que elegir apoyar a Montilla, más aún en vísperas de las elecciones autonómicas catalanas.

Para eso Zapatero dijo el miércoles en el Pleno algo que, realmente, no quiere decir nada. Por un lado que hay que renovar cuanto antes el Tribunal y no se entendería que dijera lo contrario, es decir, que no hay prisa para hacerlo. Y por otro lo contrario, que debe seguir trabajando con legitimidad el tribunal. Para que nadie se moleste.

-Mucho más caliente está el frustrado Estatuto de Castilla-La Mancha.

¿Cómo explicar que Cospedal votara un texto en las Cortes de Castilla-la Mancha que ahora no quiere apoyar y ve inconstitucional?

Y hay un detalle que ha pasado inadvertido: la presencia en el Congreso del presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, mientras se discutía el miércoles en comisión este Estatuto. No se recuerda un caso de presidente autonómico que acude a la Cámara a presionar sobre una norma de otra comunidad. Y a quien presiona es, nada menos, que a la número dos y secretaria general de su partido. Todo por las urnas.

Y tampoco se entiende que PSOE y PP pactaran incluir en el Estatuto de Aragón una reserva estratégica de agua y ahora no se acepte lo mismo para el de Castilla-La Mancha.

También en esto influye la proximidad electoral. El PP se juega el futuro de su número dos y la posibilidad de ganar en una plaza tan simbólica un año antes de las generales y el PSOE la referencia sobre hasta qué punto la crisis económica le pasará factura en las urnas en 2012. Valencia y Murcia tampoco quieren pagar en las urnas.

(Andaban preocupados un diputado socialista y otro de CiU porque Alfonso Guerra, al que no le gusta el fútbol, les ha puesto la reunión de la subcomisión de la ley electoral justo el miércoles que viene, a la hora del partido del Barcelona contra el Inter).

Zapatero tiene un problema

Están en una situación dificílisima.
Pertenecen al PSC, cuyo líder, José Montilla, promueve iniciativas en Cataluña y las Cortes para forzar la renovación del Tribunal Constitucional, denunciando su ilegitimidad porque una parte de los magistrados ha acabado su mandato.
Y por otro forman parte del Grupo Socialista, cuyo líder es presidente del Gobierno y se niega a forzar esa renovación.
Están sujetos a la disciplina del grupo y deben votar en contra de Montilla. Porque Zapatero tuvo que aceptar en 2008 la presión del PP para no renovar hasta que no fallara sobre el Estatut.
De estos 25 diputados del PSC tiran dos fuerzas contrapuestas que corren el riesgo de partirles en dos y, de momento, les pone en situación difícil. Hay dos ministros del PSC (Chacón y Corbacho) y uno de ellos, además, es diputado y tendrá que decidir si vota con el líder del PSC o con el presidente del Gobierno.
El presidente de la Generalitat está presionado por los otros partidos catalanes y no puede quedarse atrás en la batalla del Estatut, si no quiere perder las elecciones en octubre. Sobre todo ante Artur Mas (CiU), libre de ataduras para presionar y echar los pies por alto.
De hecho, para dejar en situación difícil al PSC, quiere que la iniciativa parlamentaria para renovar el Tribunal, sea firmada por diputados catalanes y no por grupos.
Montilla puede construir su estrategia electoral sobre el enfrentamiento con Madrid. Y puede ser rentable electoralmente. Al menos es su última esperanza ante las palas perspectivas electorales.
Pero eso tiene contraindicaciones institucionales graves. Como que una parte importante del partido que gobierna esté deslegitimando al Tribunal Constitucional y su sentencia.
Es legítimo el debate que propone el PP sobre el recurso previo para estatutos aprobados en referéndum y el de CiU sobre la eliminación del control de constitucionalidad para estas normas, pero llegan tarde.
Zapatero tiene un problema. Le persigue el fantasma del Estatut que ya le hizo la vida imposible en la anterior legislatura, le hizo dar continuos traspiés y que no terminó de cerrar.
Y si la sentencia tumba lo sustancial del Estatuto, Zapatero tendrá dos problemas distintos: el de su partido en Cataluña y el de su partido en el resto de España.
(El PSOE ha terminado por aceptar un endurecimiento notable del Código Penal. Y hay dudas entre los expertos sobre los arrestos de fin de semana para los carteristas).

