Finanzas a las 9

Sobre el blog

Los profesionales de Afi ofrecen un punto de vista singular sobre la actualidad del sistema financiero. En cada publicación se aborda el análisis de cuestiones ligadas al proceso de transformación del sector, a las novedades regulatorias, a la relación con la tecnología o al repaso de los fundamentos teóricos que explican las bondades de un sistema financiero sólido.

Sobre los autores

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Afi es, desde 1987, una empresa líder en consultoría y formación independiente en economía, finanzas y tecnología. El rigor técnico, la innovación y la orientación al cliente son las bases de nuestra diferenciación y nos han permitido ofrecer desde 1994 formación financiera especializada a través de Afi Escuela de Finanzas.

Emilio Ontiveros es Presidente de Analistas Financieros Internacionales (Afi) y de Afi Escuela de Finanzas, además de Catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid. @ontiverosemilio.

Ángel Berges es Vicepresidente de Analistas Financieros Internacionales (Afi) y Catedrático de Economía Financiera de la Universidad Autónoma de Madrid. @AbergesAngel.

Daniel Manzano. Socio de Afi. Presidente de Afi Inversiones Financieras Globales EAFI y de Afi Consultores de las Administraciones Públicas. @dmanzano_afi.

Esteban Sánchez Pajares es Socio del área de Banca y Seguros de Analistas Financieros Internacionales (Afi). @est_snchez.

Francisco José Valero es Socio del área de Estudios de Analistas Financieros Internacionales (Afi) y Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Daniel Fuentes Castro es responsable de análisis macro de Analistas Financieros Internacionales (Afi)@dfuentescastro

Ricardo Pedraz es consultor de área de Finanzas Públicas de Analistas Financieros Internacionales (Afi) @RicardoPedraz.

Verónica López es Consultora senior del área de Economía aplicada y territorial de Analistas Financieros Internacionales (Afi) @VLopezSabater.

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Retroceso, pero también avances, en la Unión Bancaria

Por: | 17 de octubre de 2017

La Comisión Europea (CE) emitió el pasado día 11 una comunicación Completad la Unión Bancaria (UB) y, simultáneamente, un informe sobre la aplicación del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), que va acompañado de un documento complementario (Staff working document). Mientras el informe tiene cierto interés al reconocer las competencias del MUS en la determinación de las provisiones por riesgo de crédito de los préstamos problemáticos[1], la primera ha supuesto un cierto retroceso en la UB, concretamente en su tercer pilar, el Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (SEGD).

No obstante, la misma comunicación supone también avances en otros aspectos de la UB, aunque condicionados a decisiones a adoptar en el futuro, por lo que centraremos en ella la atención en este post. En todo caso, nos preocupa el retroceso por lo que puede suponer para las propuestas sobre el conjunto de la Unión Económica y Monetaria (UEM) que la CE tiene previsto efectuar a primeros del próximo mes de diciembre.

La CE efectuó una propuesta sobre el SEGD en noviembre de 2015, véase nuestro post al respecto, con el objetivo que todos los depositantes de la UB disfruten del mismo nivel de garantía de sus depósitos independientemente de su localización geográfica. Para ello el SEGD se desarrollaba en tres fases progresivas:

. Reaseguro

. Coaseguro

. Seguro pleno

Han transcurrido casi dos años desde entones y, dadas las dificultades que han impedido que la propuesta avance hasta ahora, la CE sugiere una introducción más gradual del SEGD, con solo dos fases:

Reaseguro, más limitado que la propuesta inicial, ya que el SEGD sólo suministraría una cobertura de liquidez a los sistemas de garantía de depósitos (SGD) nacionales, que deberían reembolsar este soporte, lo que supone, en último término, una cobertura nacional.

Coaseguro, de forma progresiva, como ya estaba previsto.

Al mismo tiempo, el paso a esta segunda fase estaría condicionado a los progresos en la reducción de riesgos de los bancos, una tendencia que se está cumpliendo en la práctica, tal y como muestran los siguientes gráficos, manejados por la propia CE, como sería lógico esperar de la salida a la intensa crisis financiera por la que hemos pasado.

Graficos

Por otro lado, se modificaría la Directiva que regula los SGD (Directiva 2014/49/UE) con el fin de hacerlos más homogéneos, reduciendo las opciones nacionales.

En cuanto a los avances antes mencionados, en primer lugar, la CE llama a los colegisladores (Parlamento Europeo y Consejo de la UE) a conseguir un acuerdo rápido sobre las reformas bancarias pendientes presentadas en noviembre de 2017, hace ya casi un año, que comentábamos en un post al comienzo de este.

Mayor relevancia puede tener la propuesta de un respaldo fiscal a la UB, por el que se trataría de apoyar al Mecanismo Único de Resolución (MUR) si, por la intensidad de una crisis, se ve necesitado de fondos adicionales, independientemente de que estos se recaben posteriormente de las entidades bancarias. En su documento de mayo de 2017 sobre La profundización de la UEM, la CE había identificado como solución más apropiada una línea de crédito del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Esto deberá articularse con las propuestas citadas de la CE para profundizar en la UEM previstas para el próximo mes de diciembre, que, entre otras cosas, prevén una transformación del MEDE en un Fondo Monetario Europeo, véase nuestro reciente post sobre el estado de la UEM.

En tercer lugar, está el tema, ya mencionado anteriormente, de la reducción de los préstamos problemáticos (NPL, por sus siglas en inglés), véase nuestro post sobre el mismo, para el que la CE prevé, con el objetivo de reducir los niveles actualmente observados de NPL y de evitar su constitución el futuro, un paquete comprehensivo de medidas a adoptar en la primavera de 2018, consistente en:

. Un marco para las sociedades nacionales de gestión de activos (SAREB en el caso de España), que refleje las mejores prácticas observadas al respecto.

. Medidas legislativas para desarrollar los mercados secundarios de NPL y fortalecer la habilidad de los acreedores de recuperar valor de los préstamos garantizados.

. Un informe explorando la posibilidad de una propuesta legislativa que introduzca un respaldo prudencial contra la sub-provisión de nuevos NPL.

. Mecanismos para aumentar la transparencia de los NPL en Europa.

