Rouhani gana en Irán, todos contentos

Pocas veces desde el arranque de la revolución islámica liderada por Ruhollah Jomeini (1979), la victoria electoral de un clérigo iraní había suscitado tan generalizado beneplácito. Unos se han apresurado a calificarla de “vuelco”, mientras otros auguran un “cambio radical”, tanto en clave interna como regional, de un régimen que hasta ahora es visto mayoritariamente como un desestabilizador empeñado en conformar Oriente Medio bajo su batuta chií.

Occidente (tanto EE UU como los países de la Unión Europea) desean verlo como un reformista inclinado al diálogo e íntimamente contrario al programa nuclear. Parecen olvidar que Hasan Rouhani fue durante 16 años el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y, entre 2003 y 2005, el negociador principal del tema nuclear con los miembros del grupo 5+1, sin que quepa recordar ningún avance sustancial favorable a las tesis de los negociadores occidentales. Parecen olvidar, asimismo, que el presidente no es más que el primer funcionario del país, como resultado de un sistema de doble legitimidad en el que el líder supremo, Ali Jamenei, ostenta los máximos poderes ejecutivos en áreas tan relevantes como la seguridad.

También los elementos progresistas de la ciudadanía iraní se muestran inicialmente satisfechos con su victoria, al identificarlo (por defecto) como el más liberal de los ocho candidatos que el Consejo de Guardianes permitió que compitieran en las elecciones del pasado día 14. Por el camino ya se habían quedado todos aquellos que el régimen consideraba problemáticos, incluyendo al ex presidente Rafsanyani y al favorito de Ahmadineyad, Mashei. Se animan aún más al ver al supuesto preferido del régimen, Said Yalili, en un pobre tercer lugar por número de votos; como si Rouhani no fuese un representante fiel del mismo régimen como miembro del Consejo de Discernimiento, como representante de Jamenei en el Consejo Superior de Seguridad Nacional, como miembro del Parlamento iraní a lo largo de seis legislaturas y como significado académico en temas de seguridad, sin cuestionar nunca el sistema del que forma parte desde el inicio de la revolución.

Y también es bien palpable que para Jamenei y sus fieles la victoria de Rouhani haya sido vista como un bálsamo que pone fin (ya veremos si definitivo) a las tensiones y desviaciones que el populista Ahmadineyad ha generado en sus ocho años de presidencia. En primer lugar, con Rouhani vuelve a ser un clérigo el que ostenta la presidencia del país, en un paso más del régimen por consolidar su control de todas las instancias de poder tras la amarga experiencia de las presidenciales de 2009 y la emergencia entonces de un Movimiento Verde que puso en ciertos apuros la sostenibilidad del modelo creado por Jomeini. Además, porque en la medida en que sea visto como un reformista, anula la movilización social con la que pudieran soñar los demócratas iraníes que aspiran a derribar el régimen de los hombres de la religión. Sirve también como un cómplice interesado en recuperar el protagonismo de un estamento religioso-político que estaba siendo crecientemente cuestionado por un Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán (los pasdarán), muy activo en la ocupación de posiciones de poder dentro del régimen, aprovechando los resquicios que ha ido ofreciendo la pugna Ahmadineyad-Jamenei.

Visto así, todos deberíamos estar contentos. Y, sin embargo,…

Estados Unidos en Siria, ¿línea roja?

Si Washington tuviera de verdad la intención de implicarse directamente por vía militar en el conflicto sirio no necesitaría esperar más de dos años, echando mano del argumento de que el uso de las armas químicas por parte del régimen viola el derecho internacional. Desde el estallido de la crisis (marzo de 2011) son innumerables los incumplimientos de las normas más elementales de humanidad y de legalidad por parte de todos los actores combatientes y, sin embargo, la tragedia humana que allí se está produciendo no ha propiciado una respuesta decidida de Estados Unidos (ni del resto de la comunidad internacional) porque, de hecho, no hay voluntad política para desplegar tropas propias sobre el terreno.

Lo que sí hay es un interés compartido por cebar un conflicto que se desarrolla al menos en tres niveles de manera simultánea, con el objetivo último de evitar que Bachar el Asad pueda imponer su dictado en el país por mucho más tiempo. En el núcleo del enfrentamiento encontramos a un régimen decidido a jugar todas sus cartas para mantenerse al frente de Siria, consciente de que una derrota significaría su ruina, y, por tanto, dispuesto a utilizar todo lo que tenga a mano para imponerse a unos llamados rebeldes- concepto difuso que abarca desde demócratas más o menos sinceros hasta yihadistas de la peor ralea. En el segundo nivel se dirime un enfrentamiento entre Irán- principal apoyo del régimen, en su afán por consolidar su liderazgo desde el Mediterráneo hasta el Golfo- y Arabia Saudí, Catar y Turquía- interesados unos en evitar el dominio chií iraní y otros en asentarse como potencia regional indiscutible. Por último, Rusia y EE UU también se encuentran inmersos en un juego global que lleva al primero a procurar que el segundo se empantane en un nuevo escenario bélico, aprovechando así para disponer de mayor margen de maniobra en su renovado esfuerzo por asegurarse un “near abroad”, tanto en Europa Oriental como en Asia Central, sensible a su influjo. El segundo, por su parte, pretende evitar como sea la repetición de errores como los de Afganistán e Irak, pero sin poder desentenderse de lo que ocurre en una zona tan geoestratégicamente importante como Oriente Próximo.

