La banca española flota, pero no despega

Por: | 24 de enero de 2017

La economía española cerró 2016 con un desempeño destacado en cuanto a crecimiento económico y creación de empleo, a pesar de mantener algunos desequilibrios estructurales evidentes. Por segundo año consecutivo se expandió a tasas superiores al 3% (más del doble que la eurozona), con un aumento del empleo superior al medio millón de personas. Dicha circunstancia ha facilitado un entorno mucho más propicio, que no quiere decir fácil, para un mejor desarrollo relativo del negocio bancario en nuestro país que en el de los países de nuestro entorno. Tanto más, porque a diferencia de algunos de ellos, ya se había producido en España en años anteriores un proceso de consolidación y reestructuración sectorial de envergadura.

No es menos cierto sin embargo que la banca española ha tenido que licuar (todavía ha de seguir haciéndolo) a) una situación de alto grado de apalancamiento de su clientela, b) un almacén no despreciable de activos improductivos en sus balances (aun cuando en este caso se dio un paso importante con la creación de la SAREB) y c) una pesada mochila de conflictos con sus clientes relacionada con algunas prácticas cuestionables que han enjuiciado los tribunales (las cláusulas suelo han sido las últimas).

Los gráficos adjuntos muestran hasta qué punto el comportamiento relativo de la banca española en los últimos trimestres, complicados para el conjunto de la banca europea, destaca favorablemente. El primer conjunto gráfico recoge la evolución individualizada de los principales bancos cotizados en los cuatro grandes países de la eurozona. El sector bancario de todos ellos sufrió la fuerte presión bajista de la primera mitad del pasado año, que alcanzó su momento más virulento con el resultado del brexit, seguida hasta la fecha de una recuperación, aunque muy diferenciada. De esa desigual recuperación de la valoración bursátil de las principales entidades es exponente el hecho de que todos los bancos italianos y alemanes definen caídas respecto a hace un año de más de dos dígitos (y dramáticas en algunos de los casos).  Por el contrario, los tres principales bancos franceses exhiben un balance neto positivo en este mismo periodo que también se produce en la mitad de los españoles, mientras que las caídas de la otra mitad (salvo por el caso del Banco Popular) son significativamente inferiores a la de los bancos italianos y alemanes.  La no resuelta crisis bancaria transalpina, así como el foco que dicha situación ha puesto en la situación de baja productividad y eficiencia de la alemana, subyacen en este comportamiento.

20170124 DM Flota la banca española_1.

El segundo conjunto de gráficos, que recoge la evolución y situación actual de la capitalización bursátil individualizada de cada entidad relativa a sus respectivos valores contables, sugiere también algo parecido, pero revela algo más. En primer lugar que la banca alemana e italiana (en este caso, salvo Intesa y Mediobanca) definen ratios de valoración (0,3x) prácticamente incompatibles con unas condiciones razonables para la captación de capital en los mercados. En segundo lugar, que la banca española (excluyendo al Banco Popular) continúa siendo la más valorada (ratios de 0,8x), incluso ligeramente por encima de la francesa cuyo comportamiento bursátil ha sido, como comentábamos anteriormente, algo mejor en los últimos trimestres.

20170124 DM Flota la banca española_2.
 

En todo caso hay poco lugar para la complacencia. Los resultados de 2016 que las entidades harán públicos en estos próximos días arrojarán unos niveles de rentabilidad que no sólo están lejos de compensar el coste de capital, sino que lo estarán además durante algún tiempo, en un contexto además de vertiginoso cambio de modelo de negocio. Cabe decir que, como la europea, la banca española no despega, pero al menos flota.

La regulación bancaria al inicio de 2017

Por: | 12 de enero de 2017

Nada más comenzar el año, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea anunciaba el retraso en el cierre de ese proceso de regulación bancaria mundial que se denomina Basilea III, que estaba previsto para este mes.