Por último, debemos destacar la posibilidad que puede abrirse a la emisión de valores respaldados por bonos soberanos. Sobre la base de los trabajos de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, la CE prevé proponer en 2018 la posibilidad de desarrollar estos valores, que permitirían diversificar las carteras de deuda pública de los bancos, reduciendo el círculo vicioso entre riesgos bancarios y soberanos, para cuya ruptura se diseñó precisamente la UB.

 

[1] Sobre el que posteriormente se han pronunciado el presidente del BCE y la presidenta del MUS ante el Parlamento Europeo.

 

Cantabria Pago Digital: ¿Aceptamos el reto de vivir sin efectivo?

Por: | 05 de octubre de 2017

* Artículo escrito por Emilio Ontiveros y Verónica López Sabeter, de Afi.

Más allá de las implicaciones de política monetaria que habrían de ser tenidas en consideración para dar una respuesta comprehensiva a esta pregunta, si la trasladamos a nuestra vida cotidiana podemos afirmar que, al menos en la España de 2017, es muy difícil, por no decir imposible.

Por “vivir sin efectivo” nos referimos a afrontar la cotidianeidad sin necesidad de recurrir a monedas y billetes para hacer frente a los gastos en que incurrimos a diario. Y conseguir hacerlo sin fricciones.

La iniciativa del Gobierno de Cantabria “Cantabria Pago Digital”, presentada el día de ayer en la localidad cántabra de Suances, que la albergará a partir del día 19 de octubre durante aproximadamente un mes, pretende precisamente testar cuán fácil o difícil es reducir nuestra dependencia como sociedad del dinero en efectivo, en un momento en que “lo digital” se ha instalado en nuestras vidas para quedarse.   

El reto planteado, y que cuenta con Banco Santander como socio tecnológico y con la colaboración de Mastercard, no es otro que animar a los ciudadanos de Suances a salir de casa cada día sin portar el monedero y billetera (analógicos, claro), y en su lugar hacer uso de medios alternativos al efectivo, teóricamente generalmente aceptados, o al menos diseñados para que lo sean, como pueden ser las tarjeta de pago – física o virtualizada en el móvil– o las nuevas soluciones de pago digital entre particulares, como las app de pago P2P.

En el caso de las tarjetas de pago – la de débito, la más generalizada – es un medio que el 84% de los adultos de Suances declaran disponer, pero solo uno de cada tres afirma utilizar como principal medio de pago para los gastos cotidianos (y solo un 8% como medio de pago exclusivo). El resto, es decir, siete de cada diez utilizan el efectivo como medio de pago más frecuente. La mitad de los titulares de tarjeta acuden al cajero automático todas las semanas para retirar efectivo con la misma tarjeta con la que podrían directamente pagar en el comercio.

El impacto del achicamiento que la última crisis ha generado en materia de capilaridad de puntos de acceso (sucursales y cajeros automáticos), especialmente en municipios de menor tamaño, algunos de los cuales no disponen hoy de ningún punto permanente, no habría de ser tan grave si incorporáramos la costumbre de pagar con medios alternativos que hacen prescindible el uso de las monedas y billetes… si la aceptación fuera equiparable a la tenencia, y el uso equiparable al acceso.

1

Preguntados por su parecer acerca de una hipotética situación –que será real, si bien voluntaria a partir del 19 de octubre en Suances- en la que las tarjetas fueran la única forma de pago de gastos cotidianos, destacan las opiniones favorables en cuanto a los atributos de comodidad (72%) y seguridad (65%) sin incurrir en mayor coste (51%) por operar de este modo. Por el contrario, la falta de privacidad (58%) y la dificultad de controlar los gastos (42%) son los atributos negativos asociados a esta situación. Las motivaciones relacionadas con el mayor control de la evasión fiscal y otras elementos que erosionan el Estado del bienestar, son relevantes (46%) pero no mayoritarias.

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A pesar de lo anterior, la preferencia por el uso exclusivo del efectivo (33%) supera a la preferencia por el uso exclusivo de tarjeta (22%), más acusada cuando se consideran gastos de pequeño importe.

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Si levantamos la vista y observamos cómo pagan nuestros vecinos de Europa (datos Banco Central Europeo), las 74 transacciones de pago con tarjeta per cápita al año registradas en España en 2016, contrasta con las 117 del promedio de la Unión Europea y alejadas de las 331 de Dinamarca, las 320 de Suecia, las 250 de Reino Unido, las 164 de Francia… encontrándonos a niveles de Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y República Checa en esa variable.

El menor dinamismo que muestra España no puede argumentarse con una situación de falta de acceso a medios de pago alternativos al efectivo, o falta de equipamiento: España se encuentra bien equipada en número de TPV por millón de habitantes (32.200 en 2016), similar a los reportados por Reino Unido, y por encima de países que hemos visto que hacen un uso intensivo de tarjetas de pago (Portugal, Francia, Finlandia, Suecia, etc.). El problema es, por tanto, de uso.

Tampoco puede admitirse que somos una sociedad por naturaleza recelosa de la incorporación de las nuevas tecnologías a nuestras vidas. Por poner algunos ejemplos, circunscritos al ámbito de las comunicaciones, la app de mensajería móvil Whatsapp cuenta en España con su mercado más dinámico a nivel mundial, donde nueve de cada diez internautas la utilizan, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El uso de internet entre los españoles se sitúa en el 82%, principalmente a través del Smartphone (pasando en los últimos cinco años del 41% al 81% el porcentaje de españoles con teléfono inteligente, según el informe Google Consumer Barometer Report), porcentaje alineado con el de la muestra de ciudadanos de Suances. No en vano, España se encuentra entre los diez países que más usa el Smartphone a nivel global, aunque ocupamos la mitad de la tabla (puesto 14 de los 28 Estados miembros de la UE) en el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) de 2017, habiendo mejorado en el último año en todas las dimensiones excepto en lo relativo al capital humano.

De nuevo, el menor dinamismo no es tanto un problema de acceso / equipamiento sino de actitudes, aptitudes y hábitos. Y es precisamente a ese cambio de actitudes, aptitudes y hábitos al que pretende contribuir Cantabria Pago Digital, experiencia única y pionera en España de la que seguro se extraen interesantes lecciones de utilidad para todos.

