Jesús A. Núñez

Sobre el autor

Jesús A. Núñez es el Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH, Madrid). Es, asimismo, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas (Madrid), y miembro del International Institute for Strategic Studies (IISS, Londres). Colabora habitualmente en El País y en otros medios.

Sahara Occidental, business as usual

Por: | 30 de abril de 2012

Al igual que todas las primaveras vuelve a florecer el campo, también en el Consejo de Seguridad de la ONU se repite desde hace años el ritual de la aprobación de una nueva Resolución que prorroga el mandato de la MINURSO. Lo malo es que, a diferencia de la primera, está segunda rutina no contenta a casi ninguno de los actores interesados en el futuro del Sahara Occidental (salvo a Marruecos, que ve como el tiempo sigue corriendo a favor de su objetivo de integrarlo bajo su propia bandera).

Con la aprobación por unanimidad de los quince miembros del Consejo, la Resolución 2044 (del pasado 24 de abril) extiende la cobertura a esta misión hasta el próximo 30 de abril de 2013, en un territorio que está a la espera de que algún día se celebre el referéndum contemplado en el plan de paz de 1991 (Resolución 690, de 29 de abril). Nadie cree hoy que dicha convocatoria esté ni siquiera en la agenda; pero, por diferentes razones, todos los actores implicados prefieren ajustarse a un guión esclerotizado desde hace tiempo.

Si, en este caso, el proceso de aprobación ha tenido un cierto eco mediático ha sido únicamente por la torpeza con la que la propia maquinaria onusiana ha gestionado la aprobación del informe previo de su Secretario General (S/2012/197, de 11 de abril). Sin que todavía se hayan aclarado totalmente los detalles del desaguisado burocrático, el hecho es que llegaron a conocimiento público tres borradores distintos de dicho informe. Al margen de las anécdotas del caso, lo relevante es que se han eliminado las alusiones más críticas a Marruecos- aunque eso no ha impedido que haya quedado de manifiesto que Rabat ha espiado a la MINURSO y ha entorpecido sus labores- y que la propia misión internacional no tiene medios suficientes para cumplir sus limitadas tareas de vigilancia, observación e información.

De poco han servido las protestas de Sudáfrica (miembro temporal del Consejo de Seguridad y representante significado del amplio apoyo a las tesis saharauis en el seno de la Unión Africana), por entender que esa suavización del texto impide ejercer una presión efectiva para hacer avanzar el proceso. Nada ha podido tampoco vencer la resistencia marroquí- respaldada de forma más o menos abierta por la totalidad de los países miembros del Grupo de Amigos del Sahara Occidental (España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia)- a que la MINURSO pueda sumar la vigilancia sobre el respeto de los derechos humanos a sus actuales tareas. En cuanto a las capacidades de la misión, no parece que haya posibilidad de ir más allá del envío de 15 nuevos observadores.

Conviene recordar que este esfuerzo internacional implica hoy a treinta países que aportan, en total, los 520 efectivos desplegados en el área (235 militares, 102 civiles internacionales, 164 civiles locales y 19 voluntarios de la ONU), con un presupuesto para este último año de algo más de 63 millones de dólares. Y todo ello mientras la población saharaui se enfrenta a una situación absolutamente crítica en términos humanitarios y mientras los negociadores marroquíes y saharauis se aprestan a celebrar un quinto encuentro que nadie prevé resolutivo.

Hoy, cuando el recurso saharaui a las armas se interpreta como una balandronada sin fundamento y sus apoyos internacionales (más allá de los de carácter humanitario) se van diluyendo a ojos vista, todo parece indicar que la balanza se va inclinando inexorablemente a favor de Rabat. No es una cuestión de justicia histórica, de ética o de derecho internacional; es, por desgracia, el resultado de una mera relación de fuerzas que, en modo alguno, toma en consideración la situación actual y las expectativas de quienes llevan viviendo en la hamada desde hace décadas.

Mensaje de India a China a bordo de un misil ICBM

Por: | 28 de abril de 2012

Una de las dinámicas de competencia geoestratégica de mayor calado en el continente asiático es la que se desarrolla entre China e India. Hoy Pekín lleva la delantera en la búsqueda del liderazgo continental, con un sostenido ritmo de crecimiento económico que asombra al mundo desde hace ya veinte años y una imparable expansión no solo comercial sino también militar- con el segundo presupuesto mundial de defensa, solo superado por Washington.

