Nuevas vías de financiación para la pyme

Por: | 07 de octubre de 2014

El Consejo de Ministros aprobó el viernes pasado el proyecto de Ley de fomento de la financiación empresarial. Aunque todavía debe pasar por su tramitación parlamentaria, creemos conveniente dedicar este post al análisis general de dicho proyecto, que incorpora temas que ya han sido tratados en  post anteriores de este blog, y algunos de los cuales lo serán también en el futuro inmediato.

El proyecto descansa sobre una realidad que se observa claramente en el gráfico que acompañamos, aunque muestre diferencias según los sectores de destino: la gran dependencia de la financiación bancaria de la pequeña y mediana empresa (pyme). Por eso, la primera parte del proyecto establece la obligación de las entidades de crédito de notificar a estas empresas, por escrito y con antelación suficiente, su decisión de cancelar o reducir significativamente el flujo de financiación que les haya venido concediendo, de modo que las empresas puedan disponer de tiempo suficiente para encontrar nuevas vías de financiación o para ajustar su gestión de tesorería.

Otra obligación de la entidad de crédito es facilitar a la pyme, en un formato estandarizado, información sobre su situación financiera e historial de pagos. Incluso, las mismas entidades deben de poner a disposición de las pymes un informe de su calificación crediticia, basado en una metodología común y modelos que elaborará el Banco de España. Se trata que las buenas pymes puedan hacer valer sus referencias ante las instancias donde busquen su financiación.

Una segunda parte proporciona un nuevo régimen jurídico a los establecimientos financieros de crédito, que perdieron la consideración de entidades de crédito, con objeto de no verse demasiado constreñidos con el nuevo marco de solvencia que denominamos Basilea III. Sus actividades especializadas están muy orientadas a la pyme en ámbitos tales como el leasing, el factoring o la financiación de bienes de equipo.

La tercera parte del proyecto hace lo mismo con la titulización, que, al afectar a las posibilidades de refinanciar en el mercado los créditos, influye decisivamente en la concesión de los mismos y sus condiciones. Se trata de un ámbito donde España venía destacando en su entorno europeo antes de la crisis, pero que ha quedado muy afectado por esta, por lo que se le dota de mayores grados de flexibilidad.

A continuación, se incorporan mejoras en el acceso y funcionamiento de los mercados de capitales, entre las que destacamos la posibilidad de que las sociedades limitadas puedan emitir obligaciones, cuando hasta ahora lo tenían vedado, siendo, con diferencia, la figura societaria más utilizada por la empresa española. Las posibilidades que se le abren al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) son amplias, pero no hay que olvidar que las emisiones de las pymes tienden a ser de dimensión reducida, y, por tanto, poco líquidas, lo que dificulta su aceptación por el mercado.

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La ley regulará también las plataformas de financiación participativa, el denominado crowdfunding en el argot internacional, a las que dota de un régimen jurídico novedoso en nuestro país. Estas plataformas vienen a representar una vía de financiación directa entre empresas e inversores. Es interesante la distinción que se efectúa entre inversores acreditados y no acreditados, similar a la de inversores profesionales y los que no lo son de los mercados de valores. Los primeros no tienen limitaciones para invertir a través de estas plataformas, pero los segundos sí.

La parte sustantiva del proyecto se cierra con el refuerzo de la capacidad de supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Su objetivo principal, que es facilitar la financiación de las empresas, no puede menoscabar, en relación con los mercados que deben aportarla, ni su integridad ni la protección de los inversores, especialmente de los minoristas. Si no fuera así, la inseguridad y la desconfianza harían inútil la apelación a dichos mercados.

Crédito versus deuda pública

Por: | 26 de septiembre de 2014

Hace unos meses dedicábamos este mismo post a resaltar cómo los bancos habían reducido sus tenencias de deuda pública en los meses finales de 2013. La pretensión era  presentar un balance de cierre –el que se iba a tomar como base para los ejercicios de evaluación por el Banco Central Europeo- con menor exposición a la deuda pública, en aras de minimizar la posible penalización en los tests de estrés.