Este retraso no conlleva ninguna nueva fecha concreta para el cierre, lo que apunta a las importantes diferencias que existen sobre temas clave entre los países implicados, uno de ellos España. A su vez, tales discrepancias reflejan de algún modo los efectos de los cambios propuestos sobre los bancos de cada país, que no siempre son los mismos.

Sin embargo, el retraso no implica un parón en la elaboración de nueva regulación bancaria, puesto que existen iniciativas anteriores pendientes de aprobar, por lo menos a los niveles de la Unión Europea (UE) y de nuestro país, en los que vamos a centrar nuestra atención en este post. En ambos casos, sin ánimos de ser exhaustivos, sino resaltando lo que consideramos más relevante.

En el ámbito de la UE, el 23 de noviembre de 2016, la Comisión Europea, presentó un paquete de reformas de la regulación bancaria para ajustarse a los cambios derivados de la experiencia de Basilea III y otros procesos regulatorios, como los que tienen que ver con la resolución de crisis. En principio, las modificaciones propuestas son técnicas y no deberían generar mucha polémica para su aprobación. Las más importantes son las que afectan al Reglamento CRR (por sus siglas en inglés), con 133 cambios a su contenido.

Tabla 1

En el ámbito nacional, el hecho de que el Gobierno haya estado tanto tiempo en funciones justifica que sigan pendientes de desarrollar las normas de la UE que señalamos en nuestro post de finales del pasado mes de julio, en concreto las de la tabla siguiente, que tienen una relación muy estrecha con la protección de los consumidores.

Tabla 2

Las dos primeras han cobrado recientemente un intenso y amplio interés, por lo que es de esperar que se produzcan iniciativas para su desarrollo en nuestro país de forma inmediata, no sólo porque ya están retrasadas.

En efecto, la primera tiene como trasfondo que los litigios entre las entidades y sus clientes consumidores se resuelvan en lo posible por vías extrajudiciales, ya que acudir a los tribunales tiende a ser lento y costoso. Siendo esto cierto, la experiencia de esta crisis en España es que los tribunales (tanto los de la UE como los nacionales) son los que mejor han defendido los intereses de los consumidores, lo que no deja de poner en duda el objetivo señalado. Sin embargo, todo puede depender del diseño del procedimiento para la resolución de los conflictos, sobre el que hay diversos modelos diferentes en los países de la UE.

La segunda nos recuerda que muchos litigios tienen que ver con el crédito hipotecario, tan importante para quienes adquieren una vivienda como para las entidades que las financian. No cabe duda que los sucesivos varapalos judiciales, en temas como las cláusulas suelo y otras cláusulas que han devenido abusivas, han puesto de manifiesto una deficiente regulación del mismo en nuestro país, que debería atajarse cuanto antes y de una forma equilibrada. Desde luego, la transposición de la directiva mencionada lo hace ineludible.

Demasiado ruido proteccionista

Por: | 29 de diciembre de 2016

No es la primera vez que llamo la atención en esta columna acerca de las tensiones proteccionistas que se han venido sucediendo desde hace unos años. Y me temo que no será la última, a tenor del cariz que van cobrando algunos acontecimientos.

La Organización Mundial de Comercio (OMC) lleva informando desde hace más de cuatro años de la adopción de todo tipo de medidas contrarias al libre comercio por los países integrantes del G20, aquellos que deberían estar más directamente comprometidos por la estabilidad global. No es la principal razón del inquietante descenso en el crecimiento del volumen de comercio internacional, por debajo del PIB global desde hace tiempo, pero a esa se añaden otros episodios que pueden complicar aún más las cosas.

El último informe de la OMC destaca que los miembros de la organización introdujeron 182 medidas restrictivas del comercio entre mediados de octubre de 2015 y mediados de octubre de 2016, una media de 15 medidas al mes. Esa misma organización prevé un crecimiento del volumen de comercio de mercancías en el conjunto de 2016 del 1,7%, significativamente inferior a la anterior previsión, del 2,8%. Si se cumpliera esa estimación sería el ritmo más bajo de crecimiento desde 2009. La continuidad de una tendencia tal es inequívocamente adversa para el crecimiento económico y del empleo global, pero también para la estabilidad política.

