¿De qué se ríen? Al mirarlos con esas expresiones entre bobaliconas y obnubiladas, la única duda que cabe plantearse es si su desfachatez supera a su aislamiento del mundo que les rodea, o viceversa. Pero, al mismo tiempo, el análisis del fantasmagórico referéndum organizado por el régimen de Bachar el Asad ofrece la ventaja de que no necesitamos esperar a los resultados oficiales: sabemos que los 14 millones de potenciales votantes (sobre una población total de unos 22 millones) aprobarán abrumadoramente la reforma constitucional. Y esto será así, obviamente, no porque los sirios apoyen a su presidente sino como resultado de la misma maquinaria fraudulenta que se permitió anunciar, en el año 2000, que el entonces sorprendente sucesor del dictador Hafez el Asad se convertía en el nuevo presidente del país con el 97,2% de los votos. La misma que, en un segundo referéndum celebrado en 2007, confirmó su permanencia en el cargo con el 97,6% de respaldo popular.
Con esos antecedentes no puede sorprender ahora que, en su decidida huída hacia adelante, el régimen haya decidido montar una tercera farsa. Ni siquiera ha creído necesario detener por un instante la violencia que ejerce contra su propia población, convencido de que los 7.600 muertos ya acumulados apenas cuentan en la compleja ecuación que caracteriza hoy su pugna por mantenerse en el poder contra viento y marea.
A nadie puede hoy convencer Bachar El Asad y sus secuaces con sus cosméticos gestos de reforma. Basta recordar que el texto constitucional que ayer se refrendó ha sido elaborado por 29 personas designadas directamente por el régimen. Con él se pone fin a un sistema de partido único (el Baaz) que se remonta a 1963; pero se deja abierto el camino para que el propio El Asad siga en el cargo hasta 2028. En paralelo se anuncian unas elecciones (que serían ya multipartidistas) en un plazo de noventa días tras el referéndum, para las que ninguno de los verdaderos opositores de hoy tendrá tiempo ni medios para prepararse con ciertas expectativas de éxito.
Aunque ninguno de estos pasos suponga una respuesta válida para la oposición ni para el conjunto de la ciudadanía, el mensaje más evidente de esta mascarada del régimen es su voluntad de seguir resistiendo en el poder. Frente a esa actitud, las divergencias entre la oposición- no solo por choques personalistas, sino también en relación con la mejor estrategia (pacífica o violenta) a adoptar- y las no menos graves entre la comunidad internacional- como acaba de poner de manifiesto la escasamente útil reunión de Túnez, en la que los saudíes apuestan por armar a los rebeldes, mientras otros (como algunos europeos y Washington) optan por las sanciones económicas y otros (como Rusia y China) prefieren ni asistir- siguen ofreciendo desgraciadamente vías de alivio a un régimen que, en cualquier caso, ya ha dejado de tener futuro.
Londres ha vuelto a ser el escenario de un nuevo ejercicio de la diplomacia viajera que caracteriza estos tiempos, reuniendo a representantes de 55 gobiernos y organizaciones internacionales interesadas en encontrar una salida para Somalia. Desde 1991 este país- del que siempre se destaca su importante posición geopolítica en la entrada/salida al/del mar Rojo (reflejando que eso es lo único que realmente interesa)- aparece en todos los listados de Estados frágiles, y en los que recogen a los países más pobres del mundo, a los más violentos y a los más asolados por continuas crisis humanitarias. Hoy, tras la reunión de Londres, hay que hacer un supremo esfuerzo de imaginación para suponer que está próxima la salida de ese negro túnel en el que llevan tantos años inmersos los alrededor de 10 millones de somalíes.
A riesgo de que los resultados del inminente plebiscito sean una sorpresa mayúscula, Yemen constituye uno de los ejemplos más claros del ilusionismo político que lleva a algunos a ver una “primavera árabe” donde, de momento, la floración se retrasa a ojos vista. Hay que tener mucha imaginación para suponer que lo que decidan los yemeníes mañana supondrá el advenimiento de un gobierno representativo y legítimo más allá de la formalidad teatral de una convocatoria en la que todas las cartas están marcadas desde el inicio. Y de poco sirve en este caso volver a recordarle a una ciudadanía mayoritariamente harta de ver relegados sus anhelos de bienestar y libertad que los cambios de sistema necesitan tiempo.
