La educación no interesa en el Sahel

Esa es la frustrante conclusión que se extrae de los datos que aporta IRIN (servicio de noticias de la OCHA sobre la actualidad de la acción humanitaria en el marco de la ONU) en relación con la situación en Malí y el resto del Sahel. Desde el arranque de la actual crisis en Malí, con el inicio de la revuelta tuareg en enero del pasado año y el subsiguiente golpe de Estado de marzo del mismo año, los principales donantes decidieron suspender su apoyo financiero a los golpistas. En consecuencia, quedó sin atender en torno a la mitad del presupuesto en educación, que se financia principalmente con aportaciones de la Unión Europea, Estados Unidos, Países Bajos y Canadá.

Esto supuso el brutal deterioro de un sistema que ya sufría importantes déficits, hasta el punto de que UNICEF estima que al menos 700.000 niños malienses se encuentran imposibilitados de seguir el curso escolar en condiciones mínimamente aceptables. Aunque las familias malienses dan importancia a la educación en sus demandas de atención para salir de la grave situación en la que se encuentran, los donantes parecen orientar sus esfuerzos en otras direcciones. Así, en 2012 la ayuda exterior se centró casi exclusivamente en atender parcialmente a la crisis alimentaria. Como resultado de ello, solo el 6,4% de toda la ayuda de emergencia movilizada se dedicó a actividades educativas (en Chad fue el 14,5% y en Mauritania 0%). Dicho en términos aún más amplios, la educación solo absorbió el 0,9% de toda la ayuda humanitaria registrada en ese año.

Evidentemente siempre es un reto establecer de manera adecuada las prioridades cuanto se trata de atender infinitas necesidades con recursos cada vez más escasos. Pero a estas alturas los donantes deberían haber comprendido ya que la educación es un aspecto fundamental de la, ahora tan de moda, resiliencia de las sociedades locales para hacer frente a los complejos problemas que les toca vivir. Llevar los niños a la escuela no solo es un proceso que les ayuda emocional y psicológicamente, sino que les prepara mejor para encarar el futuro (tanto en términos muy prácticos para incorporar nuevos hábitos de salud y técnicas de cultivo, como en otros menos tangibles como la visión del mundo que les rodea o el aprendizaje de métodos de resolución pacífica de los conflictos).

Nada de esto parece haber sido considerado por la comunidad de donantes cuando el llamamiento de OCHA para atender a las necesidades educativas de Malí durante este año, presupuestadas en 18 millones de dólares, se ha saldado de momento con cero aportaciones.

Hoy 200.000 niños están sin escuela en la mitad norte de Malí. La mayoría de las escuelas están cerradas como efecto directo de la violencia (únicamente un 5% en Tombuctu han podido reabrir sus aulas) y solo el 28% de los maestros han regresado a la región, tratando de desarrollar su labor sin recibir ningún salario a cambio. En fin, parece que en el mejor de los casos algunos siguen prefiriendo dar un pescado de vez en cuando que enseñar a pescar.

Túnez, segunda oportunidad

Apurando al máximo el plazo marcado por el presidente de la república, Moncef Marzouki, y a la espera del preceptivo aval parlamentario, Ali Laridi ha logrado conformar un nuevo gobierno. En principio, atendiendo a los treinta nombres que configuran el nuevo gabinete, el ex ministro de interior parece haber logrado atender a las principales demandas planteadas tanto desde la oposición como desde la calle. Así, ha logrado evitar el peligro de descontrol que había desencadenado el asesinato de Chokri Belaid el pasado 6 de febrero, con riesgo de hacer descarrilar el proceso iniciado tras la caída del dictador Ben Ali. También se ha atrevido a dejar los cuatro principales ministerios en manos de independientes- con el diplomático Othman Yarandi al frente de exteriores, el jurista Loffi Ben Yedu en interior, el también jurista Najib Ben Ammu en justicia y Rachid Sabagh en defensa.

De este modo, y mientras En Nahda conserva al menos 9 carteras, Laridi ha transmitido su voluntad de ampliar la base de representatividad política de su gobierno, aunque sin llegar en ningún caso a crear un gabinete exclusivamente tecnocrático, como había intentado sin éxito su antecesor en el cargo, Hamadi Jebali (desautorizado por su propio partido).

Para ello, como en la etapa anterior, Laridi ha logrado mantener en la coalición gubernamental tanto al partido laico Congreso para la República como al centroizquierdista Ettakatol (que conserva la delicada cartera de finanzas, de la mano de Elyess Fakhfakh). Asistimos, por tanto, a una nueva versión de la misma coalición que ya había acordado incorporarse al gobierno tras las elecciones de octubre de 2011.

El problema no es tanto que se repita la fórmula del tripartito, como el hecho de que desde la caída del dictador no se ha logrado todavía consolidar un rumbo de avance democrático irreversible. En el plano económico la situación no ha hecho más que empeorar, tal como muestra la estadística de un desempleo que oficialmente supera ya el 18% y el notable deterioro de la actividad turística (auténtico balón de oxígeno para las arcas nacionales) y de la inversión extranjera. Para tratar de enderezar el rumbo todavía queda por cerrar la negociación con el Fondo Monetario Internacional para la concesión de un préstamo de 1.780 millones de dólares; pero las autoridades económicas son bien conscientes de que para ello será necesario comprometerse en la adopción de reformas impopulares que, a buen seguro, llevará a los afectados a aumentar de nuevo la tensión en las calles.

