La Supervisión Bancaria en España

Por: | 18 de mayo de 2017

El Banco de España acaba de publicar la Memoria de la Supervisión Bancaria en España, correspondiente al año 2016, cuya primera edición se remonta al año 2001, un documento que siempre ha sido muy informativo para conocer mejor esta faceta del sistema bancario español.

En esta ocasión lo es algo más, sobre todo desde el punto de vista gráfico, siguiendo la tendencia de los últimos años, debido a la creciente complejidad que ha ido alcanzado la supervisión bancaria, que merece explicaciones que faciliten su comprensión para los interesados.

En primer lugar, desde el punto de vista de que dicha supervisión se ejerce ahora en el seno del mecanismo único de supervisión y, por tanto, no corresponde solamente al Banco de España, como se expone muy bien en el siguiente gráfico. En este sentido, la memoria debería manejarse en paralelo con el Informe Anual sobre las actividades de supervisión del BCE, que se publicó en marzo.

Esquema1

ANC es la autoridad nacional competente, en este caso el Banco de España.

Pero la supervisión se ha hecho también más compleja en su alcance, de ahí la variedad de funciones supervisoras que asume el Banco de España, como se refleja en el gráfico siguiente. Dichas funciones son las más importantes que ejerce ahora nuestro banco central, ya que las propias de esta figura, como la política monetaria, están subsumidas en su pertenencia al Eurosistema, cuyas decisiones corresponden al BCE.

Ante esta complejidad, no resulta extraño que el Banco de España haya pasado en los últimos tiempos por varias reestructuraciones organizativas, la más reciente a finales del pasado mes de abril.

Esquema2

Como no es posible resumir en este post toda esta complejidad de actividades, vamos a centrarnos en la supervisión de conducta de las entidades, que es la que entendemos tiene mayor interés para el público en general, ya que uno de sus principales objetivos es la protección del cliente bancario, sin olvidar el riesgo sistémico asociado a la conducta inadecuada de las entidades, como se ha reflejado en algunas de ellas durante la crisis reciente. Dicha supervisión está a cargo del Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones y tiene como principales áreas las que se incluyen en el gráfico siguiente, de las cuales la publicidad se ha incorporado en 2016.

Esquema 3

A la vista de lo que ha sucedido en relación con la crisis, no resulta extraño que el Banco de España detecte un amplio margen de mejora en los servicios de atención al cliente de las entidades, que deberían ser el primer escalón en su protección y, al mismo tiempo, de defensa de la reputación y la confianza de las entidades, que no hay que olvidar que forman parte de su estructura. Esto en un momento en que resulta previsible que se produzca en breve un cambio legal en España en los mecanismos de protección del consumidor de servicios financieros.

Tampoco debe extrañarnos que una parte importante de las actuaciones supervisoras en este ámbito tengan que ver con el crédito hipotecario, incluyendo la protección de los deudores de este tipo sin recursos. A fin de cuentas, dicho crédito suele ser el contrato con mayor impacto económico que firman los ciudadanos y, por tanto, debería ser de alta prioridad, no sólo para el supervisor, sino también para el regulador, que todavía tiene pendiente de transponer la Directiva de la UE en esta materia.

Medidas contra la morosidad empresarial

Por: | 08 de mayo de 2017

Coautores: Cristina Gómez y Pablo Hernández

En las últimas semanas se ha reavivado la posibilidad de que se instaure un régimen sancionador para combatir la morosidad empresarial. En particular, no parece que vaya a constituirse un régimen sancionador en sentido estricto, más bien, se trataría de introducir incentivos de mercado adicionales –eliminar la posibilidad de acogerse a ventajas fiscales o de cotización a la Seguridad Social a las empresas que no cumplan los plazos de pago- a los ya existentes -intereses de demora- y mejorar la transparencia y el flujo de información relevante en materia de cobros y pagos para los distintos agentes.

La morosidad representa, en esencia, el incumplimiento de una obligación contractual. Y de la misma forma que existe una enorme heterogeneidad en materia de contratos, parece claro que tampoco todos los deudores morosos son iguales, ni lo son las circunstancias que pueden desembocar en una ocasional ruptura o incumplimiento contractual.   