Eso es lo que lleva a Obama a actuar de manera tan circunspecta, tratando de medir al milímetro cada paso que da en un conflicto que sirve como ejemplo perfecto de esa nueva forma de entender el liderazgo (“leading from behind”), que arrancó en Libia y que se ha repetido en Malí. Eso incluye apostar por los rebeldes- al margen de su perfil más o menos presentable-, suministrándoles primero financiación y material militar no letal, para pasar después a instruir a sus combatientes en suelo jordano y ahora a prometerles (de manera un tanto imprecisa) la entrega de material letal. También supone mirar hacia otro lado ante la sostenida apuesta bélica de Riad y Doha, facilitando que las armas lleguen a manos de quienes tampoco parecen distinguirse precisamente por su aprecio a la legalidad o a los derechos humanos.

Aun así, Obama ha quedado atrapado en cierta forma en sus propias palabras, desde que afirmó que el uso de armas químicas en Siria supondría cruzar una línea roja que tendría consecuencias (militares, se supone). Pero en ningún caso el anuncio que ayer hizo la administración estadounidense, identificando al régimen sirio como el responsable del uso reiterado de esas armas, debe interpretarse como la activación de una respuesta militar directa, desplegando tropas en el terreno. Lo que, por el contrario, cabe suponer es que Obama (y lo mismo sirve para interpretar el reciente gesto de la Unión Europea al levantar el embargo de armas) trata de reforzar la capacidad militar de los opositores a el Asad, en un momento en el que las tropas leales al régimen están recuperando posiciones y amenazan a Alepo. Con la vista puesta en la Conferencia de Ginebra 2- que supone renunciar a la derrota militar del régimen- lo que se busca es evitar que el Asad pueda inclinar la balanza a su favor y enviarle un mensaje netamente político: si no acepta sentarse a la mesa con representantes de la oposición (incluyendo la armada) para encontrar una salida negociada, que suponga idealmente su salida personal de la escena política, se arriesga a ser desplazado por la fuerza en una etapa posterior. Pero para eso aún queda tiempo o, lo que es lo mismo, más sufrimiento para los sirios.

España y su desnortada defensa

La defensa es, por definición, un bien público que necesita recursos humanos y físicos adecuados para poder cumplir con la tarea de garantizar la seguridad de la ciudadanía y de España. Pero no es el
único (ni siquiera el principal en ocasiones) componente de una seguridad que solo puede ser cabalmente entendida en clave multidimensional en el mundo globalizado que nos toca vivir. Eso significa que, desde la obligada perspectiva económica de atender necesidades infinitas con recursos finitos, habrá que ponderar el esfuerzo presupuestario que puede realizarse para cubrir lo que, en cualquier caso, es solo un medio para atender al fin superior de preservar el bienestar y la paz.

No es realista militarizar la sociedad en su conjunto para atender a las permanentes amenazas que nos afectan, y sería suicida propugnar la eliminación del aparato militar- en su doble condición de
instrumento de disuasión y de último recurso-, desarmándonos unilateralmente. Por tanto- en un ejercicio que debe tomar en consideración otras necesidades tanto o más básicas como la sanidad, la educación y otros servicios públicos-, habrá que establecer con rigor y flexibilidad el nivel del esfuerzo presupuestario que puede dedicarse a la defensa militar, asumiendo el entorno
cambiante del escenario internacional y de las amenazas y riesgos que en él se manifiestan.

Sin embargo, España viene haciéndose trampas en el solitario desde hace mucho tiempo. Por un lado, contabiliza de manera inadecuada su gasto de defensa- más del doble del que suele manejar
públicamente, si se utilizan criterios OTAN-, en un intento engañoso de hurtar información fidedigna a una opinión pública que no trata como adulta. Por otro, manteniendo una estructura militar que no se adecúa a las necesidades de hoy, con un órgano central sobredimensionado, con unidades ajenas a la función esencial de las fuerzas armadas y con un desequilibrio a favor del componente terrestre que debilita la capacidad aeronaval de un país eminentemente marítimo como el nuestro.

En esa línea, es obligado reconocer que España ha llegado a un punto de máximo desajuste entre su potencial militar y sus necesidades actuales. En primer lugar, sigue estando pendiente desde la
transición un verdadero debate sobre el modelo de defensa que España necesita. Si primero se optó por esquivarlo para no complicar aún más la reconversión de la institución militar en un mero instrumento del poder civil, más tarde se ha ido relegando seguramente por consideraciones electoralistas. En definitiva, eso ha generado una inercia que- a pesar de los tan reiterados como
insuficientes planes de modernización- se traduce en unas fuerzas armadas equipadas para las guerras del pasado, una deuda impagable y un entramado industrial sin referencias claras y abocadas a una drástica reconversión para sobrevivir.