En el social, nada ha logrado frenar el impulso de los salafistas (con el grupo Jabhat al Islah como más destacado), empeñados en forzar un modelo rigorista que no encaja con la tolerancia tradicional del islam tunecino. Cuentan con unos militantes progresivamente crecidos en sus críticas a lo que consideran escaso perfil islamista de En Nahda, mientras van ganando terreno en determinados círculos (incluyendo las universidades y la administración), en los que tratan de imponer vestimentas y comportamientos públicos que ponen en peligro la convivencia.

Además, en el terreno político, sigue pendiente la elaboración de una Constitución, mientras en el sur del país se repiten con frecuencia episodios de violencia protagonizados por grupos armados que no terminan de ser neutralizados por unas fuerzas de seguridad crecientemente cuestionadas.

De momento, lo que representa Laridi es el inicio de una nueva oportunidad para Túnez, limitando la vigencia del gobierno hasta la celebración de nuevas elecciones legislativas, previstas para octubre o noviembre de este mismo año, en las que habrá que ver cómo rinde la plataforma opositora laica, Nida Tunis, encabezada por el ex primer ministro Beji Qaid Esebsi. Un ejercicio de alto riesgo, en definitiva, cogido con alfileres.

Defensa europea, no salen las cuentas

Tras la Guerra Fría se produjo una sensible reducción de los gastos de defensa, que se alargó hasta finales de la última década del pasado siglo. Se pasó así de un gasto militar mundial de unos 1,1 billones de dólares en 1987 a unos 0,7 en 1998- pero ni así se logró materializar la idea de los entonces llamados “dividendos de la paz”, que deberían permitir una mayor atención al desarrollo como vía para mejorar la seguridad. En evidente contraste con lo anterior, en la década pasada ese mismo capítulo de gasto experimentó un notable aumento tras el 11-S, estimulado por el desacertado enfoque unilateralista y militarista de la administración estadounidense (replicado por muchos otros gobiernos), con un crecimiento que superó con creces los 1,5 billones de dólares. Hoy, a pesar de estar todavía sumidos en una crisis económica estructural, el volumen total se cifra en unos 1,6 billones de dólares, aunque es cierto que todas las fuentes se hacen eco de que estamos en un proceso de reducción generalizada- compatible en todo caso con carreras armamentísticas locales o regionales, como las que están experimentado Rusia y Latinoamérica.

Visto desde Europa, ese proceso de merma presupuestaria está poniendo en cuestión el cumplimiento de los compromisos internacionales establecidos en el seno de las organizaciones internacionales de seguridad y defensa, y el sostenimiento de las capacidades militares de muchos Estados. Así se deduce inmediatamente de las enormes dificultades que están teniendo tanto la OTAN como la Unión Europea para implementar sus respectivos planteamientos de smart defense y de pooling&sharing. En ambos casos, autosugestionándose con el sueño de que es posible hacer más con menos, se pretende cubrir los huecos de unos sistemas imperfectos- con repetidas duplicidades de esfuerzos nacionales escasamente eficaces, alimentados por esquemas nacionalistas de corto alcance que ponen continuas trabas a la cooperación multilateral-, para dotarse de medios que se consideran críticos para dotar de credibilidad a los sistemas de seguridad y defensa de ambas organizaciones.

Como un efecto más de la grave crisis que azota a la mayoría de los Estados miembros, y sin que mengüe el eterno debate sobre el burden sharing entre ambos lados del Atlántico, se generalizan los retrasos en la entrada en servicio de sistemas tan notorios como el avión de transporte A400M, o se aplazan reiteradamente proyectos tan ambiciosos como el sistema de satélites geoestacionarios Galileo. Como nos recuerda en su reciente informe anual su secretario general, el 72% del gasto militar total de la Alianza Atlántica lo soporta Washington (era el 68% en 2007); solo EE UU, Gran Bretaña y Grecia (de un total de 28 miembros) han cumplido el pasado año con el compromiso alcanzado en 2006 de dedicar al menos un 2% del PIB nacional a la defensa; y solo Francia, Luxemburgo, Turquía, Gran Bretaña y EE UU han respondido adecuadamente al compromiso de dedicar al menos un 20% de esos presupuestos a la adquisición de equipo, material y armamento de entidad.

En esas condiciones de poco sirve recordar que, en términos presupuestarios, la Unión Europea sería la segunda potencia militar del planeta (con unos 250.000 millones de dólares de gasto global anual), o que suma casi 2 millones de efectivos militares. Esas cifras solo tendrían sentido práctico si existiese una Europa de la defensa, con una estructura común, bajo una legítima autoridad civil que pueda hablar y actuar en nombre de la Unión en el terreno de la política exterior, de seguridad y defensa. Pero hoy los Veintisiete no parecen dispuestos, como acaba de comprobarse nuevamente en la negociación de las perspectivas financieras para el periodo 2014-2020 (reduciendo, por primera vez en la historia, el volumen total de fondos con respectos al septenio anterior), a apostar por una Unión que tenga una voz única- creíble y respetada- en el escenario internacional.