En el enrevesado juego que se viene desarrollando en torno a Irán desde hace años, los últimos acontecimientos apuntan a una reducción de la tensión belicista, en medio de otros datos que nos recuerdan que la guerra encubierta sigue desarrollándose sin pausa. Así, entre estos últimos, han destacado las acusaciones contra Teherán por atentar contra intereses israelíes en lugares tan dispares como Georgia, India y Tailandia. Resulta tan creíble la implicación iraní en este tipo de actividades como la de Israel en el asesinato de científicos iraníes o en la contaminación de su sistema informático con el virus Stuxnet; puesto que ambos buscan la anulación de lo que perciben como amenaza a sus intereses. No deja de sorprender, en todo caso, la diferencia en el tratamiento mediático de estos hechos, de manera que Teherán aparece inmediatamente (con o sin pruebas) como culpable, mientras que se tiende a diluir la responsabilidad de Tel Aviv en una nebulosa interesada.
En el país más joven del planeta las cuentas no cuadran. Por un lado, se estima que el presupuesto anual de defensa se eleva a los 600 millones de dólares (un 80% en salarios), lo que supone el 40% del presupuesto estatal, como resultado de una dinámica de militarismo agudo y violencia creciente. Mientras las inseguras fronteras con su vecino del norte están prácticamente cerradas, el gobierno de Salva Kiir acaba de anunciar un plan para llegar a obtener 11,4 millones de dólares mensuales en ingresos fiscales no aduaneros (hoy solo son 3,7). Eso supondría solo 136 millones al año, insuficientes para pagar ni siquiera los salarios de policías, militares y empleados de los parques nacionales (en un número que ronda las 300.000 personas). Si estos funcionarios no reciben sus salarios no solo se verá afectada la actividad económica, sino la situación de seguridad, por la tentación que tendrán muchos de ellos de valerse de sus armas para satisfacer sus necesidades básicas.
Cuando ya ha pasado más de un año desde el arranque de las movilizaciones ciudadanas en algunos países árabes, resulta cada vez más difícil compartir la idea de que estamos asistiendo al florecimiento de una “primavera árabe”. En primer lugar porque, con la todavía titubeante excepción de Túnez, ninguno de los demás ha logrado asentar un proceso que implique un verdadero cambio de régimen. Por otro lado, porque por muy positiva que sea la desaparición de cuatro dictadores de la escena política mundial- Ben Ali, Mubarak, Gadafi y Saleh-, lo único que realmente ha ocurrido en esos casos es poco más que un cambio de caras, sin que se hayan conseguido desmantelar las estructuras de poder corrupto, represivo e ineficiente que lastran el futuro de millones de personas. Además, porque de los 22 países integrados en la Liga Árabe son mayoría aquellos en los que no se han registrado apenas movimientos sociales o lo han hecho en una magnitud muy reducida.
Mientras aumenta la temperatura política en torno a Israel-Irán, en la escena palestina se registran movimientos menos visibles pero igualmente relevantes. El más importante de ellos ha sido el acuerdo alcanzado- tras su encuentro en Doha, bajo el patrocinio del emir qatarí, convertido hoy en el actor más dinámico de toda la Liga Árabe (provocando recelos tanto en Riad como en otras capitales árabes)- para desbloquear la formación de un gobierno de unidad nacional, presidido por Mahmud Abbas.
Eso es seguramente lo que diría el emir Sabah al Ahmad al Sabah sobre la reclamación que plantea un número creciente de los 3,5 millones de habitantes de este pequeño país del Golfo, que con menos de 18.000 km2 es el sexto exportador mundial de petróleo. Pero ni el emir necesita justificar sus actos- sus prerrogativas le permiten nombrar al primer ministro, sin tener que ajustarse a los resultados de las elecciones legislativas que acaban de celebrarse, y disolver la Asamblea Nacional cuando le plazca-, ni la mayoría de quienes viven en el emirato pueden aspirar a expresar políticamente sus opiniones. Por un lado, porque no existen partidos políticos- los 286 candidatos que pugnaban por alguno de los 50 escaños, actuaban a título estrictamente individual- y, por otro, porque solo 1,2 millones de ellos tienen nacionalidad kuwaití, de los que únicamente 400.000 figuraban como potenciales votantes.