Un esquema público innovador para financiar proyectos de eficiencia energética

Por: | 06 de septiembre de 2018

Hace unos meses abordábamos distintas opciones para mejorar el atractivo de los proyectos de eficiencia energética. Pero hoy cabe hablar de un instrumento no mencionado entonces que parece que cambiará la dinámica en Europa, como ya lo ha hecho en Estados Unidos. Nos referimos al programa PACE (Property Assessed Clean Energy Programs), que en breve iniciará una primera prueba piloto en Europa, en concreto en el municipio de Olot (Girona).

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El programa PACE ha demostrado que favorece el desarrollo de proyectos de inversión asociado a “algunos” activos físicos, principalmente edificios, permitiendo a sus propietarios financiar la mejora energética -reducción de consumo o generación mediante energía renovable- mediante pequeñas cuotas a abonar a lo largo de un largo periodo de tiempo. A priori, dicho esquema parece asociado a un préstamo tradicional a largo plazo sino fuera porque la deuda no queda asociada al propietario, sino que la devolución del préstamo está vinculada al bien en si mismo, cualquiera que sea su propietario en cada momento.

Dicha estructura se basa, en primer lugar, en la capacidad del sector público -ayuntamientos o regiones- para constituir un instrumento financiero de préstamos dotado por medio de la emisiones de los llamados bonos PACE, fondos propios y/o aportaciones de inversores privados que quieren participar en dichos esquemas de financiación -normalmente en estos casos con cobertura pública en caso de primera pérdida-

La disponibilidad financiera generada permite financiar las inversiones de los propietarios sin coste inicial ni desembolso alguno para ellos, pero a la vez desarrollar las mejoras convenientes en el edificio que permita generar futuros ahorros en cuanto al coste energético de los mismos.

El pago de la deuda se suele articular en un periodo de tiempo elevado – normalmente de entre 5 y 25 años según la tipología de la inversión realizada- mediante el pago, en la mayoría de los casos, de un recargo en el impuesto de bienes inmuebles (denominado owners’ property tax en Estados Unidos), asegurando con ello el repago de la deuda contraída.

La asignación de la deuda al activo permite que, en caso de que la propiedad del mismo cambie, ésta se transfiera con el mismo facilitando con ello la asignación de pagos “asegurados” durante un periodo amplio de años, de forma que los ahorros resultantes cubran en gran medida los costes iniciales.

Iniciado en 2008 en el estado de California de forma experimental fue expandiéndose progresivamente hasta alcanzar (en el ámbito residencial) un acumulado de más de 220.000 viviendas mejoradas, cuya estimación alcanza los 5.000 millones de dólares de inversión y más de 42.000 empleos creados.

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La clave del éxito de este esquema parece estar en su capacidad para dar solución a los típicos problemas que los proyectos de mejora energética en los edificios –eficiencia o implantación de renovables- presentan.

En general, se trata de proyectos con una rentabilidad segura (reducción de los costes de mantenimiento), pero con un alto periodo de maduración (salvo excepciones, proyectos de más de 10 ó 20 años). Los altos plazos de amortización unidos a algunos requerimientos de inversión en capital fijo elevados, convierten estos proyectos en operaciones de riesgo medio lo que complica su financiación mediante deuda tradicional, no así mediante el pago de cuotas adicionales asociadas al ahorro potencial generado por las inversiones si estas se pueden garantizar de alguna manera como así se consigue al vincular la deuda al bien y no al propietario.

Se trata, asimismo, de proyectos cuyo entendimiento por parte del sector financiero no es sencillo de evaluar puesto que se basa en un conocimiento de estimaciones previas cuya comprensión no es siempre fácil dada la escasa capacidad y experiencia de los intermediarios financieros en este tipo de proyectos, en definitiva, tenemos un clásico problema de agencia entre principal y agente. Problema éste que se soluciona con la participación de agentes públicos con experiencia en materia de edificación y energía y que son los encargados de valorar los ahorros potenciales que cada uno de los proyectos es susceptible de generar, dando una garantía técnica de calidad a los proyectos aprobados bajo este esquema.

Finalmente, ante un problema de incentivos no alineados, situación que ocurre cuando un edificio o vivienda está alquilado o su propiedad no espera con certeza utilizarla durante más de 10 años, hay un reducido interés para que los propietarios de los mismos inviertan en proyectos con un periodo de maduración tan largo. La asociación del pago de la deuda al “impuesto de la propiedad” permite eliminar la incertidumbre temporal del beneficio retribuido asignando su disfrute a los propietarios vigentes en cada momento.

Las alternativas en su estructura son variadas como así lo demuestra la experiencia estadounidense lo cual debería tomarse como una fortaleza para que esquemas como éste, con sus necesarias adaptaciones a cada territorio, sean desarrolladas por el sector público, y aprovechadas por el sector financiero, para favorecer la financiación de proyectos que por más que son necesarios no parecen estar dentro de las necesidades de la mayoría actualmente.

 

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