PSOE y PP acaban de pactar una reforma de la ley electoral que dificulta que la izquierda abertzale pueda estar en las elecciones municipales y forales de mayo.
Los dos grandes partidos hacen caso omiso a los miembros de su partido que sostienen posiciones que supondrían romper el pacto antiterrorista en vigor. Por un lado, el PSOE ignora a Jesús Eguiguren, que es partidario de entablar un proceso de diálogo con ETA y tomar decisiones que lo favorezcan, como permitir que Sortu esté presente en las elecciones.
Por el otro, Jaime Mayor Oreja insiste en denunciar que hay abierta una negociación entre el Gobierno y ETA, pero no le creen ni los suyos. En cada reunión del partido, todos los dirigentes del PP escuchan a Mayor Oreja, él asiste a manifestaciones de algunas víctimas del terrorismo, pero no le hacen caso ni sus compañeros.
Ni Rajoy comparte lo que dice Mayor Oreja, ni Zapatero parece seguir lo que propone Eguiguren.
El PP exigía que Sortu no esté en las elecciones y la Fiscalía y la Abogacía del Estado han llevado el asunto a los tribunales para que se impida su presentación en las elecciones.
Es decir, que el PSOE y el PP están de acuerdo en lo esencial y mantienen a salvo el Pacto Antiterrorista. Entre otras cosas, porque si estamos ante el final de ETA, la gestión tendrá que ser de los dos grandes partidos. Si se confirman los augurios de las encuestas, será Rajoy quien tenga que gestionar el final de la banda, incluyendo el difícil problema de los presos. Federico Trillo es informado casi cada día por Rubalcaba.
Y, a pesar de todo eso, a la crisis económica le ha sustituido como argumento de oposición un asunto como el del Faisán que tiene que ver con la lucha antiterrorista. Hay acuerdo en lo esencial, pero un asunto vinculado al terrorismo es arma de confrontación política y centra la escandalera del Congreso.
Pese a la complicación del caso que hace casi imposible su seguimiento en el día a día, la acusación del PP es que en 2006 hubo una decisión para facilitar un proceso de diálogo para alcanzar el final del terrorismo.
Pero unos años antes, en tiempos de José María Aznar como presidente del Gobierno, hubo otro proceso de paz, con diálogo con ETA incluido y nadie cuestionó ni preguntó qué gestos se hacían para favorecer esa negociación. O de qué forma se contactaba con ETA para preparar las reuniones.
Ningún juez abrió diligencias y no hubo ninguna pregunta de la oposición al Gobierno en el pleno del Congreso.
Frente a ETA se sentó en Suiza el entonces número dos de Interior, Ricardo Martí Fluxá, y nadie pidió explicaciones de por qué no cumplió con su obligación de facilitar la detención de sus interlocutores. ¿Por qué les dejó irse sin detenerlos?
Allí estaban también uno de los actuales asesores de Rajoy, Pedro Arriola, y el responsable actual de la fundación de Aznar, Javier Zarzalejos, y no les preguntó nadie cómo contactaban con ETA.
Incluso, hubo un episodio no aclarado a la llegada de la reunión en Suiza, porque descubrieron a alguien haciendo fotos con una cámara desechable. No se indagó si el fotógrafo era del CNI.
Si lo era, ¿qué ha sido de esas fotos? Y si no lo era, ¿por qué el CNI no vigiló la reunión? ¿Quién alquiló la sala donde se produjo el encuentro? ¿Se le detuvo o se le permitió ir?
También participó como notario y testigo el entonces obispo de Zamora, Juan María Uriarte, amigo personal de Mayor Oreja. ¿Cómo contactaba con ETA? ¿Se permitió a los etarras moverse por Europa para llegar a la reunión con ayuda de un gobierno amigo de España?
¿A que no tiene sentido acusarles de colaboración con ETA porque estaban en pleno proceso de paz para intentar acabar con el terrorismo? Pues eso.
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