 

Los contratos de rendimiento energético en la contabilidad pública

Por: | 03 de octubre de 2017

En los últimos años ha habido un mayor interés en la provisión de servicios energéticos para alcanzar los objetivos de lucha contra el cambio climático. En particular, desde el momento en el que se incorporó la variante de empresas que prestan servicios energéticos (ESEs) a usuarios finales de energía, incluyendo en el servicio el propio suministro y la instalación de equipos eficientes energéticamente, el tamaño de este mercado ha crecido notablemente. Según los datos recogidos por el Centro Europeo de Asesoramiento sobre las asociaciones público-privadas (EPEC en sus siglas en inglés), durante los últimos cinco años se firmaron 345 grandes proyectos de asociación público-privada relativos a la eficiencia energética en dieciséis Estados miembros de la UE, por un valor total de más de 65 000 millones de euros.

Contrato de rendimiento energético

Energy performance contracting

Fuente: Comisión Europea - DG JRC, Directorate C - Energy, Transport and Climate

En este sentido, las administraciones públicas españolas han visto este tipo de actuaciones tanto como una oportunidad creciente tanto en su compromiso por la reducción de emisiones de CO2 asociadas a su actividad, como en una forma de reducir los gastos corrientes que tienen normalmente asociados al gasto energético de sus instalaciones y edificios de su propiedad, que en muchos casos no cumplían con los estándares de edificación actuales y suponían un coste mensual desproporcionado.

Pero, por otro lado, se encontraban con las restricciones marcadas por la normativa de estabilidad presupuestaria nacional y europea. Dichos contratos eran contabilizados, de acuerdo a la interpretación de la normativa SEC 2010, como contratos financieros y, por lo tanto, la deuda con las ESEs fruto de los contratos de rendimiento energético eran tratados como una nueva deuda contraída por la Administración. Este hecho tenía poco sentido desde el punto de vista de la gestión contable dado que en algunos casos lo que hacía la administración era realizar un contrato de servicios, que aunque podía incluir la reforma de inmuebles, no era más que una prestación comercial que incluía compromisos de suministro a largo plazo a un precio prefijado.

Dadas las dudas que existían en cuanto a su tramitación contable y con la idea de rebajar la incertidumbre y fomentar su aplicación, la Oficina Estadística de la Comisión Europea (más conocida como Eurostat) ha publicado recientemente una nota de orientaciones actualizada sobre la manera de consignar los contratos de rendimiento energético en las cuentas públicas. En este sentido, los contratos de rendimiento energético en los que la eficiencia energética se obtiene con medidas de gestión de la energía, sin ninguna inversión en equipos suplementarios o renovación, se consideran simples contratos de servicios o de mantenimiento, hecho que no ha requerido muchas explicaciones añadidas ni aclaraciones.

Los casos de controversia se centraban en aquellos contratos que incluían la necesidad de instalar nuevos activos o una renovación de los ya existentes. En esos casos, la consideración de gasto y deuda dependerá de si dichos bienes se consideran como parte del perímetro de consolidación del gobierno o no. En caso de que el activo esté registrado fuera del balance, el impacto en el déficit público se limitará a los desembolsos regulares (según contrato y normalmente vinculada a los ahorros de energía obtenidos) que el gobierno lleve a cabo en el contrato de rendimiento energético con la ESE y durante toda la vida del contrato, y por lo tanto, no se computará como deuda financiera.

En líneas generales, las reglas para poder desarrollar un contrato con una ESE y que éste no sea considerado en su totalidad dentro de los gastos corrientes del año ni como deuda financiera para una administración pública deben de cumplirse los siguientes criterios:

  1. No se considerará como deuda financiera de la propia administración si:
    1. La ESE puede ser considerada como el propietario de los activos del contrato.
    2. En el caso de contratos de arrendamiento operativo (operating lease) y modelos de compra con arrendamiento financiero (buy and leaseback), en donde las obligaciones y el valor de los activos se compensan mutuamente en el tiempo, sólo se contabilizarán las cuotas abonadas a las ESE como parte de la contabilidad pública.
  2. En cambio, se seguirán considerando como deuda financiera en su totalidad en el momento de contraer la obligación:
    1. Aquellos contratos de rendimiento energético que las ESEs firmen con las administraciones mediante factoring sin recurso.
    2. Los contratos de rendimiento energético con ESEs donde los riesgos (sean de construcción, disponibilidad o demanda) y rentabilidades no queden balanceados entre la administración y la empresa.
    3. Los casos en los que el bien pase a ser propiedad de la administración tras el periodo de disponibilidad, pero la duración de este contrato sea considerado demasiado corto para cubrir una parte significativa de la vida económica de la inversión realizada.

Se espera que estas clarificaciones  ayuden a las Administraciones Públicas a comprender mejor el impacto que tienen las inversiones en eficiencia energética en sus balances, y fomenten con ellos actuaciones de eficiencia energética que ayuden a alcanzar los objetivos establecidos de transición hacia una economía baja en carbono mediante actuaciones propias más allá de los incentivos y apoyos legislativos que establezcan.

Artículo elaborado con la colaboración de Carmen López Herrera @Carmen_AFI

Más que un manual

Por: | 26 de septiembre de 2017

Con bastante frecuencia me preguntan estudiantes y allegados, profesionales de otras disciplinas, por “un buen libro de economía”, de introducción en la mayoría de los casos. La respuesta no era hasta ahora fácil, aunque siempre teníamos a mano los manuales más reconocidos y utilizados, desde el clásico Samuelson, hasta el Mankiw, pasando por el de  Paul Krugman y Robin Well. No son pocos, y cada maestrillo tiene sus preferencias, en no pocas ocasiones condicionadas por la propia historia y experiencia del enseñante, por la afinidad con los autores, y otras muy diversas circunstancias. Supongo que responder a esa pregunta es como hacerlo con las recomendaciones dietéticas, o con el mejor programa de iniciación al cuidado físico. Hay que tener mucho cuidado, en definitiva. Porque dependiendo de la impresión que deduzca el iniciado, así puede ser su curiosidad y afición futura por seguir ampliando sus conocimientos de economía.

