Un esquema público innovador para financiar proyectos de eficiencia energética

Por: | 06 de septiembre de 2018

Hace unos meses abordábamos distintas opciones para mejorar el atractivo de los proyectos de eficiencia energética. Pero hoy cabe hablar de un instrumento no mencionado entonces que parece que cambiará la dinámica en Europa, como ya lo ha hecho en Estados Unidos. Nos referimos al programa PACE (Property Assessed Clean Energy Programs), que en breve iniciará una primera prueba piloto en Europa, en concreto en el municipio de Olot (Girona).

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El programa PACE ha demostrado que favorece el desarrollo de proyectos de inversión asociado a “algunos” activos físicos, principalmente edificios, permitiendo a sus propietarios financiar la mejora energética -reducción de consumo o generación mediante energía renovable- mediante pequeñas cuotas a abonar a lo largo de un largo periodo de tiempo. A priori, dicho esquema parece asociado a un préstamo tradicional a largo plazo sino fuera porque la deuda no queda asociada al propietario, sino que la devolución del préstamo está vinculada al bien en si mismo, cualquiera que sea su propietario en cada momento.

Dicha estructura se basa, en primer lugar, en la capacidad del sector público -ayuntamientos o regiones- para constituir un instrumento financiero de préstamos dotado por medio de la emisiones de los llamados bonos PACE, fondos propios y/o aportaciones de inversores privados que quieren participar en dichos esquemas de financiación -normalmente en estos casos con cobertura pública en caso de primera pérdida-

La disponibilidad financiera generada permite financiar las inversiones de los propietarios sin coste inicial ni desembolso alguno para ellos, pero a la vez desarrollar las mejoras convenientes en el edificio que permita generar futuros ahorros en cuanto al coste energético de los mismos.

El pago de la deuda se suele articular en un periodo de tiempo elevado – normalmente de entre 5 y 25 años según la tipología de la inversión realizada- mediante el pago, en la mayoría de los casos, de un recargo en el impuesto de bienes inmuebles (denominado owners’ property tax en Estados Unidos), asegurando con ello el repago de la deuda contraída.

La asignación de la deuda al activo permite que, en caso de que la propiedad del mismo cambie, ésta se transfiera con el mismo facilitando con ello la asignación de pagos “asegurados” durante un periodo amplio de años, de forma que los ahorros resultantes cubran en gran medida los costes iniciales.

Iniciado en 2008 en el estado de California de forma experimental fue expandiéndose progresivamente hasta alcanzar (en el ámbito residencial) un acumulado de más de 220.000 viviendas mejoradas, cuya estimación alcanza los 5.000 millones de dólares de inversión y más de 42.000 empleos creados.

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La clave del éxito de este esquema parece estar en su capacidad para dar solución a los típicos problemas que los proyectos de mejora energética en los edificios –eficiencia o implantación de renovables- presentan.

En general, se trata de proyectos con una rentabilidad segura (reducción de los costes de mantenimiento), pero con un alto periodo de maduración (salvo excepciones, proyectos de más de 10 ó 20 años). Los altos plazos de amortización unidos a algunos requerimientos de inversión en capital fijo elevados, convierten estos proyectos en operaciones de riesgo medio lo que complica su financiación mediante deuda tradicional, no así mediante el pago de cuotas adicionales asociadas al ahorro potencial generado por las inversiones si estas se pueden garantizar de alguna manera como así se consigue al vincular la deuda al bien y no al propietario.

Se trata, asimismo, de proyectos cuyo entendimiento por parte del sector financiero no es sencillo de evaluar puesto que se basa en un conocimiento de estimaciones previas cuya comprensión no es siempre fácil dada la escasa capacidad y experiencia de los intermediarios financieros en este tipo de proyectos, en definitiva, tenemos un clásico problema de agencia entre principal y agente. Problema éste que se soluciona con la participación de agentes públicos con experiencia en materia de edificación y energía y que son los encargados de valorar los ahorros potenciales que cada uno de los proyectos es susceptible de generar, dando una garantía técnica de calidad a los proyectos aprobados bajo este esquema.

Finalmente, ante un problema de incentivos no alineados, situación que ocurre cuando un edificio o vivienda está alquilado o su propiedad no espera con certeza utilizarla durante más de 10 años, hay un reducido interés para que los propietarios de los mismos inviertan en proyectos con un periodo de maduración tan largo. La asociación del pago de la deuda al “impuesto de la propiedad” permite eliminar la incertidumbre temporal del beneficio retribuido asignando su disfrute a los propietarios vigentes en cada momento.