La llegada de Donald Trump a la presidencia de EEUU es el factor más inquietante. Conocemos la retórica proteccionista anticipada durante la campaña electoral, en particular el enfrentamiento con México y China, amenazando con la elevación de aranceles difícilmente conciliables con las normas de la OMC. También siguen activas las reacciones a ese tropiezo diplomático originado por sus conversaciones con la presidenta de Taiwán, violando una tradición en las relaciones exteriores con China. Y ahora hemos conocido el nombramiento de presidente para el recién creado “National Trade Council” de Peter Navarro, autor entre otros del libro “Death by China”, en el que se basó una película documental filmada en 2013 y ampliamente difundida antes y después de la campaña presidencial. Sus diatribas contra las importaciones de China le han granjeado esa condición del más serio adversario de las relaciones bilaterales comerciales entre ambos países. Relaciones que desde siempre han estado presididas por la susceptibilidad, pero que ahora pueden entrar en una fase mucho más preocupante, con implicaciones amplias sobre el resto del mundo.

Es verdad que el desequilibrio en la balanza comercial de ambos países sigue siendo muy favorable a China: récord de 365.700 millones de dólares en 2015, y camino de una cifra similar en este año. La tentación para imponer aranceles de hasta el 45% en las importaciones, como anticipó Trump durante la campaña, puede ser grande. Más aún si el dólar se mantiene apreciado, como consecuencia de la orientación menos expansiva de la política monetaria de la reserva Federal y de la expansión fiscal prometida por el nuevo presidente. Las consecuencias de acciones proteccionistas son imprevisibles, pero nada buenas. Una guerra comercial sería el peor obstáculo a una tibia e incierta recuperación de la economía mundial. Y desde luego la peor acompañante a la vulnerable economía de la eurozona. Efectivamente, entramos en el nuevo año con demasiado ruido de sables proteccionistas.

Gráficos

Cláusulas suelo: más leña al fuego (*)

Por: | 22 de diciembre de 2016

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó ayer sentencia “que se opone a una jurisprudencia nacional que limita en el tiempo los efectos restitutorios vinculados a la declaración del carácter abusivo de una cláusula contenida en un contrato celebrado con un consumidor por un profesional”. Lo que en la práctica supone la restitución de las intereses abonados por los clientes consumidores derivados de la aplicación de las clausulas suelo desde el origen de las operaciones de préstamo.

Este pronunciamiento del TJUE sorprende en la medida que en los antecedentes de esta sentencia, el pasado 13 de julio, el dictamen preliminar y no vinculante del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la nulidad de las cláusulas suelo se pronunció en favor de las entidades de crédito, considerando que únicamente tendrían que devolver lo cobrado desde el 9 de mayo de 2013 (fecha de la sentencia del Tribunal Supremo), y no desde la activación de las cláusulas suelo (en su mayoría a finales de 2009).

Contrariamente a este primer pronunciamiento, el TJUE emitió ayer la sentencia definitiva que señala que la jurisprudencia española, que limita en el tiempo la nulidad de las cláusulas suelo contenidas en los contratos de préstamo hipotecario, es incompatible con el Derecho de la Unión. El TJUE hace referencia a la sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 9 de mayo de 2013 que consideraba las cláusulas suelo lícitas pero abusivas, declarándolas nulas desde ese momento, pero no contemplando la retroactividad.

Asimismo, y por completar los antecedentes jurídicos a esta sentencia, el 24 de octubre de 2015 la Comisión Europea había publicado un informe de opinión, a petición del propio TJUE, en el que argumentaba el carácter retroactivo desde el origen de las cláusulas suelo declaradas nulas, opinión que parece que finalmente ha mantenido el TJUE en su sentencia.