Gran parte de los conflictos por impago se deben a disputas sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas e inherentes a la transacción comercial (que varían ampliamente por sector y tipo de producto). En este sentido, el plazo de pago actuaría como mecanismo de enforcement en los contratos, en cuanto otorga al distribuidor la potestad de verificar el cumplimiento de las condiciones estipuladas y de monitorizar el riesgo de comportamiento oportunista que puede tener un proveedor dadas sus ventajas informativas. Es decir, permite disciplinar la relación entre proveedores y clientes quienes, por lo general, tienen incentivos a coordinar y mantener relaciones comerciales indefinidas. En otras palabras, las conductas estratégicas tendentes al abuso de los plazos de pago o la morosidad se disuaden desde el momento en que pueden ser castigadas cuando las relaciones entre proveedores y clientes son reiteradas y tienen un horizonte de largo plazo. Además, la continuidad en el tiempo de las relaciones comerciales disminuye las ventajas informativas y reduce los potenciales conflictos.

Por consiguiente, la demora en el pago no tiene por qué obedecer a un comportamiento injustificado o de mala fé, sino a un mecanismo de castigo que es perfectamente compatible con la voluntad de pago. ¿Sería eficiente en este caso aplicar el régimen sancionador al deudor?

Ahora bien, cuando la relación es ocasional, o las empresas tienen un horizonte de vida finito, el riesgo de que se produzcan comportamientos oportunistas crece por ambos lados de la transacción. Por el lado del proveedor, puesto que tiene incentivos a disminuir el esfuerzo por mantener la calidad del producto u otras condiciones del contrato. Y por el lado del deudor, por el riesgo moral que incentiva el impago una vez alcanzado el acuerdo. En este contexto, las posibilidades de self-enforcement, basados en la reputación y el carácter recurrente de las transacciones, son más limitadas.

Sin embargo, restringir la libertad de contratación y la capacidad de aprovechar las ventajas comerciales y financieras que otorga el crédito comercial tanto para acreedores como para deudores comerciales no parece ser la vía más adecuada para combatir la morosidad. Entre otras razones, porque cuanto mayor sea la incertidumbre sobre la interpretación de la norma, las empresas tenderán a contratar solo con aquellas empresas con las que ya exista una relación de confianza, en aras de evitar potenciales conflictos. Y por otra parte, podría penalizar el acceso al crédito para aquellas empresas que, atravesando una mala situación financiera, no han tenido una verdadera conducta irresponsable.

Por consiguiente, el esfuerzo no debería dirigirse a introducir incentivos que ya podrían incorporar los propios contratos -como los que prevé el régimen sancionador- o a limitar los plazos de pago a todos los sectores por igual, sino a reforzar el papel de third party enforcer de los poderes públicos en dos niveles. En primer lugar, dotando de la suficiente eficacia a los tribunales que deben impartir justicia, o instancias mediadoras, en caso de conflicto respecto a quienes incumplen sus obligaciones contractuales. De esta forma, el incentivo al comportamiento oportunista se reduce al descontar la eficacia del árbitro supervisor de las relaciones comerciales, lo que equilibraría de manera mucho más eficiente el poder negociador de ambas partes. En segundo lugar, garantizando una buena política de defensa de la competencia, eliminando barreras de entrada en los mercados y castigando allí donde se producen abusos de posición de dominio u otras prácticas que perjudican a las empresas en su operativa corriente.

 

Los riesgos del Cambio Climático también a medio plazo

Por: | 04 de mayo de 2017

Los inversores con un enfoque de mercado más vinculado a la inversión a largo plazo (principalmente fondos de pensiones, fondos soberanos o empresas de seguros) ya están emitiendo signos inequívocos de que los riesgos del Cambio Climático son, en algunos casos, de tal importancia que no les interesan empresas en sus carteras que no afronten dicha situación y no valoren las posibles pérdidas que pueden acarrear. Por ello, han dado la bienvenida, e incluso impulsado, proyectos de mejora de la transparencia e información sobre los riesgos climáticos. Las decisiones de empresas como Axa al formar parte del Task Force on Climate related Financial Disclouse Project o los informes de BlackRock incluyendo el Cambio Climático entre sus prioridades de análisis para la inversión, son elementos relevantes que están generando atención por parte de actores más pequeños.