No es fácil soportar la presión constante de un gigante como China, pero India no es tampoco un cualquiera (recordemos que todas las previsiones apuntan a que no más tarde de 2030 será el país más poblado del planeta). Así ha querido demostrárselo nuevamente el pasado 19 de abril, con el lanzamiento del misil balístico intercontinental Agni V, que puede batir prácticamente cualquier punto de la geografía china. Si con los Agni I y II la intención obvia era disuadir a Pakistán- con quien se ha confrontado militarmente en tres ocasiones desde 1947-, con los Agni III y IV Nueva Dehli trataba de enviar un mensaje disuasorio a Pekín. Ahora, con el Agni V, India entra en el exclusivo club de los países que cuentan con ingenios bélicos que pueden proyectar una cabeza nuclear a más de 5.000 kilómetros de distancia- en el que solo están Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia.

En términos geoestratégicos existe un notorio desequilibrio en cuanto a las percepciones mutuas entre las dos potencias asiáticas; de forma que mientras India está obsesionada con China (procurando ser vista como un igual), esta última no dedica la misma atención a su vecino. En realidad- y a pesar de la corta guerra que mantuvieron en 1962-, ambos actores son conscientes de que no les conviene en modo alguno empantanarse en un choque frontal.

Pero eso no quita para que- como simple resultado de los avances tecnológicos aplicados al campo militar- ninguno de ellos se sienta cómodo con las derivas hegemónicas de su vecino-. Hoy los cazas chinos ubicados en aeropuertos del Tibet ya pueden operar contra objetivos indios, del mismo modo que los buques indios entran ya en el mar del Sur de China y sus satélites cubren todos los movimientos chinos, quienes a su vez siguen ampliando el “collar de perlas” que le permiten ampliar su radio de acción marítima más allá de sus propias costas (encerrando y rodeando a India). Y todo ello mientras ambos aumentan sustancialmente sus respectivos presupuestos de defensa.

Estos movimientos no dejan indiferentes tampoco a otros actores como Islamabad y Washington. El primero se ha apresurado (el pasado 25 de abril) a lanzar su nuevo misil Shaheen 1-A, con un alcance estimado en unos 2.500-3.000 kilómetros, evidenciando con ello que en esta carrera va por detrás de Nueva Dehli. En cuanto a Washington, sin llegar a definir una alianza formal con India, es evidente que se siente satisfecho (a pesar de las formales llamadas a la contención en el terreno de la proliferación) por saber que no está solo tratando de contener un expansionismo chino que percibe como la tendencia más poderosa de los próximos años.

Israel se hace trampas en el solitario

Por: | 25 de abril de 2012

Rehalim, Sansana y Bruhin- ubicados en territorio de Cisjordania- son los nombres de los tres outposts en los que el gobierno de Benjamin Netanyahu acaba de autorizar la construcción de viviendas. De una sola tacada esto supone: a) una flagrante violación del derecho internacional que obliga a todo ocupante a evitar acciones de este tipo, b) una muestra más de la sensación de irrealidad en la que se mueven los gobernantes israelíes (amparados por una inmunidad otorgada por el sólido respaldo estadounidense y la pasividad del resto de países occidentales), y c) una apuesta abierta por arruinar toda posibilidad de negociación con los palestinos.

Desde hace mucho tiempo los sucesivos gobiernos israelíes vienen jugando con el lenguaje (sin por ello confundir más que a los que quieren engañarse a sí mismos). Así, han optado por distinguir entre outposts y asentamientos/colonias, pretendiendo que los segundos son legales por el simple hecho de que cuentan con permisos de las propias autoridades israelíes, mientras que a los segundos solo les falta esa característica para ser igualmente considerados como el resultado obligado de planes urbanísticos que tratan de atender a las necesidades de crecimiento de su población (cuando resulta que no menos del 20% de las viviendas ya construidas en esos asentamientos están simplemente vacías). No caben contemplaciones en este terreno: los más de cuatrocientos núcleos de población ubicados en Cisjordania (sin distinción alguna entre colonias y outposts desde la perspectiva del derecho internacional que regula las situaciones de ocupación), habitados por casi 500.000 israelíes, son ilegales. Y no basta con la emisión de ningún permiso administrativo israelí para cambiar su carácter de realidad impuesta a la sombra de una superioridad militar que desprecia la ley.