Visto así, el nuevo plan de reprogramación de los programas especiales de armamento (PEA) anunciado recientemente por el gobierno es tardío, insuficiente e ilusorio. Tardío porque hemos llegado al punto de acumular una deuda que supera los 30.000 millones de euros y que hipoteca hasta
el extremo el presupuesto de Defensa, la operatividad de las unidades militares y el futuro de no pocas industrias de defensa. Insuficiente porque solo se centra en los aspectos contables del problema, dejando para un futuro indefinido la posibilidad de llevar a cabo una reforma en profundidad de un aparato militar inquietantemente inoperante ya en la actualidad. Ilusorio,
finalmente, porque no es fácil entender cómo se logrará la complicidad de unos socios y empresas internacionales que ven peligrar proyectos comunes (lo que afectará a la imagen de España por su incumplimiento de compromisos ya adquiridos). También porque resulta difícil creer que lo que no sirva a nuestros ejércitos vaya a ser adquirido en condiciones de mercado por otros menos exigentes con las necesidades de los ejércitos modernos. Y, por último, porque no se puede esperar la comprensión de una sociedad frontalmente golpeada por la crisis económica ante la aprobación de fondos adicionales que rondan los 1.000 millones de euros anuales para pagar lo que socialmente no se percibe como tan necesario.

Irán, elecciones con las cartas marcadas

Un primer vistazo a la lista de los 8 candidatos finalmente designados por el Consejo de Guardianes para competir en las elecciones presidenciales iraníes del próximo 14 de junio transmite de inmediato el grado de aversión al riesgo del núcleo duro del régimen ideado por Ruhollah Jomeini en 1979. Para llegar a este punto el Consejo ha cribado a los 686 candidatos inicialmente inscritos, excluyendo sin remedio a todos los que puedan representar una mínima amenaza al statu quo vigente desde entonces y al poder del líder supremo de la revolución, el ayatolá Ali Jamenei.

Convencidos de la necesidad de evitar derivas populistas (como la de Ahmadineyad) o reformistas (como la anterior de Mohamed Jatami), los detentadores del poder aspiran ahora a completar su tarea de retomar el control de todas las instancias políticas iraníes. Para ello, y con la lección aprendida en junio de 2009- cuando se produjo un pucherazo electoral que cerró el paso a opositores incómodos como Mir-Hossein Mousavi y Mehdi Karroubi, todavía hoy en arresto domiciliario-, no han tenido reparo alguno en diseñar una lista de candidatos con políticos que no plantean amenaza alguna al régimen. Eso ha supuesto dejar fuera a figuras tan potentes como el ex presidente Ali Akbar Hashemi Rafsanjani- que ha aceptado sin críticas el desaire, mientras mantiene su posición como presidente del Consejo de Discernimiento, encargado de resolver las disputas entre el Majlis y el Consejo de Guardianes- y el ya previamente defenestrado consejero presidencial Esfandiar Rahim Mashaei (hombre de la máxima confianza de Ahmadineyad).

La eliminación de estos dos últimos deja como único candidato de corte reformista al escasamente carismático ex vicepresidente Mohamed Reza Aref. Cabe imaginar que con ese gesto, Jamenei y
sus allegados más leales pretenden evitar las críticas por dejar sin voz a una parte importante de los potenciales votantes, sabiendo que sus opciones son mínimas. Entre los contendientes también Hassan Rouhani (ex secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y, por tanto, negociador principal para el tema nuclear) intentará atraer a los simpatizantes de Rafsanjani y del ex presidente Mohamed Jatami, jugando con la particularidad de ser el único clérigo entre los ocho candidatos.

Más allá de los que aparecen inicialmente como simples figuras de relleno- Mohamed Ghazari (ex ministro de telecomunicaciones), Gholam-Ali Haddad Adel (ex presidente del Majlis). Mohsen
Rezaie (ex secretario del Consejo de Discernimiento y ex jefe del poderoso Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica) y hasta Ali Akbar Velayati (ex ministro de exteriores y actual consejero de Jamenei para política exterior)- la atención parece centrarse en Saeed Jalili y Mohamed Bagher Qalibaf.

El primero, plenamente fiel a Jamenei, puede ser calificado como el candidato del régimen. A buen seguro recibirá el apoyo inequívoco del sistema, pero no cuenta de partida con el apoyo popular, aunque solo sea en la medida en que no se ha distinguido como un líder carismático y cercano a las preocupaciones de la población (sino más bien dedicado a la negociación nuclear en su calidad de secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional). El segundo, por el contrario, ha sabido acumular un notable capital político como resultado de su condición de alcalde de Teherán,
demostrando en numerosas ocasiones su pragmatismo y su capacidad gestora, al mismo tiempo que cercanía a las inquietudes de la población. Al mismo tiempo, también es relevante su condición de ex jefe de la fuerza aérea del Cuerpo de Guardianes de la Revolución para intentar atraerse el apoyo de un actor tan importante hoy en la escena política iraní como los pasdaran.

