Finanzas a las 9

Sobre el blog

Los profesionales de Afi ofrecen un punto de vista singular sobre la actualidad del sistema financiero. En cada publicación se aborda el análisis de cuestiones ligadas al proceso de transformación del sector, a las novedades regulatorias, a la relación con la tecnología o al repaso de los fundamentos teóricos que explican las bondades de un sistema financiero sólido.

Sobre los autores

Afi

Afi es, desde 1987, una empresa líder en consultoría y formación independiente en economía, finanzas y tecnología. El rigor técnico, la innovación y la orientación al cliente son las bases de nuestra diferenciación y nos han permitido ofrecer desde 1994 formación financiera especializada a través de Afi Escuela de Finanzas.

Emilio Ontiveros es Presidente de Analistas Financieros Internacionales (Afi) y de Afi Escuela de Finanzas, además de Catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid. @ontiverosemilio.

Ángel Berges es Vicepresidente de Analistas Financieros Internacionales (Afi) y Catedrático de Economía Financiera de la Universidad Autónoma de Madrid. @AbergesAngel.

Daniel Manzano. Socio de Afi. Presidente de Afi Inversiones Financieras Globales EAFI y de Afi Consultores de las Administraciones Públicas. @dmanzano_afi.

Esteban Sánchez Pajares es Socio del área de Banca y Seguros de Analistas Financieros Internacionales (Afi). @est_snchez.

Francisco José Valero es Socio del área de Estudios de Analistas Financieros Internacionales (Afi) y Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Daniel Fuentes Castro es responsable de análisis macro de Analistas Financieros Internacionales (Afi)@dfuentescastro

Ricardo Pedraz es consultor de área de Finanzas Públicas de Analistas Financieros Internacionales (Afi) @RicardoPedraz.

Verónica López es Consultora senior del área de Economía aplicada y territorial de Analistas Financieros Internacionales (Afi) @VLopezSabater.

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En favor de la inclusión financiera

Por: | 01 de diciembre de 2017

El pasado sábado se publicaba en el BOE el Real Decreto-ley (RDL) 19/2017, de 24 de noviembre, de cuentas de pago básicas, traslado de cuentas de pago y comparabilidad de comisiones.

De entrada, puede parecer extraño que se use la figura del RDL, una disposición de rango de ley prevista para supuestos de extraordinaria y urgente necesidad, para regular esta materia, pero se trata de trasponer la Directiva 2014/92/UE, sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas, que comentamos en su momento en este blog y debía haberse efectuado antes del 18 de septiembre de 2016[1].

Esta Directiva, que no estaba especialmente orientada a países como España, a tenor del gráfico siguiente, que rescatamos del post al que nos acabamos de referir, y el RDL suponen una clara apuesta por la inclusión financiera, a través del reconocimiento del derecho a una cuenta de pago básica (CPB). Dicho derecho se extiende a las personas físicas que:

  1. Residan legalmente en la Unión Europea (UE), incluidos los clientes que no tengan domicilio fijo;
  2. sean solicitantes de asilo;
  3. no tengan un permiso de residencia pero su expulsión sea imposible por razones jurídicas o de hecho.

Grafico 1

Una CPB es aquella cuenta de pago, es decir, una cuenta abierta a nombre de uno o varios usuarios de servicios de pago y utilizada para la ejecución de operaciones de pago, denominada en euros, en una entidad de crédito que permita prestar, al menos, los servicios señalados en el cuadro siguiente, identificada como tal por las entidades de crédito:

Cuadro 1

Las entidades de crédito sólo pueden denegar la apertura de una CPB en supuestos muy tasados. Los más relevantes son los dos siguientes:

  1. La no aportación de la información requerida por la entidad en función del nivel de riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo de dicho cliente,
  2. El potencial cliente ya sea titular en España de una cuenta que le permita realizar los servicios contemplados en el cuadro anterior, salvo que se notifique la decisión unilateral de resolver el contrato de dicha cuenta. Es decir, el derecho se limita a una sola CPB.

Las comisiones percibidas por los servicios prestados en relación con las CPB serán las que se pacten libremente entre dichas entidades y los clientes. No obstante, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad establecerá las comisiones máximas que las entidades pueden cobrar por los servicios anteriores, incluida la derivada del incumplimiento por parte del cliente de los compromisos contraídos en el contrato de CPB, o, en su caso, la prestación de dichos servicios sin cargo alguno.

Puede parecer entonces que las CPB son un producto que las entidades deben ofrecer por imperativo legal, pero con unas condiciones difíciles para rentabilizarlo. Sin embargo, como comentamos en el post anterior antes citado sobre este mismo tema, son varios los organismos internacionales que se han pronunciado en diversas ocasiones por la deseabilidad de fomentar la inclusión financiera.

Al mismo tiempo, no debemos olvidar que uno de los problemas que tienen actualmente las entidades de crédito, en España y otros países, tras la crisis financiera reciente, es una importante pérdida en su reputación ante la sociedad en general. En este sentido, medidas de este tipo deben favorecer dicha reputación, aunque la población afectada no sea cuantitativamente importante, a tenor de la muy elevada utilización de cuentas de pago en nuestro país que señalaba el gráfico precedente.

El RDL designa al Banco de España como autoridad competente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones previstas en el mismo. Una de sus tareas es la de disponer de un sitio web (comparador), de acceso gratuito, que permita comparar las comisiones que se aplican a los servicios más representativos de las cuentas de pago.

 

[1] En el mismo BOE se publicó otro RDL sobre un supuesto simular, Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, por el que se modifican el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad. 

 

Tipos bajos y cuenta de resultados del sector seguros español

Por: | 29 de noviembre de 2017

Siguiendo la serie de entradas de este blog dedicadas al sector seguros (aquí, aquí, aquí, aquí o aquí) pongo el foco en este post en la evolución de la estructura de su cuenta de resultados agregada. Por supuesto las cuentas de este sector comparan muy favorablemente respecto de las de su hermano mayor en España, el sector bancario. El el gráfico adjunto, ya usado en otra ocasión, es bien ilustrativo al respecto. Actualmente, e incluso asumiendo una cierta “normalización” del sector bancario (excluimos los recientes impactos adversos del Banco Popular) se da la siguiente circunstancia: para generar en torno a dos veces y media los resultados del sector seguros por sus negocios en España, la banca requiere un tamaño de balance ocho veces mayor, a la vez que cinco veces más volumen de fondos propios y en torno a cuatro veces y media más empleados directos. No sólo, esas dos veces y media de los resultados del sector seguros que la banca genera ahora, compara con las cinco veces que representaban antes del inicio de la crisis los resultados de la banca.

