Los próximos cincuenta años

Por: | 11 de septiembre de 2014

Algunos lectores pensarán que no es el momento para hacer ejercicios demasiado largos de prospección. Apenas empiezan a emerger señales de recuperación en algunas economías, y las dudas sobre el crecimiento potencial siguen presidiendo todos los ejercicios de anticipación, a plazos más razonables. No deja de ser sugerente, sin embargo, tratar de levantar la vista un poco y, asumiendo que no se acaba el mundo, identificar posibles tendencias, o prestar atención a quienes dedican a ese ejercicio algo de atención. A ese propósito he dedicado unos días este verano, tomando como referencia algunos trabajos que discuten la vigencia de un “estancamiento secular” en las economías avanzadas y el informe de la OCDE “Policy Challenges for the Next 50 Years”, de julio pasado.

El objetivo de ese Policy paper es identificar y analizar algunos de los retos que las economías avanzadas enfrentan en el próximo medio siglo, siempre que las tendencias globales hoy subyacentes de crecimiento económico, comercio, desigualdad y presiones medioambientales, mantengan su vigencia. Es decir, se supone que no ocurre nada suficientemente importante que altere la dinámica de integración global. Es verdad que puede ser mucho suponer, pero tampoco es tan descabellado. Resumo esas tendencias.

  1. Cambios en la distribución del poder económico a favor de las emergentes, en especial las asiáticas. En realidad las economías que hoy no pertenecen a ese club de las avanzadas que sigue siendo la OCDE, contribuirán al PIB global en mayor medida que las pertenecientes a esa organización, tal como ya hemos observado en los últimos años.

  2. Hasta 2060 el crecimiento económico global será significativamente inferior al registrado en las últimas décadas. En concreto, en los dos grupos de avanzadas y las emergentes pertenecientes al G20 será del 2,7% entre 2010 y 2060, frente al 3,4% correspondiente a 1996-2010. En todo el mundo el crecimiento será del 3% anual. Las emergentes irán perdiendo esa tracción diferencial gradualmente, debido a condiciones demográficas menos favorables en la mayoría de los países. Y es que el envejecimiento de la población y el consiguiente descenso en la población activa no es algo exclusivo de las economías avanzadas. En consecuencia, los avances en el PIB por habitante pasarán a depender en mayor medida de aumentos en la productividad, de la acumulación de habilidades y, en todo caso, de ganancias en la productividad total de los factores impulsadas por la innovación y el capital basado en el conocimiento.

  3. El deterioro del medioambiente constituirá una restricción importante al crecimiento de las economías emergentes más dinámicas, las asiáticas.

  4. La dinámica de globalización continuará, pero a un ritmo más lento. Con todo, el crecimiento de regiones como la eurozona dependerán en gran medida de las exportaciones a esas economías asiáticas. En 2060 pueden llegar a representar un 15% del PIB, tanto como el comercio en el seno del área monetaria. Esos avances en el grado de integración global también expondrá a todas las economías a shocks globales, a desequilibrios, haciendo menos eficaces las herramientas nacionales de política económica. En la medida en que las habilidades, la intensidad de capital y los patrones de consumo convergerán hacia los vigentes en las economías de la OCDE, las estructuras de producción también lo harán.

Llegados a este punto la OCDE se plantea qué cambios de política económica serán necesarios para mejorar el crecimiento económico. Identifica cuatro áreas fundamentales:

     a) Aceleración de la integración global, incluyendo los flujos migratorios.

     b) Fortalecimiento de las instituciones con el fin de hacer frente a shocks como los demográficos.

     c) Reducción de las emisiones a la atmósfera con el fin de mitigar el cambio climático.

     d) Aprovechamiento de la economía basada en el conocimiento, que será el principal vector de crecimiento económico en el futuro.