Como ya ha ocurrido en procesos electorales anteriores, la impresión dominante es que la elección ya se ha hecho antes de que los votantes se acerquen a las urnas. Quienes llegan a esta carrera final
ya han sido previamente escogidos por quienes realmente deciden y ninguno de ellos cuestiona las bases fundamentales del régimen de velayat-e faqih vigente hace ya 34 años. En todo caso, al haber
forzado el proceso para eliminar a los que podrían calificarse de reformistas, el régimen corre el riesgo de provocar la reacción de una buena parte de la población que ha ido perdiendo calidad de vida (en línea con las crecientes sanciones internacionales y la notable corrupción e ineficiencia de los gobernantes actuales) y que puede rebelarse contra la decisión tomada por una cúpula cada vez más cuestionada.

Irak, la violencia que no cesa

Aunque solo puntualmente ocupe los titulares de prensa, la violencia diaria es un rasgo estructural que viene acompañando a Irak desde hace años. Y nada apunta a que vaya a desaparecer a corto plazo. Por el contrario, las cifras de incidentes violentos que aporta el Washington Institut for Near East Policy muestran un imparable crecimiento. Así, si en el primer trimestre de 2011 el promedio mensual era de 358 incidentes, en el mismo periodo de 2012 ya eran 539, para pasar a 804 en los tres primeros meses de este año. Según la ONU, tan solo en el pasado mes de abril han muerto
violentamente 712 personas, el nivel más alto de los últimos cinco años, y mayo parece confirmar la tendencia (con no menos de 200 muertes violentas en la última semana). La sombra de una nueva guerra civil se va haciendo cada vez más alargada, hasta situarnos en un escenario que recuerda al trágico periodo 2006-07, cuando el país estalló brutalmente sin que las fuerzas internacionales
parecieran en condiciones de evitarlo.

A pesar del tiempo transcurrido desde la invasión estadounidense de marzo de 2003, en un contexto como el iraquí siguen estando muy activos los agravios, la codicia y los asuntos pendientes entre actores muy diversos, lo que facilita su instrumentalización cuando se pretende justificar la apuesta por la fuerza armada. Hoy no hay ya tropas internacionales sobre el terreno- tras la retirada estadounidense de diciembre de 2011-, por lo que no cabe argumentar que se trata de una lucha en clave nacionalista contra el invasor. Tampoco puede decirse que sean los chiíes los objetivos prioritarios a batir, en la medida en que también se busca la eliminación de suníes- como puso
de manifiesto el doble ataque contra la mezquita Saraya (en Baquba, capital de Diyala)- y de kurdos (intentando cercenar sus ansias independentistas). Incluso los agentes de policía y de fuerzas de seguridad son objetivo explícito de los violentos, en actos que se producen prácticamente en todos los rincones del país, sin que nadie los reivindique abiertamente.

La búsqueda de responsables de esta creciente oleada de violencia nos lleva, en clave externa, a Siria y a Irán. En el primer caso, la minoría suní de Irak tiende a alinearse con la mayoría suní de Siria que pugna por derribar al régimen alauí (chií) de Bachar el Asad y, por tanto, no es de extrañar que se implique en el esfuerzo bélico que allí se está desarrollando y, en consecuencia, que Irak se vea también convertido en campo de batalla. Irán, por su parte, no ceja en su intento por verse reconocido como el líder regional de Oriente Medio y, desde esa perspectiva, procura asegurar las opciones chiíes en Bagdad, al tiempo que juega a un delicado equilibrio repartiendo sus apoyos entre los diferentes grupos chiíes para no quedarse en desventaja si finalmente Nuri al Maliki desapareciera de la escena política. Una señal de la pérdida de peso de Washington en Irak es el hecho de que John Kerry no haya conseguido que al Maliki niegue el espacio aéreo a Irán en su esfuerzo por apoyar al régimen sirio.

En todo caso, los principales factores determinantes de este alto nivel de violencia son de carácter interno. Y entre ellos el que más destaca es, precisamente, la rebelión cada vez más abierta contra los dictados de un primer ministro, Al Maliki, irrefrenablemente autoritario, hasta el punto de haber activado simultáneamente a suníes y a kurdos en su contra. Lo que en principio (diciembre de 2012) fueron manifestaciones pacíficas contra sus decretos y medidas discriminatorias, combinadas con la aplicación del eternamente válido principio de “divide y vencerás”, aprovechando las fisuras entre kurdos y suníes, ha pasado a ser ya una opción violenta para frenar sus derivas dominantes.

No solamente grupos como El Estado Islámico de Mesopotamia (franquicia local de Al Qaeda, que parece decidida a sumar fuerzas con el sirio Frente Al Nusra), sino también otros como el Movimiento Naqshbandi (suní, neobaazista) y un naciente Ejército Libre de Irak (en la provincia de Anbar) han entendido que la fuerza es el único medio para evitar la irrelevancia a la que Al Maliki quiere condenar a quienes no pertenezcan a su bando. Mirando ya a las elecciones de 2014, el actual primer ministro trata de ese modo de despejar el camino para eternizarse en el poder, evitando que la
mayoría suní pueda recuperar el poder del que ha disfrutado desde la creación del Estado y que los kurdos puedan gestionar directamente las riquezas en hidrocarburos fósiles que atesora la región norte del país.