Las alternativas en su estructura son variadas como así lo demuestra la experiencia estadounidense lo cual debería tomarse como una fortaleza para que esquemas como éste, con sus necesarias adaptaciones a cada territorio, sean desarrolladas por el sector público, y aprovechadas por el sector financiero, para favorecer la financiación de proyectos que por más que son necesarios no parecen estar dentro de las necesidades de la mayoría actualmente.

 

Las criptomonedas: comienza su regulación y control

Por: | 25 de julio de 2018

Aunque se las suele considerar una manifestación más de la moderna innovación financiera de base tecnológica, fintech, porque efectivamente la tienen, las posibles repercusiones de las denominadas criptomonedas(*) -aquí nos referimos a las de promoción privada, la más difundida de las cuales es el bitcoin- van mucho más allá, afectando a la definición de lo que es el dinero, que es la perspectiva que adoptamos en este post.

Una buena prueba de ello es que se han llegado a plantear, de momento en el terreno de las ideas, las denominadas monedas digitales emitidas por bancos centrales, que, en su aplicación más general, podrían implicar una concentración del grueso de los sistemas de pagos de una economía en el banco central. Sobre este tema, dos de los comités que tienen su sede en el Banco de Pagos Internacionales, el Comité de Pagos e Infraestructuras de Mercado (CPMI por sus siglas en inglés) y el Comité de los Mercados emitieron un interesante y muy cauteloso informe el pasado mes de marzo, disponible en español. No son de estas monedas de las que trata este post.

Hasta hace muy poco, solía decirse que las criptomonedas escapan a toda regulación, pero ahora ya no es así en el ámbito de la Unión Europea (UE), aunque sea para una finalidad particular. En efecto, el pasado mes de junio se publicaba la Directiva 2018/843, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

Esta directiva incluye ahora las denominadas monedas virtuales, “representación digital de valor no emitida ni garantizada por un banco central ni por una autoridad pública, no necesariamente asociada a una moneda establecida legalmente, que no posee el estatuto jurídico de moneda o dinero, pero aceptada por personas físicas o jurídicas como medio de cambio y que puede transferirse, almacenarse y negociarse por medios electrónicos”.

No se trata de una definición del todo precisa como lo prueban diversos considerandos de la directiva que diferencian las monedas virtuales de otras modalidades de lo que podemos llamar el dinero alternativo, como, por ejemplo:

  • El dinero electrónico, regulado por la propia UE, Directiva 2009/110/CE: todo valor monetario almacenado por medios electrónicos o magnéticos que representa un crédito sobre el emisor, se emite al recibo de fondos con el propósito de efectuar operaciones de pago, que es aceptado por una persona física o jurídica distinta del emisor de dinero electrónico.
  • Las monedas de juegos, que solo pueden utilizarse en el contexto específico de un juego.
  • Las monedas locales, también conocidas como monedas complementarias, que son utilizadas en redes muy limitadas, como una ciudad o una región, o por un grupo pequeño de usuarios.

Este esfuerzo de diferenciación nos confirma que nos encontramos ante un intento de redefinir lo que es el dinero, en este caso desde la iniciativa privada, lo que puede tener profundas implicaciones para los sistemas financieros, cuya materia prima es precisamente el dinero.

Lo que la directiva exige es que los Estados miembros garanticen que estén registrados tanto proveedores de servicios de cambio de monedas virtuales por monedas fiduciarias, es decir, las monedas y billetes de curso legal y el dinero electrónico aceptado como medio de cambio, como los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos, que prestan servicios de salvaguardia de claves criptográficas privadas en nombre de sus clientes para la tenencia, el almacenamiento y la transferencia de monedas virtuales. De esta forma, se puede intentar controlar la utilización de las monedas virtuales para los grandes fines que combate la directiva.

En un plano más general, el Consejo de Estabilidad Financiera, Financial Stability Board (FSB), ha publicado a mediados de este mes un breve informe (10 páginas), dirigido al G20, sobre las criptomonedas, que refleja el estado de los trabajos sobre las mismas a nivel mundial, tanto por el FSB como por otros organismos reguladores de este ámbito que son miembros del FSB:

  • El ya mencionado CPMI, que se ocupa de las innovaciones tecnológicas y sus implicaciones para el proceso de los pagos.
  • La Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO, por sus siglas en inglés), que tiene su sede en Madrid, que trata de las denominadas ICO (initial coin offering), emisiones de criptomonedas, así como de las plataformas donde se negocian estas divisas.
  • El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, que se ocupa de las exposiciones de los bancos a las criptomonedas y de su tratamiento prudencial, además de seguir todos los desarrollos de fintech para la actividad bancaria y su supervisión.

