El pago de las diversas modalidades de subsidios y salarios públicos es uno de los retos operativos a los que se enfrentan las administraciones de todo el mundo. En países en vías de desarrollo, este tipo de operaciones se aprovechan en ocasiones para bancarizar a la población de menores ingresos, al tiempo que se trata de utilizar la tecnología para reducir los costes de distribución.
En países altamente bancarizados, como es el caso de España, la mayoría de estos pagos se realiza de manera muy eficiente a través de las cuentas de depósito de los beneficiarios, empleando medios electrónicos (transferencias bancarias, principalmente). Sin embargo, hay ocasiones en las que, o bien porque el receptor pertenece a una minoría no bancarizada, o bien porque el uso del subsidio está ligado a una finalidad específica, no es posible emplear estos canales de distribución.
Tenemos un buen ejemplo en las becas de libros de texto para escolares (como las que ofrecía hasta el curso pasado la Comunidad de Madrid). Sin entrar a valorar la idoneidad de este tipo de políticas, la entrega efectiva de estas ayudas requiere un instrumento que sólo se pueda emplear para la compra de material escolar, que sea fácil de distribuir y cuya validez sea compatible con el período de inicio del curso escolar. Durante tiempo se ha optado por soluciones basadas en vales en papel, canjeables en los comercios adheridos al programa. Sin embargo, esta fórmula presentaba inconvenientes notables para el usuario (vales fácilmente deteriorables, canjeables en un único establecimiento cada vez...) y para la administración pública (falta de control sobre la aceptación real de los vales, pérdidas por vales no utilizados...).
Actualmente, una alternativa de éxito es el uso de un instrumento relativamente poco conocido como es la tarjeta prepago, que funciona de manera similar a una tarjeta de débito, sin necesidade de tener una cuenta corriente asociada. En el caso de Madrid, la Consejería de Educación y Empleo distribuía estas tarjetas con el importe de la ayuda a través de los centros docentes. Cada tarjeta iba personalizada con el nombre del tutor del alumno beneficiario e incluía una fecha de caducidad. Pese a tratarse de una tarjeta de una bandera internacional, su uso únicamente estaba permitido en terminales punto de venta (TPV) ubicados en establecimientos con códigos de comercio correspondiente a librerías y otros establecimientos autorizados, garantizándose así el uso correcto de las becas.
Durante la vida útil de la tarjeta, los titulares podían consultar el saldo y los movimientos realizados, y la Consejería tenía información en tiempo real del uso de las becas, permitiendo así un seguimiento del programa. Una vez pasada la fecha de caducidad, los fondos no utilizados (estimados en un 8% de los 30 millones de euros destinados anualmente a este concepto), que habían sido depositados previamente por la administración en una cuenta de la entidad emisora, eran devueltos a la Comunidad. En definitiva, las tarjetas prepago consituían una forma eficiente de hacer llegar las ayudas a los desinatarios, garantizando el buen uso de las mismas.