La lucha contra el terrorismo no es una tarea militar

Lo que se recoge en el título no quiere decir que las fuerzas armadas no tengan nada que hacer para responder a una amenaza bien real como la del terrorismo internacional. En el esfuerzo sostenido y multifacético que se debe realizar para neutralizarlo, los ejércitos siempre podrán llevar a cabo acciones puntuales y complementarias; pero teniendo bien claro que nunca pueden ser los protagonistas en la respuesta. Y esto vale tanto para lo que acaba de ocurrir en Londres (un soldado muerto a machetazos en plena calle el pasado día 22), como para lo que sucedió antes en Boston (tres personas muertas por una explosión producida en pleno maratón el 15 de abril), e incluso también para lo que se ha vivido primero en Malí desde enero del año pasado y ahora en Níger (con el doble ataque suicida de ayer contra la base militar de Agadez y la mina de uranio de Arlit por parte de MUYAO).

Los instrumentos y los actores principales deben ser los de perfil político, económico, sociocultural, jurídico, educativo, de información e inteligencia, por la sencilla razón de que las fuerzas armadas ni están concebidas, ni equipadas, ni instruidas adecuadamente para tratar ese problema. Éstas, por definición, solo pueden ser activadas como instrumentos de último recurso, siendo conscientes de que incluso un aparente éxito puntual (como la liberación momentánea del Azawad maliense) no resuelve un problema que hunde sus raíces en cuestiones sociopolíticas y económicas, en la persistencia de dobles varas de medida en el plano internacional y en situaciones de discriminación interna que, para hacer aún más complicada la tarea, incorporan un alto componente de subjetividad.

Ésta es precisamente una de las pocas ocasiones en las que España puede servir de ejemplo positivo, en la medida en que desde la aparición de la amenaza terrorista de ETA (y ni el 11-M quebró ese enfoque) se tuvo claro que la mejor manera para hacerle frente no pasaba por otorgarle más protagonismo a los militares. Sin embargo, como bien nos enseñan los garrafales errores cometidos en Afganistán e Irak por la administración Bush hijo (y por otros gobiernos que se alinearon con Washington en aquella época), la tentación de desplegar fuerzas armadas- intentando matar moscas a cañonazos- parece irrefrenable para muchos responsables políticos.

La cuestión parece meridianamente clara. Para luchar contra el terrorismo (que no es lo mismo que hacer la guerra al terror, como proponían los neocons estadounidenses y sus adláteres) hay que hacer simultáneamente frente a los efectos más visibles de esa lacra y a sus causas subyacentes. Para anular los primeros, el objetivo primordial es evitar la radicalización de individuos (sean de la nacionalidad que sean) que terminen por creer que solo la violencia les permitirá resolver sus problemas. Además, si no se ha logrado evitar que lleguen a ese punto y finalmente cometen un ataque/atentado, habrá que procurar detenerlos, enjuiciarlos y condenarlos. Para todo ello, lo fundamental es potenciar mecanismos educativos (incluyendo a los medios de comunicación) y de integración social, política y económica que aborten esa radicalización; junto a instrumentos de cooperación internacional (esta es una amenaza que nos afecta a todos) en materia económica (para cortocircuitar los canales que alimentan financieramente a esos grupos), de información e inteligencia, policial y jurídica (valga la euroorden como ejemplo). Si ya en este contexto el papel de los ejércitos es secundario y complementario (proteger alguna infraestructura vital, impermeabilizar una frontera…), en la lucha contra las causas estructurales resulta elemental entender que no tienen función alguna que desarrollar.

Visto así, ¿alguien puede seguir creyendo que la multiplicación de los polémicos drones, como está haciendo la administración Obama (pasando ahora su gestión a las fuerzas armadas en lugar de a la CIA), va a resolver la amenaza que representan los “lobos solitarios” que ya están moviéndose en nuestros propios territorios o grupos como Al Qaeda y la retahíla de grupúsculos que han florecido bajo su influjo?

El Ártico también existe

Es un axioma generalmente asumido que un país actúa en el concierto internacional en función de su localización geográfica. Vista a escala humana, la geografía (forma y posición, principalmente) es una referencia prácticamente inalterable, un dato de partida, que determina en gran medida las ventajas (oportunidades) y desventajas (amenazas y riesgos) con las que interactuar en el mundo globalizado que corresponde a nuestros días. Nada parece escapar a la dictadura de la geografía, que, en consecuencia, fija los alineamientos y las prioridades de los Estados a largo plazo.

Solo en raras ocasiones, como sucede ahora en el Ártico, esa realidad cambia ante nuestros ojos. Si en otros casos ha sido el avance tecnológico-como ocurrió con la construcción del Canal de Suez o del Canal de Panamá- aquí se trata de una versión más problemática de la acción humana- el cambio climático-, la que ha propiciado un acelerado interés por lo que hasta hace bien poco era apenas territorio para investigadores científicos y para viajeros muy aventureros. Hoy- como acaba de verse en la reunión ministerial del Consejo Ártico, celebrada en Kiruna (Suecia) el pasado día 15- esta inmensa región suscita un inusitado protagonismo en el que se entrecruzan intereses relativos a la posible apertura de rutas comerciales transoceánicas y a la explotación de sus potenciales riquezas.