Una vez pasado ese punto de corte, las decisiones sobre compra o venta de deuda pública por parte de los bancos ya no se iban a ver condicionadas por aspectos normativos o supervisores, y quedaban a la libre elección entre las diferentes alternativas de inversión. Y es en este punto donde hay que lamentar el comportamiento tan opuesto, y sin duda contra natura, que están teniendo las dos partidas más relevantes en el activo de los balances bancarios: la deuda pública y el crédito al sector privado.

Este último, que sin duda debería constituir el principal foco de negocio del sistema bancario, lleva arrastrando su agonía desde hace casi cuatro años, y en lo que va del presente año incluso ha acelerado su ritmo de caída. El saldo vivo de crédito a sectores residentes (familias y hogares) ha caído más de 60.000 millones en los siete primeros meses del año, en un proceso de desapalancamiento generalizado que provoca que los vencimientos –y en algunos casos cancelaciones anticipadas) superan a la nueva concesión. El neto es esa caída en el saldo vivo del crédito lo que, unido al intenso descenso de los tipos de interés de referencia, ejerce una fuerte presión a la baja sobre los ingresos financieros procedentes de la inversión crediticia.

Es probablemente la necesidad de compensar esas caídas con fuentes de ingresos financieros adicionales, lo que lleva al sistema bancario a seguir incrementando sus tenencias de deuda pública, una vez pasado el mencionado punto de corte al cierre de 2013. Los bancos españoles han incrementado sus tenencias de deuda pública en los ocho primeros meses del año en casi 45.000 millones de euros. Con estas compras, que claramente superan ya a las ventas realizadas de cara a los ejercicios de evaluación, las carteras de deuda pública de los bancos alcanzan los 320.000 millones, en torno al 10,5% de su balance total, y sin duda una fuente considerable de ingresos financieros con la que compensar parcialmente la caída del crédito.

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El hecho de que se haya comprado ya más deuda pública que la que se vendió en los meses finales de 2013 no va a permitir, en todo caso, repetir la importante aportación que dicha inversión realizó a los ingresos financieros del pasado año, cifrados en unos 17.000 millones de euros para el conjunto del sistema. La razón no es otra que el fuerte descenso que ha tenido lugar en las rentabilidades de la deuda pública, de tal manera que las nuevas compras devengan un tipo de interés muy inferior al de los vencimientos y/o ventas realizadas en el pasado año. Por ello, en la estrategia de intensificar las compras en este año cabe atisbar un cierto componente de “doblar la apuesta” en busca de rentabilidad.

Los tipos de interés han caído y se necesita tener mucho más volumen invertido para mantener un cierto nivel de ingresos financieros, aun a costa de incurrir en riesgo de mercado, asociado a potenciales episodios de repliegue en los mercados, como el que tuvo lugar a principio de septiembre por el temor a los resultados de la votación en Escocia. En la otra cara de la moneda, esas tenencias de deuda se pueden beneficiar de importantes plusvalías, en el caso de que el BCE finalmente llevase a cabo operaciones de compra de deuda pública (Quantitative Easing) al estilo de las llevadas a cabo por su homóloga la Reserva Federal estadounidense.

Al margen de esos aspectos sobre riesgo de mercado, lo que parece claro es que el negocio bancario en nuestro país está adquiriendo una deriva poco deseable, en la que el crédito a las actividades productivas pierde peso de forma alarmante frente a la financiación del sector público. El BCE deberá emplearse muy a fondo para cambiar esa tendencia, y a juzgar por el poco entusiasmo que ha despertado entre las entidades españolas la primera ronda de inyecciones (TLTRO) instauradas para reactivar el crédito, no cabe ser muy optimistas respecto a que consiga su objetivo.

TLTRO: último cuarto para el BCE (*)

Por: | 23 de septiembre de 2014

La primera subasta de las TLTRO (targeted longer-term refinancing operations) ha dado en el aro. Las entidades europeas captaron 82.600 millones de euros, sólo un 20% del máximo al que pueden recurrir en estas dos primeras subastas programadas para septiembre y diciembre de este año.  Aunque no hay datos individuales oficiales sobre la asignación de los fondos, parece probable que las solicitudes se hayan concentrado en la banca periférica. En el caso de la española, la liquidez captada podría haber ascendido a 15.000 millones de euros, cerca de un 30% de su capacidad de petición, una proporción similar a la que podría haber pedido Italia. Mientras que Grecia estaría en proporciones cercanas al 50% del total. Entre los tres países periféricos habrían pedido la mitad del total de la cantidad asignada en esta primera subasta.

