Jesús A. Núñez

Sobre el autor

Jesús A. Núñez es el Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH, Madrid). Es, asimismo, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas (Madrid), y miembro del International Institute for Strategic Studies (IISS, Londres). Colabora habitualmente en El País y en otros medios.

La educación no interesa en el Sahel

Por: | 15 de marzo de 2013

Esa es la frustrante conclusión que se extrae de los datos que aporta IRIN (servicio de noticias de la OCHA sobre la actualidad de la acción humanitaria en el marco de la ONU) en relación con la situación en Malí y el resto del Sahel. Desde el arranque de la actual crisis en Malí, con el inicio de la revuelta tuareg en enero del pasado año y el subsiguiente golpe de Estado de marzo del mismo año, los principales donantes decidieron suspender su apoyo financiero a los golpistas. En consecuencia, quedó sin atender en torno a la mitad del presupuesto en educación, que se financia principalmente con aportaciones de la Unión Europea, Estados Unidos, Países Bajos y Canadá.

Esto supuso el brutal deterioro de un sistema que ya sufría importantes déficits, hasta el punto de que UNICEF estima que al menos 700.000 niños malienses se encuentran imposibilitados de seguir el curso escolar en condiciones mínimamente aceptables. Aunque las familias malienses dan importancia a la educación en sus demandas de atención para salir de la grave situación en la que se encuentran, los donantes parecen orientar sus esfuerzos en otras direcciones. Así, en 2012 la ayuda exterior se centró casi exclusivamente en atender parcialmente a la crisis alimentaria. Como resultado de ello, solo el 6,4% de toda la ayuda de emergencia movilizada se dedicó a actividades educativas (en Chad fue el 14,5% y en Mauritania 0%). Dicho en términos aún más amplios, la educación solo absorbió el 0,9% de toda la ayuda humanitaria registrada en ese año.

Evidentemente siempre es un reto establecer de manera adecuada las prioridades cuanto se trata de atender infinitas necesidades con recursos cada vez más escasos. Pero a estas alturas los donantes deberían haber comprendido ya que la educación es un aspecto fundamental de la, ahora tan de moda, resiliencia de las sociedades locales para hacer frente a los complejos problemas que les toca vivir. Llevar los niños a la escuela no solo es un proceso que les ayuda emocional y psicológicamente, sino que les prepara mejor para encarar el futuro (tanto en términos muy prácticos para incorporar nuevos hábitos de salud y técnicas de cultivo, como en otros menos tangibles como la visión del mundo que les rodea o el aprendizaje de métodos de resolución pacífica de los conflictos).

Nada de esto parece haber sido considerado por la comunidad de donantes cuando el llamamiento de OCHA para atender a las necesidades educativas de Malí durante este año, presupuestadas en 18 millones de dólares, se ha saldado de momento con cero aportaciones.

Hoy 200.000 niños están sin escuela en la mitad norte de Malí. La mayoría de las escuelas están cerradas como efecto directo de la violencia (únicamente un 5% en Tombuctu han podido reabrir sus aulas) y solo el 28% de los maestros han regresado a la región, tratando de desarrollar su labor sin recibir ningún salario a cambio. En fin, parece que en el mejor de los casos algunos siguen prefiriendo dar un pescado de vez en cuando que enseñar a pescar.

Túnez, segunda oportunidad

Por: | 09 de marzo de 2013

Apurando al máximo el plazo marcado por el presidente de la república, Moncef Marzouki, y a la espera del preceptivo aval parlamentario, Ali Laridi ha logrado conformar un nuevo gobierno. En principio, atendiendo a los treinta nombres que configuran el nuevo gabinete, el ex ministro de interior parece haber logrado atender a las principales demandas planteadas tanto desde la oposición como desde la calle. Así, ha logrado evitar el peligro de descontrol que había desencadenado el asesinato de Chokri Belaid el pasado 6 de febrero, con riesgo de hacer descarrilar el proceso iniciado tras la caída del dictador Ben Ali. También se ha atrevido a dejar los cuatro principales ministerios en manos de independientes- con el diplomático Othman Yarandi al frente de exteriores, el jurista Loffi Ben Yedu en interior, el también jurista Najib Ben Ammu en justicia y Rachid Sabagh en defensa.

