Una red para poner España en el mundo

La mediación de Casa Árabe para canalizar la demanda de profesionales españoles para el gran hospital de Doha (Catar) es una muestra clara del papel que han empezado a jugar las “Casas internacionales” del Ministerio de Asuntos Exteriores desde que se decidió potenciar la denominada “diplomacia económica” como vehículo de apoyo a la Marca España y la expansión internacional de la empresa española. Las Casas, hasta entonces centradas principalmente para fines culturales, han pasado a usarse como instrumentos de esta nueva diplomacia pública, lo que “las hace más útiles”, a juicio de sus responsables.

La figura de las Casas se creó en 1992, al socaire de la celebración del V Centenario del Descubrimiento, con la instauración de Casa América. Posteriormente, se han constituido otras cinco (Casa Asia, Casa África, Casa Árabe, Centro Sefarad y Casa Mediterráneo). Tres de ellas (América, Sefarad y Árabe) tienen la sede en Madrid; la de Asia, en Barcelona; África se ubica en Canarias, y Mediterráneo, en Alicante. Sus sedes suelen ser lugares representativos de las ciudades que les dan cobijo.

Son consorcios público-privados, con mayoría inicial de Asuntos Exteriores y presencia de las comunidades autónomas y ayuntamientos de donde están ubicadas, así como de entidades privadas. En algunos casos, y como consecuencia de la búsqueda de financiación ante los recortes presupuestarios, que han llegado al 40%, la aportación privada ha llegado a ser mayoritaria (como en Casa América).
Esta circunstancia, que realza el papel que han adquirido como impulsoras de iniciativas ligadas al campo económico, responde a la necesidad de apuntalar las Casas ante una situación que rozaba la quiebra. Ello obligó a aplicar planes de viabilidad, reducir plantillas (en algunos casos, mediante ERE) y dar un giro hacia la economía, además de buscar apoyos privados y realizar una gestión eficaz, como el alquiler de salas o arrendamientos de instalaciones.

La nueva estrategia permitió que se volcasen en la Marca España, coincidiendo con el empuje que se dio desde el departamento ocupado por José Manuel García Margallo. El ministro ha tenido un empeño casi obsesivo en dar protagonismo a estas instituciones, convencido de que “la cosa cultural va de carril y lo que prima ahora es lo económico”. Y, en ese sentido, dar prioridad a las pyme, aunque son los grandes grupos a los que los directores de las casas han recurrido para lograr las aportaciones privadas.

El nuevo enfoque, sin olvidar la faceta cultural, ha obligado a que la diplomacia tradicional dé paso a una diplomacia pública al servicio de la promoción de España a través de la sociedad civil. Hay una estrecha relación con el Instituto Elcano, sobre todo para conocer la imagen de España en el exterior y trazar las estrategias. El objetivo es que la red de Casas sea el punto de referencia de empresarios y autoridades que vienen a España.

El cambio propiciado por Exteriores, un ministerio que cada vez es más económico, podría interpretarse como competencia del ICEX, organismo dependiente del Ministerio de Economía, con el que ha habido más de un conato por esa circunstancia. Desde Exteriores se esfuerzan por explicar que se trata de colaborar y de enseñar a los empresarios las posibilidades de expansión.

Las Casas han ampliado la relación con los embajadores de los países a los que engloba. En el caso de la Casa América, hasta ahora muy centrada en los países latinoamericanos, se ha extendido hacia Estados Unidos. En ese sentido, ha habido foros con presencia de la embajada del país norteamericano y con vistas a reconocer o potenciar el español como segundo idioma en aquel país y, de paso, en el resto del mundo.

Desde que se conoció el interés del hospital de Doha de contratar sanitarios españoles, se han agolpado las llamadas a Casa Árabe. Esta, que ocupa el edificio de las antiguas Escuelas Aguirre (junto al Retiro madrileño), hará de anfitrión de la visita de Sidra Medical and Reseach Center, la firma que gestiona el hospital y cuyos representantes llegarán mañana encabezados por su director ejecutivo, William F. Owen. Durante los últimos tres meses, Eduardo López Busquets, que hace un año dejó su puesto de embajador en Mozambique para ser director general de Casa Árabe, se ha encargado de sembrar el terreno para el reclutamiento de profesionales que hará Sidra para el centro, que tiene previsto comenzar su actividad el próximo año. López Busquets ha organizado encuentros con altos cargos de Sanidad, empresas y organizaciones profesionales, así como con otros colectivos interesados. La visita terminará con una cena presidida por el ministro de Exteriores. Sidra, que también visitará varios países europeos para cubrir una demanda de 5.000 personas, busca enfermeros, investigadores y médicos, además de otro tipo de profesionales. La exigencia, además de su capacidad, es que hablen un inglés fluido. Una vez hecha la selección, Casa Árabe se encargará de la preparación y formación posterior sobre lo que es y significa Catar.