El Consejo Ártico se puso en marcha en 1996- por iniciativa de los 8 países con territorio en el Círculo Polar Ártico: Estados Unidos, Canadá, Islandia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia- con el propósito de impulsar la cooperación en materia medioambiental y para la investigación científica. Aunque no tiene ningún poder ejecutivo, es evidente que permite a esos países ir tomando posiciones de ventaja para futuros desarrollos en el área. En esa misma línea, la reunión de Kiruna se ha cerrado con la admisión, como observadores, de China, India, Italia, Japón, Corea del Sur y Singapur. Una señal bien clara de que la reducción de la capa de hielo- en septiembre del pasado año la superficie ártica era casi un 49% menor que el promedio del periodo 1979-2000, llegando a los 3,6 millones de kilómetros cuadrados- está abriendo el apetito de muchos Estados.

Hasta ahora el Consejo Ártico- al que acompañan otros organismos regionales como el Consejo Nórdico, el Consejo Euro-Ártico del mar de Barents y hasta la Conferencia Parlamentaria de la Región Ártica- era una instancia de coordinación intergubernamental que apenas había logrado establecer algún acuerdo sobre respuestas a accidentes medioambientales o para búsqueda y rescate ante accidentes marítimos. Pero ahora, sin que se haya oficializado ningún cambio hacia un organismo con capacidad ejecutiva, es bien visible el intento de situarse en posiciones favorables para intentar sacar más tajada de los previsibles cambios a corto plazo.

Para entender lo que está en juego, basta con recordar que la ruta marítima Rotterdam/Shanghái es un 20% más corta si se opta por la ruta ártica (frente a las costas rusas) en lugar de hacerlo por la mediterránea. Ya en 2012 fueron 46 (frente a los 34 de un año antes) los buques que siguieron este rumbo, transportando un total de 1,3 millones de toneladas (820.000 en 2011) y todo indica que, pese a la falta de infraestructuras y a las dificultades de la travesía, el ritmo aumentará sensiblemente a muy corto plazo. Por otro lado, las estimaciones sobre las enormes riquezas que alberga el subsuelo marino en recursos naturales y materias primas energéticas (con cifras muy diversas, pero siempre en alza, que incluyen petróleo y gas) no hacen más que llamar la atención de responsables gubernamentales y de entidades empresariales ávidas de lograr un trozo de la tarta que el cambio climático está aflorando.

Ni que decir tiene que esta imparable dinámica va a tener también su correlato en clave militar, alimentando la competencia también en este escenario. En claro contraste con todo lo anterior, lo que no se percibe en modo alguno es el mismo nivel de interés por hacer frente conjuntamente al cambio climático en el que ya estamos metidos. Algunos quieren verlo como una buena oportunidad de negocio, mientras otros lo perciben como una amenaza global que no está siendo tratada de manera adecuada. Si tuviera sentido cruzar apuestas sobre temas como este, ¿alguien apuesta a que la inquietud medioambiental se va a imponer a la economicista/militarista?

Embrollada madeja sirio-israelí

Desde la lógica bélica que hoy impera en Siria tiene sentido que el régimen trate de hacer pasar los recientes ataques aéreos israelíes sobre su territorio como una muestra inequívoca de que Tel Aviv ha decidido implicarse directamente en el conflicto, tomando partido a favor de los rebeldes. Pretende así fragmentar aún más a sus opositores, identificándolos como instrumentos del deseo sionista por destruir a los árabes. Asimismo, aspira a recuperar apoyos sociales sensibilizados ante lo que muestra como un enemigo común que intenta sacar provecho de la crisis interna (machaconamente presentada como una lucha contra el terrorismo yihadista).

Pero desde esa misma lógica resulta insostenible el argumento, dado que Israel solo ha actuado en defensa de sus propios intereses, tratando de evitar que se cruce una línea roja que considera prohibitiva: el reforzamiento militar de Hezbolá haciéndose con misiles que le permitan afectar a instalaciones y centros neurálgicos israelíes (de población, pero también productivos y militares). Eso es lo que viene haciendo ya como mínimo desde enero- cuando destruyó un convoy que previsiblemente transportaba misiles tierra-aire SA-17- y eso es lo que ha vuelto a repetir a principios de este mes- en el ataque a instalaciones del aeropuerto internacional de Damasco y a instalaciones militares cerca de Jamraya. El objetivo en este reciente caso eran los misiles tierra-tierra M-600- prácticamente idénticos a los iraníes al Fateh-110, de combustible sólido, con capacidad para colocar con alta precisión una cabeza de hasta 500kg. a unos 300km. de distancia desde una plataforma móvil. Unos ingenios que harían de Hezbolá una amenaza de orden superior a la que ya representa actualmente como el actor más poderoso de Líbano, tanto en el terreno político- como se acaba de evidenciar con la forzada dimisión del primer ministro Najib Mikati- como en el militar- con cohetería y misiles que superan los 10.000 y un reforzado volumen de combatientes que también superan de largo esa cantidad.

