En favor de la inclusión financiera

Por: | 01 de diciembre de 2017

El pasado sábado se publicaba en el BOE el Real Decreto-ley (RDL) 19/2017, de 24 de noviembre, de cuentas de pago básicas, traslado de cuentas de pago y comparabilidad de comisiones.

De entrada, puede parecer extraño que se use la figura del RDL, una disposición de rango de ley prevista para supuestos de extraordinaria y urgente necesidad, para regular esta materia, pero se trata de trasponer la Directiva 2014/92/UE, sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas, que comentamos en su momento en este blog y debía haberse efectuado antes del 18 de septiembre de 2016[1].

Esta Directiva, que no estaba especialmente orientada a países como España, a tenor del gráfico siguiente, que rescatamos del post al que nos acabamos de referir, y el RDL suponen una clara apuesta por la inclusión financiera, a través del reconocimiento del derecho a una cuenta de pago básica (CPB). Dicho derecho se extiende a las personas físicas que:

  1. Residan legalmente en la Unión Europea (UE), incluidos los clientes que no tengan domicilio fijo;
  2. sean solicitantes de asilo;
  3. no tengan un permiso de residencia pero su expulsión sea imposible por razones jurídicas o de hecho.

Grafico 1

Una CPB es aquella cuenta de pago, es decir, una cuenta abierta a nombre de uno o varios usuarios de servicios de pago y utilizada para la ejecución de operaciones de pago, denominada en euros, en una entidad de crédito que permita prestar, al menos, los servicios señalados en el cuadro siguiente, identificada como tal por las entidades de crédito:

Cuadro 1

Las entidades de crédito sólo pueden denegar la apertura de una CPB en supuestos muy tasados. Los más relevantes son los dos siguientes:

  1. La no aportación de la información requerida por la entidad en función del nivel de riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo de dicho cliente,
  2. El potencial cliente ya sea titular en España de una cuenta que le permita realizar los servicios contemplados en el cuadro anterior, salvo que se notifique la decisión unilateral de resolver el contrato de dicha cuenta. Es decir, el derecho se limita a una sola CPB.

Las comisiones percibidas por los servicios prestados en relación con las CPB serán las que se pacten libremente entre dichas entidades y los clientes. No obstante, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad establecerá las comisiones máximas que las entidades pueden cobrar por los servicios anteriores, incluida la derivada del incumplimiento por parte del cliente de los compromisos contraídos en el contrato de CPB, o, en su caso, la prestación de dichos servicios sin cargo alguno.

Puede parecer entonces que las CPB son un producto que las entidades deben ofrecer por imperativo legal, pero con unas condiciones difíciles para rentabilizarlo. Sin embargo, como comentamos en el post anterior antes citado sobre este mismo tema, son varios los organismos internacionales que se han pronunciado en diversas ocasiones por la deseabilidad de fomentar la inclusión financiera.

Al mismo tiempo, no debemos olvidar que uno de los problemas que tienen actualmente las entidades de crédito, en España y otros países, tras la crisis financiera reciente, es una importante pérdida en su reputación ante la sociedad en general. En este sentido, medidas de este tipo deben favorecer dicha reputación, aunque la población afectada no sea cuantitativamente importante, a tenor de la muy elevada utilización de cuentas de pago en nuestro país que señalaba el gráfico precedente.

El RDL designa al Banco de España como autoridad competente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones previstas en el mismo. Una de sus tareas es la de disponer de un sitio web (comparador), de acceso gratuito, que permita comparar las comisiones que se aplican a los servicios más representativos de las cuentas de pago.

 

[1] En el mismo BOE se publicó otro RDL sobre un supuesto simular, Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, por el que se modifican el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad. 