De este modo, y mientras En Nahda conserva al menos 9 carteras, Laridi ha transmitido su voluntad de ampliar la base de representatividad política de su gobierno, aunque sin llegar en ningún caso a crear un gabinete exclusivamente tecnocrático, como había intentado sin éxito su antecesor en el cargo, Hamadi Jebali (desautorizado por su propio partido).

Para ello, como en la etapa anterior, Laridi ha logrado mantener en la coalición gubernamental tanto al partido laico Congreso para la República como al centroizquierdista Ettakatol (que conserva la delicada cartera de finanzas, de la mano de Elyess Fakhfakh). Asistimos, por tanto, a una nueva versión de la misma coalición que ya había acordado incorporarse al gobierno tras las elecciones de octubre de 2011.

El problema no es tanto que se repita la fórmula del tripartito, como el hecho de que desde la caída del dictador no se ha logrado todavía consolidar un rumbo de avance democrático irreversible. En el plano económico la situación no ha hecho más que empeorar, tal como muestra la estadística de un desempleo que oficialmente supera ya el 18% y el notable deterioro de la actividad turística (auténtico balón de oxígeno para las arcas nacionales) y de la inversión extranjera. Para tratar de enderezar el rumbo todavía queda por cerrar la negociación con el Fondo Monetario Internacional para la concesión de un préstamo de 1.780 millones de dólares; pero las autoridades económicas son bien conscientes de que para ello será necesario comprometerse en la adopción de reformas impopulares que, a buen seguro, llevará a los afectados a aumentar de nuevo la tensión en las calles.

En el social, nada ha logrado frenar el impulso de los salafistas (con el grupo Jabhat al Islah como más destacado), empeñados en forzar un modelo rigorista que no encaja con la tolerancia tradicional del islam tunecino. Cuentan con unos militantes progresivamente crecidos en sus críticas a lo que consideran escaso perfil islamista de En Nahda, mientras van ganando terreno en determinados círculos (incluyendo las universidades y la administración), en los que tratan de imponer vestimentas y comportamientos públicos que ponen en peligro la convivencia.

Además, en el terreno político, sigue pendiente la elaboración de una Constitución, mientras en el sur del país se repiten con frecuencia episodios de violencia protagonizados por grupos armados que no terminan de ser neutralizados por unas fuerzas de seguridad crecientemente cuestionadas.

De momento, lo que representa Laridi es el inicio de una nueva oportunidad para Túnez, limitando la vigencia del gobierno hasta la celebración de nuevas elecciones legislativas, previstas para octubre o noviembre de este mismo año, en las que habrá que ver cómo rinde la plataforma opositora laica, Nida Tunis, encabezada por el ex primer ministro Beji Qaid Esebsi. Un ejercicio de alto riesgo, en definitiva, cogido con alfileres.

Defensa europea, no salen las cuentas

Por: | 04 de marzo de 2013

Tras la Guerra Fría se produjo una sensible reducción de los gastos de defensa, que se alargó hasta finales de la última década del pasado siglo. Se pasó así de un gasto militar mundial de unos 1,1 billones de dólares en 1987 a unos 0,7 en 1998- pero ni así se logró materializar la idea de los entonces llamados “dividendos de la paz”, que deberían permitir una mayor atención al desarrollo como vía para mejorar la seguridad. En evidente contraste con lo anterior, en la década pasada ese mismo capítulo de gasto experimentó un notable aumento tras el 11-S, estimulado por el desacertado enfoque unilateralista y militarista de la administración estadounidense (replicado por muchos otros gobiernos), con un crecimiento que superó con creces los 1,5 billones de dólares. Hoy, a pesar de estar todavía sumidos en una crisis económica estructural, el volumen total se cifra en unos 1,6 billones de dólares, aunque es cierto que todas las fuentes se hacen eco de que estamos en un proceso de reducción generalizada- compatible en todo caso con carreras armamentísticas locales o regionales, como las que están experimentado Rusia y Latinoamérica.