20171128 DM G1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Afi a partir de Banco de España y DGSFP

No es extraño por consiguiente que la rentabilidad del sector seguros, que en términos de ROE ronda el 10%, sea ahora algo más del doble que el de la banca, tal y como acredita el gráfico siguiente.

Rentabilidad (ROE) comparada de la banca y del sector seguros

20171128 DM G2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Afi a partir de Banco de España y DGSFP

En todo caso, nos interesa destacar en este post que a pesar del buen comportamiento relativo del sector seguro, su rentabilidad también se ha visto comprimida a lo largo de esta última década. Llegó a ser del 25% en 2007 y se mantuvo en el 15% hasta 2011, mientras que actualmente trata de defender niveles de dos dígitos. Las causas son diversas, pero es bastante claro que en los últimos años ha tenido un peso singular la caída de la rentabilidad de sus inversiones, muy determinada por el impacto en sus carteras del escenario de extraordinariamente bajos tipos de interés con el que estamos conviviendo. Como es natural este impacto es muy superior en el negocio de vida, ya que sus carteras de inversión, dado el proceso de acumulación de las primas cobradas (ahorro), hace que sus carteras sean muy superiores a las del negocio de no vida.

La descomposición de los resultados (antes de impuestos) del sector, que se visualiza en los gráficos siguientes (en vida, no vida y en el negocio total) para los últimos cuatro años y que presentamos hace unos días en el 1er Taller de Seguros Afi, es indicativa de un evidente proceso de deterioro de la rentabilidad, solo oscurecido en 2016 el extraordinario crecimiento de las primas en el negocio de vida en 2016. En la descomposición se refleja para cada ejercicio la contribución de los grandes epígrafes (ingresos por primas, resultado de las inversiones, siniestralidad y gastos de explotación) a la cuenta de resultados, cada uno con su signo apropiado. También, lógicamente, el resultado final expresado como beneficio antes de impuestos (BAI) representado por la línea roja.

20171128 DM G3

En efecto, como puede verse en la composición gráfica que se presenta, el resultado global en el negocio de no vida presenta un crecimiento relativamente estable y moderado; como lo hacen las primas y la siniestralidad en estos últimos cuatro años, con una aportación ligeramente decreciente de los resultados financieros en los últimos tres (poco más de mil millones de euros de los casi tres mil millones que aproximadamente viene ganando de forma robusta este subsector).

Por su parte, el resultado global del negocio de vida ha definido en estos años (salvo por el repunte en el último) una marcada tendencia a la baja en paralelo a la ininterrumpida caída de los resultados financieros (7,3 mil millones de aportación en 2016, cayendo desde los 8,7 mil millones que aportaban en 2013). El repunte del BAI en 2016 está motivado, como señalábamos, por el excepcional crecimiento de las primas en este ejercicio[1] que excede significativamente la siniestralidad imputada. Sin dicho fenómeno, el BAI de este subsector (que recuperó niveles superiores a los dos mil millones el pasado año, cifra inferior a la aportación del negocio de no vida) hubiese caído adicionalmente en 2016, dado el adverso comportamiento de los resultados financieros en el negocio de vida para el que son extremadamente relevantes[2].

En otras palabras, parece evidente que en ausencia de notables crecimientos en volumen de las primas del negocio de vida (como el observado en 2016) el lastre que supone el escenario de prolongados bajos tipos de interés va a seguir presionando los resultados del negocio de vida y, por consiguiente, la rentabilidad de este subsector y la del conjunto del negocio de seguros. Menos, desde luego, que en otros grandes países europeos, pero no va a ser inmune el sector seguros español a esta esta situación.

Dada la mejora que viene produciéndose en el negocio bancario (excepción hecha del impacto del Banco Popular) es muy probable que se mantenga, por otra parte, el proceso de convergencia de rentabilidades de los dos sectores, banca y seguros, que se viene apreciando en estos años más recientes (volver a ver el segundo gráfico de este post). Aún lejos creemos, en todo caso, de que lleguen a igualarse.

 

[1] Fenómeno singular localizado en pocas entidades como consecuencia de la agresiva venta de productos de vida-ahorro, rentas vitalicias y temporales fundamentalmente, cuyo crecimiento no tiene visos de repetirse en tal intensidad en este año y siguientes.

[2] De hecho sirven para compensar el margen negativo que arroja en este subsector el denominado “resultado técnico”.

Delicada transición monetaria

Por: | 10 de noviembre de 2017

La reversión de las políticas monetarias excepcionales está cobrando carta de naturaleza. A los primeros pasos de la Reserva Federal (FED) se ha incorporado el pasado dos de noviembre el Banco de Inglaterra, días después de que el Banco Central Europeo (BCE) anunciara sus propósitos de reducir, a partir del año que viene, la cuantía de su programa de compra de bonos. La reacción de los mercados financieros a esas señales no ha sido precisamente adversa: ni en los de renta fija ni en los de variable se ha alterado la tónica de escasa aversión al riesgo. Los rasgos de esta inédita y delicada transición hacia la normalización monetaria merecen atención no solo por la ausencia de presiones inflacionistas destacadas, sino igualmente por la valoración alcanzada por la mayoría de los activos financieros.

No todos los bancos centrales mantienen la misma orientación al endurecimiento. El Banco Central de Brasil, el pasado 25 de octubre, redujo sus tipos desde el 8,25% al 7,5%, y también lo hizo esa misma semana él de Rusia, hasta el 8,25%. En Japón, el Consejo del Banco Central ha decidido la semana pasada mantenerlos, pero continuar comprando activos financieros en el mercado a un ritmo de 700.000 millones de dólares anuales. Pero salvadas estas excepciones, lo más relevante a efectos del análisis de la estabilidad financiera es lo que la Fed, el Banco de Inglaterra y el BCE puedan hacer en los próximos meses.