Establecida esa justificación cautelar, me permito ahora sugerir a propios y extraños a la profesión -estudiantes y profesores, profesionales de otras disciplinas-, el libro The Economy, un proyecto en torno a la iniciativa denominada CORE (Curriculum in Open-access Resources in Economics) (http://www.core-econ.org/): una obra disponible online gratis, muy cuidada metodológicamente y plenamente actual. De hecho, el proyecto en el que concurren profesores de diversas universidades nace precisamente tras las consecuencias que la pasada crisis tuvo, entre otros ámbitos, sobre ese conocimiento económico. Lo menos duro que puede colegirse de las lecciones que dejó la crisis es que el conocimiento económico no puede darse por definitivo, es cambiante. Y la captación de esos cambios es una de las bases que ha inspirado la concreción de ese proyecto. Se trata de reflejar lo que los economistas saben hasta el momento, o como precisan los autores, lo que los economistas creen que saben. Abordar el ambicioso empeño de construir un manual de introducción a la economía requiere ese ejercicio de modestia intelectual que asumen los autores, y la consiguiente voluntad de incorporar las lecciones que aporta la realidad. Que no son pocas.

Esa responsabilidad en la elaboración de un trabajo tal la reflejan los autores en una suerte de declaración de principios. Revisan las principales contribuciones susceptibles de calificarse como “manuales” de economía, partiendo del considerado primer libro de texto, Principles of Political Economy de John Stuart Mill (1848), hasta que fue desplazado 48 años después por los Principles of Economics de Alfred Marshall. Las aportaciones de las que los autores se muestran deudores corresponden a tres grandes pensadores: Keynes, Hayek y Nash. El primero, introductor en 1936 de la idea de “demanda agregada” y sus principales determinantes en su obra más emblemática, La Teoría General. Sobre esa idea descansaría como pivote central 12 años después el gran texto de Paul Samuelson, probablemente el manual de introducción a la economía más influyente todavía hoy.

A Friedrich Hayek le corresponde el mérito de reforzar la idea de mercado como un sistema de procesamiento de información. De la existencia de información incompleta y asimétrica advertida por Hayek todavía se alimentan numerosas contribuciones al campo de las finanzas, sin ir más lejos. El matemático John Nash, por su parte, lideró ese campo de conocimiento, la teoría de juegos, esencial para analizar y modelizar las interacciones estratégicas entre los agentes, ya sean económicos o políticos.

Hechas esas declaraciones de principios, los propios autores advierten que su método y enfoque no asume a pie juntillas la totalidad de las concepciones de ninguno de esos tres grandes inspiradores: ni el supuesto intervencionismo de Keynes ni la marginación de los gobiernos defendida por Hayek. Las reticentes aportaciones de la economía conductista, de la behavioral economics or finance, también sirven para puntualizar algunas de las más radicales proposiciones que se deducen de la obra de Nash. Pero esas tres grandes aportaciones -la demanda agregada, la economía de la información y las interacciones estratégicas modelizadas por la teoría de juegos-, son consideradas por los autores fundamentos del pensamiento económico moderno. Y sus contribuciones no quedan precisamente orilladas en esta obra introductoria al conocimiento de la economía.

Aspectos relativamente nuevos en la literatura económica, pero esenciales, como las consideraciones medioambientales, la creciente desigualdad o las burbujas especulativas en los mercados financieros, demuestran la vocación de que la obra no pase por encima de la realidad, haciendo bueno ese slogan que difunde el director de CORE, Wendy Carlin, profesor de economía del University Collere London: "Teaching economics as if the last three decades had happened" Con una narrativa que entretiene sin abdicar del necesario rigor.

Los enseñantes tienen disponibles materiales adicionales. Junto a la obra general The Economy, disponen de diapositivas, vídeos y pruebas para los alumnos, que facilitan la labor docente de forma notable. La accesibilidad es muy buena, propia de los mejores e-books interactivos, con ejemplos de la vida real fáciles de asumir desde la perspectiva española.

Una última fuente de satisfacción: entre la veintena larga de autores que han aportado contribuciones a esta obra se encuentra el profesor Antonio Cabrales, al que le renuevo desde aquí mi felicitación.

Quienes quieran un comentario adicional, sin duda más completo, sobre esta importante obra, pueden leer el reciente artículo de J. Cassidy en el New Yorker. Merece la pena. Para que no todo sean elogios incondicionales, también han aparecido revisiones algo críticas con algunos capítulos de la obra, como la aparecida en el blog de V. Ramanan el pasado 12 de septiembre.

 

* Artículo de próxima aparición en revista Empresa Global nº 177. Octubre 2017. Afi Ediciones Empresa Global.

El estado de la unión económica y monetaria

Por: | 20 de septiembre de 2017

Este año el Discurso del Estado de la Unión por el Presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, con el lema Viento en nuestras velas, ha tenido una relevancia especial, de la cual se han hecho eco con cierta intensidad los distintos medios. No es para menos, ya que anuncia los planes de la CE para el último año completo de su mandato (en realidad, los próximos 16 meses, hasta finales de 2018), teniendo en cuenta que en mayo de 2019 se renueva el Parlamento Europeo y subsiguientemente también la CE.

Al margen de la reacción al Brexit, este domingo se celebran elecciones parlamentarias en Alemania, cuyos resultados podrían dar un nuevo impulso a la Unión Europea (UE), que hasta ahora pretende aprovechar la salida británica para profundizar en diversos aspectos de sus políticas a tenor de los escenarios más deseables formulados en el Libro Blanco sobre el futuro de Europa de la CE.

Dentro de ese discurso y esos planes, nos vamos a centrar aquí en la unión económica y monetaria (UEM). Como ya señalamos en nuestro último post sobre este tema, en estos momentos hay un conjunto de proyectos hacia una mayor profundización de la UEM que deberíamos ir viendo concretar y, sobre todo, culminar. En este sentido, dentro de la Hoja de ruta hacia una Europa más unida, fuerte y democrática, tenemos señalada la fecha del próximo 6 de diciembre, en la cual la CE formulará sus Propuestas sobre el paquete de la Unión Económica y Monetaria: 

- Transformación del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) en un Fondo Monetario Europeo

- Creación de una línea presupuestaria específica para la zona del euro dentro del presupuesto de la UE con cuatro funciones:

     1. asistencia a las reformas estructurales,

     2. función e estabilización,

     3. protección para la Unión Bancaria, y 

     4. instrumento de convergencia para prestar asistencia de preadhesión a los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro

- Integración en la legislación de la UE de los aspectos sustanciales del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria

- Creación de un ministro europeo de Economía y Finanzas, que asumiría las funciones del comisario de Asuntos Económicos y Financieros y presidiría el Eurogrupo

Dejamos de lado el deseo aparentemente expresado por el Presidente de la CE de que toda la UE post-Brexit tenga como moneda única el euro, que ha sido enfriado por el último Eurogrupo. Siendo deseable este objetivo en sí mismo, por las mayores coherencia y cohesión que supondría para la UE, no se puede olvidar, como el propio Juncker recalcó posteriormente, que la incorporación de un Estado miembro al área euro exige el cumplimiento por el mismo de determinados criterios de convergencia nominal y legal. Estos últimos dependen de los Estados afectados, especialmente si tienen implicaciones constitucionales. No resulta extraño que de todos los posibles candidatos a incorporarse al euro, dejando de lado Dinamarca (que tiene su cláusula opt-out en el Tratado), sólo Croacia cumpla la convergencia legal.