Por el contrario, como muestra ahora mismo lo ocurrido en Malí, cada capital comunitaria parece ensimismada en un proceso suicida que aumenta las dificultades para realizar una apuesta común atendiendo a amenazas que nos afectan a todos. Francia está ya mostrando síntomas de preocupación- no solo en clave política, sino también operativa y presupuestaria- por la posible prolongación de una misión para la que no cuenta con medios suficientes (sin desatender otros frentes) y en la que no parecen muy activos sus socios comunitarios (incluida España, que apenas ha aprobado el despliegue de un avión de transporte y 50 efectivos, entre instructores y personal de protección). Y todo ello, mientras Washington parece sentirse cómodo en su nuevo perfil de “liderazgo desde atrás” y empieza a aplicar sus propios recortes en defensa (484.000 millones de dólares en diez años).

Y en R. D. Congo se hizo la paz, ¿o no?

El acuerdo firmado en la sede de la Unión Africana (UA), el pasado 24 de febrero, por la República Democrática del Congo (RDC), sus nueve vecinos, Mozambique y Sudáfrica ha sido calificado de inmediato como histórico. Y así debería ser si consideramos que pretende imponer la paz en la propia RDC y en la región de los Grandes Lagos, asolados por la guerra desde hace demasiados años. No en vano, además de una primera guerra (1996-97), esta zona sigue sangrando violentamente tras una segunda (1998-2003)- en la que participaron nueve países y no menos de veinte grupos armados no estatales, con un saldo de cerca de cuatro millones de muertos-, calificada con sentido como la Guerra Mundial Africana.

Hoy tanto RDC como los Grandes Lagos siguen sumidos en la violencia impuesta por ejércitos y grupos rebeldes de todo tipo, sin que el gobierno del presidente Joseph Kabila, ni tampoco la MONUSCO, hayan logrado estabilizar la situación, especialmente en la zona de los Kivus, fronteriza con Uganda y Ruanda. Sin llegar a suscribir la visión del presidente ugandés, Yowei Museveni, cuando habla de “turistas militares”, es bien conocido que la MONUSCO no ha tenido ni los medios, ni el mandato, ni la voluntad de cumplir la tarea para la cual fue creada hace ya catorce años (si se cuenta desde la constitución de la MONUC): protección de civiles y apoyo al gobierno de Kinshasa para estabilizar el país. Con sus 19.000 efectivos y un presupuesto de 1.100 millones de euros anuales, está muy lejos de presentar un balance positivo.

Ahora, con la firma del acuerdo de Adis Abeba, vuelven a repetirse los anuncios de que la paz está a la vuelta de la esquina, en la medida que los firmantes se comprometen a no interferir directamente en los conflictos violentos que sufran sus vecinos y a no apoyar en modo alguno a los grupos rebeldes que se mueven en la región. Pero tanto la experiencia de varios planes y acuerdos fracasados como la realidad actual de la zona obligan a atemperar las expectativas.

En primer lugar, hay que recordar la debilidad estructural del gobierno de Kabila, incapaz de dominar de manera efectiva su propio territorio y de satisfacer las necesidades básicas y las demandas de sus casi ochenta millones de habitantes; todo ello en un país que está generosamente dotado de recursos naturales, lo que podría convertir a RDC en un foco de desarrollo a escala regional. A eso cabe añadir que Burundi, Ruanda y Uganda tienen intereses muy directos en RDC, tanto para lograr beneficiarse de la explotación de sus ingentes recursos como por su necesidad de contrarrestar la acción de grupos rebeldes que utilizan el territorio de RDC como santuario desde el que lanzar operaciones contra los gobiernos de estos países.

Además, resulta difícil evitar las dudas sobre el nivel de compromiso internacional en la apuesta por la paz- además de los países firmantes, también se han implicado en el acuerdo la ONU, la UA, la Conferencia Internacional de la Región de los Grandes Lagos y la Comunidad para el Desarrollo de África Meridional. Hasta ahora su participación ha tenido efectos marginales (y no siempre positivos) y no es inmediato suponer que la activación inmediata de una Fuerza Neutral Internacional- de unos 4.000 efectivos, con aportaciones de países de la zona-, subordinada a MONUSCO, y la creación de dos organismos de supervisión vaya a cambiar drásticamente el panorama.

Por último, y probablemente eso es lo más relevante, ninguno de los cientos de grupos violentos que se mueven en el área ha firmado el acuerdo. Ni el ahora más conocido M23- que tomó la ciudad de Goma el pasado noviembre-, ni las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda, ni las Fuerzas Democráticas Aliadas-Ejército Nacional para la Liberación de Uganda, ni ningún otro parecen dispuestos a abandonar las armas (sea por razones políticas o meramente crematísticas). Y no basta para ello con que los firmantes cumplan a rajatabla lo firmado- lo que sería absolutamente novedoso-, dado que esos grupos cuentan con sus propias fuentes de financiación en la medida en que se aprovechan directamente de la explotación de las riquezas locales.