En todo caso, es no solo una lástima que no lo entiendan así los responsables políticos israelíes, sino que tampoco lo quiera entender la práctica totalidad de la comunidad internacional. Un ejemplo bien claro de ello lo tenemos en el hecho de que la Unión Europea no aplique las cláusulas de su Acuerdo de Asociación con Israel para impedir que los productos fabricados en dichos asentamientos se aprovechen de las ventajas que los Veintisiete conceden en el terreno comercial a Israel desde 1995. No es, obviamente, ignorancia, sino mero cálculo de intereses e inoperancia política lo que explica este comportamiento.

Netanyahu y su gabinete ministerial saben sobradamente que esta nueva violación no tendrá consecuencia alguna desde el exterior. Eso le permite concentrarse en la política doméstica, entendiendo que gestos como este le permiten reforzar su perfil de “hombre fuerte” y atraer al poderoso movimiento de los colonos para futuras convocatorias electorales.

Con medidas como está- acompañada de una estrategia de fuerza que no cesa de crear más obstáculos para la paz- los gobernantes israelíes (y la opinión pública que los siguen) se están haciendo trampas en el solitario, porque no es solo que estén haciendo inviable la posibilidad de que algún día exista un Estado palestino viable en la zona, sino que están impidiendo que el propio Israel pueda vivir algún día en paz con sus vecinos. Se condena, en definitiva, a una eterna violencia que contraviene sus propios fundamentos éticos y morales y que no logrará nunca imponerse a quienes siguen soñando con lo mismo que la históricamente castigada población judía israelí: tener un Estado propio.

F1 en el reino del gas (lacrimógeno)

Por: | 22 de abril de 2012

El circo de la Fórmula 1 ha pasado por el circuito de Sakhir, concentrando por unos días la atención mediática mundial sobre Bahréin, controlado desde su independencia (1971) por la familia de los al Khalifa. Apenas puede extrañar que la agenda deportiva no haya ido más allá de la seguridad de los participantes en esta carrera, que no llegó a celebrarse el pasado año. Tampoco es raro que los diversos opositores al clan reinante hayan aprovechado el evento para dar visibilidad a sus reivindicaciones y para mostrar que el régimen (suní) no está dispuesto a reformar un sistema abiertamente discriminatorio con la mayoría chií (que supera el 70% de los 1,6 millones de habitantes, de los que la mitad son extranjeros sin ningún tipo de derechos). También forma parte del guión habitual que las autoridades hayan respondido violentamente a esta nueva muestra de descontento ciudadano, obsesionadas con la idea de mostrar al mundo que la crisis desatada al calor de la llamada “primavera árabe” es cosa del pasado.

Una vez pasado el eco mediático, todo indica que el pequeño reino de los dos mares volverá a desaparecer de los titulares. Antes de que se asiente ese nuevo ostracismo convendría recordar que:

-      El proceso de diálogo nacional está bloqueado. Ni siquiera las tímidas propuestas hechas públicas por el príncipe heredero-Salman bin Hamad bin Isa al Khalifa- han podido arrancar, en una nueva demostración de las fracturas internas del régimen en el que el primer ministro- el jeque Khalifa bin Salman al Khalifa- sigue firmemente asentado en el cargo después de más de cuarenta años.

-      La oposición también está fragmentada en un contexto en el que los partidos políticos están prohibidos. Por un lado, es bien evidente que los chiíes se sienten discriminados por la minoría suní. Pero, por otro, también entre los suníes se percibe un creciente resentimiento contra el gobierno por considerar que sus reivindicaciones están siendo relegadas frente a las que plantean los chiíes. Esto- a lo que cabe añadir las diferencias que muestra el Movimiento de los Jóvenes del 14 de Febrero y la cada vez más visible marea islamista- impide consolidar una plataforma unida de oposición y, por tanto, da una ventaja considerable a los actuales gobernantes para seguir dominando la escena política.