¿Paro o tiempo parcial?

¿Paro o tiempo parcial? La patronal pregunta. Según una encuesta encargada por la CEOE, que su presidente (Juan Rosell) piensa hacer pública a la mayor brevedad, el 6% de los ciudadanos prefiere estar en el paro que tener un contrato a tiempo parcial. Un 3% no sabe o no contesta y un 91% opta por el contrato, que parece lo más normal. Si se atiende a la edad, los más jóvenes de los encuestados (el 97%) aceptan el contrato parcial y en cuanto a la condición laboral, los parados entre seis meses y dos años coinciden con la media general (91%) mientras que para los que llevan más de dos años, el porcentaje baja al 83%, y todavía más (77%) para los que llevan menos de seis meses.

Es un buena fotografía, pero no deja de ser una encuesta telefónica con un universo son 900 personas, de las que el 51% son hombres. El reparto por edades es el siguiente: entre 16 y 25 años, el 12,6%; de 26 a 35, 22%; de 36 a 45, 25,8%; de 46 a 55, 22,2%, y de 56 a 65, 17,3%. En cuanto a situación laboral, el 52,2% trabaja, y de estos, el 20,4% a tiempo parcial. De los que no trabajan, el 16,5% correspodne a estudiantes; el 15,3% a amas de casa; el 11,9% son jubilados; el 17%, parados hasta seis meses; 20%, entre seis meses y dos años, y el 19,3%, más de dos años.

Es decir, está bien estructurada; aunque quizá falte información de las zonas geográficas, si es que se ha tenido en cuenta esta peculiaridad, y se quede corta en el número de entrevistados. Pero es seguro que Rosell va a hacer uso sobre todo de algunos de los datos que emana, como el citado del tiempo parcial. Evidentemente, en una encuesta también se reflejan los sentimientos y, en ese sentido, es probable que los encuestados que se incluyen en esa respuesta (o sea, 54 sobre 900, en términos absolutos) hayan tenido en cuenta algunas condiciones laborales y la precariedad que llevan consigo algunos empleos, aunque de esto no se preguntara.

En todo caso, hay que preguntarse si, teniendo en cuenta que la gran mayoría (91%) prefiere un empleo aunque sea a tiempo parcial, los empresarios están ahora dispuestos a hacer contratos bajo esta modalidad o todavía no se reúnen las condiciones. Si la encuesta es meramente un sondeo orientativo de por dónde van las cosas en estos momentos y reflejar el panorama actual. 

Con estas precisiones, de los encuestados que trabajan a tiempo parcial, el 59% está muy satisfecho o bastante satisfecho. El porcentaje aumenta entre los jóvenes, las mujeres y en la franja de los que tienen entre 36 y 55 años. El 67% piensa que el trabajo a tiempo parcial permtie dar mayor viabilidad as las empresas y un 65% opina que el trabajo parcial reduciría la tasa de desempleo.

Por otro lado, solo un 25% estaría en contra de que una empresa ofrezca a sus empleados la posibilidad de reducir su jornada laboral y trabajar a tiempo parcial para evitar el cierre o el despido. Este rechazo se reduce al 17% entre los estudiantes y los parados entre seis meses y dos años. 

Un dato importante es que el 52% estaría a favir de compatibilizar un trabajo a tiempo parcial con el subsidio de desempleo, particularmente entre los mayores de 56 años (61%) y los que llevan parados entre seis meses y dos años (70%). El 33% está en contra de esta medida, sobre todo en las personas que trabajan a tiempo parcial (47%) frente a los parados entre seis meses y dos años (14%).

 

 

 

 

La oportunidad está en Singapur

Hoy aterriza en España la ministra de Asuntos Exteriores de Singapur, Grace Fu, en un viaje en el que tiene previsto entrevistarse con su homólogo español, José Manuel García Margallo; el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, y los presidentes del Congreso y el Senado, Jesús Posada y Pío García Escudero, respectivamente, así como de las Comisiones de Economía y Competitividad y Asuntos Exteriores del Congreso. Es una visita profundamente económica en la que está latente el plan de ampliación del metro de Singapur, cuyo monto supera los 40.000 millones de euros, así como otras obras de infraestructura, con un horizonte que se extiende hasta 2030.