Para cada uno de los anteriores bloques se definen algunas acciones concretas, y se destacan los “trade-offs” a los que las autoridades han de enfrentarse. En mi opinión creo que merece la pena destacar el reto que supone profundizar en la cuarta de las direcciones antes citada con la neutralización de la desigualdad derivada de la diferencia de habilidades de los trabajadores. Los ajustes estructurales en las empresas antes las exigencias de desplazamientos hacia actividades más productivas también constituirán presiones en esa dirección. La OCDE advierte que de mantenerse las actuales tendencias la desigualdad en la percepción de rentas del trabajo podrá crecer en los países avanzados más del 30% en 2060, hasta alcanzar el grado de desigualdad que hoy es observado en Estados Unidos. Atender esas desigualdades y las consiguientes tensiones sociales con adecuadas políticas redistributivas es una de las condiciones necesarias para garantizar la propia estabilidad del crecimiento económico. No será un empeño fácil dadas las restricciones fiscales que pueden seguir imperando sobre las políticas nacionales y las amenazas asociadas a la deslocalización de actividades productivas.

A pesar de que pasen cincuenta años, en la escena central de la política económica, de la asignación de recursos públicos, volverán a situarse prioridades tales como la igualdad de oportunidades, especialmente en educación. Como se ve, algo no muy distinto a lo que hoy constituye una de las principales prioridades. De su atención dependerá que esa transición al próximo medio siglo sea suficientemente llevadera.

 

Gráfico

 

Este artículo ha sido publicado en la revista ‘Empresa Global’ (nº 143, septiembre)

BCE: reformas y competitividad

Por: | 05 de septiembre de 2014

Una vez más se ha puesto de manifiesto que el Banco Central Europeo (BCE) es la única institución europea con capacidad y determinación para tomar decisiones en una Europa cuyo acercamiento a la situación que lleva viviendo Japón es cada vez más obvio. De hecho, si algo cabe objetar al BCE ha sido su tardanza en reconocer que la inflación hace mucho tiempo que dejó de ser un problema en la eurozona, y en cambio el fantasma de la deflación es cada vez más tangible. Resulta patético recordar cómo mes tras mes desde el inicio del año, el BCE venía poniendo paños calientes al descenso de la inflación, aludiendo a la Semana Santa, la climatología, la energía, o lo que fuera, con tal de no reconocer una tendencia de fondo que nos acercaba peligrosamente a un enquistamiento deflacionario.

Pero como dice el refrán, más vale tarde que nunca, y bienvenida sea esa nueva andanada de artillería desplegada ayer por el BCE, de la mano de un programa de compra de activos respaldados por préstamos a empresas no financieras, ya existentes o de nueva generación, así como activos respaldados por crédito hipotecario.  Con todo, el diablo está en los detalles, y habrá que ver si esa compra no queda limitada a activos de alta calidad crediticia o “seniority”, dejando fuera del programa a aquellos activos y/o tramos, con mayor riesgo y mayor consumo de capital.

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Si así fuera, se continuaría intensificando una situación de clara “bipolarización” en el ámbito de la financiación empresarial, especialmente en nuestro país. Aquellas empresas con clara percepción de solvencia pueden apelar a financiación en unas condiciones extremadamente favorables, en una guerra de las entidades financieras por crecer en dicho segmentos, que en algunos casos trae reminiscencias de la burbuja inmobiliaria. Por el contrario, aquellas empresas con mayor componente de riesgo, o de nueva creación, se encuentran con un racionamiento financiero, que les impide captar financiación prácticamente a ningún precio.

Ese es claramente el mensaje que emerge de la última edición (correspondiente al periodo 2013-2014) del Global Competitiveness Report paradójicamente publicado el mismo día que el BCE desplegaba su artillería. España mantiene un nada halagüeño puesto 35 (entre un total de 144 países) en el ranking mundial de competitividad, misma posición que hace un año.