A estos organismos se une la Financial Action Task Force (FATF), la organización mundial contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que también reporta al G20, pero de forma independiente a los anteriores. Todos ellos pretenden identificar y mitigar los riesgos de las criptomonedas para los consumidores y la protección del inversor, la integridad de los mercados y la estabilidad financiera.

Sobre este último aspecto, suele decirse, y el FSB confirma en su informe, que, hoy por hoy, las criptomonedas no implican ningún riesgo relevante a la estabilidad financiera global, lo que no impide que sean vigiladas a partir de ahora desde esta perspectiva. Por eso, dicho informe contiene como anexo un conjunto de métricas, aportadas por los organismos que se indican en cada caso, que van a ser seguidas por el FSB. Se pretende observar la evolución del tamaño del mercado de criptomonedas, así como los canales de transmisión de la evolución de este mercado y sus riesgos al conjunto del sistema financiero.

De estas métricas proceden los gráficos que acompañan a este post. Observando estos gráficos se deducen dos características muy relevantes:

  • Las criptomonedas han cobrado un importante empuje en los últimos tiempos.
  • La volatilidad de sus cotizaciones es muy elevada, lo que indica que implican riesgos significativos para quienes operan con ellas.

En definitiva, el potencial abierto por las criptomonedas es importante, más por sus elementos cualitativos que por su relevancia cuantitativa, siendo fiel reflejo de la acelerada dinámica de los sistemas financieros actuales. No cabe duda que los desarrollos tecnológicos abren muchas posibilidades, no sólo desde el punto de vista de la eficiencia, sino también de la inclusión financiera, pero, desde luego, conllevan sus imitaciones y riesgos.

(*) También llamadas criptoactivos, para enfatizar que no se trata de dinero de curso legal.

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Sandbox- Innovación controlada (*)

Por: | 18 de julio de 2018

(*) Angel Berges – Fernando Rojas

El anteproyecto de Ley de “Medidas para la Transformación Digital del Sistema Financiero”, recientemente sometido a audiencia pública, abre la puerta al mecanismo conocido internacionalmente como regulatory sandbox, expresión un tanto alambicada que toma como símil el “arenero” donde los niños juegan en el parque sin riesgo de sufrir rasguños o fracturas

Se trata, en esencia, de un espacio controlado de pruebas, donde las innovaciones financieras con base tecnológica puedan enfrentarse a un test de mercado con unas exigencias regulatorias “suavizadas”, pero con todas las garantías en cuanto a protección de los consumidores que participen en dicho test.

Ese concepto de sandbox regulatorio ahora aplicable a las innovaciones financiero-tecnológicas, ha sido importando de otros sectores, y muy especialmente del de bio-tecnología y farmacéutico, sectores en los que un apropiado equilibrio entre incentivo a la innovación y absolutas garantías de seguridad y protección a los participantes en el experimento cobra una importancia capital; y ese se pretende también que sea el caso cuando se trate de poner a prueba innovaciones en el ámbito financiero-tecnológico (“fintech”).

En los dos últimos años, han sido numerosos los países que han puesto en marcha sandboxes, como una forma de incentivar la generación de innovaciones financiero-tecnológicas, al tiempo que se salvaguardaba la protección al consumidor, así como la estabilidad financiera.

La tabla adjunta resume una comparativa del modelo propuesto para España con los existentes en otras jurisdicciones. La comparativa abarca los principales aspectos de funcionamiento, tanto en términos de entidades que pueden optar al “Sandbox”, como en tipo de facilidades (exenciones regulatorias) que se otorga a los participantes en el mismo, así como el tipo de garantías a exigir a los mismos en aras de la máxima protección a los usuarios de los servicios financieros ofrecidos en el espacio controlado de pruebas.

De todos los sandbox existentes, es sin duda alguna el británico el que marcó la pauta y el que ha alcanzado un mayor protagonismo. Puesto en marcha en el verano de 2016, opera mediante un sistema de convocatorias (cohortes) semestrales, en las que las compañías interesadas se someten a aprobación del regulador británico de conducta financiera (Financial Conduct Authority), para su experimentación en el sandbox durante un periodo de tiempo limitado, y con guías de actuación mucha más laxas, previo a su lanzamiento al mercado plenamente regulado.