 

Tipos bajos y cuenta de resultados del sector seguros español

Por: | 29 de noviembre de 2017

Siguiendo la serie de entradas de este blog dedicadas al sector seguros (aquí, aquí, aquí, aquí o aquí) pongo el foco en este post en la evolución de la estructura de su cuenta de resultados agregada. Por supuesto las cuentas de este sector comparan muy favorablemente respecto de las de su hermano mayor en España, el sector bancario. El el gráfico adjunto, ya usado en otra ocasión, es bien ilustrativo al respecto. Actualmente, e incluso asumiendo una cierta “normalización” del sector bancario (excluimos los recientes impactos adversos del Banco Popular) se da la siguiente circunstancia: para generar en torno a dos veces y media los resultados del sector seguros por sus negocios en España, la banca requiere un tamaño de balance ocho veces mayor, a la vez que cinco veces más volumen de fondos propios y en torno a cuatro veces y media más empleados directos. No sólo, esas dos veces y media de los resultados del sector seguros que la banca genera ahora, compara con las cinco veces que representaban antes del inicio de la crisis los resultados de la banca.

20171128 DM G1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Afi a partir de Banco de España y DGSFP

No es extraño por consiguiente que la rentabilidad del sector seguros, que en términos de ROE ronda el 10%, sea ahora algo más del doble que el de la banca, tal y como acredita el gráfico siguiente.

Rentabilidad (ROE) comparada de la banca y del sector seguros

20171128 DM G2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Afi a partir de Banco de España y DGSFP

En todo caso, nos interesa destacar en este post que a pesar del buen comportamiento relativo del sector seguro, su rentabilidad también se ha visto comprimida a lo largo de esta última década. Llegó a ser del 25% en 2007 y se mantuvo en el 15% hasta 2011, mientras que actualmente trata de defender niveles de dos dígitos. Las causas son diversas, pero es bastante claro que en los últimos años ha tenido un peso singular la caída de la rentabilidad de sus inversiones, muy determinada por el impacto en sus carteras del escenario de extraordinariamente bajos tipos de interés con el que estamos conviviendo. Como es natural este impacto es muy superior en el negocio de vida, ya que sus carteras de inversión, dado el proceso de acumulación de las primas cobradas (ahorro), hace que sus carteras sean muy superiores a las del negocio de no vida.

La descomposición de los resultados (antes de impuestos) del sector, que se visualiza en los gráficos siguientes (en vida, no vida y en el negocio total) para los últimos cuatro años y que presentamos hace unos días en el 1er Taller de Seguros Afi, es indicativa de un evidente proceso de deterioro de la rentabilidad, solo oscurecido en 2016 el extraordinario crecimiento de las primas en el negocio de vida en 2016. En la descomposición se refleja para cada ejercicio la contribución de los grandes epígrafes (ingresos por primas, resultado de las inversiones, siniestralidad y gastos de explotación) a la cuenta de resultados, cada uno con su signo apropiado. También, lógicamente, el resultado final expresado como beneficio antes de impuestos (BAI) representado por la línea roja.

20171128 DM G3

En efecto, como puede verse en la composición gráfica que se presenta, el resultado global en el negocio de no vida presenta un crecimiento relativamente estable y moderado; como lo hacen las primas y la siniestralidad en estos últimos cuatro años, con una aportación ligeramente decreciente de los resultados financieros en los últimos tres (poco más de mil millones de euros de los casi tres mil millones que aproximadamente viene ganando de forma robusta este subsector).

Por su parte, el resultado global del negocio de vida ha definido en estos años (salvo por el repunte en el último) una marcada tendencia a la baja en paralelo a la ininterrumpida caída de los resultados financieros (7,3 mil millones de aportación en 2016, cayendo desde los 8,7 mil millones que aportaban en 2013). El repunte del BAI en 2016 está motivado, como señalábamos, por el excepcional crecimiento de las primas en este ejercicio[1] que excede significativamente la siniestralidad imputada. Sin dicho fenómeno, el BAI de este subsector (que recuperó niveles superiores a los dos mil millones el pasado año, cifra inferior a la aportación del negocio de no vida) hubiese caído adicionalmente en 2016, dado el adverso comportamiento de los resultados financieros en el negocio de vida para el que son extremadamente relevantes[2].