La Fed ha dejado claro que, tras las elevaciones de marzo y junio, debemos esperar otra el próximo diciembre. El Banco de Inglaterra lo hacía en su tipo de referencia, desde el 0,25% al 0,5%, el mismo día que también subía tipos por segunda ocasión en este año el Banco Central checo. Desde 2003, con Mervyn King como gobernador, el Banco de Inglaterra no había subido. Ahora ha sido bajo el mandato de Mark Carney cuando el Market Policy Committee (MPC) ha decidido romper esa larga tregua que concedió tras el referéndum por el Brexit, cuando recortó el base rate hasta dejarlo en el 0,25%.

En ambos casos, se trata de endurecimientos suaves y graduales, cuyo impacto sobre la actividad real no está siendo significativo, por el momento. Están siendo compatibles con los procesos de desendeudamiento en muchos países, y con la recuperación de la financiación hipotecaria. Las elevaciones que hasta ahora han tenido lugar apenas afectan a la remuneración de los activos y pasivos de las familias. En el Reino Unido, por ejemplo, entre hipotecas (el 40% de las vivas están a tipo variable) y crédito al consumo, el endeudamiento de las familias representa el 140% de la renta disponible, superior al 120% que representan sus ahorros. El efecto neto no debería ser importante, desde luego no tanto como las expectativas que las propias familias (cuyo consumo determina el 60% del PIB británico) se formen acerca de la evolución futura de esa política monetaria. Y, desde luego, las empresas pequeñas y medianas. Esto puede ser relevante, no solo en Reino Unido. Si, a pesar del gradualismo en el que insisten las comunicaciones de los bancos centrales, la desconfianza se instala en esos agentes, las decisiones del gasto en consumo e inversión podrían ralentizarse.

Las cautelas de los bancos centrales parecen influir en las decisiones de los inversores en los mercados financieros. Desde luego los de bonos. Si, en general, la deuda pública de la mayoría de los gobiernos parece hasta ahora indiferente a los acontecimientos geopolíticos, también los títulos de deuda privada, incluso los que incorporan mayor riesgo, dejan de cotizar escenarios peligrosos, ya sea en ese ámbito geopolítico o en el amparado en la evolución de la inflación. La semana pasada hemos verificado cómo los bonos europeos de peor calidad crediticia han alcanzado máximos de valoración: su rendimiento ha caído por primera vez por debajo del 2% en el índice específico ICE del Bank of America ML. Ese índice está compuesto de títulos de deuda emitidos por empresas con calificaciones crediticias de “grado especulativo”; es decir, inferiores al investment grade. Para que nos hagamos una idea, en enero de 2016, semanas antes de que el BCE extendiera el programa de compra de bonos a los emitidos por empresas, su rentabilidad (TIR) estaba en el 6,4%. Desde entonces, los inversores ávidos de rendimientos no han tenido más remedio que desplazar su demanda hacia activos de mayor riesgo, como esos junk bonds, en particular los calificados con un rating de “BB”, la mejor calificación de ese tipo de bonos.

Una situación que lógicamente está incentivando grandes emisiones, pero también añadiendo cierta inquietud sobre la estabilidad financiera. Se trata, en todo caso, de niveles de rentabilidad difíciles de justificar en términos de un estricto análisis del riesgo de solvencia y de liquidez, considerados “insanos”, que también abonan las críticas de aquellos que consideran excesivo el gradualismo del endurecimiento y que, desde hace tiempo, defienden el rápido abandono de los estímulos monetarios. Desde luego, por parte del BCE, principal objeto de las criticas amparadas en el hecho de que, tras su último anuncio, los “bonos basura” europeos cotizaran un rendimiento similar o, en algún caso inferior, a los del Tesoro estadounidense con vencimiento comparable.

Frente a esa impaciencia, la contundencia de los registros de inflación sigue avalando las cautelas de los bancos centrales. La variación de los precios sigue bajo control, en casi todos los casos por debajo del objetivo asumido como límite y seguirá estándolo probablemente durante los próximos años. A favor de la contención de los precios se encuentra el comportamiento moderado de la demanda de consumo, incluida la de bienes y servicios importados y la mayor competencia entre oferentes. Pero, también, esas visiones a largo plazo que anticipan el mantenimiento de la contención de los precios por la evolución demográfica y la extensión de las tecnologías digitales.

Un escenario, en definitiva, que sigue invitando al análisis cuidadoso, y a la no menos prudente gestión. Pero, también, a la necesidad de seguir revisando la permanencia de aquellas secuelas dejadas por la crisis reciente y su gestión.

  Gráfico 1

Gráfico 2

 

Artículo de próxima aparición en revista Empresa Global nº 178. Noviembre 2017. Afi Ediciones Empresa Global

La resolución alternativa de litigios

Por: | 07 de noviembre de 2017

El pasado sábado se publicó la  Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, que, más allá de su alcance general, tendrá implicaciones relevantes para el sistema financiero, aunque no de forma inmediata.

En efecto, la disposición adicional 1ª de dicha ley, Las entidades de resolución alternativa (ERA) en el ámbito de la actividad financiera, señala:

1. Para la resolución, con carácter vinculante o no, de litigios de consumo en el sector financiero, será creada por ley, y comunicada a la Comisión Europea, tras su acreditación por la autoridad competente, una única entidad, con competencias en este ámbito. Esta ley obligará a las entidades financieras a participar en los procedimientos ante dicha ERA para el ámbito de su actividad. El resto de entidades acreditadas que den cobertura a reclamaciones de consumo de todos los sectores económicos, podrán conocer igualmente de este tipo de litigios, siempre que ambas partes se hayan sometido voluntariamente al procedimiento.

Esto último indica que, si bien la ERA especializada en el sector financiero será única, no será la única instancia a la que se podrá acudir, ya que también habrá ERAs de alcance general.

2. A estos efectos, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales, en el plazo de ocho meses, un proyecto de ley que regule el sistema institucional de protección del cliente financiero, así como su organización y funciones.

3. Hasta que entre en vigor la ley anterior, los servicios de reclamaciones (Banco de España, CNMV y DG de Seguros y Fondos de Pensiones) regulados en el art. 30 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero, acomodarán su funcionamiento y procedimiento a lo previsto en esta ley y, en especial, se garantizará su independencia organizativa y funcional en el seno del organismo donde están incardinados con el fin de poder ser acreditados como ERA de litigios financieros.