Más que esa posición agregada merece resaltarse las enormes dicotomías entre varios de los aspectos que definen la competitividad. Mientras España puntúa muy alto en infraestructuras, en sanidad, y en número (que no calidad) de personas con formación superior, lo hace extraordinariamente mal en calidad institucional y en rigideces de mercado, no solo del mercado laboral sino de los de bienes y servicios.

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Pero ciñéndonos al ámbito financiero, la competitividad española se ve lastrada por una muy adversa capacidad de apelar a fuentes de financiación de riesgo, donde ocupa la posición 100. Ello unido a una sonrojante posición 118 en cuanto a burocracia para crear nuevas empresas, hace de nuestro país uno de los más claros destinatarios de esas demandas del presidente del BCE, Mario Draghi, para acometer reformas estructurales sin las que las decisiones del BCE son claramente insuficientes.

 

Bipolarización bancaria

Por: | 02 de septiembre de 2014

El pasado domingo Caixabank anunció la adquisición del 100% de las acciones de Barclays Bank SAU en manos de Barclays Bank PLC, su matriz británica. Este acuerdo supone la adquisición del negocio en España de Barclays por 800 millones de euros. El perímetro de la operación incluye el negocio de banca minorista, gestión de patrimonios y banca corporativa, lo cual supone unos activos de 21.600 millones de euros, quedando en manos de la entidad británica el negocio de banca de inversión y el de tarjetas (Barclaycard).

Recordemos que entre finales de 2013 y principios de 2014 Barclays España ya realizó ventas de negocio bancario en los mercados de Madrid y Castilla-La Mancha a Caja Rural Castilla-La Mancha en una estrategia de reposicionamiento hacia los segmentos considerados prioritarios para la entidad, banca privada y banca personal. Sin embrago, esta estrategia de reposición ha finalizado con la venta de todo el negocio a uno de los principales operadores bancarios en España. Recordemos igualmente que la matriz ya había calificado sus actividades en España (y en el resto de Europa continental) como no estratégicas para el grupo británico.

Esta operación corporativa supone para Caixabank un reforzamiento de su posición competitiva en segmentos de rentas altas, el 32% de los clientes minoristas pertenecen al segmento de banca personal, profundizando al tiempo en el negocio de particulares en España.

Geográficamente, Caixabank ganaría presencia fundamentalmente en Madrid, donde se concentra más de un tercio de las oficinas adquiridas, superando a Banco Santander, hasta ahora segunda entidad por cuota en esta Comunidad. Por el contrario, en Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias se produciría un mayor grado de solapamiento de sucursales.

El precio a pagar por Caixabank, que se ajustará en función del patrimonio neto de Barclays España a cierre de 2014, supone una valoración relativa de 0,47 veces el patrimonio neto estimado para esa fecha (1.700 millones de euros), muy similar a la ratio pagada por BBVA en la adjudicación de Catalunya Banc. Por tanto, surgirá un fondo de comercio negativo o bad will por unos 900 millones de euros, ya que el precio a pagar será inferior al valor contable de los activos adquiridos. Impacto positivo que se reflejará en la cuenta de resultados de la adquirente en el momento de la toma de control del nuevo negocio.

No obstante, este patrimonio neto debe ser ajustado por los costes de reestructuración relacionados con el redimensionamiento de la nueva entidad, previstos en 300 millones de euros, así como por la pérdida esperada de la cartera de crédito y otros ajustes a valor razonable que se estiman en 400 millones de euros. Considerando ambas cifras, el precio de la transacción se fijaría en el 80% del patrimonio neto adquirido.

Este proceso de reestructuración repercutiría, según estimaciones del adquirente, en sinergias de costes por el 42% de los costes de explotación de Barclays España (porcentaje similar al estimado por BBVA en el contexto de la compra de Catalunya Banc), cifrando los ahorros en 150 millones de euros a partir del año 2016.