-      La sombra de Arabia Saudí sigue siendo muy alargada. Buen ejemplo de ello es no solo la intervención militar liderada por Riad el 14 de febrero de 2011 (en el marco formal del Consejo de Cooperación del Golfo), sino también su actitud en el terreno petrolífero. Para la explotación del campo submarino de Abu Safah- en aguas compartidas por ambos países- se estableció un acuerdo por el que Riad dirige las operaciones y Manama se limita a recibir el 50% del valor del petróleo extraído. Pero, dado que los saudíes tienen muchos otros campos a su disposición, pueden decidir no producir ni un solo barril de los 300.000 que se pueden extraer de Abu Safah, sin sufrir merma alguna en su producción total. Sin embargo, para Bahréin ese campo representa el 80% de su producción total. Riad, en resumen, sigue siendo un actor principal en la agenda de su vecino.

-      Estados Unidos sigue muy interesado en mantener la estabilidad del país, aunque solo sea por asegurar que la base principal de su V Flota no sufre problema alguno y que Irán no amplía aún más su radio de acción. En todo caso, no puede llevar a cabo ninguna acción directa para resolver los problemas del país, porque eso sería aprovechado para aumentar aún más la presión sobre un régimen que su propia población percibe como ilegítimo. Eso le obliga a mantenerse en una posición de bajo nivel, difundiendo diversos llamamientos al diálogo; pero dejando traslucir al mismo tiempo que prefiere la estabilidad a la reforma.

En definitiva, el régimen cree estar en condiciones de gestionar con éxito la crisis, consciente de que su recurso a la violencia solo será formalmente criticado en el exterior. En el interior, cuenta con seguir debilitando a sus opositores, recurriendo simultáneamente a la represión y al “divide y vencerás”. En fin, como siempre… hasta el próximo estallido.

El juego de la oca en Irán

Por: | 16 de abril de 2012

Quince meses después de la última (y frustrante) ronda en Estambul entre representantes del Grupo 5+1 e Irán, el juego vuelve a la casilla de salida. Nuevamente ha sido esta ciudad turca- en una nueva muestra de la intención de Turquía por ejercer de líder regional– donde se ha reanudado un viejo juego que recuerda al de la oca.

Con sus idas y vueltas diplomáticas, el hecho obvio es que desde que se conoció hace ya diez años que Teherán estaba desarrollando un programa nuclear, no se ha logrado ningún acuerdo que ponga fin a una inquietud que se ha ido incrementando incesantemente. También hay que insistir en que, a pesar de las dificultades con las que ha tenido que moverse la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) durante estos años, sigue habiendo un convencimiento claro de que Irán no posee armas nucleares, ni siquiera el material de uranio lo suficientemente enriquecido para producir una explosión nuclear.

En un clima de tensión creciente y con tambores de guerra sonando cada vez más altos, conviene retener esos datos para no caer en el error de pensar que la guerra es inevitable (como plantea, con más fuerza que nadie, el gobierno israelí). Por el contrario, como pone de manifiesto este nuevo intento de negociación directa, hay vías de salida que pueden permitir a todos los actores implicados salvar la cara y al mundo respirar más tranquilo. En el encuentro de Estambul se ha intentado evitar que nadie fijara precondiciones para reanudar el proceso; corrigiendo la posición previa del Grupo 5+1, cuando exigía que Teherán suspendiera el enriquecimiento de uranio (actividad permitida a todos los firmantes del Tratado de No Proliferación) como punto de arranque para sentarse a la mesa.

Ahora, el juego vuelve a comenzar y cabe suponer que todos los negociadores tienen la percepción nítida de que estamos ante la última oportunidad para evitar un descarrilamiento del proceso que resultaría muy negativo para todos. Para los representantes de la comunidad internacional lo fundamental se centra en: a) lograr que los inspectores de la AIEA puedan acceder sin excepción alguna a todas las instalaciones (incluyendo Parchin); y b) detener el proceso de enriquecimiento de uranio a altos niveles. Para vencer la resistencia iraní ha usado (y seguirá haciéndolo) como instrumento principal la imposición de sanciones (ya van cuatro rondas) que, aunque han dañado al régimen (y, sobre todo, a la población iraní) no han conseguido su propósito. A esto se une la decisión de Estados Unidos y los países de la Unión Europea de dejar de importar hidrocarburos iraníes a partir del próximo 1 de julio.