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Si bien es cierto que el importe ha sido menor a lo esperado por los analistas, no debería sorprender que las entidades estén esperando a la subasta de diciembre. Sobre todo teniendo en cuenta su práctica coincidencia en el tiempo con el vencimiento de las LTRO (enero y febrero de 2015) en las que las entidades europeas, pese a la devolución anticipada de parte de los importes pedidos, tienen que devolver 315.000 millones de euros, de los cuales 135.000 millones de euros lo harán las entidades españolas.

El ahorro en costes financieros durante estos tres meses con la financiación a través de las subastas ordinarias de del BCE, con un tipo de interés menor que el de las TLTRO, la falta de productos de bajo riesgo y rentabilidad aceptable (con la deuda de España rondando el 2% de interés a diez años) y el aumento en el consumo de capital por riesgo de interés en hipotéticas inversiones a largo plazo son tres factores añadidos para decidirse por dilatar la espera.

Pero no son las únicas razones, y ni siquiera las más importantes. La publicación de los resultados de los test de estrés durante el próximo mes de octubre eliminará la incertidumbre sobre la salud financiera de cada entidad y podría condicionar la petición final de fondos de las entidades al BCE.

No obstante, no se puede obviar que la espera para la petición de fondos al BCE puede ser una nueva señal inequívoca de que la liquidez ha dejado de ser un problema para la mayoría de las entidades europeas. Los esfuerzos del BCE para  tratar de reactivar el crédito en Europa con el objetivo último de dar el impulso necesario a la economía para no convertir al viejo continente en el nuevo Japón podrían no ser suficientes si los síntomas de la enfermedad han confundido el tratamiento.

La ausencia del crédito no está en la falta de liquidez de las entidades, sino en otros factores estructurales de la economía y de la banca de cada país. De hecho, la evolución del crédito en los últimos meses está siendo muy dispar entre países. En España continúa el desapalancamiento, pero a un ritmo progresivamente más bajo, situación similar a la de Portugal. En Irlanda u Holanda, sin embargo, la caída del crédito se está acelerando, mientras que en Francia, Alemania e Italia se mantiene estable e incluso tiene un comportamiento alcista. Ante esta situación desigual parece difícil que las mismas medidas puedan aportar un resultado eficaz para todos los países de la zona euro. 

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Al BCE se le agota el tiempo, y aunque hace todo lo que puede, parece que hasta ahora no es suficiente. La próxima carga de profundidad, como es la puesta en marcha del programa de compras de titulizaciones (ABS) y covered bonds, podría ser una medida de más calado que las propias TLTRO. El impacto que puede tener en el crédito podría ser mucho mayor por el efecto triple en liquidez, en riesgo de crédito y en capital, al poder transferir el riesgo del crédito titulizado.

No obstante, la inclusión de los covered bonds en el programa parece ser un nuevo balón al aro, al dar por supuesto que lo que necesita el Sistema Financiero Europeo es nueva liquidez con la compra directa de productos de calidad (covered bonds y, probablemente, sólo tramos ABS senior de bajo riesgo).

Tal vez Draghi sorprenda y anuncie en octubre compras de tramos de riesgo intermedio de ABS, que acompañado a las TLTRO, sea por fin el detonante para el resurgir del crédito en Europa y, consecuentemente, de la economía. Al fin y al cabo estamos en los últimos minutos y no hay margen de error. Toca jugar al ataque y encestar, a ser posible un triple, no vaya a ser que estemos dando el campeonato por ganado antes de haberlo jugado…

(*) Con Óscar Ibáñez, consultor de Banca y Seguros de Afi

Apuesta por la inclusión financiera

Por: | 19 de septiembre de 2014

La crisis financiera actual ha producido un buen número de iniciativas normativas que, especialmente en el ámbito internacional, han estado dirigidas en su mayor parte a solventar los efectos de la crisis sobre las entidades afectadas y/o a prevenir en lo posible que se vuelva a repetir. Esto ha podido justificar en ocasiones la sensación de que los reguladores se han preocupado más por las entidades financieras que por sus ciudadanos.

Sin embargo, esto no siempre ha sido así y, desde luego, no debería serlo. Por ejemplo, a finales del pasado mes de agosto se publicaba la Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas.