En esas condiciones, la paz es solo una de las opciones a contemplar en el inmediato futuro. Aunque no parece la más probable, hay que seguir apostando por ella.

Corea del Norte, a la tercera no va la vencida

Aunque la primera impresión generada por la prueba nuclear norcoreana del pasado día 12 pudiera hacer pensar lo contrario, realmente nada sustancial ha cambiado en términos de seguridad regional a corto plazo. Apenas queda la duda de saber si en esta tercera explosión subterránea, de unos 6-7 kilotones y que ha provocado un seísmo de grado 5 en la escala de Richter, se ha empleado plutonio (como en las dos anteriores) o uranio (lo que supondría, probablemente, que ya está enriqueciendo uranio desde hace algún tiempo). En lo demás, solo cabe constatar lo ya conocido y volver a especular con las repercusiones que puede tener este nuevo desafío del régimen de Kim Jong-un.

Ya era conocido, en primer lugar, que Pyongyang está decidido contra viento y marea a seguir adelante con su programa nuclear de naturaleza militar. No hablamos únicamente- como suele ser tradicional en los análisis al respecto- de contar con una baza de negociación con la comunidad internacional para obtener (a cambio de puntuales gestos de moderación) materias primas energéticas y alimentos para una depauperada población, sino también de disponer de un mecanismo propio de disuasión frente a Seúl y, sobre todo, a Washington. Desde la desaparición de la URSS, los gobernantes norcoreanos han entendido el recurso a las capacidades nucleares militares como un elemento fundamental para resistir una posible invasión o reunificación forzosa con su vecino del sur. Dicho de otro modo, cuentan con que el apoyo que les presta China puede desaparecer en algún momento y por eso procuran dotarse de medios propios para poder asegurarse la pervivencia del régimen.

También era sabido que Corea del Norte no tiene todavía un arma nuclear operativa, ni un sistema misilístico fiable. Lo ocurrido ahora no supone en realidad ningún avance trascendente en ese proceso, aunque Pyongyang siga dando pasos (como el lanzamiento del cohete Unha-3 el pasado 12 de diciembre) que paulatinamente lo van acercando a ese punto. Por mucho que lo intente, aún a costa del bienestar y seguridad de los más de 24 millones norcoreanos, no debe ser fácil para un país con un PIB estimado en apenas 20.000 millones de euros y reiteradamente sancionado internacionalmente, hacerse con los medios necesarios para ello. Solo cabe contar con que seguirá persiguiendo ese objetivo, sin que sea posible determinar cuánto tiempo le queda por delante (años en todo caso).

Igualmente era previsible la retahíla de condenas que se han sucedido tras el ensayo nuclear, con la ONU y EE UU en cabeza, pero sin olvidar a China y a los demás países de la zona. Poco se puede esperar, más allá de añadir algún tipo de sanción adicional, sumada a las ya aprobadas por unanimidad del Consejo de Seguridad de la ONU el pasado mes de enero (precisamente como respuesta al lanzamiento del Unha-3).

Si alguien puede/debe salirse del guión previsible es, sin duda, China. De hecho, es quien se encuentra ahora en una posición más delicada, sin que le sirva de mucho repetir (casi literalmente) el mismo comunicado que ya efectuó en las dos ocasiones precedentes, porque todo indica que no quiere o, peor aún, no puede controlar a su socio/aliado. Tradicionalmente Pekín ha visto a Pyongyang como un colchón amortiguador que le permite mantener a Washington, Seúl y Tokio a cierta distancia. También lo ve como un mecanismo para aumentar su estatura internacional, en la medida en que (por su condición de primer socio comercial y de aliado) puede actuar como mediador para reducir las tensiones que frecuentemente provocan los actos del régimen norcoreano.

Pero hoy parece claro que, mientras está fuera de lugar seguir pensando en una invasión estadounidense a través de territorio norcoreano, los costes de ese juego ya superan a los posibles beneficios. Para Pekín resultan ya difícilmente digeribles las críticas por su pasividad y/o ineficacia para evitar acciones norcoreanas que violan las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y desestabilizan la región. Dado que tampoco ha fructificado su intento de modificar el marco de negociación a seis bandas- el que integra a las dos Coreas, China, Japón, Rusia y EE UU-, hoy bloqueado, transfiriéndolo al Mecanismo de Paz y Seguridad de Asia Nororiental- con grupos de trabajo establecidos en 2007 para buscar soluciones a los problemas de seguridad de la región-, China parece obligada a dar algún paso más decidido para hacer valer su pretensión de actor de envergadura mundial. Solo así cabría suponer que esta tercera prueba nuclear termine por señalar un verdadero cambio de rumbo en un asunto que aún seguirá provocando dolores de cabeza durante mucho tiempo.

Túnez contra las cuerdas

La violencia- que desgraciadamente nunca llegó a desaparecer del todo en estos últimos dos años- ha vuelto a hacer acto de presencia en Túnez. Y lo que muestra el asesinato de Choukri Belaid, líder del izquierdista y minoritario partido de los Patriotas Demócratas, es que quien inauguró lo que mediáticamente se ha dado en llamar la primavera árabe, está muy lejos aún de la estabilidad y mucho más todavía de la consolidación de un sistema democrático.