Por su parte, y mientras ya ha logrado enriquecer unos 110kg de uranio al 20% y sigue perfeccionando su capacidad misilística, el régimen iraní está interesado en mostrar también cierta flexibilidad con un objetivo inmediato muy evidente: evitar un ataque israelí. Con esta idea en mente, puede entenderse que la reunión de Estambul es, en sí misma, una pieza fundamental de un juego con el que busca mantener a todos los jugadores sentados a la mesa como método principal para evitar ser atacado. Calcula que nadie (ni Tel Aviv, ni mucho menos Washington) se van a atrever a lanzar una ofensiva contra un país que se dice dispuesto a encontrar una solución pacífica al problema que pueda haber planteado.

Como ocurre en el juego de la oca, puede calcular mal su baza y arruinar su futuro. Puede sobreestimar su consumada experiencia en tensar la cuerda sin que nunca llegue a romperse, excitando más allá de lo soportable las ansias que algunos tienen por eliminar de raíz un régimen que no solo cuestiona el statu quo imperante en Oriente Medio sino que también aspira a hacerlo en Oriente Próximo (Siria mediante). Con esos cálculos en mente, de momento le sirve con haber logrado una nueva fecha (23 de mayo en Bagdad) para realizar la próxima jugada. Y todo eso sin haberse visto obligado a utilizar todavía bazas tan importantes como las de abrir definitivamente la puerta a los inspectores de la AIEA o renunciar a enriquecer uranio más allá del 4%.

La insaciable sed de hidrocarburos de España

Por: | 13 de abril de 2012

Aunque esta vez el impacto será limitado, la decisión iraní de suspender sus ventas de petróleo a España (adelantándose a la decisión de la UE para el próximo 1 de julio) vuelve a poner de manifiesto la estructural y preocupante dependencia energética que sufrimos. Sin entrar en demasiados tecnicismos (razón por la que prefiero utilizar números redondos que transmitan una idea de conjunto), no tenemos petróleo ni gas (ni tampoco carbón a precios competitivos) y nuestra dependencia energética supera el 75% (en torno a 25 puntos más que la media de la UE). Este porcentaje es prácticamente el mismo que se registraba hace 30 años, puesto que aunque hemos logrado reducir el peso del petróleo en la balanza global, simultáneamente hemos incrementado el del gas. En definitiva, nuestra seguridad energética depende fundamentalmente de lo que ocurra ahí fuera, tanto en el territorio de nuestros suministradores como a lo largo de las vías de tránsito (terrestres y marítimas) que acercan esas vitales mercancías a nuestras costas.

En el caso del petróleo, nuestras principales fuentes de aprovisionamiento son Irán (14% del total), Rusia (13%), Libia (12%), Arabia Saudí (12%), México (11%) y Nigeria (10%). En cuanto al gas, compramos a un total de 14 países, con Argelia (32% del total), Nigeria (20%) y Catar (16%) en cabeza. En ambos listados proliferan los países que o bien sufren directamente considerables niveles de inestabilidad, o bien están situados en regiones cuya inseguridad genera inquietud desde la perspectiva de la seguridad de suministros.

En cualquier caso, y a pesar de ese alto nivel de dependencia, hoy cabe asegurar que no existe riesgo de que se produzca un problema de suministro para España. Y esto es así como resultado de una creciente política de diversificación de las fuentes. Incluso en el terreno gasístico se ha logrado crear una flota metanera que otorga aún mayor flexibilidad, en la medida en que solo el 24% del gas que adquirimos circula por gasoductos (que nos atan a largo plazo a suministradores que tienen, por tanto, una mayor posibilidad de presionar en su beneficio). Por el contrario, el riesgo principal es el de un incremento de precios, que haga aún más difícil la gestión de la profunda crisis en la que estamos sumidos. Nuestra factura energética anual supera los 50.000 millones de euros y bien sabemos que una subida de 10 dólares en el precio del barril suponen 6.000 millones de euros más en pagos al exterior para adquirir el petróleo y el gas que inevitablemente necesitamos.

En clave geoeconómica esa dependencia es nuestro principal talón de Aquiles. Aunque nos esforzáramos seriamente- cosa que no ocurre- en mejorar nuestro bajo nivel de eficiencia energética, evitando el despilfarro de unos productos que tenemos que comprar a precios que no controlamos, y en rentabilizar al máximo el potencial de las fuentes alternativas de energía (eólica, solar, biomasa…), tardaremos años en sustituir el actual modelo energético por otro más sostenible y menos dependiente del exterior.