Visto desde Europa, ese proceso de merma presupuestaria está poniendo en cuestión el cumplimiento de los compromisos internacionales establecidos en el seno de las organizaciones internacionales de seguridad y defensa, y el sostenimiento de las capacidades militares de muchos Estados. Así se deduce inmediatamente de las enormes dificultades que están teniendo tanto la OTAN como la Unión Europea para implementar sus respectivos planteamientos de smart defense y de pooling&sharing. En ambos casos, autosugestionándose con el sueño de que es posible hacer más con menos, se pretende cubrir los huecos de unos sistemas imperfectos- con repetidas duplicidades de esfuerzos nacionales escasamente eficaces, alimentados por esquemas nacionalistas de corto alcance que ponen continuas trabas a la cooperación multilateral-, para dotarse de medios que se consideran críticos para dotar de credibilidad a los sistemas de seguridad y defensa de ambas organizaciones.

Como un efecto más de la grave crisis que azota a la mayoría de los Estados miembros, y sin que mengüe el eterno debate sobre el burden sharing entre ambos lados del Atlántico, se generalizan los retrasos en la entrada en servicio de sistemas tan notorios como el avión de transporte A400M, o se aplazan reiteradamente proyectos tan ambiciosos como el sistema de satélites geoestacionarios Galileo. Como nos recuerda en su reciente informe anual su secretario general, el 72% del gasto militar total de la Alianza Atlántica lo soporta Washington (era el 68% en 2007); solo EE UU, Gran Bretaña y Grecia (de un total de 28 miembros) han cumplido el pasado año con el compromiso alcanzado en 2006 de dedicar al menos un 2% del PIB nacional a la defensa; y solo Francia, Luxemburgo, Turquía, Gran Bretaña y EE UU han respondido adecuadamente al compromiso de dedicar al menos un 20% de esos presupuestos a la adquisición de equipo, material y armamento de entidad.

En esas condiciones de poco sirve recordar que, en términos presupuestarios, la Unión Europea sería la segunda potencia militar del planeta (con unos 250.000 millones de dólares de gasto global anual), o que suma casi 2 millones de efectivos militares. Esas cifras solo tendrían sentido práctico si existiese una Europa de la defensa, con una estructura común, bajo una legítima autoridad civil que pueda hablar y actuar en nombre de la Unión en el terreno de la política exterior, de seguridad y defensa. Pero hoy los Veintisiete no parecen dispuestos, como acaba de comprobarse nuevamente en la negociación de las perspectivas financieras para el periodo 2014-2020 (reduciendo, por primera vez en la historia, el volumen total de fondos con respectos al septenio anterior), a apostar por una Unión que tenga una voz única- creíble y respetada- en el escenario internacional.

Por el contrario, como muestra ahora mismo lo ocurrido en Malí, cada capital comunitaria parece ensimismada en un proceso suicida que aumenta las dificultades para realizar una apuesta común atendiendo a amenazas que nos afectan a todos. Francia está ya mostrando síntomas de preocupación- no solo en clave política, sino también operativa y presupuestaria- por la posible prolongación de una misión para la que no cuenta con medios suficientes (sin desatender otros frentes) y en la que no parecen muy activos sus socios comunitarios (incluida España, que apenas ha aprobado el despliegue de un avión de transporte y 50 efectivos, entre instructores y personal de protección). Y todo ello, mientras Washington parece sentirse cómodo en su nuevo perfil de “liderazgo desde atrás” y empieza a aplicar sus propios recortes en defensa (484.000 millones de dólares en diez años).

El País

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