En otras palabras, parece evidente que en ausencia de notables crecimientos en volumen de las primas del negocio de vida (como el observado en 2016) el lastre que supone el escenario de prolongados bajos tipos de interés va a seguir presionando los resultados del negocio de vida y, por consiguiente, la rentabilidad de este subsector y la del conjunto del negocio de seguros. Menos, desde luego, que en otros grandes países europeos, pero no va a ser inmune el sector seguros español a esta esta situación.

Dada la mejora que viene produciéndose en el negocio bancario (excepción hecha del impacto del Banco Popular) es muy probable que se mantenga, por otra parte, el proceso de convergencia de rentabilidades de los dos sectores, banca y seguros, que se viene apreciando en estos años más recientes (volver a ver el segundo gráfico de este post). Aún lejos creemos, en todo caso, de que lleguen a igualarse.

 

[1] Fenómeno singular localizado en pocas entidades como consecuencia de la agresiva venta de productos de vida-ahorro, rentas vitalicias y temporales fundamentalmente, cuyo crecimiento no tiene visos de repetirse en tal intensidad en este año y siguientes.

[2] De hecho sirven para compensar el margen negativo que arroja en este subsector el denominado “resultado técnico”.

Delicada transición monetaria

Por: | 10 de noviembre de 2017

La reversión de las políticas monetarias excepcionales está cobrando carta de naturaleza. A los primeros pasos de la Reserva Federal (FED) se ha incorporado el pasado dos de noviembre el Banco de Inglaterra, días después de que el Banco Central Europeo (BCE) anunciara sus propósitos de reducir, a partir del año que viene, la cuantía de su programa de compra de bonos. La reacción de los mercados financieros a esas señales no ha sido precisamente adversa: ni en los de renta fija ni en los de variable se ha alterado la tónica de escasa aversión al riesgo. Los rasgos de esta inédita y delicada transición hacia la normalización monetaria merecen atención no solo por la ausencia de presiones inflacionistas destacadas, sino igualmente por la valoración alcanzada por la mayoría de los activos financieros.

No todos los bancos centrales mantienen la misma orientación al endurecimiento. El Banco Central de Brasil, el pasado 25 de octubre, redujo sus tipos desde el 8,25% al 7,5%, y también lo hizo esa misma semana él de Rusia, hasta el 8,25%. En Japón, el Consejo del Banco Central ha decidido la semana pasada mantenerlos, pero continuar comprando activos financieros en el mercado a un ritmo de 700.000 millones de dólares anuales. Pero salvadas estas excepciones, lo más relevante a efectos del análisis de la estabilidad financiera es lo que la Fed, el Banco de Inglaterra y el BCE puedan hacer en los próximos meses.

La Fed ha dejado claro que, tras las elevaciones de marzo y junio, debemos esperar otra el próximo diciembre. El Banco de Inglaterra lo hacía en su tipo de referencia, desde el 0,25% al 0,5%, el mismo día que también subía tipos por segunda ocasión en este año el Banco Central checo. Desde 2003, con Mervyn King como gobernador, el Banco de Inglaterra no había subido. Ahora ha sido bajo el mandato de Mark Carney cuando el Market Policy Committee (MPC) ha decidido romper esa larga tregua que concedió tras el referéndum por el Brexit, cuando recortó el base rate hasta dejarlo en el 0,25%.

En ambos casos, se trata de endurecimientos suaves y graduales, cuyo impacto sobre la actividad real no está siendo significativo, por el momento. Están siendo compatibles con los procesos de desendeudamiento en muchos países, y con la recuperación de la financiación hipotecaria. Las elevaciones que hasta ahora han tenido lugar apenas afectan a la remuneración de los activos y pasivos de las familias. En el Reino Unido, por ejemplo, entre hipotecas (el 40% de las vivas están a tipo variable) y crédito al consumo, el endeudamiento de las familias representa el 140% de la renta disponible, superior al 120% que representan sus ahorros. El efecto neto no debería ser importante, desde luego no tanto como las expectativas que las propias familias (cuyo consumo determina el 60% del PIB británico) se formen acerca de la evolución futura de esa política monetaria. Y, desde luego, las empresas pequeñas y medianas. Esto puede ser relevante, no solo en Reino Unido. Si, a pesar del gradualismo en el que insisten las comunicaciones de los bancos centrales, la desconfianza se instala en esos agentes, las decisiones del gasto en consumo e inversión podrían ralentizarse.