Dicho de otro modo, Israel no tiene la intención de alinearse con ninguno de los bandos sirios enfrentados. Ha vivido cómodamente durante más de cuarenta años con un régimen que ha aceptado sin remedio el statu quo impuesto tras la ocupación del Golán y no desea en modo alguno fomentar a unos rebeldes que, si llegan a imponerse al dictador, muy pronto acabarán creándole serios problemas. Visto así, lo que Israel prefiere- como mal menor- es la perpetuación del conflicto sirio, entendiendo que eso se traduce progresivamente en el debilitamiento de todos los actores implicados (no solo los sirios sino también, y sobre todo, Irán). Ataques como los realizados hasta ahora (que probablemente se repetirán en el futuro) responden, por tanto, a la idea de impedir a toda costa que Hezbolá siga alimentándose de lo que Teherán les suministra y de lo que Damasco quiera traspasarle.

Cuenta para ello con el convencimiento, confirmado por los hechos, de que las bravatas de Bachar el Asad (en el sentido de que cualquier acción militar israelí será contestada de inmediato) siempre se han quedado en meras palabras. Hoy, sumido en una lucha por la supervivencia del clan alauí, el Asad no puede permitirse abrir un nuevo frente contra Israel. Es más, en lo que va de año incluso ha tenido que retirar tropas próximas al ocupado Golán para emplearlas en otros frentes internos mucho más activos. Hacerlo le supondría, además, arriesgarse a perder el principal elemento que le está permitiendo mantener el pulso contra los rebeldes: su fuerza aérea. Una señal adicional de la indisimulada aversión del régimen (pero también de Hezbolá) a asumir el riesgo a enfrentarse frontalmente con la maquinaria militar israelí ha sido el tratamiento mediático que han dado a los ataques recibidos. Ambos han optado por negar que dichos ataques se hayan producido, para no verse ante la tesitura que estar a la altura de sus balandronadas.

Por su parte, Irán tampoco quiere “quemar” prematuramente una baza tan notable como Hezbolá, por si tiene que emplearla el día de mañana como una baza de retorsión directa ante un ataque israelí. Es sobradamente conocido que combatientes del Partido de Dios libanés- estimados por algunas fuentes en unos 7.500- están ya echando una mano a las fuerzas leales al régimen sirio, junto a elementos del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica iraní. Eso evidencia que para Teherán es importante mantener al menos un pie en Siria, pensando en su objetivo de ampliar su radio de influencia desde el Golfo hasta el Mediterráneo, pero sin llegar al extremo que agotar todas sus cartas en ese escenario.

Mientras tanto, si se confirma lo apuntado por la comisión internacional de la que forma parte la renombrada jurista Carla del Ponte- en el sentido de que los ataques con armas químicas contra población civil siria no habrían sido efectuado por el régimen sino por grupos rebeldes-, cabría preguntarse si esos grupos violentos no están dispuestos a todo con tal de provocar una intervención militar internacional.

Frente Polisario, ¿algo que celebrar?

Hoy se cumplen cuarenta años desde la creación del Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro (Frente Polisario) y en diez días se cumplen además los mismos años del arranque de la lucha armada contra Marruecos, iniciada con el objetivo de lograr la creación de una entidad estatal para el pueblo saharaui. Una entidad- la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), proclamada el 27 de febrero de 1976, coincidiendo no por casualidad con la retirada definitiva de España de su antigua colonia- que no abarca la totalidad del Sahara Occidental. En realidad- a base de acciones militares, instalación de colonos e inversiones considerables- Marruecos ha logrado de facto integrar bajo su férula al llamado “Sahara útil”, en el que se ubican los principales recursos (fosfatos, pescado y, potencialmente, hidrocarburos), salvaguardado tras los muros de arena vigilados hasta hoy por más de 100.000 soldados.

Las conmemoraciones principales, que se desarrollan en el campamento de refugiados El Aaiún (y no, como señalan algunos medios de comunicación, en la ciudad del mismo nombre, controlada por Marruecos), consisten en un discurso del líder/presidente Mohamed Abdelaziz y en un desfile militar. Si se dibuja un mínimo balance de lo cosechado en estos cuarenta años, resulta difícil entender lo que se celebra hoy, más allá del gesto simbólico que supone seguir mostrando que hay vida (social y política) incluso en las pésimas condiciones en las que se encuentran los refugiados saharauis.

Así, en la parte positiva del balance, apenas cabe mencionar que la RASD es miembro de la Unión Africana (de la que Marruecos es el único país del continente que se ha quedado al margen, precisamente como consecuencia del reconocimiento saharaui) y que decenas de Estados reconocen su existencia. También es inicialmente positivo que desde 1991 se haya cerrado la etapa de confrontación violenta abierta entre las tropas marroquíes y el Polisario, con la aprobación de un plan de paz de la ONU que contemplaba la celebración de un referéndum de autodeterminación que, como es bien sabido, nunca ha llegado a celebrarse. Pero poco más puede añadirse a la lista.