Organigrama
 

La resolución alternativa se entiende frente al sistema judicial, sin perjuicio de la tutela efectiva de este, que debe facilitar la resolución de conflictos en tiempo y costes. Sin embargo, no hay que olvidar la experiencia de nuestro país durante la crisis en distintos ámbitos en los que la intervención de los tribunales ha sido decisiva (cláusulas abusivas de los préstamos hipotecarios, en particular sus cláusulas suelo, comercialización incorrecta de participaciones preferentes y deuda subordinada, salida a bolsa de Bankia, como ejemplos más relevantes).

Esta misma experiencia, y las diversas sentencias de los tribunales (europeos y españoles) que han afectado a las entidades financieras, nos llevan a proponer que estas deben formalizar una estrategia de resolución de los litigios que les puedan plantear sus clientes, cuya satisfacción es la que fundamenta en último término la creación de valor de las entidades. En esta estrategia debe tenerse muy en cuenta que no sólo están en juego normas propiamente financieras, sino también otras de consumo de carácter general.

Uno de los cambios que introduce la nueva ley es que el procedimiento de resolución alternativa pueda tener un resultado vinculante, es decir que pueda finalizar con la imposición a cualquiera de las partes de la solución adoptada, lo que contrasta con los mencionados servicios de reclamaciones, cuyas decisiones en estos momentos no son vinculantes, haciendo menos eficiente todo el proceso.

La ley señala, en su art. 26.3, que las autoridades competentes para la acreditación de ERA que desarrollen su actividad en el ámbito del sector financiero serán los supervisores ya mencionados, cada una de ellos respecto de los litigios de que conozca la ERA del sector financiero con respecto a las entidades sometidas a su supervisión.

El titular del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad podrá dictar las disposiciones precisas en relación al desarrollo de la actividad de la autoridad competente de acreditación, inclusión en el listado nacional y control de las entidades acreditadas por esta autoridad para la resolución de litigios en el sector financiero.

Concentración en la industria de seguros española

Por: | 02 de noviembre de 2017

Como en otros sectores, en el sector financiero se viene produciendo en general un proceso de concentración cuya intensidad difiere significativamente entre subsectores y áreas geográficas. La banca es uno en los que esa tendencia a la reducción del censo de las entidades operantes y a la concentración está teniendo lugar; de forma destacada en algunos países como el nuestro. El objeto de este post es poner en contraste lo que está acaeciendo en otro subsector financiero como es el de seguros, al que hemos dedicado algunas entradas recientes aquí, aquí, aquí o aquí.

Los gráficos adjuntos muestran esa dinámica de concentración en el sector bancario español. El primero de ellos recoge el número de entidades antes de la crisis y actualmente. El segundo la cuota de mercado agregada de las cinco primeras entidades (el denominado índice C5) en cada uno de los momentos. La reducción de casi a la mitad del número de entidades operantes y el aumento de cuota de casi 20 puntos porcentuales de las cinco mayores es un exponente claro (el mayor de los cuatro grandes de los países de la eurozona) de ese proceso de concentración que, por otra parte, es bastante generalizado. De hecho podría calificarse incluso de estructural, a la búsqueda de eficiencia y economías de escala dentro de un negocio maduro que, por lo demás, tiene que hacer frente a una reformulada y más intensa presión regulatoria. Dicho esto, no deja de ser extremadamente relevante el impacto específico de la reciente crisis, de la que trae causa la desaparición de muchas entidades, con una incidencia singular (bajo el marco de un programa europeo de rescate y reestructuración del sistema bancario) en países como el nuestro.

20171031 DM G1

20171031 DM G2

Fuente: Afi y BCE

En el caso de la actividad de seguros el proceso de concentración está lejos de ser tan intenso. La mucha mayor capacidad de encaje que la banca que ha tenido durante la crisis manteniendo rentabilidades sustancialmente más altas lo explica parcialmente. No lo ha sido en Europa y tampoco lo ha sido en España, si bien de manera más moderada también se ha producido. En el gráfico de más abajo se aprecia claramente la reducción del número de entidades en los cuatros países más relevantes de la eurozona.

20171031 DM G3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OCDE y UNESPA

Aunque no disponemos del índice C5 para el resto de países, dicho indicador también expresa en el caso español, como puede verse en el siguiente gráfico, un aumento de la concentración medida por el volumen de primas, tanto en el conjunto del negocio como en los ramos de vida y no vida analizados separadamente. Esa concentración, no se ha producido solo desde el inicio de la crisis (2008), sino que como puede advertirse es un comportamiento que se arrastra de años anteriores. De hecho, desde 2006 la concentración del negocio de seguros en los cinco principales grupos se ha elevado desde el 35% de la cuota de mercado hasta algo más del 47%, cifra que, por lo demás, está a una distancia sustancial de la concentración del 68% alcanzada en el sector bancario. El incremento de 12 puntos porcentuales es consecuencia fundamentalmente de la expansión y aumento de la concentración en el ramo de vida, cuyas cinco primeras entidades acaparan el 60% de la cuota de mercado de dicho ramo, casi 20 puntos porcentuales más que en 2006.

20171031 DM G4

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ICEA

Es significativo, por otra parte que ese aumento de la concentración dentro del mercado español haya ido paralelo a cambios tan sustanciales en el ranking de entidades como los que se muestran en el cuadro siguiente. En cierta medida es consecuencia de la reestructuración del sector bancario y de los propios acuerdos de banca-seguros que se habían desarrollado previos a la crisis, pero también es muestra de la apuesta de entidades específicas como “la Caixa” por el negocio de vida o de Mutua Madrileña por el negocio de no vida, en este último caso incluyendo adicionalmente su crecimiento inorgánico.

20171031 DM G5

 

 

 

 

 

 

Persisten factores que con toda probabilidad van a seguir favoreciendo el proceso de concentración del sector; en particular el escenario prolongado de bajos tipos, los costes que impone la creciente presión regulatorio, la transformación exigida por nuevas tecnologías y el propio aumento de los niveles de competencia. Ahora bien, lo que sin duda van a propiciar todos estos condicionantes de entorno es una reducción significativa de las entidades mas pequeñas, aún muy numerosas en la actualidad.

Retroceso, pero también avances, en la Unión Bancaria

Por: | 17 de octubre de 2017

La Comisión Europea (CE) emitió el pasado día 11 una comunicación Completad la Unión Bancaria (UB) y, simultáneamente, un informe sobre la aplicación del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), que va acompañado de un documento complementario (Staff working document). Mientras el informe tiene cierto interés al reconocer las competencias del MUS en la determinación de las provisiones por riesgo de crédito de los préstamos problemáticos[1], la primera ha supuesto un cierto retroceso en la UB, concretamente en su tercer pilar, el Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (SEGD).