Hasta hoy, y ya han pasado casi cuatro décadas desde la primera crisis energética (1973), no hemos hecho lo suficiente para mejorar nuestra posición en este terreno. Y alguna de las cosas que hemos hecho- como el apoyo a regímenes impresentables en todo el mundo árabo-musulmán, a cambio de una garantía de estabilidad y de suministro forzada manu militari- puede entenderse pero difícilmente justificarse. Hoy, en pleno proceso de movilizaciones en esas sociedades, se nos plantea con más fuerza que nunca la pregunta de si vamos a seguir prefiriendo a gobernantes que se acomoden a nuestras necesidades- mirando para otro lado cada vez que desprecien los valores y principios de una sociedad abierta- o si vamos a apostar decididamente por esa ciudadanía que demanda libertad, dignidad y trabajo en el Magreb, Oriente Próximo y Oriente Medio.

Imparable cuenta atrás en Afganistán

Por: | 11 de abril de 2012

Mientras Washington certifica que desde el inicio de su invasión (octubre de 2001) el número de soldados y miembros de sus agencias muertos en Afganistán se eleva ya a 1.913, la cuenta atrás para el abandono de este país parece acelerarse sin remedio.

En un trágico contraste ya habitual en ese territorio, la llegada de la primavera viene acompañada de una intensificación en las acciones violentas. Así cabe entender la rápida sucesión de atentados y ataques de los diferentes grupos que, por diversos motivos, se enfrentan a las fuerzas de la ISAF y a las del gobierno de Hamid Karzai. Queda por comprobar cuál será la modalidad dominante en esta nueva temporada; pero cabe imaginar que los taliban no pretenderán volver a dominar localidades, sino que, más bien, preferirán seguir con su estrategia de golpes llamativos contra objetivos de todo tipo, que sirvan para transmitir la imagen de un poderoso actor con capacidad para golpear en los lugares más teóricamente protegidos (incluyendo el propio ministerio de defensa afgano). Asimismo, es fácil suponer que seguirán tratando de eliminar a los que consideran colaboracionistas de los ocupantes, buscando hacer más insostenible la situación de estos últimos y debilitando aún más a un Karzai que nunca ha conseguido ser aceptado como un primus inter pares por parte de quienes consideran que se avecina el momento en el que volverán a obtener todo (o una buena tajada) del poder en cuanto se retiren las tropas internacionales.

Por muchos que sean los gestos de aparente apoyo a las actuales autoridades, los hechos se empeñan en demostrar que los actores internacionales empantanados hoy en el país están cada vez más decididos a abandonar nuevamente a los afganos a su suerte. Y esto es así no solo porque para muchos de ellos no hay ningún interés vital en juego en este intrincado territorio montañoso, sino también porque el clima de crisis económica impone recortes cada vez más drásticos.

Así hay que entender, por ejemplo, la declaración del ministro de defensa afgano de que, tras la salida de la ISAF (como muy tarde a finales de 2014), las fuerzas de seguridad afganas (ejército y policía) se recortarán hasta los aproximadamente 230.000 efectivos. Si se tiene en cuenta que el objetivo para finales de este año es alcanzar los 352.000, una reducción de esas dimensiones- precisamente cuando las tropas internacionales ya no podrán atender las tareas de seguridad que le son propias- plantea enormes dudas sobre la capacidad del gobierno afgano para atender una misión tan vital para el futuro del país. Detrás del declaraciones del ministro se esconde una decisión (que seguramente se oficializará en la próxima cumbre de la OTAN en Chicago) de recortar la aportación económica internacional en el capítulo de la defensa. Si hoy ese esfuerzo supone anualmente alrededor de los 7.000 millones de dólares, se prevé que a partir de esa fecha pasarán a unos 4.100 (de los que Washington aportará hasta 2.700, mientras Kabul sumará 500 y el resto vendrá de otros actores internacionales).