Suele decirse que toda profundización efectiva de la UEM exige mecanismos de solidaridad entre los países más avanzados y los menos, como ya ha sucedido durante la crisis con el MEDE, que es intergubernamental, y otros mecanismos. Entre ellos, la CE pone la atención en los que dependen de ella, y concretamente en el Servicio de Soporte de Reformas Estructurales, que se creó en 2015 y hasta ahora ha beneficiado a 15 Estados miembros con más de 150 proyectos. Dicho servicio cubre las áreas que figuran en el siguiente cuadro y formaría parte del presupuesto específico del área euro, como se ha mencionado anteriormente.

Cuadro

Fuente: Comisión Europea. https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/srss-factsheet_en.pdf

Pocos días después, 14 y 15 de diciembre, está prevista una reunión del Consejo Europeo, en la que podrían observarse las primeras reacciones a los planes de la CE, especialmente en aquellos temas que, como los posibles cambios en los Tratados, dependen en último término de los Estados miembros.

Mientras no podemos anticipar ahora cual será la reacción de los Estados miembros a los nuevos planes sin concretar de la CE, entendemos que en torno a la UEM y su futuro inmediato se lleva hablando suficiente tiempo y resulta necesario que, cuanto antes, se concreten y materialicen avances en las direcciones apropiadas. Si el momento económico es bueno, como la mayoría de los indicadores pone de manifiesto, en modo alguno debería servir como pretexto para olvidarse de las reformas.  Por el contrario, estas deben ponerse en marcha cuando la presión de los acontecimientos es menor y, en consecuencia, se tiene mayor probabilidad de hacerlas bien y aplicarlas con eficacia cuando se necesite.

 

Los Bancos de Inversión Verde

Por: | 05 de septiembre de 2017

La asignación de inversiones a proyectos beneficiosos con la lucha contra el cambio climático está creciendo en todo el mundo, pero su montante sigue siendo pequeño tanto con respecto a la necesidad existente como a su evolución. No obstante, su evolución ya está suponiendo un cambio de tendencia progresivo como pedía Mark Carney en 2015 para evitar la llamada Tragedia del Horizonte.

En este escenario, una de las alternativas menos exploradas hasta la fecha es la de incentivar dicha inversión a través de instituciones específicas de carácter público o público-privado destinadas a canalizar fondos y proveer asesoramiento profesional hacia ese fin. Son los llamados Bancos de Inversión Verdes, más conocidos por su denominación inglesa Green Banks. Este tipo de organismos ofrece la capacidad de dinamizar un mercado incipiente generando un efecto demostración beneficioso para el resto de instituciones financieras y actores empresariales. Su misión y objetivos se centran en estimular y facilitar innovaciones apoyando la inversión en soluciones prometedoras, pero escasamente implantadas.

El camino a seguir para su capitalización es diverso y debe decidirse según las posibilidades y situación de partida existente. En algunos casos la financiación de la entidad se basa en la concesión de garantías gubernamentales, mediante asignaciones presupuestarias nuevas o reasignación de otras ya existentes, recaudación sobre impuestos específicos, ingresos derivados de mercados de comercio de emisiones, recargos específicos sobre tasas públicas, préstamos concedidos y/o emisiones de bonos, sin tener, en muchos casos, una afección en las cuentas públicas.

La estrategia operativa de estos bancos se centra normalmente en la concesión de préstamos de largo plazo destinados a la inversión en proyectos e infraestructuras que supongan una transición hacia una economía baja en carbono. Aquellos con una mayor evolución y capacidad profesional suelen incorporar actuaciones de financiación mediante deuda subordinada, la toma de participaciones en proyectos demostradores o la concesión de garantías normalmente parciales que ayuden a reducir el riesgo retenido y percibido por los inversores privados.

En este sentido, tenemos casos de notable éxito que han llevado incluso a un proceso de reciente privatización en el Reino Unido, donde el Green Investment Bank ha sido adquirido por Macquaire, banco de inversión privado con sede en Australia. Más ejemplos tenemos ya de su puesta en marcha, aunque es verdad que sólo se han establecido estos Bancos Verdes donde no hay Bancos de Desarrollo, o si los hay, éstos no ejercen un papel dominante en la financiación de infraestructuras (caso que encajaría con la situación nacional y regional de España). Gobiernos tan diversos como los de Australia, Colombia, Japón, Malasia, Suiza o México presentan casos de notable éxito a nivel nacional, pero también los encontramos a nivel regional y local, lo que da una muestra de las distintas opciones y heterogeneidad de este tipo de instituciones. Donde sí coinciden casi todos las referencias existentes es en que buscan movilizar el capital privado, reducir el coste del capital para el desarrollo de proyectos de gran calado y dimensión, desarrollar mercados de tecnología verde, apoyar el desarrollo de la comunidad local y crear empleos, todo ello centrado en alcanzar una reducción de emisiones de CO2, antes incluso del Acuerdo de Paris de 2015.

Durante la administración Obama hubo impulsos para crear una institución de este tipo, centrada en el desarrollo de infraestructuras de interés público (como infraestructuras de ferrocarril, agua y energía) en Estados Unidos, y actualmente es el Gobierno Trudeau el que ha cogido la insignia para el desarrollo de una institución similar que se dedique a desarrollar inversiones en transporte público, infraestructura verde, infraestructura social, comercio y transporte.