En las cuatro cohortes que hasta la fecha se han convocado, han sido un total de 280 empresas las que aplicaron, de las que 80 fueron autorizadas a llevar a cabo su experimentación en el sandbox. Se trata sin duda de números reducidos si tenemos en cuenta que Reino Unido es la primera potencia financiera de Europa y una de las primeras del mundo. Ahora bien, el éxito del sandbox británico no radica tanto en el número de entidades que apelan al mismo, sino en el impulso que ha dado a la innovación financiera con base tecnológica, y al maridaje entre banca y fintech. En este sentido, aunque la mayoría de empresas aceptadas en el sandbox británico eran fintech no bancarias, prácticamente todas ellas llevaban a cabo sus experimentos de la mano de algún banco, que les proporcionaba respaldo financiero, pero sobre todo base de clientes con los que llevar a cabo el experimento controlado.

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Es urgente mejorar nuestras competencias financieras

Por: | 13 de junio de 2018

Verónica López (*)

Hoy sabemos más, mucho más, acerca del nivel de desempeño de la población española en materia de educación financiera, gracias a la Encuesta de Competencias Financieras elaborada por el Banco de España con la colaboración del INE en el marco del Plan de Educación Financiera, cuyos resultados están disponibles aquí. Esta encuesta forma parte de un proyecto internacional impulsado desde hace años por la OCDE y cada resultado arroja lecciones que habrán de ser consideradas por todos aquellos agentes que estamos involucrados, comprometidos o somos responsables, de uno u otro modo, de la mejora de dichas competencias.

La encuesta mide el conocimiento y comprensión de conceptos financieros de la población adulta (18 - 79 años), a partir de una muestra representativa de todo el territorio nacional y de cada comunidad autónoma (cuyo análisis obviamos por cuestión de espacio en este blog), conformada por 21.221 personas. También mide la tenencia, adquisición y uso de distintos instrumentos financieros, ya sean de ahorro, deuda y/o seguro. Por último, la encuesta procura establecer una métrica sobre la situación de vulnerabilidad económica que presentan los hogares españoles, esto es, qué capacidad tienen de disponer de recursos ante situaciones imprevistas de pérdida de ingresos.

Tres son las preguntas básicas que ayudan a evaluar el conocimiento financiero de la población, utilizadas estas en diversos estudios internacionales, y relacionadas los conceptos de (i) inflación, (ii) tipo de interés compuesto y (iii) diversificación del riesgo. Mientras que el 58% responde correctamente a la pregunta planteada sobre la inflación, menos del 50% lo hace con las otras dos. El desempeño difiere en función del género (las mujeres muestran menor porcentaje de respuestas correctas, en torno a 10 puntos porcentuales menos que los hombres), nivel educativo alcanzado y edad de la persona entrevistada, si bien en este último caso en función del concepto preguntado: la inflación y sus efectos la entienden mejor los adultos de más edad.

Es también muy importante detectar el grado de conocimiento de los productos financieros básicos que se encuentran disponibles a la población para su adquisición, tales como: instrumentos de pago (tarjetas de débito y crédito), de ahorro (cuentas de ahorro, imposiciones a plazo, activos de renta fija), o seguros (de vida, etc.).  Y junto al conocimiento, el acceso, tenencia y uso que de ellos hacen.

España se caracteriza, y esta encuesta viene a corroborar, que el acceso y tenencia del producto financiero más básico – la cuenta corriente- es prácticamente universal, como así reconocen el 97% de los individuos, si bien este porcentaje baja al 94% entre aquellos que viven en hogares con rentas inferiores a los 14.500 euros. Tras la cuenta corriente, el producto financiero más común es la tarjeta de crédito, declarada por el 56% de los individuos.

Distinta es la relación con los productos de ahorro, que crece con el nivel educativo y la renta del hogar: solo el 43% de los individuos declaran poseer un vehículo de ahorro – ya sea una cuenta de ahorro (26%), plan de pensiones (20%, si bien en el tramo de edad de 45 a 65 años asciende a uno de cada tres), fondos de inversión o acciones (13%) y/o activos de renta fija (1%). Si analizamos los seguros, 3 de cada 10 individuos declara tener uno de vida, llegando al 45% para el rango de edad 35-54 años. En cuanto al endeudamiento, el 41% de la población tiene alguna deuda, siendo este mayor en individuos de 35 a 44 años.