Ante estas previsiones, de poco sirven anuncios tan llamativos como la transferencia a manos afganas de la macroprisión de Bagram o de la autorización para llevar a cabo operaciones especiales (sobre todo, raids nocturnos). Lo que inevitablemente trasmite el comportamiento de la comunidad internacional hoy en relación con Afganistán es que estamos a punto de abandonarlos nuevamente a su suerte (después de haberles provocado un trauma que dejará una huella indeleble durante muchos años). Quizás por eso sean muchos los afganos que tratan de escapar a una situación que perciben en términos muy negativos (en 2011 han sido 30.400 los que han solicitado asilo en países occidentales y son más de 1,8 millones los que residen fuera del país). En la misma línea cabe interpretar que los, por otro lado, escasos inversores internacionales que se han animado a promover actividad económica en el país estén también haciendo las maletas (incapaces de asegurar sus propios intereses en un entorno creciente violencia). Malas señales sin remedio.

Viktor Bout, mercader de la muerte global

Por: | 06 de abril de 2012

Al igual que ocurre con los paraísos fiscales en el ámbito económico, los traficantes de armas son elementos indispensables del negocio de la muerte. Aunque formalmente se suele identificar a ambos como excrecencias del sistema, y nadie se atreve abiertamente a defender su existencia, es inmediato concluir que constituyen realidades asociadas indisolublemente a un modo de entender la globalización económica y el poder. En consecuencia, tanto quienes se benefician más claramente de este desigual modelo de globalización como quienes siguen creyendo que el verdadero poder lo da la posesión de más armas que las que tengan sus adversarios, procurarán que nada altere unos mecanismos que sirven directamente a sus intereses.

Y eso incluye escandalizarse teatralmente de vez en cuando, echando mano de algún individuo que, por la razón particular que sea, se convierte en un temporal chivo expiatorio al que se condena mediática y judicialmente, sin que nada de eso altere los fundamentos de un sistema que reporta enormes beneficios a sus principales actores. Eso es lo que cabe pensar ante la condena a 25 años de cárcel a Viktor Bout, famoso mercader de la muerte desde principios de la última década del pasado siglo, emitida por un juez federal estadounidense.

Sin exculpar de ningún modo a quien negocia con la muerte, interesa elevar un poco la mirada para recordar que Bout, movido por intereses exclusivamente lucrativos, se ha limitado a atender las peticiones que le llegaban por doquier sin dejarse frenar por consideraciones políticas y, mucho menos, ideológicas. Así, no ha tenido problema alguno en vender su mercancía a actores enfrentados entre sí, ni en satisfacer las peticiones de gobiernos de todo tipo (incluyendo obviamente a Moscú y Washington).

Este macabro traficante, que también ha realizado operaciones perfectamente legales, es una pieza más de un mercado que, según nos recuerda al SIPRI en su imprescindible anuario, ha incrementado su volumen en un 24% en el periodo 2007-11 (mientras el mundo ha estado sumido en una grave crisis económica mundial). Según esa misma fuente, a finales del pasado año los primeros exportadores a nivel mundial, igual que en los años anteriores, eran Estados Unidos (con el 30% del total), Rusia (24%), Alemania (9%), Francia (8%) y Gran Bretaña (4%); con España en séptimo lugar y un 2,6% del mercado mundial.

Visto de otro modo, es inmediato concluir que si esos países quisieran que la producción, almacenaje, comercialización y uso de las armas y material de defensa estuviese regulado adecuadamente, la situación actual sería muy distinta a la que desgraciadamente nos encontramos. Sin olvidar a las armas de destrucción masiva- las más brutales, pero las menos empleadas en los conflictos que salpican todos los rincones del planeta-, son las armas convencionales las que provocan la práctica totalidad de las muertes, heridas y discapacidades violentas. Son precisamente esas armas las que no están reguladas en modo alguno- más allá de un registro voluntario de armas en la ONU, al que no aportan datos ni la mitad de los Estados miembros-, a la espera del actual ejercicio de negociación que se desarrolla en la ONU para regular las armas ligeras y pequeñas.

De esta categoría se estima que existen no menos de 800 millones de armas (de las cuales unas 280 se localizan en territorio de Estados Unidos) y con ellas, como nos recuerda la Organización Mundial de la Salud, se mata cada año a algo más de 700.000 personas, entre homicidios, asesinatos y actos de combate.

Estos datos, como la propia existencia de individuos como Viktor Bout, son para quienes impulsan el militarismo a nivel mundial apenas daños colaterales que hay que asumir sin problemas. Si además de todo esto, Bout se ha convertido ya en un elemento de negociación entre Rusia- que sobreactúa, como si estuviese ofendida por la sentencia- y EE UU, ¿alguien puede creer que Bout vaya a pasarse realmente 25 años encarcelado?