No obstante, la misma comunicación supone también avances en otros aspectos de la UB, aunque condicionados a decisiones a adoptar en el futuro, por lo que centraremos en ella la atención en este post. En todo caso, nos preocupa el retroceso por lo que puede suponer para las propuestas sobre el conjunto de la Unión Económica y Monetaria (UEM) que la CE tiene previsto efectuar a primeros del próximo mes de diciembre.

La CE efectuó una propuesta sobre el SEGD en noviembre de 2015, véase nuestro post al respecto, con el objetivo que todos los depositantes de la UB disfruten del mismo nivel de garantía de sus depósitos independientemente de su localización geográfica. Para ello el SEGD se desarrollaba en tres fases progresivas:

. Reaseguro

. Coaseguro

. Seguro pleno

Han transcurrido casi dos años desde entones y, dadas las dificultades que han impedido que la propuesta avance hasta ahora, la CE sugiere una introducción más gradual del SEGD, con solo dos fases:

Reaseguro, más limitado que la propuesta inicial, ya que el SEGD sólo suministraría una cobertura de liquidez a los sistemas de garantía de depósitos (SGD) nacionales, que deberían reembolsar este soporte, lo que supone, en último término, una cobertura nacional.

Coaseguro, de forma progresiva, como ya estaba previsto.

Al mismo tiempo, el paso a esta segunda fase estaría condicionado a los progresos en la reducción de riesgos de los bancos, una tendencia que se está cumpliendo en la práctica, tal y como muestran los siguientes gráficos, manejados por la propia CE, como sería lógico esperar de la salida a la intensa crisis financiera por la que hemos pasado.

Graficos

Por otro lado, se modificaría la Directiva que regula los SGD (Directiva 2014/49/UE) con el fin de hacerlos más homogéneos, reduciendo las opciones nacionales.

En cuanto a los avances antes mencionados, en primer lugar, la CE llama a los colegisladores (Parlamento Europeo y Consejo de la UE) a conseguir un acuerdo rápido sobre las reformas bancarias pendientes presentadas en noviembre de 2017, hace ya casi un año, que comentábamos en un post al comienzo de este.

Mayor relevancia puede tener la propuesta de un respaldo fiscal a la UB, por el que se trataría de apoyar al Mecanismo Único de Resolución (MUR) si, por la intensidad de una crisis, se ve necesitado de fondos adicionales, independientemente de que estos se recaben posteriormente de las entidades bancarias. En su documento de mayo de 2017 sobre La profundización de la UEM, la CE había identificado como solución más apropiada una línea de crédito del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Esto deberá articularse con las propuestas citadas de la CE para profundizar en la UEM previstas para el próximo mes de diciembre, que, entre otras cosas, prevén una transformación del MEDE en un Fondo Monetario Europeo, véase nuestro reciente post sobre el estado de la UEM.

En tercer lugar, está el tema, ya mencionado anteriormente, de la reducción de los préstamos problemáticos (NPL, por sus siglas en inglés), véase nuestro post sobre el mismo, para el que la CE prevé, con el objetivo de reducir los niveles actualmente observados de NPL y de evitar su constitución el futuro, un paquete comprehensivo de medidas a adoptar en la primavera de 2018, consistente en:

. Un marco para las sociedades nacionales de gestión de activos (SAREB en el caso de España), que refleje las mejores prácticas observadas al respecto.

. Medidas legislativas para desarrollar los mercados secundarios de NPL y fortalecer la habilidad de los acreedores de recuperar valor de los préstamos garantizados.

. Un informe explorando la posibilidad de una propuesta legislativa que introduzca un respaldo prudencial contra la sub-provisión de nuevos NPL.

. Mecanismos para aumentar la transparencia de los NPL en Europa.

Por último, debemos destacar la posibilidad que puede abrirse a la emisión de valores respaldados por bonos soberanos. Sobre la base de los trabajos de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, la CE prevé proponer en 2018 la posibilidad de desarrollar estos valores, que permitirían diversificar las carteras de deuda pública de los bancos, reduciendo el círculo vicioso entre riesgos bancarios y soberanos, para cuya ruptura se diseñó precisamente la UB.

 

[1] Sobre el que posteriormente se han pronunciado el presidente del BCE y la presidenta del MUS ante el Parlamento Europeo.

 

Cantabria Pago Digital: ¿Aceptamos el reto de vivir sin efectivo?

Por: | 05 de octubre de 2017

* Artículo escrito por Emilio Ontiveros y Verónica López Sabeter, de Afi.

Más allá de las implicaciones de política monetaria que habrían de ser tenidas en consideración para dar una respuesta comprehensiva a esta pregunta, si la trasladamos a nuestra vida cotidiana podemos afirmar que, al menos en la España de 2017, es muy difícil, por no decir imposible.

Por “vivir sin efectivo” nos referimos a afrontar la cotidianeidad sin necesidad de recurrir a monedas y billetes para hacer frente a los gastos en que incurrimos a diario. Y conseguir hacerlo sin fricciones.

La iniciativa del Gobierno de Cantabria “Cantabria Pago Digital”, presentada el día de ayer en la localidad cántabra de Suances, que la albergará a partir del día 19 de octubre durante aproximadamente un mes, pretende precisamente testar cuán fácil o difícil es reducir nuestra dependencia como sociedad del dinero en efectivo, en un momento en que “lo digital” se ha instalado en nuestras vidas para quedarse.   

El reto planteado, y que cuenta con Banco Santander como socio tecnológico y con la colaboración de Mastercard, no es otro que animar a los ciudadanos de Suances a salir de casa cada día sin portar el monedero y billetera (analógicos, claro), y en su lugar hacer uso de medios alternativos al efectivo, teóricamente generalmente aceptados, o al menos diseñados para que lo sean, como pueden ser las tarjeta de pago – física o virtualizada en el móvil– o las nuevas soluciones de pago digital entre particulares, como las app de pago P2P.

En el caso de las tarjetas de pago – la de débito, la más generalizada – es un medio que el 84% de los adultos de Suances declaran disponer, pero solo uno de cada tres afirma utilizar como principal medio de pago para los gastos cotidianos (y solo un 8% como medio de pago exclusivo). El resto, es decir, siete de cada diez utilizan el efectivo como medio de pago más frecuente. La mitad de los titulares de tarjeta acuden al cajero automático todas las semanas para retirar efectivo con la misma tarjeta con la que podrían directamente pagar en el comercio.