Por el contrario, abundan los elementos negativos. El principal es considerar que hace esos mismos cuarenta años que la mayor parte de la población saharaui se encuentra confinada (y crecientemente abandonada) en el territorio argelino de la región de Tinduf, sobreviviendo a duras penas en la hamada (el desierto dentro del desierto). A pesar de su notable resiliencia y de la capacidad y activismo de su capital humano, es obligado reconocer que viven de la caridad internacional (expresada por numerosas redes de apoyo social y por algunos gobiernos y agencias internacionales). Además, en términos reales, su causa ha ido perdiendo peso en la agenda internacional, del mismo modo que el Polisario ha ido perdiendo credibilidad y apoyos políticos, tanto de su principal valedor (Argelia) como del conjunto de los países que se integran en el Grupo de Amigos (¿?) del Sahara Occidental (EE UU, Rusia, Gran Bretaña, Francia y España).

Puede causar admiración su inquebrantable voluntad de seguir apostando por la materialización de su sueño de soberanía. Pero también causa congoja comprobar cómo se van quedando sin fuerzas propias y sin apoyos sustanciales externos para seguir impulsando ese empeño. Conscientes, por un lado, de que la opción violenta no sería entendida en el contexto internacional de hoy y, por otro, de que su extrema debilidad militar lo abocaría a una segura derrota contra unas fuerzas marroquíes abrumadoramente superiores, hoy apenas les queda baza alguna.

Cuando ya nada pueden esperar de la comunidad internacional en un marco que apenas disimula su apuesta promarroquí. Cuando Rabat ha mostrado por activa y por pasiva que no está dispuesto a ir más allá de una mera descentralización administrativa en el marco de una reforma de la organización del reino que nunca llega. Cuando sus propias fuerzas se debilitan hasta el extremo y sus gobernantes están sometidos a un innegable cuestionamiento interno. Cuando la solidaridad internacional de numerosas organizaciones no gubernamentales apenas basta para paliar parcialmente los efectos más perversos de su situación. ¿Qué les queda por hacer? ¿Qué pueden celebrar?

Guerra de minas, nuevo ensayo USA en el Golfo

Entre los días 6 y 30 de mayo, y por segunda vez en menos de un año, las aguas del Golfo van a ser el escenario de un ejercicio militar que implica a buques de guerra de más de treinta países. En el marco de una tensión creciente, y con Irán como referencia inequívoca, Estados Unidos vuelve a la carga en su intento por mejorar la maquinaria naval para hacer frente a la amenaza de que Teherán decida en algún momento minar unas aguas por las que sale casi el 40% de todo el petróleo que transita por los mares y no menos del 20% del gas licuado.

Ese fue el mismo objetivo que, en septiembre pasado, llevó a Washington a realizar un ejercicio similar- con participación de otros 32 países y más de 3.000 efectivos- que se saldó con resultados insatisfactorios. Si, por un lado, quedó de manifiesto el interés común de muchos países por garantizar el tránsito de esas vitales materias primas por el estrecho de Ormuz; por el otro, fue notoria la dificultad para combinar los medios disponibles de manera eficaz contra una amenaza que Irán ha planteado en reiteradas ocasiones. Dos ejercicios de esta magnitud en menos de un año da sobrada idea de la importancia que se concede a dicha amenaza, con capacidad para impactar directamente en los planes de recuperación de la larga crisis en la que muchos países están sumidos.

La decisión estadounidense es, simultáneamente, un gesto político y una necesidad militar. En el primer sentido, se trata de mostrar a Israel que Washington se toma en serio la amenaza que representa Teherán; pero cuidando en todo caso de no aparecer como agresor (los ejercicios se realizan en aguas internacionales y se presentan como estrictamente defensivos). Al mismo tiempo, pretende aumentar la presión contra Irán, movilizando a gobiernos muy dispares- estarán todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, con la llamativa ausencia de China, además de países occidentales, árabes y otros-, como señal del aislamiento general que sufre el régimen de los ayatolás.

En el terreno militar, baste decir que en las maniobras de septiembre no se logró destruir ni una tercera parte de las minas sembradas por los propios organizadores. Con el décimo tercer Ejercicio Internacional de Medidas para Contrarrestar Minas (IMCMEX, en inglés)- liderado por el vicealmirante John W. Miller, jefe de la V Flota estadounidense, con cuartel general en Bahréin- se pretende, sobre todo, mejorar sustancialmente la capacidad antiminas- contando con que Irán sigue reforzando su capacidad de minado y de obstrucción del tráfico- para negar a Teherán una poderosa baza de retorsión ante cualquier posible ataque a sus intereses vitales (programa nuclear incluido).

La estrella anunciada de estos nuevos ejercicios es el vehículo submarino no tripulado Seafox, que no estaba en servicio en las anteriores maniobras. Pero hará falta mucho más que ese ingenio- de dotación en las armadas estadounidense y británica- para forzar un giro contemporizador por parte del régimen iraní.