La multiplicación de las manifestaciones registradas desde el mismo momento del asesinato, el pasado día 6, van mucho más allá de la repulsa por la muerte de una persona que, en términos políticos, tenía muy poco peso en la escena nacional. Sin desmerecer un ápice la valía de quien se distinguió durante los años de la dictadura en la defensa de los derechos humanos- cuando eso comportaba un riesgo personal nada desdeñable-, el partido que lideraba Belaid apenas había logrado representación en el parlamento y ahora pugnaba por hacerse un hueco entre los actores laicos que han conformado el Frente Popular.

Visto así, la movilización ciudadana es, en primer lugar, una muestra del hartazgo que genera una clase política que no resuelve los problemas diarios de una población ahogada por una crisis profunda económica (de ahí que se hayan producido protestas muy directas contra Ennahda, cuando probablemente los responsables del asesinato haya que buscarlos en las filas del salafismo yihadista). Pero también es una señal del temor creciente a que los salafistas y el propio partido gubernamental Ennahda- con la Liga de Protección de la Revolución como enseña inquietante- sigan estrechando el marco de libertades y derechos políticos que muchos aspiran a ver consagrados en una nueva Constoitución.

Una Constitución, por cierto, que sigue haciéndose esperar tras más de un año en pleno proceso de elaboración por parte de una Asamblea que ya han abandonado cuatro partidos. En la actual situación de crispación política no solo está en cuestión el contenido de dicho texto- con enormes presiones para que el papel del islam vaya más allá de la esfera personal para inundar todas los ámbitos de la vida pública- sino también la fecha de celebración del referéndum que debe servir para su entrada en vigor (previsto inicialmente para abril). Lo mismo cabe decir, por otra parte, de las dudas que surgen a diario sobre el cumplimiento del calendario electoral, que debería concretarse en la celebración de elecciones presidenciales y legislativas para el próximo mes de junio. Unas elecciones que cabe imaginar cada vez más polarizadas en clave de confrontación entre laicos- con el Frente Popular a la cabeza- y religiosos- con Ennahda como referencia-, mientras los salafistas pueden soñar con obtener réditos nada despreciables del desgaste de un gobierno de coalición- Ennahda, Ettakatol y Congreso para la República-, que cuenta cada vez con menos apoyos entre los más de diez millones de tunecinos que, cabe imaginar, pudieron alegrarse de la caída de Ben Ali.

Lo que enseña también este asesinato político es, por un lado, que el gobierno no tiene capacidad efectiva para manejar a sus fuerzas de seguridad- contaminadas aún por un pasado muy negativo- y, por otro, que los sindicatos (UGTT, por encima de cualquier otro) siguen siendo un referente político de primer orden. Muestra, asimismo, la debilidad interna de Ennahda, con un primer ministro que anuncia la disolución del gobierno para nombrar inmediatamente a otro que incluya únicamente a tecnócratas, y con la réplica del aparato, rechazando la idea por entenderla una mera opinión personal, no sometida a discusión interna.

De lo que hoy está ocurriendo en Túnez no sale beneficiada la ciudadanía, en la medida en que estos sucesos no hacen más que dificultar la respuesta a sus insatisfechas demandas. Y lo mismo puede decirse de todos los actores políticos que apuesten por la instauración de un sistema democrático. La profundización en la crisis solo puede beneficiar a corto plazo a quienes apuestan por el “cuanto peor, mejor”, y entre ellos los salafistas destacan de inmediato. La ciudadanía está mostrando su deseo de un cambio hacia un sistema más abierto, ¿entenderá el mensaje la clase política?

Morsi apela a los militares

Más allá de la mera celebración del segundo aniversario de la caída del dictador Hosni Mubarak, lo que los egipcios que han vuelto a movilizarse a partir del pasado 25 de enero han querido demostrar es su creciente descontento con unos gobernantes que no parecen dispuestos a sacar a Egipto del túnel en el que lleva tanto tiempo metido. Las movilizaciones se han ido extendiendo no solo en El Cairo, sino también en otras ciudades y eso ha terminado por desembocar en la declaración del estado de emergencia y el toque de queda en Port Said, Suez e Ismailia- todas ellas ubicadas a orillas del vital Canal de Suez- por un plazo inicial de 30 días.

Cabe interpretar lo que está ocurriendo ahora en Egipto como algo distinto a los recurrentes episodios de insatisfacción de diferentes colectivos de la sociedad egipcia, registrados desde el acceso a la presidencia de Mohamed Morsi en junio pasado. En síntesis, importa señalar que:

-      El tráfico por el Canal no ha sufrido ningún contratiempo, como resultado de las medidas de seguridad impuestas por el régimen, pero también como señal de que los opositores entienden sobradamente la importancia del libre tránsito por esas aguas para la economía local y nacional (se estima en no menos de 300 millones de euros al mes).

-      La protesta ciudadana parece dispuesta a desafiar las medidas decretadas por Morsi, lo que hace prever un incremento de la tensión y, probablemente, de la violencia hasta niveles que nadie parece en condiciones de controlar.