La operación, que se prevé cerrar en el mes de diciembre de 2014 o principios de 2015, supone la tercera de envergadura para Caixabank, tras las adquisiciones de Banca Cívica y Banco de Valencia en el año 2012. Por otro lado, supone la segunda gran operación de integración del año, tras la compra de Catalunya Banc por BBVA.

Principales entidades de crédito españolas (mar-14, miles de millones de euros)

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Fuente: Afi, AEB, CECA, UNACC (estados consolidados, excepto Santander y BBVA)

Estas dos operaciones, junto a la integración de Caja 3 en Ibercaja, la adquisición de Banco CEISS por Unicaja, la creación de Abanca, fusión de Novagalicia Banco y Banco Echeverría, por mencionar algunas de las operaciones de integración de los últimos meses, son ejemplos del proceso de bipolarización de la banca española. Proceso del que han resultado dos grandes grupos de entidades: entidades grandes o muy grandes y de ámbito nacional, incluso internacional, y entidades de ámbito local, reducido o muy especializado, de un tamaño muy inferior comparado con el de las anteriores.

Aunque el número de entidades del primer grupo es muy inferior al del segundo, las entidades de ámbito nacional concentran en torno al 95% del negocio. Sin embargo, desde un punto de vista de los micromercados, la cuota de mercado relativa de las entidades locales en sus territorios de actuación se puede situar entre el 20% y el 40%.

Distribución de negocio bancario en España por tipología de entidades

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Fuente: Afi a partir de AEB, CECA, UNACC, CNMV y AIAF

Morosidad y financiación en las pymes

Por: | 29 de julio de 2014

[NOTA: El post de hoy lo escriben como invitados José Antonio Herce (Director Asociado de Afi) y Pablo Hernández (Consultor del Área de Economía Aplicada de Afi)]

La hondura de la crisis económica ha supuesto un reto de primera magnitud para la supervivencia de muchas empresas. El racionamiento crediticio y la prolongada atonía de la demanda interna han dado como resultado la extinción de muchas de ellas, especialmente pymes, quienes han comprimido su estructura y sus márgenes hasta extremos que harían inviable a una gran empresa si ésta no pudiese recurrir a los mercados exteriores. En este sentido, las pymes no han podido sustituir fácilmente un mercado doméstico menguante porque, entre otras razones, se encuentran insuficientemente internacionalizadas. Y, a pesar de que pueden postergar en el medio plazo la realización de nuevas inversiones y aplazar su correspondiente financiación, no están en condiciones de sobrevivir sin poder sufragar su circulante o sin descontar sus derechos de cobro contra clientes. 

El pasado día 22 de julio se presentó públicamente el primer número del nuevo Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial, un proyecto que nace al abrigo de la colaboración entre CEPYME y el Ministerio de Industria, y en la que Analistas Financieros Internacionales (Afi) ofrece apoyo técnico. El propósito de esta nueva iniciativa es, cuanto menos, ambicioso. Y no es otro que servir de referencia para el seguimiento y la vigilancia de un problema que tiene una incidencia muy negativa en las actividades empresariales: la morosidad. Además, trata de tomar de manera simultánea el pulso de las empresas en cuanto a la financiación de sus actividades, y en particular, de sus actividades corrientes.

La morosidad comercial es un fenómeno del que no existe una métrica estándar o comúnmente aceptada – como si existe en otros órdenes que afectan al desempeño empresarial, en el ámbito del mercado laboral o de indicadores de actividad, por ejemplo - sino solo indicadores parciales y dispersos, surgidos a partir de metodologías heterogéneas. Dichos indicadores, a pesar de que permiten percibir de alguna forma la grave situación por la que atraviesan las empresas en esta materia, resultan insuficientes a todas luces como instrumentos de diagnóstico y herramientas generales de seguimiento. En este sentido, el Boletín es un proyecto pionero al plasmar en sus contenidos, por un lado, los resultados de una encuesta a pequeñas y medianas empresas en la que se obtiene información de base y directa sobre éste y otros fenómenos de interés. Por otro, al recopilar y sintetizar los principales indicadores existentes que proceden de otras fuentes, y proveer de medidas sintéticas del alcance de la morosidad empresarial y su repercusión.