El impacto del achicamiento que la última crisis ha generado en materia de capilaridad de puntos de acceso (sucursales y cajeros automáticos), especialmente en municipios de menor tamaño, algunos de los cuales no disponen hoy de ningún punto permanente, no habría de ser tan grave si incorporáramos la costumbre de pagar con medios alternativos que hacen prescindible el uso de las monedas y billetes… si la aceptación fuera equiparable a la tenencia, y el uso equiparable al acceso.

1

Preguntados por su parecer acerca de una hipotética situación –que será real, si bien voluntaria a partir del 19 de octubre en Suances- en la que las tarjetas fueran la única forma de pago de gastos cotidianos, destacan las opiniones favorables en cuanto a los atributos de comodidad (72%) y seguridad (65%) sin incurrir en mayor coste (51%) por operar de este modo. Por el contrario, la falta de privacidad (58%) y la dificultad de controlar los gastos (42%) son los atributos negativos asociados a esta situación. Las motivaciones relacionadas con el mayor control de la evasión fiscal y otras elementos que erosionan el Estado del bienestar, son relevantes (46%) pero no mayoritarias.

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A pesar de lo anterior, la preferencia por el uso exclusivo del efectivo (33%) supera a la preferencia por el uso exclusivo de tarjeta (22%), más acusada cuando se consideran gastos de pequeño importe.

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Si levantamos la vista y observamos cómo pagan nuestros vecinos de Europa (datos Banco Central Europeo), las 74 transacciones de pago con tarjeta per cápita al año registradas en España en 2016, contrasta con las 117 del promedio de la Unión Europea y alejadas de las 331 de Dinamarca, las 320 de Suecia, las 250 de Reino Unido, las 164 de Francia… encontrándonos a niveles de Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y República Checa en esa variable.

El menor dinamismo que muestra España no puede argumentarse con una situación de falta de acceso a medios de pago alternativos al efectivo, o falta de equipamiento: España se encuentra bien equipada en número de TPV por millón de habitantes (32.200 en 2016), similar a los reportados por Reino Unido, y por encima de países que hemos visto que hacen un uso intensivo de tarjetas de pago (Portugal, Francia, Finlandia, Suecia, etc.). El problema es, por tanto, de uso.

Tampoco puede admitirse que somos una sociedad por naturaleza recelosa de la incorporación de las nuevas tecnologías a nuestras vidas. Por poner algunos ejemplos, circunscritos al ámbito de las comunicaciones, la app de mensajería móvil Whatsapp cuenta en España con su mercado más dinámico a nivel mundial, donde nueve de cada diez internautas la utilizan, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El uso de internet entre los españoles se sitúa en el 82%, principalmente a través del Smartphone (pasando en los últimos cinco años del 41% al 81% el porcentaje de españoles con teléfono inteligente, según el informe Google Consumer Barometer Report), porcentaje alineado con el de la muestra de ciudadanos de Suances. No en vano, España se encuentra entre los diez países que más usa el Smartphone a nivel global, aunque ocupamos la mitad de la tabla (puesto 14 de los 28 Estados miembros de la UE) en el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) de 2017, habiendo mejorado en el último año en todas las dimensiones excepto en lo relativo al capital humano.

De nuevo, el menor dinamismo no es tanto un problema de acceso / equipamiento sino de actitudes, aptitudes y hábitos. Y es precisamente a ese cambio de actitudes, aptitudes y hábitos al que pretende contribuir Cantabria Pago Digital, experiencia única y pionera en España de la que seguro se extraen interesantes lecciones de utilidad para todos.

 

Los contratos de rendimiento energético en la contabilidad pública

Por: | 03 de octubre de 2017

En los últimos años ha habido un mayor interés en la provisión de servicios energéticos para alcanzar los objetivos de lucha contra el cambio climático. En particular, desde el momento en el que se incorporó la variante de empresas que prestan servicios energéticos (ESEs) a usuarios finales de energía, incluyendo en el servicio el propio suministro y la instalación de equipos eficientes energéticamente, el tamaño de este mercado ha crecido notablemente. Según los datos recogidos por el Centro Europeo de Asesoramiento sobre las asociaciones público-privadas (EPEC en sus siglas en inglés), durante los últimos cinco años se firmaron 345 grandes proyectos de asociación público-privada relativos a la eficiencia energética en dieciséis Estados miembros de la UE, por un valor total de más de 65 000 millones de euros.

Contrato de rendimiento energético

Energy performance contracting

Fuente: Comisión Europea - DG JRC, Directorate C - Energy, Transport and Climate

En este sentido, las administraciones públicas españolas han visto este tipo de actuaciones tanto como una oportunidad creciente tanto en su compromiso por la reducción de emisiones de CO2 asociadas a su actividad, como en una forma de reducir los gastos corrientes que tienen normalmente asociados al gasto energético de sus instalaciones y edificios de su propiedad, que en muchos casos no cumplían con los estándares de edificación actuales y suponían un coste mensual desproporcionado.

Pero, por otro lado, se encontraban con las restricciones marcadas por la normativa de estabilidad presupuestaria nacional y europea. Dichos contratos eran contabilizados, de acuerdo a la interpretación de la normativa SEC 2010, como contratos financieros y, por lo tanto, la deuda con las ESEs fruto de los contratos de rendimiento energético eran tratados como una nueva deuda contraída por la Administración. Este hecho tenía poco sentido desde el punto de vista de la gestión contable dado que en algunos casos lo que hacía la administración era realizar un contrato de servicios, que aunque podía incluir la reforma de inmuebles, no era más que una prestación comercial que incluía compromisos de suministro a largo plazo a un precio prefijado.

Dadas las dudas que existían en cuanto a su tramitación contable y con la idea de rebajar la incertidumbre y fomentar su aplicación, la Oficina Estadística de la Comisión Europea (más conocida como Eurostat) ha publicado recientemente una nota de orientaciones actualizada sobre la manera de consignar los contratos de rendimiento energético en las cuentas públicas. En este sentido, los contratos de rendimiento energético en los que la eficiencia energética se obtiene con medidas de gestión de la energía, sin ninguna inversión en equipos suplementarios o renovación, se consideran simples contratos de servicios o de mantenimiento, hecho que no ha requerido muchas explicaciones añadidas ni aclaraciones.