-      La imagen de Morsi se ve afectada de manera muy directa, en la medida en que su decisión recuerda inmediatamente que Hosni Mubarak recurría a ella con excesiva frecuencia. Con actos como este Morsi se aleja cada vez más de su soñada imagen de presidente de todos los egipcios y se acerca a la de un gobernante autoritario que se impone por la fuerza.

-      La oferta de diálogo nacional lanzada por el presidente tampoco está recibiendo una respuesta positiva por parte de una oposición que, sin estar unida, va logrando una mayor representatividad alrededor del Frente Nacional de Salvación.

-      Las fuerzas de seguridad han mostrado su incapacidad para garantizar la seguridad en las calles del país. La activación de las fuerzas armadas- que pasan a estar autorizadas para detener a civiles- es un indicio más de la progresiva dependencia que Morsi tiene de los militares. Sin que quepa suponer que existe una sólida complicidad entre ambos, hay que interpretar lo ocurrido como el resultado de un cálculo táctico que les lleva a caminar juntos a lo largo de un proceso que debe desembocar en las elecciones legislativas de la próxima primavera. A los militares les sigue interesando que Morsi se queme en la gestión del día a día (cuando ya es inminente la adopción de nuevos recortes en los subsidios, en cumplimiento de las condiciones que impone el FMI para conceder los 4.800 millones de dólares que se están negociando actualmente). De ese modo cuentan con seguir preservando sus privilegios e intereses, por encima de unos gobernantes criticados tanto por los laicos- que apuestan por una democracia plena- como por los salafistas (con Al Nur a la cabeza)- que reclaman un mayor rigor en torno a las directrices del islam.

Egipto suma y sigue en una dinámica que agrava los problemas, sin solución todavía a la vista.

Israel y Jordania, elecciones de trámite

Aunque siempre suelen generar cierto revuelo mediático, las convocatorias electorales que acaban de celebrarse en Israel (22 de enero) y Jordania (23 de enero) no parecen llamadas a pasar a la historia, ni por sus resultados ni por sus posibles consecuencias.

Por lo que respecta a Israel, la victoria (31 escaños) del tándem Likud-Ysrael Beiteinu (o, lo que es lo mismo, Benjamin Netanyahu-Avigdor Lieberman) no constituye sorpresa alguna. Tampoco lo es que, como viene ocurriendo desde 1948, ningún partido haya logrado la mayoría absoluta, prácticamente inalcanzable con una ley electoral que establece un distrito único nacional y que tan solo exige un 2% de los votos para obtener algún escaño en la Knesset. Visto así, y a la espera de que el siempre turbulento proceso de conformación de un gabinete ministerial dé como resultado más probable una coalición de Bibierman (como se ha llamado coloquialmente a los vencedores) con el centrista Yair Lapid (al frente del novedoso Yesh Atid, con 19 escaños) y con la laborista Shelly Yachimovich (con 15), nada apunta al fin de los serios problemas internos israelíes ni, mucho menos, a la pronta resolución de los problemas que aún mantienen con los palestinos, sirios y libaneses.

Es cierto que los resultados muestran una cierta corrección del electorado con respecto al temor de derechización extrema en el que Israel lleva tiempo metido. Pero el rumbo está ya muy definido en sus líneas fundamentales. Así, en clave interna, parece claro que Bibierman está en condiciones de aprobar duras medidas económicas, contando ahora con socios que las harán más digeribles a sectores sociales que están siendo duramente castigados por un sistema que genera una creciente desigualdad social, mientras sigue gastando no menos de un insostenible 7% en defensa (frente al objetivo, nunca alcanzado, del 2% que señala la OTAN a sus miembros).

Tampoco hay señales de que el futuro gobierno vaya a buscar seriamente la paz con sus vecinos. Aunque el discurso oficial sigue planteando la idea de dos Estados, la realidad diaria muestra sobradamente la voluntad israelí de dominar la totalidad de Palestina, aunque eso suponga violar los derechos de la población ocupada y recibir críticas de algunos gobiernos occidentales. Hoy por hoy, la sociedad israelí parece incapacitada para entender que su seguridad no puede estar basada en la inseguridad de sus vecinos.

Jordania, por su parte, ha vuelto a enfangarse en un formal ejercicio electoral que no resuelve ninguno de los graves problemas que afectan a su siempre débil monarquía, ni tampoco a los que castigan a la mayoría de una población fragmentada y crecientemente crítica con un régimen que sigue creyendo que basta con reformas cosméticas para seguir controlando la situación. En nada sustancial cambia el hecho de que ahora el primer ministro sea elegido directamente por el parlamento (el rey ha quemado ya a cuatro personajes en ese puesto desde que empezaron las movilizaciones de 2011), o de que los escaños reservados para los partidos pasen de 17 a 27 (cuando los 123 restantes quedan asignados a líderes tribales y personajes acomodaticios a los designios de palacio).

Las reiteradas proclamas reales sobre su intención de desembocar en una monarquía constitucional se difuminan a los ojos de una población- con mayoritaria presencia palestina y con un notable protagonismo de la rama local de los Hermanos Musulmanes- que ya se ha atrevido abiertamente a cuestionar el papel de una dinastía foránea, impuesta en su día por Londres. Aunque la jornada haya sido pacífica y con observadores internacionales que han validado su desarrollo, es cuestionable que el porcentaje de participación haya sido del 56,5.