Con respecto a los contenidos del Boletín, precisamente, el anhelo de disponer de un indicador que permitiese caracterizar de manera sencilla la evolución de la morosidad fue una de las motivaciones centrales y originarias. Este indicador, que se nutre de fuentes oficiales y empresariales en su cálculo, denominado Indicador Sintético de Morosidad Empresarial (ISME), condensa las dos dimensiones básicas del fenómeno: los periodos medios de pago y el tasa de crédito comercial en retraso de pago sobre su plazo legal. Hasta el momento, la trayectoria del indicador ha sido claramente descendente desde el estallido de la crisis, si bien ha repuntado levemente en los dos últimos trimestres. Esto es atribuible a la caída de ambos componentes del ISME, aunque el repunte del indicador sintético está dominado por la remontada de la tasa de crédito comercial en retraso de pago, como puede verse en los siguientes gráficos. Paralelamente, según los resultados de la encuesta, el 60% del tejido de pequeñas y medianas empresas sufre problemas de morosidad

Morosidad empresarial

Fuente: Afi a partir de Cepyme e Informa

Pero, ¿cómo es posible que la morosidad esté aparentemente disminuyendo y al mismo tiempo las empresas lo señalen como un importante lastre para su actividad?

La evidencia indica que ambos componentes se han venido reduciendo durante la crisis, especialmente en sus momentos más graves. Los periodos medios de pago se han ido ajustando a nuevas regulaciones de plazos de pago más exigentes, a lo que ha contribuido también la desaparición de empresas insolventes que ha tenido lugar durante la crisis, lo que ha acabado reduciendo, paradójicamente, tanto el crédito comercial vivo como la proporción del mismo en mora. Por todo ello, las empresas se han vuelto mucho más selectivas con el crédito comercial concedido, ante la dificultad (y carestía), por otra parte, de recurrir al descuento comercial en los canales bancarios tradicionales. Y todo ello, en un contexto de crisis que naturalmente ha provocado la disminución de la facturación y, por ende, del crédito comercial. Este comportamiento pro cíclico de la morosidad en términos agregados podría ser un ‘’hecho estilizado’’ de las crisis financieras en España, en cuanto se viene reproduciendo un repunte leve de la morosidad en la coyuntura actual de recuperación, algo que ya se observó en el periodo de los llamados “brotes verdes”, entre finales de 2010 y comienzos de 2011.

Por otra parte, uno de los datos quizá más preocupantes que se desprenden de los resultados de la encuesta que se realiza ad hoc para el Boletín es que un 24% de las empresas considera que no va a cobrar jamás el 10% (o más) de su facturación. Especialmente preocupante porque para muchas empresas ese mismo 10% de su facturación representa el propio margen empresarial, es decir, la renta del pequeño empresario y su familia.

Impago

Fuente: Encuesta de Morosidad y Financiación Empresarial

Según las estimaciones que se obtienen en el informe, el conjunto del crédito comercial interempresarial tuvo para las empresas prestamistas un coste imputado de 1.612 millones de euros en el primer trimestre del año, de los cuales más de 1.000 millones corresponde a la parte de dicho crédito en retraso de pago. Esto es, en términos relativos, alrededor de un 0,1% del PIB. Sin duda, la información derivada de la encuesta sobre morosidad y financiación permitirá un conocimiento mucho más ajustado a la realidad de las pymes y de las implicaciones de la morosidad sobre la financiación. En esta nueva andadura se difundirá con carácter periódico el análisis minucioso de la realidad y las tendencias en materia de cobros y pagos y financiación de este segmento de empresas. Iniciativas de este estilo resultan cruciales para poder incidir con éxito desde las instancias públicas y asociativas en la solución de estos graves problemas que, en definitiva, constituyen otro lastre a la competitividad de nuestro tejido empresarial - especialmente aquél que tiene más complicado competir en mercados exclusivamente domésticos.