La estimación del posible impacto para el sector bancario de esta retroactividad desde origen es altamente sensible a diferentes hipótesis, entre ellas, el tipo de interés mínimo, el diferencial sobre Euribor de los préstamos y la evolución de los tipos de interés.

Para realizar una estimación de máximos, hemos considerado las siguientes hipótesis:

  • Porcentaje del saldo de crédito vivienda con cláusulas suelo al inicio de la crisis: 30%
  • Porcentaje del saldo de crédito vivienda con cláusulas suelo eliminado desde el 9 de mayo de 2013: 20%
  • Tipo medio de la cláusula suelo: 3%
  • Diferencial sobre Euribor 12 meses: 0,80%

Bajo estas hipótesis, el tipo medio de la cláusula suelo se habría activado en noviembre de 2009 y el importe total de los intereses cobrados podría ascender a unos 9.750 millones de euros. De esta cantidad, 5.269 millones de euros corresponderían a la devolución de los intereses cobrados desde mayo de 2013, según la doctrina del TS, y que en su mayor parte ya se encontrarían provisionados por las entidades. Por tanto, la sentencia de hoy del TJUE supondría para el conjunto del sector un posible impacto adicional de 4.475 MM€.

En cualquier caso, este impacto afectaría de forma heterogénea a las entidades, siendo más significativo en algunos casos, e irrelevante en otros. No obstante, para valorar nuestra estimación de máximos lo más importante es que, al no ser de aplicación directa, salvo la interpretación que hagan los jueces para las entidades sujetas a demandas colectivas, no esperamos un impacto inmediato ni por el importe total de nuestra estimación.

De acuerdo con la norma número 22 del Plan General de Contabilidad, “se calificarán como cambios en estimaciones contables aquellos ajustes en el valor contable de activos o pasivos, o en el importe del consumo futuro de un activo, que sean consecuencia de la obtención de información adicional, de una mayor experiencia o del conocimiento de nuevos hechos.” En tal caso, el impacto se aplicará como ingreso o gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio o, cuando proceda, directamente al patrimonio neto. En caso de considerarse un cambio de criterio contable o una subsanación de errores, se imputaría directamente en el patrimonio neto.

En nuestra estimación de máximos, dicho impacto supondría (expresándolo en términos de solvencia) 27 pb sobre activos ponderados por riesgo de reducción de del capital ordinario de nivel 1 (CET1) para el sector (CET1 a junio-16: 12,40%). Sin embargo, al no existir vasos comunicantes en el caso de la solvencia, no pudiéndose compensar los déficits de una entidad con los superávits de otra, el impacto real tendría que analizarse de manera individualizada.

En los casos en los que el impacto fuera más significativo, las entidades podrían verse obligadas a modificar su política de reparto de dividendos, o a tomar alguna otra medida para no dañar sus niveles de solvencia.

Gráfico 1

Gráfico 2

Como uno de los posibles efectos mitigantes de dicha estimación de máximos, es posible que muchos de los préstamos afectados por dicha sentencia ya hayan sido renegociados por las entidades y el consumidor, habiendo llegado a un acuerdo por el que se renunciaría a la devolución de lo cobrado a cambio de dichas nuevas condiciones. Sin embargo, aún se desconoce la aplicación concreta y el alcance final de la sentencia del TJUE, por lo que habrá que estar atentos a los pronunciamientos de los tribunales españoles en los próximos meses.

En cualquier caso, y más allá de los efectos individuales en cada entidad, la sentencia del TJUE viene a añadirse a la lista de retos a los que hace frente actualmente el sector en su conjunto, con unos márgenes cada vez más reducidos, rentabilidades a la baja y una ingente cantidad de requerimientos regulatorios que no contribuyen a la dinamización del negocio bancario.

Pese a todo, de nuevo señalar que, dado que la mayor parte de las demandas serán de carácter intermitente e individual, no esperamos que dicho impacto estimado sea de carácter inmediato ni por nuestro máximo estimado. No obstante, en este sentido, la posición sobre la necesidad de provisionar los posibles impactos máximos que tomen auditores o supervisores también podría influir en el importe, calendario y vía por el que se reconocerá este posible impacto.