Las cautelas de los bancos centrales parecen influir en las decisiones de los inversores en los mercados financieros. Desde luego los de bonos. Si, en general, la deuda pública de la mayoría de los gobiernos parece hasta ahora indiferente a los acontecimientos geopolíticos, también los títulos de deuda privada, incluso los que incorporan mayor riesgo, dejan de cotizar escenarios peligrosos, ya sea en ese ámbito geopolítico o en el amparado en la evolución de la inflación. La semana pasada hemos verificado cómo los bonos europeos de peor calidad crediticia han alcanzado máximos de valoración: su rendimiento ha caído por primera vez por debajo del 2% en el índice específico ICE del Bank of America ML. Ese índice está compuesto de títulos de deuda emitidos por empresas con calificaciones crediticias de “grado especulativo”; es decir, inferiores al investment grade. Para que nos hagamos una idea, en enero de 2016, semanas antes de que el BCE extendiera el programa de compra de bonos a los emitidos por empresas, su rentabilidad (TIR) estaba en el 6,4%. Desde entonces, los inversores ávidos de rendimientos no han tenido más remedio que desplazar su demanda hacia activos de mayor riesgo, como esos junk bonds, en particular los calificados con un rating de “BB”, la mejor calificación de ese tipo de bonos.

Una situación que lógicamente está incentivando grandes emisiones, pero también añadiendo cierta inquietud sobre la estabilidad financiera. Se trata, en todo caso, de niveles de rentabilidad difíciles de justificar en términos de un estricto análisis del riesgo de solvencia y de liquidez, considerados “insanos”, que también abonan las críticas de aquellos que consideran excesivo el gradualismo del endurecimiento y que, desde hace tiempo, defienden el rápido abandono de los estímulos monetarios. Desde luego, por parte del BCE, principal objeto de las criticas amparadas en el hecho de que, tras su último anuncio, los “bonos basura” europeos cotizaran un rendimiento similar o, en algún caso inferior, a los del Tesoro estadounidense con vencimiento comparable.

Frente a esa impaciencia, la contundencia de los registros de inflación sigue avalando las cautelas de los bancos centrales. La variación de los precios sigue bajo control, en casi todos los casos por debajo del objetivo asumido como límite y seguirá estándolo probablemente durante los próximos años. A favor de la contención de los precios se encuentra el comportamiento moderado de la demanda de consumo, incluida la de bienes y servicios importados y la mayor competencia entre oferentes. Pero, también, esas visiones a largo plazo que anticipan el mantenimiento de la contención de los precios por la evolución demográfica y la extensión de las tecnologías digitales.

Un escenario, en definitiva, que sigue invitando al análisis cuidadoso, y a la no menos prudente gestión. Pero, también, a la necesidad de seguir revisando la permanencia de aquellas secuelas dejadas por la crisis reciente y su gestión.

  Gráfico 1

Gráfico 2

 

Artículo de próxima aparición en revista Empresa Global nº 178. Noviembre 2017. Afi Ediciones Empresa Global

La resolución alternativa de litigios

Por: | 07 de noviembre de 2017

El pasado sábado se publicó la  Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, que, más allá de su alcance general, tendrá implicaciones relevantes para el sistema financiero, aunque no de forma inmediata.

En efecto, la disposición adicional 1ª de dicha ley, Las entidades de resolución alternativa (ERA) en el ámbito de la actividad financiera, señala:

1. Para la resolución, con carácter vinculante o no, de litigios de consumo en el sector financiero, será creada por ley, y comunicada a la Comisión Europea, tras su acreditación por la autoridad competente, una única entidad, con competencias en este ámbito. Esta ley obligará a las entidades financieras a participar en los procedimientos ante dicha ERA para el ámbito de su actividad. El resto de entidades acreditadas que den cobertura a reclamaciones de consumo de todos los sectores económicos, podrán conocer igualmente de este tipo de litigios, siempre que ambas partes se hayan sometido voluntariamente al procedimiento.