La mayor apuesta comercial de la historia

Por: | 24 de julio de 2014

La singularidad y severidad de la crisis está acarreando consecuencias de diverso alcance. Entre ellas, alteraciones en la escena competitiva global. No solo por la desigual capacidad competitiva de algunas economías obligadas a devaluaciones internas con el fin de compensar con la pujanza de sus exportaciones la debilidad del mercado interno, sino igualmente para aquellas que han de buscar vías de intensificación y diversificación del comercio. Un exponente de ello es el lanzamiento de la negociación entre EEUU y UE bajo el enunciado de “Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)”, al que el lector permitirá que le preste una atención mayor que a otros asuntos, amparándome en dos razones: la ausencia de discusión en nuestro país y la trascendencia económica, y también financiera, que puede llegar a tener si dicha alianza llega a buen fin.

Iniciadas las negociaciones en junio del año pasado, y con la expectativa de concluirlas el año que viene, el objetivo es reducir limitaciones de todo tipo a los flujos de comercio e inversión a ambos lados del Atlántico. De paso, sortear las limitaciones en el funcionamiento de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de sus procedimientos y lentitud. Todo ello con la esperanza de que esa liberalización adicional aumente el potencial de crecimiento de ambas economías.

El acuerdo descansaría sobre tres pilares básicos:

a)    Acceso a los mercados, mediante la eliminación de barreras aduaneras y otras barreras al intercambio de bienes y servicios, permitiendo un mayor acceso a los mercados públicos y facilitando más la inversión.

b)    Mejora de la coherencia y cooperación regulatoria, eliminando barreras regulatorias innecesarias, especialmente las burocráticas.

c)     Mejora de la cooperación en el establecimiento de estándares internacionales.

Dada la reducción ya existente de barreras arancelarias en el comercio de bienes y servicios, son los dos últimos puntos los potencialmente más generadores de ventajas. Que las instituciones reguladoras de ambos bloques cooperen en la búsqueda de limitaciones por razón de salud o de cuidado del medio ambiente, por ejemplo, evitaría tensiones proteccionistas innecesarias e impedimentos a la entrada en los mercados respectivos, especialmente de las empresas de menor dimensión. La UE ha estimado que esas barreras burocráticas equivaldrían hoy a barreras arancelarias convencionales de cuantía comprendida entre el 10 % y 20 %.

El acceso a los mercados públicos, a las licitaciones de compras de bienes y servicios de las Administraciones Públicas y a dotar de transparencia a esas operaciones, constituye otra de las vías diferenciales, como lo es la posibilidad de homogenizar normas protectoras de los inversores.

De llegar a concretarse, el TTIP constituiría el mayor acuerdo comercial jamás alcanzado: el área de libre comercio más extensa del mundo. Y también el de mayor impacto en el volumen de comercio. No en vano las dos economías que lo pretenden suscribir son las mayores, representativas de casi la mitad del PIB global. También las que mantienen los mayores flujos recíprocos de comercio.

Los partidarios del acuerdo argumentan que constituiría una oportunidad de excepción para crear un mecanismo de cooperación institucional sin  precedentes con el fin de reducir divergencias reguladoras sobre el comercio y la inversión internacional. Y es cierto que su significación, en principio, tendría un alcance político, de señalización global, que es difícil de minimizar: la ilustración de un compromiso que a su vez facilitaría esa alianza entre EEUU y Europa que en ocasiones da muestras de debilidad.