Green Banks

Este tipo de instituciones suponen un giro gradual en la financiación pública, canalizada tradicionalmente a través de subvenciones, pasando a un modelo donde la financiación pública y privada operan en complicidad y concierto mejorando la calidad de los proyectos generadores de ingresos, a la vez que se reduce la dependencia que en algunos casos han tenido de las subvenciones. Por otro lado, y tal y como señalaba el informe de Finanzas Verdes elaborado en 2016 el marco del G20, es necesario mejorar la visibilidad y previsibilidad de la política de inversión pública climática de forma que ello repercuta en la confianza de los inversores privados. Por ello, la creación de Bancos de Inversión Verdes incide positivamente en la creación de un entorno favorable de inversión por lo que significa de apoyo y de muestra de una visión a largo plazo y cambios en las prácticas existentes de valoración de inversiones sostenibles.

La casuística y flexibilidad en la creación y desarrollo de este tipo de instituciones es un elemento clave de su reciente éxito, pero las recomendaciones políticas suelen ser siempre las mismas:

  • Objetivos (sectores e inversiones permitidas) claramente definidos.
  • Correlación de objetivos públicos con capacidades instaladas y fallos de mercado identificados.
  • Apalancamiento financiero entre fondos públicos y privados mediante la alineación de intereses.
  • Minimización de riesgos, mediante el reparto de los mismos entre todos los actores de la cadena de financiación.
  • Claridad, información y transparencia en los procesos de gestión que dé lógica y previsibilidad a su funcionamiento.

 

Externalidades financieras

Por: | 29 de agosto de 2017

He leído durante este agosto el último libro de Paul de Grauwe, “The Limits of the Market. The pendulum between government and market” (Oxford Univesity Press), cuya recomendación anticipo. Con gran lucidez y capacidad de síntesis se adentra en un debate muy sugerente, de gran vigencia, tras los destrozos originados por la crisis de 2007. Dejo para otra ocasión el comentario general sobre esta valiosa obra y paso a destacar algunos que merecen la pena en mi opinión, sobre el papel de las finanzas, de los mercados financieros más concretamente.

En el capítulo tres del libro, de Grauwe aborda los límites externos del sistema económico de mercado, las externalidades que se crean como consecuencia de las discrepancias entre la racionalidad individual y la colectiva. El primero de esos límites externos es el relativo al entorno, a las externalidades medioambientales, los costes generados por decisiones individuales sobre la salud de los demás. Los daños asociados al calentamiento global son los de mayor vigencia. Y el sistema basado en el libre mercado no dispone de mecanismos que reduzcan esos costes de forma automática. Requiere la acción de los gobiernos.

El tercero de los casos de esos efectos externos es el de los bienes públicos: aquellos que benefician a todos sobre los que nadie puede ejercer un derecho de propiedad privada. Dan lugar al problema del “free-rider”, del “gorrón”, cuando este se resiste a financiar un bien público que disfruta, como otro muchos.

El conjunto de efectos que ahora nos interesa es el que destaca Paul de Grauwe en segundo lugar, el creado por los mercados financieros, menos claro que los anteriores, pero no menos dañino, a tenor de la experiencia. La crisis desencadenada en el verano de 2007 es el ejemplo más destacado y, en concreto, el salvamento de los bancos en crisis por los gobiernos, como mal menor frente al escenario del hundimiento de las economías nacionales. Una situación en la que, con palabras de Grauwe  “el sistema de repente alcanzó sus límites. Estuvo al borde del precipicio. De no haber mediado el salvamento de los gobiernos, hoy podríamos no tener sistema de mercado en muchos países”.

Esas externalidades son en gran medida la consecuencia de la excesiva idealización de los mercados financieros, de la creencia en su eficiencia y estabilidad. Y, por tanto, en el convencimiento igualmente extendido, incluso entre las autoridades, de la conveniencia de la autorregulación.

Dos tipos e externalidades son las que subraya el autor. Las asociadas al “comportamiento manada, o gregario” de los mercados financieros, es el primero de ellos. Se manifiesta durante esas dinámicas de euforia que acaban traduciéndose en pesimismo y recesión, de forma colectiva, impulsada por algún gurú de turno son comportamientos distantes de la idealización de la eficiencia que supone que los individuos de forma autónoma recopilan información para llevar a cabo las mejores decisiones sin influencia de los demás.

La otra fuente de externalidades que generan los mercados financieros es la derivada de los sistemas bancarios. La interdependencia entre los bancos, la generada fundamentalmente a través de los mercados interbancarios: los problemas en alguno de ellos pueden generar su fácil extensión al conjunto de los interconectados. El riesgo de un banco aislado acaba formando parte del conjunto del sistema.

La otra característica de los sistemas bancarios generadora de riesgos externos deriva de la asimetría temporal entre los fondos que toman en depósitos y la inversión en préstamos u otro tipo de activos a medio y largo plazo. Para que esa ausencia de coincidencia temporal no genere problemas la confianza de los depositantes es básica. Pero es verdad, y la experiencia nos ha dado muestras suficientes de ello, que en ocasiones esa confianza se debilita o falla. Y llegan las retiradas masivas y en cadena: el colapso de la pirámide de cartas. Otra externalidad relevante, en definitiva.

La combinación de ambas fuentes de externalidades financieras, los efectos manada y las insuficientes provisiones para los riesgos externos, convierte a los mercados financieros en inestables, sujetos a fases de alzas y caídas, no siempre fáciles de anticipar. El problema es que las consecuencias no siempre acaban asumiéndolas únicamente los operadores en esos mercados. Los gobiernos entran en escena para asumir los daños, en mayor o menor medida. En esos casos, el sistema económico, subraya De Grauwe, alcanza sus límites. Esa protección de los gobiernos con frecuencia es perversa. Especialmente cuando los beneficiarios son los grandes operadores, los bancos de dimensión tan importante que no se les puede dejar caer, dadas las consecuencias externas, las externalidades, que acabarían generando. El típico problema de “moral hazard”, derivado de ese seguro implícito por los gobiernos, independientemente de los errores que cometan los bancos. Perversión, porque mientras los beneficios son privatizados, las perdidas pueden acabar siendo nacionalizadas.

Las referencias que hace Paul de Grauwwe a la crisis del 2008 en la eurozona son frecuentes, adicionales al capítulo específico que dedica a identificar las limitaciones del área monetaria, titulado “El euro como amenaza al sistema de mercado”. Su conclusión es inquietante, aunque poco novedosa a tenor de lo que hemos verificado en los últimos años: “la creación de la eurozona ha conducido a un gran desplazamiento en el poder de los gobiernos nacionales en relación a los mercados financieros”. Una supremacía peligrosa cuya limitación, en mi opinión, no debe aconsejar prescindir del euro, sino de fortalecer la calidad de respuesta institucional del área monetaria: de avanzar mucho más en la integración política, al menos de los que comparten moneda.