Esto último indica que, si bien la ERA especializada en el sector financiero será única, no será la única instancia a la que se podrá acudir, ya que también habrá ERAs de alcance general.

2. A estos efectos, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales, en el plazo de ocho meses, un proyecto de ley que regule el sistema institucional de protección del cliente financiero, así como su organización y funciones.

3. Hasta que entre en vigor la ley anterior, los servicios de reclamaciones (Banco de España, CNMV y DG de Seguros y Fondos de Pensiones) regulados en el art. 30 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero, acomodarán su funcionamiento y procedimiento a lo previsto en esta ley y, en especial, se garantizará su independencia organizativa y funcional en el seno del organismo donde están incardinados con el fin de poder ser acreditados como ERA de litigios financieros.

Organigrama
 

La resolución alternativa se entiende frente al sistema judicial, sin perjuicio de la tutela efectiva de este, que debe facilitar la resolución de conflictos en tiempo y costes. Sin embargo, no hay que olvidar la experiencia de nuestro país durante la crisis en distintos ámbitos en los que la intervención de los tribunales ha sido decisiva (cláusulas abusivas de los préstamos hipotecarios, en particular sus cláusulas suelo, comercialización incorrecta de participaciones preferentes y deuda subordinada, salida a bolsa de Bankia, como ejemplos más relevantes).

Esta misma experiencia, y las diversas sentencias de los tribunales (europeos y españoles) que han afectado a las entidades financieras, nos llevan a proponer que estas deben formalizar una estrategia de resolución de los litigios que les puedan plantear sus clientes, cuya satisfacción es la que fundamenta en último término la creación de valor de las entidades. En esta estrategia debe tenerse muy en cuenta que no sólo están en juego normas propiamente financieras, sino también otras de consumo de carácter general.

Uno de los cambios que introduce la nueva ley es que el procedimiento de resolución alternativa pueda tener un resultado vinculante, es decir que pueda finalizar con la imposición a cualquiera de las partes de la solución adoptada, lo que contrasta con los mencionados servicios de reclamaciones, cuyas decisiones en estos momentos no son vinculantes, haciendo menos eficiente todo el proceso.

La ley señala, en su art. 26.3, que las autoridades competentes para la acreditación de ERA que desarrollen su actividad en el ámbito del sector financiero serán los supervisores ya mencionados, cada una de ellos respecto de los litigios de que conozca la ERA del sector financiero con respecto a las entidades sometidas a su supervisión.

El titular del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad podrá dictar las disposiciones precisas en relación al desarrollo de la actividad de la autoridad competente de acreditación, inclusión en el listado nacional y control de las entidades acreditadas por esta autoridad para la resolución de litigios en el sector financiero.

Concentración en la industria de seguros española

Por: | 02 de noviembre de 2017

Como en otros sectores, en el sector financiero se viene produciendo en general un proceso de concentración cuya intensidad difiere significativamente entre subsectores y áreas geográficas. La banca es uno en los que esa tendencia a la reducción del censo de las entidades operantes y a la concentración está teniendo lugar; de forma destacada en algunos países como el nuestro. El objeto de este post es poner en contraste lo que está acaeciendo en otro subsector financiero como es el de seguros, al que hemos dedicado algunas entradas recientes aquí, aquí, aquí o aquí.