(*) Con David Ruiz, consultor del área de Servicios Financieros de Afi

La transparencia del supervisor bancario europeo (*)

Por: | 21 de diciembre de 2016

La transparencia es un deber tanto para las entidades supervisadas como para las autoridades supervisoras. En este sentido, el Mecanismo Único de Supervisión (MUS), brazo supervisor del BCE, exhibió la pasada semana el resultado agregado del proceso de revisión y evaluación supervisora (PRES, o SREP por sus siglas en inglés) de 2016, su segundo año de pleno funcionamiento, y las prioridades supervisoras para 2017.

De acuerdo con el folleto publicado por el MUS, en 2016 el SREP se aplicó a 123 grupos de entidades significativas en los 19 países del área euro. La metodología SREP gira en torno a la evaluación de cuatro elementos principales: (i) modelo de negocio, (ii) gobernanza y gestión de riesgos, (iii) riesgos de capital, y (iv) riesgo de liquidez y financiación. Cada elemento se puntúa con una calificación entre 1 y 4, siendo 1 la mejor puntuación.

Como se observa en los gráficos siguientes, los bloques de capital y liquidez registran las mejores puntuaciones en 2016. Gobernanza interna y gestión de riesgos empeora sustancialmente respecto a 2015, fundamentalmente por las flojas calificaciones en el apetito por el riesgo y la gobernanza interna de riesgos. En cuanto al modelo de negocio, el supervisor no percibe mejoras sustanciales en la evaluación del mismo, por lo cual sigue centrando sus prioridades de supervisión de 2017 en esta materia. 

Cuadro 1

En general, el ejercicio SREP de 2016 revela una distribución de riesgos bastante similar a la del año anterior, manteniéndose la proporción de entidades (11%) que obtienen la peor calificación. Por su parte, las exigencias de capital ordinario de nivel 1 (CET1) continúan en torno al 10%, sin incluir colchones sistémicos.

Pero, sin duda, el factor diferencial del SREP de 2016 es la diferenciación, por primera vez, entre requerimientos de Pilar 2 (P2R, por sus siglas en inglés) y directrices de Pilar 2 (P2G). Como puede verse en el gráfico adjunto, el requisito de Pilar 2 (P2R) es de obligado cumplimiento, siendo, a su vez, determinante en la fijación del límite de CET1 de cara al reparto de dividendos (MDA, Maximum Distributable Amount). Por el contrario, el P2G no computa a efectos del cálculo de CET1 mínimo para el reparto de dividendos y su incumplimiento tampoco da lugar a acciones legales automáticamente, si bien las entidades han de justificarse en caso de no alcanzarlo.

Cuadro 2

Otra de las novedades es la incorporación de los test de estrés como un ingrediente crucial del SREP 2016. Los resultados cuantitativos del escenario adverso son uno de los inputs para determinar el nivel de P2G, mientras que los resultados cualitativos se han incluido en la fijación del P2R, especialmente en el bloque de gobernanza (el peor valorado).

Además del modelo de negocio y los factores determinantes de la rentabilidad, entre los que incluye por primera vez la competencia del sector “FinTech”, las otras dos áreas prioritarias para el SREP de 2017 siguen siendo el riesgo de crédito, con especial atención a los préstamos problemáticos (non-performing), y el riesgo de gestión.

El ejercicio de transparencia supervisora por el BCE debe considerarse muy positivo. Por un lado, contribuye a que todas las entidades del ámbito del MUS estén sometidas a las mismas reglas de juego y a que estas sean bien conocidas por ellas. Por otro, ayuda a robustecer los estándares de supervisión bancaria y la evaluación de riesgos, señalando los puntos fuertes y débiles de las entidades.

 (*) Con Itziar Sola Arriezu

Finanzas a las 9

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