 

De próxima publicación en revista Empresa Global nº 176. Septiembre 2017.  Afi Ediciones Empresa Global

  

Los préstamos dudosos: una preocupación europea

Por: | 27 de julio de 2017

Los préstamos dudosos y morosos (que aquí llamaremos sólo dudosos, en inglés non-performing loans, NPL) han recibido recientemente la atención por diversos órganos de la UE, entre ellos los dos colegisladores, sobre los cuales vamos a centrar aquí nuestro interés.

En primer lugar, el Consejo de la UE, en su formación ECOFIN, que el pasado día 11 adoptó un plan de acción, que afecta a diversos órganos de la UE, incluso a los Estados miembros, que se resume en el cuadro final de este post. En segundo lugar, el Parlamento Europeo, que dos días después emitió una breve nota informativa (briefing) sobre el estado de la cuestión incluyendo como anexo un resumen del plan de acción anterior. Antes, recopila la evidencia empírica sobre el tema en los distintos países y en el conjunto de la UE en el recuadro siguiente.

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Por lo que se refiere a España, nuestro país no está en la peor posición, pero tampoco en la mejor (todavía por encima de la media de la Unión Europea). Nuestro nivel de préstamos dudosos es relativamente bajo, pero se ha incrementado de forma significativa durante la crisis, aunque también es de los países que han intentado dar una respuesta comprehensiva al problema. Al nivel de toda la UE, los préstamos dudosos suponen el 5,1% del total, en disminución en los últimos tiempos, pero todavía muy por encima de otros grandes países como Estados Unidos y Japón, en torno al 1,5%. Lo peor se concentra en el grupo de diez países cuyas ratios de préstamos dudosos superan el 10% y en dos casos (Grecia y Chipre) el 40%.

En definitiva, se trata de un problema relevante en el conjunto del sistema bancario europeo, al que se debe dar una solución adecuada, no sólo pensando en el pasado, sino también en el futuro, que es lo que pretende el plan de acción antes mencionado. Las medidas de este plan se desarrollan en tres direcciones complementarias:

  • Mejoras en la supervisión, que debería considerar expresamente el tema de las provisiones, que no son una mera cuestión contable, sino un importante mecanismo de control del riesgo de crédito.
  • Legislación mercantil, insolvencias y recuperación de préstamos dudosos.
  • Transferencias, incluso la creación de un mercado secundario eficiente, de préstamos dudosos, incluyendo las sociedades de gestión de activos, como es SAREB en España.

Todo un programa, que llevará su tiempo hacerlo efectivo. No incluimos aquí el tema del reconocimiento y valoración, a través de las provisiones, de los préstamos dudosos, que como tales no resuelven el problema, aunque sean muy importantes para su medición, pero sobre el que habrá importantes novedades en nuestro país y otros, ante la entrada en vigor de la Norma Internacional de Información Financiera 9 el próximo 1 de enero. En España va a dar lugar a una nueva circular contable del Banco de España, actualmente en preparación, que está previsto que entre en vigor en dicha fecha.

Dado que se aproximan las vacaciones, por si alguien desea profundizar en este tema durante las mismas, sin ánimos de ser exhaustivos, resumimos aquí las principales iniciativas adoptadas por otros órganos de la UE en torno a los préstamos dudosos, que van en la dirección del mencionado plan de acción:

  • Comisión Europea (CE): consulta pública sobre mercados secundarios de préstamos dudosos.
  • Mecanismo Único de Supervisión (MUS)/ Banco Central Europeo (BCE): revisión de los regímenes de préstamos dudosos en los países del área euro y guía sobre la gestión de préstamos dudosos.
  • Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS, ESRB en inglés): informe sobre posibles soluciones, con cinco principios de alto nivel.

Por supuesto, el tema tiene un alcance mundial. El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ha emitido recientemente unas orientaciones sobre unas definiciones comunes de riesgos dudosos y de su posible solución a través de operaciones de refinanciación o reestructuración.

 

PLAN DE ACCIÓN FRENTE A LOS PRÉSTAMOS DUDOSOS

 CONSEJO ECOFIN

 11 JULIO 2017

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               ABE = Autoridad Bancaria Europea (EBA en inglés)

               AC = autoridades competentes

               AEVM = Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA en inglés)

               CDR IV = Directiva de requisitos de capital vigente (en inglés)

               S/P = sin plazo

               Fuente: elaboración propia, a partir de Consejo ECOFIN

 

 

 

 

 

Los seguros españoles mantienen la velocidad de crucero

Por: | 25 de julio de 2017

Se han dado a conocer en estas dos últimas semanas el balance oficial definitivo del sector seguros en 2016 proporcionado por la DGSFP, así como un avance de datos del primer semestre de 2017 proporcionado por ICEA. Ambas publicaciones abundan en la evaluación razonablemente optimista que habíamos realizado en anteriores entradas de este blog (aquí y aquí, por ejemplo).

En primer lugar destaca la aceleración de la actividad, traducida en un aumento del volumen de primas devengadas en 2016, que le ha llevado a definir una elevada tasa de crecimiento medio del 13,75% (21,39% en el ramo de vida y 7,45% en el de no vida). Ello hace que el denominado índice de penetración del seguro en España (porcentaje de primas sobre el PIB) se recupere de la tendencia decreciente de los últimos años, y alcance su máximo histórico con una ratio del 5,83%.

20170724 Primas seguros 2016

Fuente: DGSFP

Con datos provisionales del primer semestre del año en curso, el volumen total de primas sigue creciendo, aunque ya a un ritmo significativamente menor (en torno al 3,5%). De este modo, en 2017 y salvo alteraciones significativas en la segunda mitad de año, el índice de penetración se mantendrá previsiblemente en niveles similares al máximo histórico de 2016.

El comportamiento mencionado está muy soportado lógicamente en la recuperación de la actividad económica general de la economía española, como consecuencia de la mayor capacidad de consumo de las familias y de las empresas. Es de hecho la explicación fundamental del crecimiento en el ramo de no vida, dentro del cual el seguro de automóviles representa en la actualidad casi un tercio del total, el seguro de salud cerca de un 25% y los seguros multirriesgos poco más de un 20%.