Los casos de controversia se centraban en aquellos contratos que incluían la necesidad de instalar nuevos activos o una renovación de los ya existentes. En esos casos, la consideración de gasto y deuda dependerá de si dichos bienes se consideran como parte del perímetro de consolidación del gobierno o no. En caso de que el activo esté registrado fuera del balance, el impacto en el déficit público se limitará a los desembolsos regulares (según contrato y normalmente vinculada a los ahorros de energía obtenidos) que el gobierno lleve a cabo en el contrato de rendimiento energético con la ESE y durante toda la vida del contrato, y por lo tanto, no se computará como deuda financiera.

En líneas generales, las reglas para poder desarrollar un contrato con una ESE y que éste no sea considerado en su totalidad dentro de los gastos corrientes del año ni como deuda financiera para una administración pública deben de cumplirse los siguientes criterios:

  1. No se considerará como deuda financiera de la propia administración si:
    1. La ESE puede ser considerada como el propietario de los activos del contrato.
    2. En el caso de contratos de arrendamiento operativo (operating lease) y modelos de compra con arrendamiento financiero (buy and leaseback), en donde las obligaciones y el valor de los activos se compensan mutuamente en el tiempo, sólo se contabilizarán las cuotas abonadas a las ESE como parte de la contabilidad pública.
  2. En cambio, se seguirán considerando como deuda financiera en su totalidad en el momento de contraer la obligación:
    1. Aquellos contratos de rendimiento energético que las ESEs firmen con las administraciones mediante factoring sin recurso.
    2. Los contratos de rendimiento energético con ESEs donde los riesgos (sean de construcción, disponibilidad o demanda) y rentabilidades no queden balanceados entre la administración y la empresa.
    3. Los casos en los que el bien pase a ser propiedad de la administración tras el periodo de disponibilidad, pero la duración de este contrato sea considerado demasiado corto para cubrir una parte significativa de la vida económica de la inversión realizada.

Se espera que estas clarificaciones  ayuden a las Administraciones Públicas a comprender mejor el impacto que tienen las inversiones en eficiencia energética en sus balances, y fomenten con ellos actuaciones de eficiencia energética que ayuden a alcanzar los objetivos establecidos de transición hacia una economía baja en carbono mediante actuaciones propias más allá de los incentivos y apoyos legislativos que establezcan.

Artículo elaborado con la colaboración de Carmen López Herrera @Carmen_AFI

Más que un manual

Por: | 26 de septiembre de 2017

Con bastante frecuencia me preguntan estudiantes y allegados, profesionales de otras disciplinas, por “un buen libro de economía”, de introducción en la mayoría de los casos. La respuesta no era hasta ahora fácil, aunque siempre teníamos a mano los manuales más reconocidos y utilizados, desde el clásico Samuelson, hasta el Mankiw, pasando por el de  Paul Krugman y Robin Well. No son pocos, y cada maestrillo tiene sus preferencias, en no pocas ocasiones condicionadas por la propia historia y experiencia del enseñante, por la afinidad con los autores, y otras muy diversas circunstancias. Supongo que responder a esa pregunta es como hacerlo con las recomendaciones dietéticas, o con el mejor programa de iniciación al cuidado físico. Hay que tener mucho cuidado, en definitiva. Porque dependiendo de la impresión que deduzca el iniciado, así puede ser su curiosidad y afición futura por seguir ampliando sus conocimientos de economía.

Establecida esa justificación cautelar, me permito ahora sugerir a propios y extraños a la profesión -estudiantes y profesores, profesionales de otras disciplinas-, el libro The Economy, un proyecto en torno a la iniciativa denominada CORE (Curriculum in Open-access Resources in Economics) (http://www.core-econ.org/): una obra disponible online gratis, muy cuidada metodológicamente y plenamente actual. De hecho, el proyecto en el que concurren profesores de diversas universidades nace precisamente tras las consecuencias que la pasada crisis tuvo, entre otros ámbitos, sobre ese conocimiento económico. Lo menos duro que puede colegirse de las lecciones que dejó la crisis es que el conocimiento económico no puede darse por definitivo, es cambiante. Y la captación de esos cambios es una de las bases que ha inspirado la concreción de ese proyecto. Se trata de reflejar lo que los economistas saben hasta el momento, o como precisan los autores, lo que los economistas creen que saben. Abordar el ambicioso empeño de construir un manual de introducción a la economía requiere ese ejercicio de modestia intelectual que asumen los autores, y la consiguiente voluntad de incorporar las lecciones que aporta la realidad. Que no son pocas.

Esa responsabilidad en la elaboración de un trabajo tal la reflejan los autores en una suerte de declaración de principios. Revisan las principales contribuciones susceptibles de calificarse como “manuales” de economía, partiendo del considerado primer libro de texto, Principles of Political Economy de John Stuart Mill (1848), hasta que fue desplazado 48 años después por los Principles of Economics de Alfred Marshall. Las aportaciones de las que los autores se muestran deudores corresponden a tres grandes pensadores: Keynes, Hayek y Nash. El primero, introductor en 1936 de la idea de “demanda agregada” y sus principales determinantes en su obra más emblemática, La Teoría General. Sobre esa idea descansaría como pivote central 12 años después el gran texto de Paul Samuelson, probablemente el manual de introducción a la economía más influyente todavía hoy.

A Friedrich Hayek le corresponde el mérito de reforzar la idea de mercado como un sistema de procesamiento de información. De la existencia de información incompleta y asimétrica advertida por Hayek todavía se alimentan numerosas contribuciones al campo de las finanzas, sin ir más lejos. El matemático John Nash, por su parte, lideró ese campo de conocimiento, la teoría de juegos, esencial para analizar y modelizar las interacciones estratégicas entre los agentes, ya sean económicos o políticos.

Hechas esas declaraciones de principios, los propios autores advierten que su método y enfoque no asume a pie juntillas la totalidad de las concepciones de ninguno de esos tres grandes inspiradores: ni el supuesto intervencionismo de Keynes ni la marginación de los gobiernos defendida por Hayek. Las reticentes aportaciones de la economía conductista, de la behavioral economics or finance, también sirven para puntualizar algunas de las más radicales proposiciones que se deducen de la obra de Nash. Pero esas tres grandes aportaciones -la demanda agregada, la economía de la información y las interacciones estratégicas modelizadas por la teoría de juegos-, son consideradas por los autores fundamentos del pensamiento económico moderno. Y sus contribuciones no quedan precisamente orilladas en esta obra introductoria al conocimiento de la economía.