Los gráficos adjuntos muestran esa dinámica de concentración en el sector bancario español. El primero de ellos recoge el número de entidades antes de la crisis y actualmente. El segundo la cuota de mercado agregada de las cinco primeras entidades (el denominado índice C5) en cada uno de los momentos. La reducción de casi a la mitad del número de entidades operantes y el aumento de cuota de casi 20 puntos porcentuales de las cinco mayores es un exponente claro (el mayor de los cuatro grandes de los países de la eurozona) de ese proceso de concentración que, por otra parte, es bastante generalizado. De hecho podría calificarse incluso de estructural, a la búsqueda de eficiencia y economías de escala dentro de un negocio maduro que, por lo demás, tiene que hacer frente a una reformulada y más intensa presión regulatoria. Dicho esto, no deja de ser extremadamente relevante el impacto específico de la reciente crisis, de la que trae causa la desaparición de muchas entidades, con una incidencia singular (bajo el marco de un programa europeo de rescate y reestructuración del sistema bancario) en países como el nuestro.

20171031 DM G1

20171031 DM G2

Fuente: Afi y BCE

En el caso de la actividad de seguros el proceso de concentración está lejos de ser tan intenso. La mucha mayor capacidad de encaje que la banca que ha tenido durante la crisis manteniendo rentabilidades sustancialmente más altas lo explica parcialmente. No lo ha sido en Europa y tampoco lo ha sido en España, si bien de manera más moderada también se ha producido. En el gráfico de más abajo se aprecia claramente la reducción del número de entidades en los cuatros países más relevantes de la eurozona.

20171031 DM G3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OCDE y UNESPA

Aunque no disponemos del índice C5 para el resto de países, dicho indicador también expresa en el caso español, como puede verse en el siguiente gráfico, un aumento de la concentración medida por el volumen de primas, tanto en el conjunto del negocio como en los ramos de vida y no vida analizados separadamente. Esa concentración, no se ha producido solo desde el inicio de la crisis (2008), sino que como puede advertirse es un comportamiento que se arrastra de años anteriores. De hecho, desde 2006 la concentración del negocio de seguros en los cinco principales grupos se ha elevado desde el 35% de la cuota de mercado hasta algo más del 47%, cifra que, por lo demás, está a una distancia sustancial de la concentración del 68% alcanzada en el sector bancario. El incremento de 12 puntos porcentuales es consecuencia fundamentalmente de la expansión y aumento de la concentración en el ramo de vida, cuyas cinco primeras entidades acaparan el 60% de la cuota de mercado de dicho ramo, casi 20 puntos porcentuales más que en 2006.

20171031 DM G4

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ICEA

Es significativo, por otra parte que ese aumento de la concentración dentro del mercado español haya ido paralelo a cambios tan sustanciales en el ranking de entidades como los que se muestran en el cuadro siguiente. En cierta medida es consecuencia de la reestructuración del sector bancario y de los propios acuerdos de banca-seguros que se habían desarrollado previos a la crisis, pero también es muestra de la apuesta de entidades específicas como “la Caixa” por el negocio de vida o de Mutua Madrileña por el negocio de no vida, en este último caso incluyendo adicionalmente su crecimiento inorgánico.

20171031 DM G5

 

 

 

 

 

 

Persisten factores que con toda probabilidad van a seguir favoreciendo el proceso de concentración del sector; en particular el escenario prolongado de bajos tipos, los costes que impone la creciente presión regulatorio, la transformación exigida por nuevas tecnologías y el propio aumento de los niveles de competencia. Ahora bien, lo que sin duda van a propiciar todos estos condicionantes de entorno es una reducción significativa de las entidades mas pequeñas, aún muy numerosas en la actualidad.

Finanzas a las 9

Sobre el blog

Los profesionales de Afi ofrecen un punto de vista singular sobre la actualidad del sistema financiero. En cada publicación se aborda el análisis de cuestiones ligadas al proceso de transformación del sector, a las novedades regulatorias, a la relación con la tecnología o al repaso de los fundamentos teóricos que explican las bondades de un sistema financiero sólido.

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Afi es, desde 1987, una empresa líder en consultoría y formación independiente en economía, finanzas y tecnología. El rigor técnico, la innovación y la orientación al cliente son las bases de nuestra diferenciación y nos han permitido ofrecer desde 1994 formación financiera especializada a través de Afi Escuela de Finanzas.

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