Renovación imposible

Así ve el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar la resolución del caso Gürtel
1.- ¿Quién podía pensar que el PP, después de bloquear durante dos años y medio, con una artimaña hábil, la renovación del Tribunal Constitucional fuera a rectificar ahora cuando va ganando el partido, tiene mayoría a su favor y el ponente de la sentencia del Estatuto catalán es un conservador? El PP, al menos, es coherente. La renovación es imposible.
2.- ¿Puede el PSOE levantar ahora la bandera de la renovación cuando ha rechazado reiteradas iniciativas en el Congreso para forzar esa renovación con una reforma retroactiva de la ley que provocara el cese de magistrados que hayan terminado su mandato? Los socialistas votaron con el PP hace apenas dos semanas para rechazar una iniciativa de ERC.
3.- ¿Hasta dónde llega el acuerdo del PSOE con el PP para esperar a que se resuelva el recurso y proceder luego a la renovación? Ese acuerdo existe y los socialistas aceptaron esperar a la sentencia, aunque ahora Montilla les pida lo contrario.
4.- ¿Aguantará la presión de los partidos catalanes que se manifestará, por ejemplo, el miércoles en una pregunta de Herrera a Zapatero y otra de Duran a Fernández de la Vega en el pleno?
5.- ¿Podrá Zapatero forzar que la sentencia no sea hasta después de las elecciones catalanas, porque así le conviene?
6.- El miércoles la reforma del Código Penal pasa el trámite de la Comisión de Justicia y queda pendiente el acuerdo sobre la multirreincidencia de los pequeños delitos.
7.- Todos los partidos están de acuerdo en que no voten más en las municipales los emigrantes que no han pisado nunca los municipios sobre los que pueden decidir el color del gobierno local. Su problema es quién da primero el paso de anunciar el acuerdo en la subcomisión del Congreso.
8.- En plena tormenta de casos de corrupción, es posible que PSOE y PP unan sus votos en el pleno para rechazar la iniciativa de Joan Ridao (ERC) de limitar las donaciones anónimas a los partidos políticos.
9.- Bárcenas y Merino no han aguantado la presión. Aunque haya tardado, Rajoy ha ido ya más lejos que Esperanza Aguire para apartar a los imputados en el caso Gürtel.
10.- El miércoles Zapatero comparece para explicar la cumbre europea, pero más bien el debate servirá para ver si los esfuerzos de Zurbano se concretan en menor presión al Gobierno por la crisis económica.
11.- Y el decreto en el que quedó ese intento de pacto de Estado será convalidado con amplísima mayoría y el único rechazo de IU, ICV y Nafarroa Bai. El PP estará con el Gobierno en el momento de votar. Arrastrando los pies, pero estará.
12.- Las quinielas son ahora sobre los ministros que podrían ser candidatos en municipales y autonómicas.

El marciano confundido

Supongamos que un marciano tiene el acierto/desacierto de caer con su platillo en España, tal día como hoy. Antes de entrar en contacto con los humanos decide procesar la información de los medios de comunicación.

El marciano descubre que hay un Tribunal Constitucional que lleva casi cuatro años reuniéndose de vez en cuando, sin prisa, para intentar aprobar una sentencia sobre una norma que lleva en vigor desde entonces y que ha sido desarrollada y aplicada. Sus miembros, incluso, llevan dos años y medio de ?okupas?, porque terminó su mandato y nadie nombra a sus sustitutos. Lo curioso es que ese Tribunal tiene entre sus funciones garantizar el respeto a algo que se llama derecho a un ?proceso público sin dilaciones indebidas?.