No obstante, aún sigue manteniéndose la creencia en muchos actores de que el Cambio Climático es un ámbito que es manejable por aquellos gestores de carteras que centran su atención en un horizonte menor y que consideran que son capaces de cambiar su cartera de inversión en un horizonte menor a 3 años. Ante este planteamiento cabe identificar los siguientes elementos que inciden en la necesaria vinculación de las estrategias de inversión con el Cambio Climático (riesgos y oportunidades) en la valoración de inversiones también para aquellos centrados en el medio plazo:

PESTEL

  • POLÍITICO. En la reunión del COP-21 de París, 175 países firmaron un acuerdo que escenificaba su preocupación por el riesgo que el Cambio Climático ofrece tanto por su capacidad de ser irreversible como por su severidad, amenazando con ello a todo el planeta. Actualmente, son ya 144 los que han ratificado dicho acuerdo.
  • ECONÓMICO. El impacto económico del cambio climático ha sido analizado de forma creciente tanto por el informe Stern, el IPCC o entidades independientes, y en general, con el paso de los años se demuestra que no hay error en las conclusiones, sólo en los cálculos que suelen ser superados por la realidad.
  • SOCIAL. 15 de los últimos 16 años más calurosos han ocurrido en el siglo XXI. El tema está en la agenda internacional, por lo que su aceptación no para de crecer, y con ello su aceptación individual y colectiva.  Estos datos y muchos otros, están cambiando las actitudes y preferencias de muchos consumidores
  • TECNOLÓGICO. El avance en aquellas tecnologías asociadas a una economía baja en carbono como las de movilidad eléctrica, las baterías, el reciclaje, la economía circular, la producción de energías renovables, etc., está viéndose acelerada por una rápida reducción de costes de producción y penetración de mercado más rápida. Su capacidad de penetración en el mercado y sus éxitos hacen de las mismas una oportunidad de inversión que a la par de exitosa es disruptiva con las tecnologías tradicionales.
  • LEGAL: Sobre todo tras la celebración del Acuerdo de París se han venido sucediendo cambios legislativos en diversos países, favoreciendo con ello aquellos negocios con mayores implicaciones en una futura economía descarbonizada y de forma negativa en aquellas empresas que dependan en mayor medida de los combustibles fósiles o de los efectos del Cambio Climático puede tener en sus activos.
  • ECOLÓGICO. Tal y como mostraba el último informe de Munich Re sobre catástrofes naturales, los efectos económicos de los desastres naturales siguen creciendo y su tendencia será la misma en los próximos años hasta que se atenúe el calentamiento global y aprendamos a combatirlo.

Por todo ello, ha de darse la bienvenida a aquellas iniciativas que tratan de mejorar la información disponible en el mercado, mejorando con ello la toma de decisiones de inversión tanto a nivel de empresa como de proyecto, a medio y largo plazo. Información relacionada con las emisiones de carbono (EUETS, CDP, Montreal Pledge) o la plasmación de escenarios (FSB) ayudarán a inversores y gestores a ser más consciente de los riesgos y oportunidades que el Cambio Climático ya ofrece.

El BCE espera a Francia

Por: | 28 de abril de 2017

El resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas ha confirmado, con una participación mayor de la esperada, el escenario previsto por los principales sondeos electorales. A la espera todavía de lo que ocurra en la segunda vuelta, los mercados han acogido favorablemente un resultado que, a priori, minimiza la probabilidad de ocurrencia del evento de riesgo sistémico que supondría una victoria electoral del Frente Nacional.

Recordemos que el partido liderado por Le Pen propone, entre otras medidas de corte populista, que Francia abandone el área euro y la Unión Europea, el fin de la independencia del Banco de Francia, la devaluación competitiva del franco, la vuelta al proteccionismo, la introducción de precios regulados en ciertos sectores y la indexación sistemática de salarios.