En Sudán se siguen matando

Por: | 02 de abril de 2012

En realidad esto no es una noticia porque, desgraciadamente, es algo que ocurre todos los días desde hace mucho tiempo. Así nos lo vuelve a recordar el más reciente brote violento desatado desde el pasado 25 de marzo en los alrededores de Heglig (Panthou, para los sursudaneses), origen del 50% del petróleo extraído por el más joven de los países miembros de la ONU desde su independencia. Se trata de un territorio ubicado a caballo de la frontera que ahora separa a ambos países y que Juba considera como parte del Estado de Unity, mientras que Jartum se alinea con la decisión adoptada en 2009 por la Corte Permanente de Arbitraje, que lo incluye en Kordofan del Sur. Es una de las zonas donde se vienen registrando continuos enfrentamientos entre las fuerzas armadas de Jartum y el SPLA-N (que agrupa a los rebeldes locales asociados históricamente al SPLA, reconvertido hoy en las fuerzas armadas de Sudán del Sur). Estos últimos temen, con razón, que las fuerzas de Omar al Bashir quieran eliminarlos no solo en venganza por su alineamiento con Juba durante la larga guerra civil (1983-2005), sino también para librarse de un actor incomodo en su afán por hacerse con el control final de una zona tan geoeconómicamente importante.

Cuando aún no ha transcurrido un año desde la separación de ambos países resulta evidente que ni la firma del Acuerdo de Paz Comprehensivo (CPA, 2005), que puso teóricamente fin a la guerra civil, ni la declaración de independencia de Sudán del Sur (9 de julio de 2011) han logrado frenar una violencia que se alimenta de los rescoldos del pasado y de los temas todavía por resolver a día de hoy. Entre estos últimos destacan:

-      La demarcación de la frontera internacional entre ambos. La Comisión encargada del asunto apenas cuenta con mapas topográficos de 1937 para resolver un contencioso que no recibió demasiada atención en el CPA, porque entonces se quería creer que Sudán seguiría siendo un país unido bajo una misma bandera.

-      El reparto de los ingresos del petróleo. Es bien sabido que la mayoría de los yacimientos se encuentran en el Sur o en zonas disputadas, pero la salida del producto se realiza casi en su totalidad por Port Sudán, lo que le concede a Jartum una baza importante para reclamar el pago de peajes desproporcionados. Quedan todavía años hasta que los proyectos de construcción de oleoductos alternativos, ideados con la colaboración de Kenia y/o Yibuti y con financiación china y/o japonesa, permitan al gobierno de Salva Kiir evitar los abusos de Bashir.

-      La celebración de un referéndum que permita a la población de la estratégica región de Abyei decidir si finalmente se integran en Sudán o en Sudán del Sur. Dada la enorme riqueza petrolífera de esta zona es fácil entender la inquietud que plantea esa convocatoria- que ya tenía que haberse celebrado el pasado año, pero que sigue sin tener fecha a la vista- en ambas capitales.

Por si esto no bastara, todavía cabe añadir la entrada en acción del Frente Revolucionario de Sudán, creado a partir de un acuerdo alcanzado el pasado noviembre entre el Movimiento Justicia e Igualdad (JEM) y otros grupos rebeldes de la región de Darfur con el SPLA-N, activo en las disputadas zonas de Nubia y Abyei. Su objetivo común es provocar la caída del régimen de Omar al Bashir. Este último, por su parte, apoya al South Sudan Liberation Army, liderado por el general Mathews Pul Jang (que ha sucedido a su fundador, el general George Athor Deng), que actúa en el interior de Sudán del Sur en contra de los intereses del gobierno de Kiir.

En resumen, un panorama que apunta a más violencia y a más dificultades para quienes habitan la zona. El próximo problema, en esa línea, puede hacerse muy visible a partir del día 8 de abril, cuando, si no se cumple el acuerdo de mínimos alcanzado el pasado mes, los cientos de miles de personas de origen sursudanés residentes en Sudán tendrán que abandonar el país al no poder regularizar su situación administrativa. Todo ello cuando se aproxima la época de lluvias, que hará intransitables las rutas de escape hacia el Sur.

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