Es el ramo de vida, como ponían de manifiesto las tasas de crecimiento antes señaladas, el impulsor del dinamismo observado en el sector en los últimos trimestres; hasta el punto de que las primas de este ramo están ya muy cerca de las del total del ramo de no vida. Al propio empuje de la actividad económica general se han sumado en este caso dos factores. En primer lugar, la nula o mi reducida rentabilidad de los depósitos bancarios y otras alternativas de inversión a corto plazo han desplazado la demanda de productos de ahorro hacia plazos largos, beneficiándose de ello el negocio asegurador de vida-ahorro, que aunque también define bajas rentabilidades son superiores a las de productos alternativos de corto plazo. No obstante, también hay que poner un acento especial en la apuesta y el esfuerzo comercial singular llevado a cabo por algunas entidades líderes en el ramo de vida, el cual sin duda aún tiene recorrido en nuestro país.

En efecto, el interesante informe anual del sector publicado también en estas semanas por la Fundación Mapfre hace precisamente una estimación de lo que denomina “brecha de protección del seguro”, entendiendo por dicho concepto la diferencia existente entre la cobertura de seguros económicamente beneficiosa para la sociedad y la cantidad de dicha cobertura efectivamente adquirida. Sin entrar en los aspectos técnicos de la determinación de dicha brecha, la conclusión es clara. La brecha en los seguros de no vida es marginal; de hecho, el volumen relativo de primas de no vida en España se sitúa en orden de magnitud en el de los países de nuestro entorno. Sin embargo, la brecha es muy elevada en el ramo de vida, dado el reducido papel que aún tiene en el ahorro a largo plazo (como previsión complementaria) dicho segmento. Para cerrarla, las primas destinadas a este tipo de seguros debieran ser en torno a un 70% superiores a las que se desembolsan actualmente. Veremos en qué medida una brecha tal es susceptible de corregirse en el tiempo, pero es bien cierto que las condiciones recientes han favorecido un despegue significativo de dicho ramo.

Por lo demás, todos estos informes recientes explicitan el posicionamiento relativo favorable del sector seguros en dos ámbitos: rentabilidad y solvencia. En el primero de ellos el aumento del ROE medio hasta un 10,7% en 2016 es consecuencia fundamentalmente de la mejora en los resultados técnicos, ya que la contribución de los financieros se encuentra (y seguirá) lastrada por el contexto vigente de bajos tipos. De la razonable salud del sector es expresiva también una ratio de solvencia que al cierre de 2016 alcanzaba un 239%, con un notable superávit por tanto del 139% sobre el capital obligatorio exigido por la regulación de Solvencia II aplicada por primera vez el pasado año, superávit que con toda probabilidad habrá mejorado en el primer semestre de 2017.

 

Paradójica Integración Bancaria

Por: | 19 de julio de 2017

Los avances en integración financiera en Europa eran analizados con gran profundidad en dos recientes informes publicados respectivamente por la Comisión Europea y por el Banco Central Europeo, el primero con un ámbito más general (incluyendo los avances hacia la Unión de Mercados de Capital), y el segundo más centrado en la integración bancaria en Europa, tanto en una dimensión de cantidades (flujos, posiciones de activo, y presencia física cruzada de entidades), como de precios (convergencia en tipos de préstamo y de depósitos entre los diferentes sistemas bancarios de la eurozona.

Pues bien, las conclusiones que emergen de este segundo informe incorporan una paradoja que sin duda está dejando un sabor agridulce a la hora de evaluar los avances de una Unión Bancaria que nació demasiado gradual (en su dotación de un fondo de resolución europeo) e incompleta, a falta de un fondo de garantía de depósitos común. La paradoja se refiere a la diferente conclusión que emerge cuando la integración se mide por cantidades o por precios.

El gráfico adjunto, tomado de dicho informe, desglosa los activos bancarios del área euro en función de si pertenecen a entidades domésticas o a filiales exteriores, y en tal caso separando las ubicadas en otros países de la eurozona o en el resto del mundo; y a su vez en contraste con un desglose similar en Estados Unidos y el Reino Unido.

Sesgo doméstico en los sistemas bancarios de Eurozona, UK, USA

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Más relevante que el contraste con USA o Reino Unido es la evolución temporal de los activos bancarios en la eurozona. Entre 2003 y 2008 se redujo sustancialmente el sesgo doméstico, de un 90% a un 80%, pero entre 2008 y 2015 ese sesgo doméstico volvía a incrementarse hasta el entorno del 85%. Y lo que resulta más paradójico es que ese incremento en el sesgo doméstico ha sido precisamente a costa de reducir el peso de los activos bancarios gestionados por bancos registrados en otros países de la eurozona, más incluso que los gestionados por bancos de fuera de la eurozona.

Es esa escasa interpenetración bancaria en la eurozona, tanto en flujos y posiciones de activo, como en presencia física de entidades, la que lleva al BCE a concluir que, medida con indicadores de cantidades, la situación bancaria en Europa sigue evidenciando una clara fragmentación.

Ese no es el caso, sin embargo, cuando el análisis se realiza sobre indicadores de precios, la otra vertiente clave para medir la integración financiera. Los tipos medios de préstamos y de depósitos han seguido una evolución temporal muy “pegada” a la de los tipos oficiales del BCE (el tipo marginal MRO, fundamentalmente), pero sobre todo destaca la sistemática reducción de la dispersión entre países, tanto en tipos de depósito como de préstamo, y en este caso tanto en empresas como en hogares.

Convergencia bancaria en la Eurozona- Tipos de interés de préstamos a empresas y hogares

170719_F9 Grafico2

La conclusión que cabe extraer es suficientemente contundente, y no exenta de una cierta paradoja. La reducida, o incluso decreciente, interpenetración bancaria “física” entre los diferentes países de la eurozona no es óbice para que se produzca una elevada integración en el negocio bancario minorista (“retail”) en los mismos, a juzgar por la creciente convergencia en los precios que los usuarios de servicios bancarios afrontan, tanto en sus operaciones de depósito como de préstamos. Al fin y al cabo, si la actividad bancaria descansa de forma creciente en la disponibilidad y procesamiento de información, esta puede fluir, y ser determinante en la formación de los precios, de forma competitiva entre los diferentes países europeos, sin necesidad de esa presencia física que cada vez tiene menos valor en banca.

El País

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