El debate, y sobre todo la negociación, sobre el rescate bancario se ha venido centrando en si los fondos irían directamente a los bancos, o pasarían por el Gobierno a través del FROB, quien a su vez sería el vehículo de capitalización de los bancos. En el fondo de dicho debate está si la condicionalidad a imponer por los prestamistas (Europa) se refiere sólo al sistema bancario, o a las políticas económicas del Gobierno, elección que sin duda no es baladí, sobre todo desde una perspectiva política y de soberanía nacional.
Pero desde una perspectiva de economía bancaria, esa discusión sobre si las pérdidas potenciales en los bancos las asume el FROB, o directamente el Fondo Europeo (sea FEEF o MEDE), recuerdan a la fábula de los galgos y los podencos, pues obvia a todos los que están, o deberían estar, antes que cualquiera de ellos dos en la “cola” para pagar las facturas del saneamiento bancario, en caso de que los bancos receptores no pudieran hacerlo mediante generación interna.
La insistencia del Gobierno (tanto del actual como del anterior) en que los saneamientos de los balances bancarios los asuma el propio sector, antes de contar con dinero público (“bail-in”, antes que “bail-out”), tiene una gran racionalidad económica (optimización en el uso de los fondos públicos) y empresarial (pagar por los errores de gestión), pero hay diferentes fórmulas, y desde luego la aplicada hasta ahora no parece la más racional por varios motivos que a continuación explicamos.
La fórmula elegida hasta la fecha descansa en una cierta “socialización” de pérdidas a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), designado, hasta la fecha, como el garante de los Esquemas de Protección de Activos (EPAs) otorgados a las entidades adjudicatarias que se han hecho cargo de las intervenidas.
Fuente: Afi. Datos en millones de euros.
* En los casos de CAM y Unnim el EPA cubre el 80% de las pérdidas, netas de provisiones constituidas (que son unos 3.900 millones en el primer caso, y unos 900 en el segundo)
Con dicho esquema, todas las entidades del sistema absorben, a prorrata de la cuota de depósitos que tengan en el mercado, todas las potenciales pérdidas que podrían llegar a generar las entidades intervenidas y adjudicadas. Esa absorción se realizaría, bien mediante una derrama al contado, o en “módicos” plazos que, en función del monto final, ¡podrían alargarse durante varias décadas! Como el propio Fondo Monetario Internacional reconoce en su reciente informe FSAP, el riesgo de esa política es que entidades actualmente sanas podrían verse debilitadas al tener que hacer frente a esas cargas futuras a través del FGD.
Por lo tanto, bajo este esquema el principal riesgo que es que las entidades “sanas” sufrieran un debilitamiento de su posición financiera al tener que hacer frente a los saneamientos de aquéllas entidades “dañadas”.
El segundo argumento, de racionalidad empresarial, se refiere al binomio rentabilidad-riesgo. Parece fuera de toda duda que una entidad intervenida debería ver su patrimonio completamente “vaciado” antes de que la adjudicataria (entidad que absorbe a la intervenida) reciba un EPA que pagará el resto del sector; y en general eso es lo que ha ocurrido, salvo en algunas excepciones.
Pero es que el razonamiento debería extenderse más allá del patrimonio, concretamente a las preferentes y subordinadas, valores considerados recursos propios -bien es cierto que, en algunos casos, con desconocimiento de dicho carácter por parte de los inversores que los habían adquirido-, y que hasta la fecha han salido indemnes en las entidades intervenidas.
La paradoja es que mientras esto ocurría en las entidades intervenidas, la posición de accionistas y acreedores subordinados del resto de entidades del sistema se debilitaba al ser éstas las que respaldaban los EPAs otorgados. En resumidas cuentas, que en la cola para pagar los saneamientos se ha permitido saltarse el turno a los acreedores junior –conscientes, o no, de dicho carácter- de las entidades intervenidas, y a cambio se ha adelantado la posición de los accionistas y acreedores junior del resto del sistema.
En terminología anglosajona, ni “bail-out” ni “bail-in”, sino “bail-through”, ¡para que luego se diga que en España no inventamos!