Esta norma introduce la inclusión financiera en la normativa de la Unión Europea con carácter jurídicamente vinculante, concretamente como un derecho de los residentes legales en ella a abrir una cuenta de pago básica, ya que, aunque la Comisión Europea (CE) había aprobado una recomendación sobre el tema en julio de 2011, ésta no tenía dicho carácter y, en todo caso, no había sido seguida apenas por los Estados miembros.

La relevancia de la inclusión financiera para el desarrollo económico y social de los diferentes países acaba de recibir un importante respaldo por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta institución ha publicado esta misma semana su quinta encuesta anual sobre el tema (Financial Access Survey (FAS)), que presenta la importante novedad de incluir por primera vez datos sobre pagos por teléfono móvil, a través de los cuales algunos países en desarrollo han podido impulsar de forma notable la inclusión financiera de sus poblaciones.

Podría parecer que la inclusión financiera no resulta un objetivo muy relevante para la UE y, en particular, para España. Sin embargo, la situación es muy diferente entre los países, como muestra el gráfico siguiente. Según los datos del Banco Mundial difundidos por la CE, el porcentaje de consumidores sin una cuenta de pago es del 14% en el conjunto de la UE y de un 7% para España. El porcentaje oscila entre el prácticamente 0% de Dinamarca y Finlandia, y el 55% de Rumania o el 47% de Bulgaria. Se estima que el total de consumidores mayores de 15 años sin cuenta de pago en la UE asciende a 58 millones, de los cuales 25 millones desearían tener una. Se trata, por tanto, de un objetivo de política pública muy importante, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo.

En efecto, aunque la Directiva mencionada trata también otros temas, como la transparencia y la comparativa de las comisiones aplicadas a los consumidores en las cuentas de pago en la UE, los traslados de estas cuentas dentro de un Estado miembro y la facilitación de apertura de cuentas transfronteriza para los consumidores, su principal novedad es el reconocimiento del derecho de los consumidores a abrir y utilizar cuentas de pago básicas en la UE.

Consumidores sin cuenta de pago

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Una cuenta de pago básica permite depositar fondos, retirar dinero en efectivo, efectuar pagos a terceros y recibir pagos de estos, incluidas las transferencias, los adeudos domiciliados y las operaciones de pago por tarjeta. Si el Estado miembro lo autoriza, pueden aceptar descubiertos, posiblemente en una cuantía y duración limitadas.

Este tipo de cuenta puede ser gratuita, pero, en todo caso, las comisiones que conlleven deben ser razonables, teniendo en cuenta los niveles nacionales de renta y las comisiones medias aplicadas por las entidades de crédito en cada país por los servicios prestados con las cuentas de pago. Los Estados miembros pueden requerir a las entidades que diferencien esas comisiones en función del nivel de inclusión financiera de las personas, favoreciendo a las más vulnerables.

La Directiva debe ser traspuesta a las legislaciones nacionales, en general antes de septiembre de 2016, pero la apuesta por la inclusión financiera en la UE ya está en marcha. Como afirma el FMI en el comunicado antes citado, existe una fuerte correlación positiva entre el incremento en el uso de los servicios bancarios y el aumento en el producto interior bruto (PIB) per cápita. Dado que este último es muy débil en la UE en los últimos tiempos, no debe menospreciarse ninguna palanca disponible por intentar mejorarlo, máxime si, como es el caso que nos ocupa, también puede ayudar a mejorar la imagen de las entidades financieras entre la ciudadanía.

La banca europea y su recapitalización pública

Por: | 17 de septiembre de 2014

Los retos a los que se vienen enfrentando las políticas públicas europeas son de una naturaleza y una dimensión desconocidas hasta la fecha. Los riesgos de un tercer periodo recesivo desde que se inició la crisis en algunos de los países del área euro, que el BCE y los gobiernos con falta evidente de complicidad suficiente y desigual fortuna están tratando de conjurar, es el último episodio. En este marco, y previo a la asunción de las funciones supervisoras de las entidades bancarias del área euro, merece la pena hacer un balance de la extraordinaria contribución que el sector público ha debido hacer a la recapitalización de la banca europea. A saber, el sector ha recibido desde el inicio de la crisis más de 400.000 millones de euros en ayudas públicas de capital. Esta cifra se multiplicaría casi por cuatro si se considerasen también otros apoyos recibidos (garantías, avales, líneas de liquidez,…).