Uno de los partidos, que tiene mayoría en el Parlamento, ha renunciado a forzar la renovación de ese tribunal y ahora se encuentra con que el que va a redactar la sentencia es contrario a sus posiciones. Ese mismo partido ya renunció a la presidencia de algo que se llama Consejo General del Poder Judicial.

Los periódicos hablan también de un Tribunal Supremo, cuyas decisiones sientan jurisprudencia y marcan el rumbo al resto de instancias judiciales, pero al que se le acusa de franquista y se ponen en duda sus decisiones.

El extraterrestre ha visto también que hay un partido, que aspira a gobernar y que es el más apoyado según las encuestas, sobre el que se dice que hay dirigentes implicados en casos de corrupción. Hay presidentes autonómicos que reciben regalos y dirigentes que no expulsan a los acusados, sino que esperan a que sean ellos los que se aparten voluntariamente para no dañar al partido. Y es un lío, porque por esa trama de corrupción el primero en dimitir, a petición del partido afectado, fue el ministro de Justicia, que pertenece al otro partido. Fue por algo de una cacería, pero los que recibieron los regalos y sobornos siguen en sus puestos.

También se dice que en el país en el que ha caído con su platillo hay una policía a la que ese partido acusa de fabricar pruebas falsas y perseguirles.

Hay también un presidente del Parlamento al que se le acusa de acumular dinero y sobre el que se extienden sombras de duda.

Los periódicos hablan de un juez muy famoso, que ha marcado la agenda política y judicial de los últimos 30 años, y al que quieren sentar en el banquillo por intentar abrir un proceso contra una dictadura. Con esto el marciano se hace un lío porque el anterior jefe de uno de los partidos, llamado Aznar, dijo en 1995 que ese juez era ?valiente e imparcial? y ahora los suyos le descalifican y le llaman de todo. Claro que los del otro partido hace 15 años le insultaban y ahora se movilizan para apoyarle.

No entiende muy bien el marciano que desde Argentina se vaya a investigar lo que pasó en España hace 30 años. Necesita información adicional.

Y oye hablar mucho de un tal Franco, contra el que hay protestas y movilizaciones. No termina de tener claro si ese Franco está vivo o si está muerto porque en lo poco que ha podido pasear ha visto placas de calles con su nombre y monumentos de homenaje. El marciano no entiende que si como dicen algunos fue un dictador genocida y si ya se ha muerto no se hayan quitado esas placas y estatuas con su nombre y el de sus generales.
Con este panorama, el marciano ni siquiera se espera a que con la promoción del coche eléctrico, como salida imaginativa a la crisis económica, se generalicen las estaciones de servicio con enchufes. El marciano carga de combustible su platillo volante en un huerto de energía solar (subvencionado) que, en realidad, funciona gracias a generadores de gasoil (subvencionado), y se va confundido.

Trámites inútiles

A cuenta de las acusaciones contra José Bono y el intento del PP de subirse a ese carro para hacer ruido, resurge muy por debajo el debate sobre el control y la transparencia de los diputados. Y más concretamente sobre la inutilidad de trámites como la declaración de patrimonio que deben hacer todos los parlamentarios al asumir el escaño y al dejarlo.

Esa declaración es secreta, nadie tiene acceso a ella y está depositada en el Registro del Congreso. Como nadie la ve, nadie puede comprobar si los datos han sido falseados o si son veraces o si hay omisiones.

Incluso, si hubiera denuncia de parte, la Cámara no tiene establecido ningún mecanismo de control de veracidad de lo que allí se hace constar. En este caso concreto, los cuatro miembros del PP de la Mesa del Congreso pidieron el martes que la Comisión del Estatuto del Diputado cotejara la declaración secreta de Bono con su escrito a la Fiscalía y no lo lograron porque no existe ese mecanismo en el Reglamento de la Cámara. La Comisión no es competente para hacerlo y si llega la petición la rechazará.

Cuando se pregunta para qué sirve esa declaración de patrimonio, responsables del Congreso explican que si lo pidiera un juez habría que remitírsela. Pero aclaran que si el juez comprobara que en la declaración en el Congreso no se han incluido todos los datos, no habría posibilidad de actuar contra el diputado porque no existe ninguna exigencia o garantía de veracidad. Ni capacidad de investigación o de comprobación.