Aspectos relativamente nuevos en la literatura económica, pero esenciales, como las consideraciones medioambientales, la creciente desigualdad o las burbujas especulativas en los mercados financieros, demuestran la vocación de que la obra no pase por encima de la realidad, haciendo bueno ese slogan que difunde el director de CORE, Wendy Carlin, profesor de economía del University Collere London: "Teaching economics as if the last three decades had happened" Con una narrativa que entretiene sin abdicar del necesario rigor.

Los enseñantes tienen disponibles materiales adicionales. Junto a la obra general The Economy, disponen de diapositivas, vídeos y pruebas para los alumnos, que facilitan la labor docente de forma notable. La accesibilidad es muy buena, propia de los mejores e-books interactivos, con ejemplos de la vida real fáciles de asumir desde la perspectiva española.

Una última fuente de satisfacción: entre la veintena larga de autores que han aportado contribuciones a esta obra se encuentra el profesor Antonio Cabrales, al que le renuevo desde aquí mi felicitación.

Quienes quieran un comentario adicional, sin duda más completo, sobre esta importante obra, pueden leer el reciente artículo de J. Cassidy en el New Yorker. Merece la pena. Para que no todo sean elogios incondicionales, también han aparecido revisiones algo críticas con algunos capítulos de la obra, como la aparecida en el blog de V. Ramanan el pasado 12 de septiembre.

 

* Artículo de próxima aparición en revista Empresa Global nº 177. Octubre 2017. Afi Ediciones Empresa Global.

El estado de la unión económica y monetaria

Por: | 20 de septiembre de 2017

Este año el Discurso del Estado de la Unión por el Presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, con el lema Viento en nuestras velas, ha tenido una relevancia especial, de la cual se han hecho eco con cierta intensidad los distintos medios. No es para menos, ya que anuncia los planes de la CE para el último año completo de su mandato (en realidad, los próximos 16 meses, hasta finales de 2018), teniendo en cuenta que en mayo de 2019 se renueva el Parlamento Europeo y subsiguientemente también la CE.

Al margen de la reacción al Brexit, este domingo se celebran elecciones parlamentarias en Alemania, cuyos resultados podrían dar un nuevo impulso a la Unión Europea (UE), que hasta ahora pretende aprovechar la salida británica para profundizar en diversos aspectos de sus políticas a tenor de los escenarios más deseables formulados en el Libro Blanco sobre el futuro de Europa de la CE.

Dentro de ese discurso y esos planes, nos vamos a centrar aquí en la unión económica y monetaria (UEM). Como ya señalamos en nuestro último post sobre este tema, en estos momentos hay un conjunto de proyectos hacia una mayor profundización de la UEM que deberíamos ir viendo concretar y, sobre todo, culminar. En este sentido, dentro de la Hoja de ruta hacia una Europa más unida, fuerte y democrática, tenemos señalada la fecha del próximo 6 de diciembre, en la cual la CE formulará sus Propuestas sobre el paquete de la Unión Económica y Monetaria: 

- Transformación del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) en un Fondo Monetario Europeo

- Creación de una línea presupuestaria específica para la zona del euro dentro del presupuesto de la UE con cuatro funciones:

     1. asistencia a las reformas estructurales,

     2. función e estabilización,

     3. protección para la Unión Bancaria, y 

     4. instrumento de convergencia para prestar asistencia de preadhesión a los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro

- Integración en la legislación de la UE de los aspectos sustanciales del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria

- Creación de un ministro europeo de Economía y Finanzas, que asumiría las funciones del comisario de Asuntos Económicos y Financieros y presidiría el Eurogrupo

Dejamos de lado el deseo aparentemente expresado por el Presidente de la CE de que toda la UE post-Brexit tenga como moneda única el euro, que ha sido enfriado por el último Eurogrupo. Siendo deseable este objetivo en sí mismo, por las mayores coherencia y cohesión que supondría para la UE, no se puede olvidar, como el propio Juncker recalcó posteriormente, que la incorporación de un Estado miembro al área euro exige el cumplimiento por el mismo de determinados criterios de convergencia nominal y legal. Estos últimos dependen de los Estados afectados, especialmente si tienen implicaciones constitucionales. No resulta extraño que de todos los posibles candidatos a incorporarse al euro, dejando de lado Dinamarca (que tiene su cláusula opt-out en el Tratado), sólo Croacia cumpla la convergencia legal.

Suele decirse que toda profundización efectiva de la UEM exige mecanismos de solidaridad entre los países más avanzados y los menos, como ya ha sucedido durante la crisis con el MEDE, que es intergubernamental, y otros mecanismos. Entre ellos, la CE pone la atención en los que dependen de ella, y concretamente en el Servicio de Soporte de Reformas Estructurales, que se creó en 2015 y hasta ahora ha beneficiado a 15 Estados miembros con más de 150 proyectos. Dicho servicio cubre las áreas que figuran en el siguiente cuadro y formaría parte del presupuesto específico del área euro, como se ha mencionado anteriormente.

Cuadro

Fuente: Comisión Europea. https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/srss-factsheet_en.pdf

Pocos días después, 14 y 15 de diciembre, está prevista una reunión del Consejo Europeo, en la que podrían observarse las primeras reacciones a los planes de la CE, especialmente en aquellos temas que, como los posibles cambios en los Tratados, dependen en último término de los Estados miembros.

Mientras no podemos anticipar ahora cual será la reacción de los Estados miembros a los nuevos planes sin concretar de la CE, entendemos que en torno a la UEM y su futuro inmediato se lleva hablando suficiente tiempo y resulta necesario que, cuanto antes, se concreten y materialicen avances en las direcciones apropiadas. Si el momento económico es bueno, como la mayoría de los indicadores pone de manifiesto, en modo alguno debería servir como pretexto para olvidarse de las reformas.  Por el contrario, estas deben ponerse en marcha cuando la presión de los acontecimientos es menor y, en consecuencia, se tiene mayor probabilidad de hacerlas bien y aplicarlas con eficacia cuando se necesite.

 

El País

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