Todo parece indicar que Mariano Rajoy será el próximo presidente del Gobierno y, dejando de lado la crisis económica que con seguridad marcará los próximos años, el asunto al que más tiempo deberá dedicar es el del final de ETA. Al reto titánico de enfrentarse a la crisis económica se le unirá el no menos gigantesco de tener que cerrar el capítulo de ETA.
No será fácil porque habrá que pasar por episodios como el futuro de los presos o el intento de la izquierda abertzale de escribir un balance de la historia que presente la actividad de ETA con un balance final positivo.
Rajoy tendrá en el Congreso, previsiblemente, un grupo parlamentario de la izquierda abertzale con capacidad de presentar iniciativas en el Congreso que tengan que ver con el final de ETA y con la independencia del País Vasco. Habrá que escuchar expresiones que hieran muchas sensibilidades, como la de "confrontación armada" para definir el terrorismo.
Entra dentro de lo posible también que durante la legislatura Rajoy tenga que tratar con un Gobierno vasco que esté en manos del PNV y, quizás, de Bildu, Amaiur o cómo se llame entonces la izquierda abertzale que tendrá capacidad para poner en marcha planes o exigir medidas que tengan que ver con los presos. Durante años todos han dicho que es legítimo pedir la independencia siempre que se haga de forma pacífica y ahora ha llegado el momento de ver cómo se hace.
El líder del PP, si se cumplen las expectativas de las encuestas, tendrá que decidir sobre la llamada doctrina Parot” que tanto preocupa al entorno de ETA. O, al menos, tendrá que ver cómo aplica una
sentencia del Tribunal Constitucional sobre esa doctrina que permite alargar al máximo el cumplimiento de las condenas más extremas.
Rajoy tendrá que poner especial esmero en el nombramiento de su ministro del Interior. Necesitará un ministro con peso político, con capacidad de diálogo y posibilidad de tejer acuerdos con otros partidos, con conocimiento de la administración de justicia y del derecho. En ese perfil,
encajarían con distinto grado de dificultad nombres como Federico Trillo y Alberto Ruiz Gallardón, entre otros.
Tendrá también que convocar a los partidos democráticos para intentar mantener una posición unitaria en ese final de ETA. Es decir, reeditar y adaptar a los nuevos tiempos el pacto antiterrorista que en algunos puntos ha quedado anticuado. Y recuperar otros puntos del acervo de los partidos frente a ETA como la resolución que Aznar hizo aprobar el 10 de noviembre de 1998 en el Congreso y que pedía: “Una nueva orientación consensuada, dinámica y flexible de la política penitenciaria de la forma que mejor propicie el fin de la violencia”.
Ese texto le sirvió a Aznar para ordenar acercamientos de presos a cárceles del País Vasco, es decir, lo mismo que tendrá que hacer Rajoy.
Rajoy sabe de antemano que tendrá el apoyo del PSOE, haga lo que haga. Porque Aznar lo tuvo cuando mandó a tres emisarios a hablar con ETA, cuando se lanzó a cerrar Egin y cuando le comunicó un domingo por la noche, cinco minutos antes de hacerlo público, que aprobaba la ley de partidos para sacar de las instituciones al entorno de la banda terrorista. Sea quien sea el líder del PSOE, Rajoy tiene garantizado el apoyo de los socialistas. No ocurriría lo mismo si la situación fuera la contraria, tal y como ha quedado demostrado.
Las dificultades para el líder del PP vendrán de su propio espectro ideológico. De quienes le piden una posición de dureza y quienes, como Jaime Mayor Oreja, le exigen que confronte con el Gobierno de Zapatero denunciando un supuesto diálogo entre el Ejecutivo y ETA.
La primera reacción de Rajoy, dos horas después de conocerse el comunicado, se aleja de la posición de ese sector. El siguiente paso debería ser hacerles callar o, al menos, impedir que interfieran
su estrategia. Porque esas declaraciones sitúan al PP en una posición que permite al PSOE usar contra los populares el miedo a la derecha extrema y, en segundo lugar, porque Rajoy puede dar a entender que su posición es sólo coyuntural y de pura estrategia pensando en el 20-N.