Los anteriores patrones de tenencia de productos financieros varían también en función de la composición del hogar: quienes residen con otros adultos que no son su pareja tienen una menor probabilidad de tener productos de ahorro, deudas o tarjetas de crédito que aquellos que viven con su pareja o que no conviven con otros adultos.

El 38% de la población ha adquirido (de forma individual o conjunta) algún producto financiero en los dos años anteriores a la celebración de la encuesta, predominando la tarjeta de crédito (16%), préstamos personales (14%) y cuenta de ahorro (11%). Las fuentes de información utilizadas por los individuos a la hora de adquirir sus productos financieros son fundamentalmente la propia entidad financiera que oferta el producto (para dos de cada tres); los comparadores apenan los utiliza de forma relevante el 12% de los que han adquirido algún producto en los últimos dos años.

El 61% de los individuos entrevistados declaran haber ahorro en los 12 meses anteriores a la encuesta. El método más frecuente (63%) es la acumulación de fondos en la cuenta corriente, y solo el 14% y el 11% utiliza cuenta de ahorro y plan de pensiones respectivamente. Pero el 38% de los que ahorran lo hacen en efectivo, ascendiendo al 53% en el caso de los desempleados o inactivos.

La inclusión financiera se observa también en los modos de financiación de los gastos cuando estos exceden los ingresos: un 28% de los individuos viven en hogares cuyos gastos han excedido a sus ingresos en los 12 meses anteriores. La mitad de ellos financió el déficit con ahorros; el 35% recurrió a amigos o familiares – más común en los grupos de rentas más bajas-, el 13% amplió líneas de crédito existentes con entidades financieras (incluido recurso a tarjeta de crédito) y el 9% contrató nuevos préstamos). El aplazamiento de pagos o los descubiertos no autorizados con tarjeta de crédito fueron utilizados por el 15% de los que se encuentran en dicha situación deficitaria.

Es notoria la presencia de vulnerabilidad económica, habida cuenta de que casi uno de cada cuatro individuos (22%) vive en hogares que, en la eventualidad de perder su fuente principal de renta, tienen capacidad de mantener su nivel de gasto por un periodo inferior al mes. El porcentaje asciende a uno de cada tres en hogares con nivel de renta inferior a 14.500 euros.

(*) Consultora del Área de Economía Aplicada de Afi

Medir el bienestar en la era digital

Por: | 12 de junio de 2018

Pablo Hernandez (*)

El fenómeno de la digitalización ha despertado un enorme furor en los últimos años. Raro es el mes –a veces, la semana- que no se celebra algún congreso o jornada cuyo leitmotiv es la transformación digital. En ocasiones, como parte de la estrategia de difusión de un último informe de interés elaborado por alguna institución o casa de análisis. Otras, como alternativa para reunir a distintos expertos que aborden algún debate sobre sus efectos en un ámbito o materia concreta.

Sin lugar a dudas, es un interés justificado, pues la sociedad es hoy juez y parte de una revolución tecnológica a la altura de otras bien conocidas en la historia contemporánea. Nuestra manera de relacionarnos y de producir y consumir bienes y servicios ha cambiado de manera difícilmente reversible desde que se expandiese Internet a comienzos del siglo XXI. Está cambiando, de hecho, en una suerte de cambio estructural o proceso de “destrucción creativa” á la Schumpeter, cuya hondura es aún difícil de precisar y su horizonte más complejo aún, si cabe, de escrutar.   

En la era digital las ideas han sustituido progresivamente a las cosas, los bits a los átomos; en definitiva, lo antes material pasa a ser ahora intangible. Muchos bienes y servicios han reducido su coste de producción de manera fulminante, hasta convertirse incluso en bienes de “coste marginal” nulo –free goods, en terminología anglosajona- cuyo precio de mercado se aproxima a cero. Baste nuestra propia experiencia cotidiana para evidenciar el alcance de este upgrade tecnológico con ejemplos tan palpables como las comunicaciones, el comercio electrónico, la banca digital, los medios de comunicación o el sector audiovisual, entre otros muchos. En resumen, los desarrollos ulteriores de Internet han derivado grandes cotas de bienestar para la sociedad en múltiples dimensiones.