Lo ocurrido suena a un juego demasiadas veces repetido, con las cartas marcadas de antemano, manipulando las claves tribales para asegurarse el voto de los líderes locales por mera obediencia más o menos entusiasta, mientras se escenifica un cierto espíritu de reforma, permitiendo que haya 17 mujeres y hasta una treintena de representantes del islamismo político (en calidad de independientes) entre los miembros de un parlamento que no cabe imaginar que esté dispuesto a ir más allá de donde Abdalá II desee.

Si a lo ocurrido en estos dos países se suma el inquietante panorama que presentan hoy Siria y Líbano, sin olvidar a un Egipto igualmente convulso, se puede concluir que la región necesita algo más que meros retoques. Pero eso no parece que vaya a ocurrir mañana mismo.

La causa kurda nuevamente ensangrentada en Turquía

Desde hace décadas no ha habido un tema que haya registrado mayor nivel de cooperación entre regímenes tan diversos como el turco, el sirio, el iraquí y el iraní como la supresión de todo sueño de estatalidad para los kurdos que se localizan en cada uno de esos países. Hablamos de no menos de 30 millones de personas, de confesión mayoritariamente suní, que con diferentes niveles de esfuerzo persiguen la creación de un Estado (no necesariamente único), tal como en principio les reconocía el tratado de Sèvres (1920), modificado inmediatamente por el de Lausana (1923), que lo fragmentaba en varios países. Es bien sabido que ninguno de ellos lo ha logrado, aunque los kurdos iraquíes son los que más se han acercado a ese objetivo, mientras que los que habitan en Siria están ya empezando a beneficiarse de la crisis general que puede derribar a corto plazo al régimen alauí, que le ha negado hasta hoy sus derechos más elementales.

Es en este contexto en el que Turquía está tratando de mover ficha en la resolución de su principal problema interno. Por un lado, teme que la convulsión que afecta a las comunidades kurdas vecinas pueda inflamar aún más a los 15 millones de kurdos que habitan en su seno. Con un balance de unos 40.000 muertos (unos 500 solo en el pasado año) desde que el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) se levantó en armas en 1984, el recrudecimiento de la movilización debilitaría y desestabilizaría a Ankara, dificultando aún más su pretensión de ser el actor dominante en la región. Por otro, es consciente de que por la fuerza no logrará eliminar la identidad política kurda y de que la estrategia seguida hasta ahora por Recep Tayyip Erdogan- invirtiendo en infraestructuras en las zonas mayoritariamente kurdas del sureste- no basta para “comprar” la lealtad de una población que plantea demandas más amplias (desde el reconocimiento público de su lengua hasta la reducción de la barrera del 10% de votos necesarios para que los partidos kurdos puedan acceder al parlamento nacional).

En un serio intento por modificar el errático rumbo de una agenda que solo conducía a más crispación y violencia, Erdogan ha optado por entablar negociaciones directas con el emblemático líder kurdo Abdulah Ocalan. Encarcelado desde 1999 y condenado a cadena perpetua, Ocalan sigue siendo el referente principal no solo del PKK- todavía en noviembre pasado demostró su carisma y autoridad ordenando el fin de una huelga de hambre que centenares de presos kurdos estaban llevando a cabo-, sino también de la gran mayoría de los kurdos turcos. Esa vía se inició ya el pasado año con la mediación de Noruega, pero el representante turco- Hakan Fidan, jefe de los servicios de inteligencia- no logró convencer a sus interlocutores de la sinceridad de las intenciones de Ankara. En respuesta, el PKK volvió a las armas, especialmente desde sus bases en las montañas de Qandil, al entender que el gobierno solo estaba buscando su desarme incondicional.

En su segundo intento, Erdogan reconocía públicamente a finales del pasado año que miembros de los servicios de seguridad turcos están desarrollando contactos con Ocalan. Sobre la mesa está efectivamente la demanda de un desarme completo del PKK (y la renuncia a la lucha armada) a cambio de la liberación de presos vinculados a este grupo (considerado terrorista tanto por EE UU como por la UE) y el progresivo reconocimiento de derechos para la comunidad kurda, incluyendo una amplia autonomía política bajo bandera turca. El proceso cuenta con el apoyo de actores tan significativos como el principal grupo de oposición en el parlamento- el Partido Popular Republicano, CHP- y el principal grupo político kurdo- el Partido Paz y Democracia, BDP.

Pero también cuenta con duros opositores, tanto en la filas del PKK- con líderes que se han instalado en un statu quo que les permite también beneficiarse económicamente del contrabando que fluye en las fronteras con Irak- como en las del denominado eufemísticamente “Estado profundo”- conformado por ultranacionalistas procedentes de los servicios de seguridad, las fuerzas armadas y el mundo empresarial. Todo apunta a que es en el seno de alguno de ambos extremismos- sin olvidar otras hipótesis que llevan hasta Teherán, abiertamente interesado en debilitar a Ankara- donde puede identificarse a los autores del triple asesinato de militantes kurdas, cometido en París el pasado 9 de enero. Quienes han eliminado a Sakine Cansiz- cofundadora del PKK, muy cercana a Ocalan y favorable a la negociación con el Estado- y a sus dos acompañantes han querido provocar el colapso de este nuevo esfuerzo por poner fin a una violencia de la que ninguno de los contendientes saca beneficio a largo plazo. Queda por ver si, sean quienes sean sus autores, logran desbaratar el proceso o si Erdogan y Ocalan consiguen disciplinar a los suyos y rematan una faena que favorecería a todos.