Más allá de esas ventajas políticas, el argumentario fundamental para su lanzamiento es lógicamente económico. La lectura más favorable del acuerdo es que el desmantelamiento de barreras así como la armonización de estándares técnicos impulsará el crecimiento y crearía numerosos puestos de trabajo. La trascendencia de los vínculos entre ambos es ya considerable: EEUU es el principal socio comercial e inversor en Europa, con gran diferencia respecto a otras economías o bloques comerciales. La inversión de las empresas multinacionales estadounidenses en la UE representa el 56% de la inversión directa de EEUU en el extranjero en los últimos 14 años, que emplean a más de 4 millones de trabajadores europeos. Un 33% del comercio global en bienes y un 42% del de servicios tienen lugar entre ambos bloques. Las empresas de la UE son también los principales inversores en EEUU. Estas cifras son razones, por tanto, para fortalecer la seguridad y afianzar esos vínculos.

La versión oficial de la UE sostiene que la concreción de ese acuerdo impulsaría el crecimiento del PIB entre 0,5% y 1% anual. A pesar del nivel reducido de los aranceles, dado el volumen tan importante de intercambios entre ambas economías –más de 2.000 millones de dólares diarios- cualquier reducción sería favorecedora del crecimiento económico. Eso sería especialmente favorable para Europa en áreas donde la protección americana es más evidente y la competitividad europea mayor, como los textiles, la cerámica o los transformados alimenticios. Se trataría de un shock positivo, equivalente a un gran paquete impulsor del crecimiento, pero sin usar el dinero del contribuyente.

A las ventajas que obtendrían los suscriptores del acuerdo habría que añadir las que ejercería sobre la economía mundial. Su estimación es menos fácil, pero es cierto que si esas economías crecen también lo haría su demanda (de materias primas, por ejemplo) del resto del mundo. En todo caso, la señal de compromiso por el libre comercio de esas dos grandes potencias sería favorable y los estándares adoptados servirían de referencia al resto de los actores comerciales.

Frente a esas ventajas no faltan valoraciones menos entusiastas. La primera derivaría del decreciente peso específico que ambos bloques tienen en la escena económica global. Los escépticos destacan, además, que las ventajas sobre la situación actual no serían tan importantes, dado el amplio grado de liberalización que ya existe en el comercio entre ambas economías. En el momento actual las tarifas entre ambos bloques se sitúan en promedio en el 4%.

Entre los manifiestamente escépticos se encuentra Paul Krugman, que considera que desde los niveles actuales es difícil y costoso conseguir mayores cotas de liberalización del comercio: “hay poco proteccionismo que eliminar .En la medida en que puedan diferenciarse de las estimaciones anteriores, podrían identificarse algunas de las principales objeciones de ese acuerdo.

La primera es la propia naturaleza bilateral del acuerdo: el recurrente dilema entre regionalización y globalización. Recurrir a los acuerdos de este tipo pone en entredicho la utilidad de la propia OMC y sugiere que la conveniencia de centrar los esfuerzos en mejorar la autoridad y agilidad de la OMC hasta ahora no ha resultado muy exitosa a la luz de la vigente Ronda Doha de negociaciones comerciales.

El otro conjunto de objeciones más destacado es el que defienden organizaciones de consumidores y ecologistas. A uno y a otro lado del Atlántico se desconfía de las consecuencias que ese acuerdo pueda tener sobre las relajaciones de normas vinculadas a la salud e higiene de los alimentos, a los derechos de los trabajadores o al medio ambiente. La oposición se hace más intensa al reclamar una mayor transparencia en las negociaciones, hasta el punto de que el ministro de finanzas de Baviera, por ejemplo, ha reclamado un referéndum para su aprobación desde el temor de que constituye una seria amenaza no solo para su país, sino para el conjunto de Europa.

Habrán de ser los resultados de las negociaciones en curso los que vayan esclareciendo esas consecuencias hoy solo estimadas, o temidas. Ocasión tendremos de ocuparnos de ello, porque es verdad que si se acaba formalizando, el comercio global abordará una etapa claramente diferenciada. Por el momento, es solo una apuesta.

 

Publicado en la Revista “Empresa Global” nº 142, Julio-agosto 2014

 

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