De cara a la segunda vuelta, que tendrá lugar el próximo 7 de mayo, la proporción en que se trasvasen los votos de las candidaturas de Fillon, Mélenchon y Hamon hacia Macron o Le Pen se anuncia decisiva. En este sentido, los sondeos más recientes de IFOP apuntan a que una cuarta parte de los electores de Fillon podría inclinarse por la candidatura de Le Pen. Atención también a la abstención entre los electores de Mélenchon (39%), Fillon (31%) y Hamon (17%). Pese a todo, las principales casas de análisis apuntan a una victoria de Macron, que podría alcanzar en torno al 60% de los votos frente a Le Pen.

Conviene recordar que el 11 y el 18 de junio se celebran elecciones legislativas, también a doble vuelta, que determinarán la formación del nuevo Gobierno (corresponde al Presidente de la República proponer el nombramiento de un Primer Ministro, que ha de tener el apoyo de la Asamblea Nacional). De confirmarse lo que apuntan los sondeos, Macron acudiría a esta cita respaldado por un partido en construcción y con una implantación regional que suscita interrogantes, por lo que podría necesitar de apoyos parlamentarios de distinta orientación ideológica para conformar una mayoría de gobierno.

De materializarse un escenario de cohabitación entre fuerzas antagónicas en la jefatura del Estado y en la presidencia del Gobierno, éste no tendría por qué derivar necesariamente en un episodio de inestabilidad política. Mitterrand cohabitó con Chirac (1986 a 1988) y Balladur (1993 a 1995), mientras Chirac hizo lo propio con Jospin (1997 a 2002), en legislaturas que no fueron particularmente inestables. En último caso, el Presidente tiene la facultad de disolver la Asamblea Nacional y convocar nuevas elecciones legislativas si así lo considera, permaneciendo al frente de la Jefatura del Estado.

Salvo sorpresa que no parecen indicar las encuestas, el BCE contará con más visibilidad para abordar la pertinencia de una futura normalización de la excepcionalidad monetaria, toda vez que la recuperación cíclica en la eurozona sigue ganando tracción. En un entorno de mejora gradual de los fundamentales macroeconómicos, parece lógico que el BCE se plantee comenzar a retirar gradualmente las medidas no convencionales que configuran su actual mix de política monetaria. En los próximos meses deberíamos ver cómo el BCE prepara el terreno para, a finales de este año o inicios del próximo, apuntar a una normalización de los tipos negativos de la facilidad marginal de depósito y una reducción paulatina de las compras mensuales de bonos soberanos.

En este sentido, la reducción de la prima de riesgo sistémica ha conducido al tipo de cambio USD/EUR a romper la media móvil de 200 sesiones, lo que parece abrir un nuevo rango lateral-alcista definido por los niveles 1,085 a 1,115 como primera referencia. Por el mismo motivo, los spreads de deuda periférica podrían tener algo más de recorrido a la baja, con un suelo para el diferencial España-Alemania a 10 años en referencias de 120 a 125 puntos básicos aproximadamente.

Italia podría ser la excepción a este movimiento o, en todo caso, la economía más vulnerable a un incremento del riesgo idiosincrático. No debe descartarse que las primarias en el Partido Demócrata de Renzi terminen siendo el pistoletazo de salida a un adelanto electoral en el que el euroescéptico Movimiento 5 Estrellas de Beppe Grillo sigue liderando las encuestas, aunque en clara minoría. A esto se añade la situación de su sistema bancario, que sigue siendo un factor de riesgo para la deuda italiana.

Es de esperar que la atención de los mercados se centre a partir de ahora, salvo sorpresa en Francia o intenso deterioro de la situación en Italia, en la secuencia de normalización de la política monetaria por parte del BCE. Este será el principal factor director del mercado, junto con la estrategia de la Fed (combinación de subidas de tipos y reducción de balance) y los anuncios en materia fiscal y otros estímulos por parte de la administración Trump.

En este sentido, la reunión del Consejo de Gobierno del BCE de este jueves no ha dado señales de un endurecimiento del mensaje que parecía deducirse de la anterior cita, más allá de una matización sobre la valoración de riesgos: si hace seis semanas se estaban “reduciendo”, ahora se estarían “equilibrando”. Con permiso de Le Pen, bien sûr.

Llegan los PRIIP

Por: | 25 de abril de 2017

Como hemos señalado en varias ocasiones, la protección de los consumidores o inversores es uno de los objetivos fundamentales de la regulación de la UE sobre servicios financieros. Sin embargo, no siempre esta protección se efectúa de forma paralela en cada una de las ramas de estos servicios: banca, valores y seguros.

