A mediados de 2011, cuando ya se había exacerbado la competencia de las entidades financieras españolas por la captación de financiación minorista en su formato convencional (depósitos bancarios), en un contexto de evidentes dificultades que ya manifestaban aquéllas para financiarse en los mercados mayoristas, el Ministerio de Economía y el Banco de España penalizaron la oferta de altas remuneraciones. Se pretendía limitar los efectos indeseados de la denominada guerra de depósitos: en concreto, el extraordinario aumento de los costes de la más importante fuente de financiación bancaria, con su consiguiente adverso impacto sobre las condiciones crediticias y las propias cuentas de resultados y solvencia del sector bancario.
La debilidad de una buena parte del mismo y la ausencia de beneficios perceptibles en otros ámbitos de una situación tal, vestían de racionalidad esta medida macroprudencial en aras de la estabilidad del sistema, que además se instrumentó de forma innovadora y, aparentemente, no menos racional: exigencia a las entidades de una aportación complementaria al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) ligada al “exceso de remuneración” de los depósitos de los clientes sobre unos parámetros de referencia.
Así hubiese sido en condiciones de experimento controlado de laboratorio, algo muy alejado en la mayor parte de las ocasiones de las que se dan en la economía real. En efecto, el “recargo” sobre los depósitos de alta remuneración desplazó la captación de pasivo de las entidades hacia figuras menos convencionales en el entorno minorista como los pagarés, no sujetos al citado recargo dada su ausencia de cobertura por el FGD. El gráfico siguiente que muestra la evolución de los saldos de depósitos y de pagarés es ilustrativo de dicho efecto sustitución.
Fuente: Banco de España
El resultado, como puede observarse, es que la guerra de depósitos se ha desplazado en buena medida a la captación de financiación minorista vía colocación de pagarés en la clientela. El saldo de estos últimos se ha cuadruplicado prácticamente desde la puesta en marcha de la medida, reduciéndose en casi el mismo importe en que dicho saldo aumentó el correspondiente a los depósitos bancarios de los residentes españoles.
La velocidad de la sustitución (mas de 50 mil millones de euros en menos de un año) es expresivo del fracaso (al menos relativo) en la contención del coste de la financiación minorista (bien escaso dada la incapacidad de la banca para financiarse adecuadamente en el mercado mayorista). Pero además ha generado como efecto indeseado la colocación masiva de un instrumento no particularmente orientado a la clientela minorista y que potencialmente, aunque no en ese extremo, podría acabar siendo fuente de problemas como lo han sido la colocación de deuda subordinada en dicho segmento.
No deja de ser llamativo y paradójico, por otra parte, cómo los depósitos de alta remuneración han acabado ofreciendo rendimientos inferiores a las propias Letras del Tesoro, en el momento en el que las dificultades de acceso a la financiación en los mercados han alcanzado al propio Estado.
Dada la marcada distorsión que está generando a la postre la medida adoptada hace aproximadamente un año, no es extraño que el Banco de España haya solicitado al Ministerio de Economía su eliminación.