No obstante, si bien estos avances en nuestro nivel de vida son bien perceptibles a título individual, su reflejo a escala colectiva apenas es captado por las estadísticas oficiales. Las métricas convencionales utilizadas para aproximar el bienestar que todavía prevalecen en el análisis económico -el PIB, el PIB por habitante o la productividad- no reflejan adecuadamente la contribución al bienestar del consumo de bienes no rivales como son, por lo general, los digitales. La razón estriba en la propia naturaleza del PIB, que por “construcción” recoge exclusivamente aquellas transacciones que circulan por el mercado.

Un buen ejemplo ilustrativo lo constituye la experiencia de la industria musical. Desde la irrupción de nuevas plataformas –Youtube, Spotify, iTunes, etc.- la oferta accesible para el consumidor en streaming es infinitamente mayor. Se escucha más música que nunca y a coste marginal irrisorio. La calidad de la música tampoco se ha reducido, si damos por válidas las conclusiones de estudios académicos que han abordado esta cuestión. De aquí podría inferirse que los consumidores son más “felices”. Sin embargo, si uno se atiene al Valor Añadido Bruto generado por la industria en las últimas dos décadas, la lectura es diametralmente distinta. A juzgar por la evolución de la facturación del sector, el bienestar de los consumidores podría incluso haberse reducido durante varios periodos. En definitiva, la penetración de los bienes y servicios digitales ha agudizado el viejo cuestionamiento del PIB como medida de bienestar.

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Fuente: Afi

El propio Simon Kuznets -responsable destacado de la extensión de los sistemas de contabilidad nacional en los años treinta del s. XX junto a Richard Stone- ya advertía de sus limitaciones cuando afirmaba que “el bienestar de una nación apenas puede deducirse por la medición del ingreso nacional”. Por otra parte, en 1987, el mismo año en que era distinguido con el Premio Nobel de Economía por sus aportaciones en el campo de la teoría del crecimiento, Robert Solow enunciaba una curiosa paradoja acerca del impacto económico del progreso tecnológico vinculado a la computación en EE.UU. en la década de los 70 y 80: “La era de la informática está por todas partes, salvo en las estadísticas de productividad”.

Más adelante, Sen y Stiglitz, en un informe encargado por la administración Sarkozy en 2009, señalaban que si bien los tradicionales inconvenientes inherentes al PIB para la medición del bienestar se habrían agravado como consecuencia de la aparición de Internet, los avances en economía y técnicas estadísticas deberían de otorgar oportunidades para la exploración de nuevas métricas.

En ese espíritu, Brynjolfsson, Eggers y Gannamaneni han publicado hace escasos meses un trabajo que persigue precisamente explorar el potencial de nuevas tecnologías de extracción de información a bajo coste -encuestas masivas online- para aproximar la utilidad que proporcionan bienes y servicios digitales ocultos en el PIB.  Partiendo de un enfoque micro clásico de análisis de bienestar, estiman curvas de demanda de bienes digitales con modelos de elección discreta y cuantifican el excedente del consumidor asociado a diversos servicios digitales, entre los que figura, por ejemplo, Facebook (plataforma para la que estiman 450 dolares anuales en concepto de excedente por consumidor en EE.UU.).

A pesar de incorporar ciertos sesgos y precisar futura sofisticación –como reconocen los propios autores- la lectura que cabe extraer es que las nuevas tecnologías no solo han irrumpido transformando los fundamentales de nuestras economías. También han abierto un amplio campo de experimentación para complementar la manera en que medimos el bienestar en la era digital, más allá del PIB (al que, más allá de su vigente utilidad, se le debe seguir reconociendo como uno de los grandes inventos del s. XX y un hito fundamental en la historia de la ciencia económica).

(*) Consultor del Área de Economía Aplicada de Afi 

Finanzas a las 9

Sobre el blog

Los profesionales de Afi ofrecen un punto de vista singular sobre la actualidad del sistema financiero. En cada publicación se aborda el análisis de cuestiones ligadas al proceso de transformación del sector, a las novedades regulatorias, a la relación con la tecnología o al repaso de los fundamentos teóricos que explican las bondades de un sistema financiero sólido.

Sobre los autores

Afi

Afi es, desde 1987, una empresa líder en consultoría y formación independiente en economía, finanzas y tecnología. El rigor técnico, la innovación y la orientación al cliente son las bases de nuestra diferenciación y nos han permitido ofrecer desde 1994 formación financiera especializada a través de Afi Escuela de Finanzas.

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Carmen López. Consultora del área de Finanzas Públicas de Analistas Financieros Internacionales (Afi). @Carmen_AFI.

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