Obama y su ¿nueva? política exterior y de seguridad

A la espera de que superen sus exámenes en el Congreso, el reelegido presidente Obama se apresta a renovar su nuevo equipo de política exterior- el hasta ahora senador y ex candidato presidencial John Kerry-, de defensa- el republicano Chuck Hagel- y de inteligencia- John Brennan, al frente de la CIA. Todo apunta a que más allá de los nombres, que es lo único realmente nuevo, Obama seguirá adelante profundizando su visión- ya formulada con ocasión de la crisis de Libia- de liderar desde atrás (leading from behind).

Lo que el presidente hizo básicamente hasta ese momento en estos terrenos ha sido gestionar unos conflictos traspasados por la administración anterior- Irak y Afganistán-, buscando una “salida digna”, tras reconocer sin remedio que no había posibilidad de alcanzar la victoria militar soñada inicialmente por su predecesor, ni mucho menos de transformar a estos países en modelos de democracia que se pudieran exportar al resto del mundo árabo-musulmán. No ha habido, en consecuencia, una gran estrategia digna de tal nombre, sino más bien una mera gestión de los asuntos heredados, dado que su esfuerzo principal se ha volcado en la política interna, tratando de recuperar la economía nacional de la grave crisis que estalló en 2007 y de aprobar reformas tan simbólicas como la sanitaria.

Solo a partir de la actuación en Libia (2011)- dejando a París y Londres el protagonismo (más mediático que militar)- comenzó a vislumbrarse lo que ahora seguirán siendo con toda probabilidad las líneas principales de la acción exterior de Washington, contando con los límites que impone la ya aprobada reducción del gasto en defensa (487.000 millones de dólares en los próximos diez años). Por un lado, sin abandonar su pretensión de ser vista como la nación indispensable, EE UU seguirá estando implicado en el mundo- como corresponde a su condición hegemónica- en defensa del orden global liberal (una expresión ya clásica que apenas esconde la defensa del actual statu quo favorable a Washington y sus aliados).

El primer apunte sobresaliente de la acción exterior estadounidense para estos próximos cuatro años será, tomando a Siria y ahora a Mali como ejemplos, la insistencia en esa actitud de renuncia a liderar todos los esfuerzos por resolver problemas en escenarios donde Washington tenga intereses, dejando que sean los actores locales y las potencias regionales los que asuman visiblemente ese protagonismo (como también pudo verse en Gaza, dejando a Morsi la voz cantante en la mediación). Eso no quiere decir que Obama se vaya a desentender de los asuntos mundiales, sino que parece optar por un pragmatismo que le lleva a asumir que, en ocasiones, es mejor no hacer nada o dejar que el equilibrio de poderes sirva como mecanismo de resolución. En esa línea se entiende también el mayor peso que van adquiriendo el mando de Operaciones Especiales y la CIA (camino de convertirse en una auténtica fuerza paramilitar), procurando no desplegar tropas propias en fuerza, sino instruir a otros ejércitos, realizar operaciones muy selectivas y seguir apostando por los polémicos drones, que ya están ampliando su radio de acción más allá de Afg/Pak y Yemen, para atender también a lo que ocurre en el Sahel africano. John Brennan es, por cierto, quien más directamente ha estado implicado en estos últimos cuatro años en regular el uso de estos ingenios encargados, por orden del presidente, de llevar a cabo unas ejecuciones extrajudiciales que ya se cuentan por miles.

Un segundo apunte destacado de la agenda es el giro ya anunciado por Washington hacia el área Asia-Pacífico, con el objetivo explícito de contener a China. Así se entienden sus actuales esfuerzos por crear o actualizar lazos en el ámbito de la seguridad y defensa con Japón (que se atreve ya a debatir sobre una posible apuesta nuclear), Australia (reciente destino de Panetta y Clinton y donde ya hay marines desplegados) y Filipinas, pero también con Tailandia, Vietnam e incluso Myanmar (destino de la primera visita al exterior del propio Obama). Visto así, y como una señal más de la creciente irrelevancia de la Unión Europea, el centro de gravedad de los asuntos mundiales se traslada ya definitivamente al Pacífico, en un juego en el que se entrecruzan intereses geoeconómicos y geopolíticos, con la pelea por el control de recursos energéticos submarinos y de las vías marítimas que Pekín aspira algún día a dominar frente a Washington.

Mientras tanto, no parece que ni la potenciación de la ONU ni de la OTAN vayan a ser prioritarias en su agenda. Un rasgo más del pragmatismo de un Obama que no parece mostrarse excesivamente preocupado por la permanencia de la vergüenza de Guantánamo por tiempo indefinido.