¿Para qué sirve entonces? Para nada.

¿Por qué se hace? Pues nadie sabe explicarlo.

De hecho, hay diputados que admiten que esa declaración se rellena como un formalismo. Y un presidente de una destacada comisión cuenta que cuando estaba rellenando la suya, a su lado estaba un ex ministro del PP hablando por el móvil y pidiendo datos a su mujer sobre los diferentes coches de su propiedad, pero con cierto desinterés, de quien cumple un trámite incómodo. Por cierto que el diputado ex ministro no recordaba exactamente cuántos coches tenía.

Que quede claro que no se trata de lanzar sospechas contra Bono, que ha hecho públicos todos sus bienes e intereses. Y que el miércoles se reunió uno a uno con los portavoces para detallarles su patrimonio y parece que con cierto éxito porque todos, salvo el PP, le dieron apoyo. Pero sí habría que revisar trámites y procedimientos absurdos como lo era el de votar en secreto las declaraciones de actividades que se suprimió hace un mes.

El extremo deseable de transparencia sería hacer públicos los patrimonios de los diputados con garantías de seguridad, como ya hacen los ministros o los consejeros de algunos gobiernos autonómicos. Pero no parece que los partidos estén por la labor, bastante costó dar el pequeño paso de que la declaración de actividades sea pública.

Pleno lánguido y "¡Visca la República!"

?Cuando uno es ministro discute de lo que quiere?, asegura en el pasillo Rubalcaba después de responder a otra nueva pregunta del PP sobre el caso Faisán, convertida otra vez en un nuevo exceso de acusaciones contra el Ministerio del Interior y contra la Policía de forma genérica. Y también a otra sobre los casos de crímenes cometidos por menores, que termina por ser un alegato del PP a favor de las reformas legales en caliente y desde la vísceras.

?Salgado se ha delaveguizado?, explica también en el pasillo Soraya Sáenz de Santamaría. Viene de escuchar cómo la vicepresidenta económica le responde con el caso Gürtel a una pregunta sobre su primer año en su cargo y se refiere a cómo la número tres del Gobierno ha asumido la estrategia de confrontación que ya usó Fernández de la Vega.

No está Zapatero, de viaje oficial, y el centro del lánguido pleno es el juego de los vicepresidentes. El PP sigue centrado en Salgado, para ningunear a De la Vega, pero esta ha reaparecido porque Joan Ridao le ha preguntado sobre la sentencia del Estatut. No es mal tema para reaparecer.

Significativamente, De la Vega ha contestado su pregunta y se ha ido sin escuchar la respuesta de Salgado, ni la de Manuel Chaves, el vicepresidente con menos presencia parlamentaria y con muy escasas competencias.

Pero el centro de la vida política estas semanas no es el Congreso, sino el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. El Constitucional se descalifica solo; al Supremo se le cuestiona hasta en la prensa internacional; a la policía el principal partido de la oposición le imputa fabricación de pruebas falsas; al presidente del Congreso se le obliga a ?desnudarse? públicamente?. Y se discute sobre los crímenes del franquismo.

Por cierto, que del Constitucional, se cruzan apuestas sobre la fecha de la sentencia del Estatuto de Cataluña y para la mayoría de los partidos ya casi es mejor esperar a después de las elecciones catalanas. El Gobierno no oculta su preferencia por el aplazamiento. Sale del guión de la mañana Joan Tardà (ERC) con un "¡Visca la República!" pronunciado desde la tribuna, en el 79 aniversario de la II República. Lo llamativo es que lo hace en el inicio de su intervención al interpelar al ministro de Trabajo sobre inmigración.
"Permítanme, señorías, que en el día de hoy, 14 de abril de 2010, aniversario de la proclamación de la República catalana y también de la República española, deje constancia pública desde esta tribuna de nuestro homenaje a los ciudadanos y ciudadanas que, en un día como hoy de hace 79 años, decidieron enterrar al viejo régimen monárquico y hacer nacer la República. Recuerdo que, aun cuando hayan pasado 79 años, sigue permaneciendo y conformando los ideales y los valores más modernos de libertad, democracia y justicia. Y dejen que termine dando un ¡Visca la República! Muchas gracias. Dicho esto, señorías, vamos a entrar en materia", ha dicho el diputado en la tribuna.