Esta visita precede a la que efectuará el día 16 la secretaria permanente del Ministerio de Comercio e Industria, Ow Foong Pheng, y al encuentro empresarial, denominado Promoción de proyectos de transporte terrestre para constructoras especializadas, organizado por la Land Transport Authority (LTA) de Singapur y la empresa España Expansión Exterior, sobre técnicas de tunelación. Este seminario será inaugurado por García-Legaz y la presidenta de España Expansión Exterior, Isabel Martín Castellá.

El seminario está dirigido a las constructoras españolas especializadas en cimentaciones, tunelación y trabajos geotécnicos. Está prevista la asistencia de una treintena de grupos de gran y mediano tamaño, a los que el Gobierno de Singapur pretende conocer, así como constatar las mejores opciones de lo que será la primera fase para el desarrollo de la futura extensión de la red de metro en Singapur. El objetivo es suscitar su interés para licitar a estos proyectos.

La apuesta de Singapur por desarrollar sus infraestructuras representa una nueva oportunidad para las compañías españolas, toda vez que la obra pública en España está paralizada. Las reacciones por parte de las compañías españolas han sido muy positivas, sobre todo porque el mercado interior sufre una total atonía, según subrayan siempre que tienen oportunidad.

De momento, la LTA ha contratado a 15 ingenieros españoles para trabajar ya en los proyectos en Singapur. El hecho de que hayan contado con la experiencia de las empresas españolas y que hayan contratado a esos ingenieros abre muchas posibilidades a los grupos españoles para llevarse el gran bocado —o al menos una parte importante— del contrato. El interés se eleva en grados, porque además del metro el plan contempla otras infraestructuras, como autopistas urbanas.

Singapur, según han reconocido las autoridades del país, ha acudido a España al reclamo del prestigio de las constructoras del país a nivel internacional y las dificultades que entraña la isla, con gran cantidad de obras subterráneas debido a sus características.

El Gobierno del pequeño país pretende ampliar las líneas ya existentes del metro y construir dos nuevas. El objetivo es duplicar la red hasta los 360 kilómetros en 2030 frente a los 182 de la actualidad. De esta forma, según sus planes, el 80% de las viviendas quedará a menos de 10 minutos de distancia de una estación, frente al 57% actual.

Precisamente, la limitada presencia española en Singapur se ha centrado en la construcción del metro a través del grupo FCC, aunque a cargo de su filial austriaca Alpine. Esta sociedad se adjudicó en 2009 la construcción de dos tramos de cuatro kilómetros. La oportunidad que ahora se abre ha dado alas al resto de grandes grupos, así como a otros medianos y empresas auxiliares. El trozo de pastel es muy grande y no están las cosas para desperdiciar las oportunidades.

Las autoridades españolas aprovecharán estos encuentros para conquistar la confianza de la Autoridad de Transporte Terrestre de Singapur y lograr un papel en la construcción de la conexión de alta velocidad por ferrocarril que unirá Singapur con Kuala Lumpur, capital de Malaisia, acordada recientemente. Las empresas españolas son referencia en el mundo también en este campo, y la adjudicación a finales de 2011 de la construcción y explotación del AVE entre las ciudades saudíes de Medina y La Meca a un consorcio hispano-saudí es la mejor catapulta en Asia.

 

Extremadura, entre Mérida y Jerusalén

El pasado miércoles el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, y el embajador de Israel en España, Alon Bar, firmaron La Declaración de Cáceres en la ciudad extremeña. Este acuerdo persigue fomentar el crecimiento económico y la generación de empleo, especialmente para los jóvenes. Las dos comunidades se han comprometido, además, a promover una Iniciativa Conjunta de Innovación y acciones encaminadas a establecer un marco estable que facilite la financiación de la cooperación en investigación e innovación mediante la movilización conjunta de instrumentos de financiación promoviendo la participación de pyme.

Fue un día grande para Monago, que quiere ser “el presidente de la I+D+i extremeña” y convertir su tierra en una cuna de innovación y tecnología. Ha logrado hacerlo con uno de los países que lo lleva como bandera y que le ha permitido sortear la crisis con solvencia. Extremadura, con más del 35% de paro, e Israel, con casi pleno empleo, son dos caras opuestas. Lo mismo podría decirse de España en su conjunto (27% de paro) con respecto a Israel. Pero ha sido la comunidad extremena, una de las más laceradas por la crisis y el desempleo, la que ha llevado a cabo esta iniciativa.