A pesar de ello, existe una importante excepción a este estado de cosas que ha cobrado actualidad estos días. Son los PRIIP, siglas que corresponden a packaged retail and insurance-based investment products, que cruzan transversalmente las citadas tres ramas, sobre los que ya tuvimos ocasión de escribir un post (Los productos empaquetados) en este blog. Recientemente, se ha publicado un Reglamento Delegado de la Comisión Europea que regula los detalles de la presentación, el contenido, el examen y la revisión del documento de datos fundamentales (conocido como KID, key information document, en la terminología internacional) y las condiciones de suministro de estos documentos.

Los PRIIP pertenecen a una de estas categorías:

Tabla 1

Lo más importante de la nueva normativa sobre PRIIP se contiene en los anexos del reglamento mencionado. Aparte de fijar un modelo para el documento de datos fundamentales, se señala la necesidad y la forma de medir los riesgos de crédito, de mercado y de liquidez de cada producto. Los dos primeros se combinan en un indicador resumido de riesgo (IRR), que tiene siete niveles, como puede verse en el siguiente gráfico:

IRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido, sigue una pauta similar a la que introdujo en nuestro país la Orden ECC/2316/2015, de 4 de noviembre, relativa a las obligaciones de información y clasificación de productos financieros, cuyo ámbito es más amplio que el del reglamento citado (véase nuestro post Finanzas de colores), pero habrá que adaptarla al nuevo reglamento, ya que no tiene mucha lógica que en nuestro país se manejen dos clasificaciones diferentes a estos efectos. Concretamente, la norma española sólo contempla seis niveles de riesgo, mientras que, como puede verse, la europea utiliza siete.

Por otro lado, el enfoque del reglamento es más sofisticado que el español, en la medida que exige el manejo de cuatro escenarios de rentabilidad para el inversor y regula con detalle la presentación de los mismos:

  • Favorable
  • Moderado
  • Desfavorable
  • De tensión

Algo parecido sucede con los costes de los productos, en función de su tipo, y la presentación de los mismos.

En definitiva, independientemente de que el reglamento será aplicable a partir del 1 de enero de 2018, consideramos que se exige un importante ejercicio de transparencia por parte de las entidades financieras sobre unas bases técnicas, es decir apoyadas en conceptos y teorías con suficiente validez respecto a los productos implicados. Quizás estos tecnicismos puedan alejar a muchos consumidores de leer directamente la norma y enterarse por ellos mismos de qué forma les afecta, pero en todo caso no exime de responsabilidad a la entidad distribuidora de los productos. Por otro lado, la experiencia de la crisis financiera nos recuerda la importancia de que los inversores sean informados de sus riesgos y de los resultados que pueden llegar a obtener con sus productos.

Finanzas a las 9

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Los profesionales de Afi ofrecen un punto de vista singular sobre la actualidad del sistema financiero. En cada publicación se aborda el análisis de cuestiones ligadas al proceso de transformación del sector, a las novedades regulatorias, a la relación con la tecnología o al repaso de los fundamentos teóricos que explican las bondades de un sistema financiero sólido.

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Afi es, desde 1987, una empresa líder en consultoría y formación independiente en economía, finanzas y tecnología. El rigor técnico, la innovación y la orientación al cliente son las bases de nuestra diferenciación y nos han permitido ofrecer desde 1994 formación financiera especializada a través de Afi Escuela de Finanzas.

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Ángel Berges es Vicepresidente de Analistas Financieros Internacionales (Afi) y Catedrático de Economía Financiera de la Universidad Autónoma de Madrid.

Daniel Manzano. Socio de Afi. Presidente de Afi Inversiones Financieras Globales EAFI y de Afi Consultores de las Administraciones Públicas. @dmanzano_afi.

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Francisco José Valero es Socio del área de Estudios de Analistas Financieros Internacionales (Afi) y Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Daniel Fuentes Castro es responsable de análisis macro de Analistas Financieros Internacionales (Afi)@dfuentescastro

Ricardo Pedraz es consultor de área de Finanzas Públicas de Analistas Financieros Internacionales (Afi) @RicardoPedraz.

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