Y el jueves no hay pleno.

Da miedo

Lo más inquietante de las declaraciones de los dirigentes del PP en las que acusan a la policía de fabricar pruebas y falsificar documentos oficiales es que las suscriben dos ex ministros del Interior (Mariano Rajoy y Jaime Mayor Oreja) y una ex subsecretaria de Interior (Dolores de Cospedal). Los tres han tenido a la policía a sus órdenes. Durante años han tenido a su disposición a la policía que, según dicen, actúa de forma nada democrática.
Hay dos posibilidades:
1. No dicen la verdad y no respetan nada con tal de defenderse de la corrupción. No tienen pruebas y no reparan en que la policía puede pasar a estar a sus órdenes si ganan las elecciones. No les importa llevarse todo por delante, como cuando las conspiraciones del 11-M.
2.- Saben por experiencia que sí es posible utilizar a las Fuerzas de Seguridad del Estado como policía política. Saben que desde Interior se pueden falsificar pruebas y perseguir a ciudadanos inocentes.
Si se cumple la primera hipótesis sería terrible para el principal partido de la oposición y si se cumple la otra alternativa lo sería para el Estado de Derecho.
Y, en todo caso, es terrible para todos todos los ciudadanos. Da miedo.

Por si éramos pocos

Rajoy proclamó en el Congreso del PP de Valencia de 2008 que, al fin, había podido formar su equipo para dirigir el partido. Lo vendió como una ruptura con el pasado.

Hace unas semanas, Jaime Mayor Oreja salió de las brumas para lanzar al PP por la pendiente del uso partidista del terrorismo y marcar el paso a Rajoy.

El miércoles, José María Aznar salió de detrás de su enorme pashmina para marcarle a Rajoy el camino. Y, paradójicamente, para hacer una condena de la corrupción mucho más enérgica que la que ha hecho estos días Rajoy, a pesar de que el origen de los hechos se remonta a la etapa de Aznar al frente del partido.

Y, por si éramos pocos, Francisco Álvarez Cascos ha salido de las sombras. Lo ha hecho como él acostumbra: con pisadas que hacen retumbar el suelo, como un bulldozer que arrasa con todo.

El que fue conocido como ?general secretario? del PP; el que criticó en abril de 2008 a Rajoy porque, según dijo, ?parece que ha optado por las personas más afines, nuevas o veteranas, sacrificando a las personas de más peso y mejor preparadas?; el que mandó alejar de la costa el Prestige ha vuelto para marcarle el camino al líder del PP.

Cascos es el que dijo en 1995 aquello de ?Garzón somos todos?, cuando el PSOE arremetía contra el juez por su investigación del caso GAL y ahora es el que acusa a la policía de delitos de falsedad. Entonces se subió a lomos de la investigación de Garzón, para cabalgar hacia La Moncloa y actuar como ariete del último Gobierno de Felipe González, sin reparar en lo que ahora sostiene: que el juez había sido candidato del PSOE en 1993. El juez que calificaba entonces de "valiente" es para él ahora "una anomalía democrática".

"Hasta tus silencios, presidente, son lecciones magistrales", le dijo una vez a Aznar en un congreso del partido y ahora reaparece desde el reino de las sombras para recuperar la teoría de la conspiración contra el PP. Y hacerlo como ha hecho siempre él las cosas: arrollando todo lo que se le ponga por delante. Incluido el respeto a la estrategia de Rajoy. Es como si para él, los clamorosos silencios del actual líder del PP ya no fueran lecciones magistrales, sino muestras de debilidad.