Una parte de la citada inyección de capital volverá las arcas públicas, pero no será despreciable el importe que los contribuyentes no recuperarán. En este contexto debe entenderse los sustanciales cambios que se están operando en los mecanismos de supervisión y de resolución de las entidades bancarias en el ámbito europeo.

Existen, por lo demás, diferencias notables entre países en cuanto al tiempo, cantidades y características particulares de las entidades beneficiarias de dicho apoyo público. Aprovechando una nota específica elaborada por la unidad de análisis bancario de Afi, utilizando fuentes públicas de la Unión Europea[1], déjenme que haga una breve reseña:

  1. La inyección pública de capital a la banca no ha sido un fenómeno  aislado en algunos países. Ha tenido lugar en dos terceras partes de los países de la Unión Europea (en 18 de 28 países).
  2. Ese apoyo público no se ha producido simultáneamente en todos ellos. La celeridad con la que países como el Reino Unido (y también otros países centrales europeos) capitalizaron a sus bancos, contrasta con la tardanza con la que otros (como España) lo hicieron.
  3. En términos absolutos, el país que más desembolso realizó fue Reino Unido (más de 80.000 millones de euros), seguido de cerca por Alemania, Irlanda y España, que inyectaron cantidades cercanas a los 60.000. El resto se sitúa en cifras significativamente inferiores.
  4. En términos relativos sobre el PIB, la posición sin embargo es bien distinta como puede advertirse en el gráfico adjunto. Desde esta perspectiva destaca sobremanera Irlanda, que ha llegado a inyectar capital por casi un 40% de su PIB, seguida de Grecia (casi un 20%) y Chipre (en torno a un 10%). España se sitúa en una zona intermedia con un nada despreciable 5,7%, muy por encima de los otros tres grandes países de la eurozona (Alemania, Francia e Italia por este orden).
  5. Las diferencias también son notables en cuanto a la tipología, grado de concentración en entidades de las inyecciones realizadas y la cuota que representaban dichas entidades en el total de los activos bancarios del país. En el caso del Reino Unido la práctica totalidad se concentró en dos entidades (RBS y Lloyds) que acaparaban cerca de un tercio de los activos bancarios británicos. Un peso similar definían las cinco entidades receptoras de capital en Irlanda, si bien la aportación de capital público ha sido sustancialmente mayor. En el otro extremo, la inyección de capital público ha sido muy generalizada en Portugal y Grecia, afectando a las principales entidades de estos dos países representativas globalmente del 62% y el 74% respectivamente del total de sus activos bancarios. Comparativamente, España es un caso singular al ser recapitalizadas numerosas entidades, pero en el marco de un proceso de concentración sectorial. Por tanto, en general, y con la excepción de Bankia, entidades relativamente pequeñas (todas del subsector cajas) que no han llegado a representar más del 25% de los activos bancarios españoles. De hecho, como es bien conocido, ninguno de los principales bancos del país ha necesitado ayudas.

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Recapitulando, y más allá del evidente protagonismo que ha tenido el sector público en el salvamento y fortalecimiento de la banca europea, lo que resulta manifiesto es el muy diferente patrón observado por país. En definitiva, la muy diferente idiosincrasia del negocio bancario europeo y, por supuesto en el pasado, las grandes diferencias con las que los gobiernos han enfrentado “sus crisis bancarias locales”. El primer factor pervive en la actualidad y probablemente se extienda en el tiempo: estamos lejos aún de un sector bancario verdaderamente integrado dentro de la Unión Europea. El segundo es de suponer que desaparezca en buena medida con el nuevo marco europeo de supervisión y resolución de crisis bancarias.    



[1] Fundamentalmente puede verse en http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-507_en.htm?locale=en

Finanzas a las 9

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Los profesionales de Afi ofrecen un punto de vista singular sobre la actualidad del sistema financiero. En cada publicación se aborda el análisis de cuestiones ligadas al proceso de transformación del sector, a las novedades regulatorias, a la relación con la tecnología o al repaso de los fundamentos teóricos que explican las bondades de un sistema financiero sólido.

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