El Gobierno de Mariano Rajoy, del mismo color que el extremeño y al que todo esto le ha pillado a contrapié pensando en otro tipo de medidas para luchar contra la crisis, ha estado bastante al margen de las negociaciones de Monago. Este se preocupó mucho en subrayar, y en repetidas ocasiones, que el acuerdo era tanto para Extremadura como “para el conjunto de España”. Seguramente, para limar posibles asperezas. De hecho, el Ejecutivo mostró su interés a los postres y envió a la puesta de largo del acuerdo al ministro de Industria, José Manuel Soria, y al secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz.

En algunas esferas del Gobierno y del PP se perfila a Monago como “un verso suelto”. El presidente extremeño actúa con una autonomía calculada. Aunque algunas de sus acciones se explican por el pacto con IU que le dio la llave para llegar al Ejecutivo, Monago no ha dejado que la disciplina de partido le determine. Si tiene que reconocer los logros de sus adversarios, lo hace, como es el caso de este acuerdo que comenzó a fraguar Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y no duda en invitar a Felipe González para impartir con él un desayuno informativo sobre la economía extremeña (será el 6 de mayo en Badajoz).

Y si tiene que disparar contra compañeros del Gobierno central o de otras comunidades autónomas del PP, no suele pararse en barras. Algunas de sus frases en la presentación del acuerdo llevaban segundas intenciones. “El único camino sostenible es la innovación permanente y no inventar nada que no se pueda vender”, resaltó en su discurso del miércoles, que terminó con una crítica a la preponderancia que se da al arco mediterráneo: “Ellos tendrán el arco, pero yo tengo las flechas”.

El acuerdo nace con vigor e Israel lo apoya con fuerza (el propio presidente, Simon Peres, mandó un mensaje grabado en el que alentó a invertir en tecnología como lo hizo Israel hace 25 años para reducir su dependencia agrícola). El embajador, que lleva en el cargo desde 2011, destacó precisamente la alianza de su país en apoyar a Extremadura “como socio comprometido con la innovación y el crecimiento” y para que pueda compartir las mejores experiencias de Israel y potenciar su tejido empresarial extremeño. Y, de paso, aumentar su presencia internacional. Así lo demostró la presencia de expertos en capital riesgo y en asesoría al Gobierno.

El compromiso conjunto persigue, además del crecimiento y el empleo, el establecimiento de acuerdos comerciales, la integración de cadenas productivas, la transferencia de tecnología, el intercambio de investigadores (varios acudieron a Extremadura esta semana) o instrumentos de financiación.
Otro de los objetivos es la inversión en el campo de la educación superior, investigación e innovación. También se contempla favorecer la coordinación entre las instituciones públicas y privadas de ciencia, tecnología e innovación aprovechando las sinergias. Y, por último, coordinar acciones que fomenten el espíritu empresarial y la valorización económica de la investigación científica y tecnológica en las universidades, centros de investigación y empresas de ambos lados.

La Declaración de Cáceres coincide con el 65 aniversario de la creación del Estado de Israel y el 25 del establecimiento de relaciones diplomáticas con España. Al acto asistió el expresidente Rodríguez Ibarra, invitado por el actual, Monago, quien reconoció que su antecesor tuvo el empeño, en 2004, de estrechar las relaciones con Israel, apelando a la necesidad de buscar el desarrollo económico en una comunidad deprimida y a los lazos históricos que tienen ambas comunidades (Extremadura cuenta con un destacado legado judío, aunque no se refleje en su gastronomía, muy ligada a los productos del cerdo, prohibido en la religión judía). Tras un periodo dormido, Monago retomó el impulso que ha dado lugar a la citada declaración y que aspira a que no quede en saco roto.

 

Las cartas de triunfo de Brufau

Se acaba de cumplir un año de la expropiación de YPF a Repsol por parte del Gobierno argentino de Cristina Fernández de Kirchner y no se conocen avances. Lo que no quiere decir que algo se pueda estar moviendo por sotavento. Eso lo sabrán los principales actores de esta especie de culebrón mercantil que comenzó el 16 de abril de 2012, cuando se produjo el “expolio”, según lo calificó el presidente de Repsol, Antonio Brufau, que se vio obligado a replantear la estrategia y, entre otras acciones, vender los activos de gas a Shell por 5.000 millones.

Desde entonces, las autoridades argentinas han tratado de encontrar socios que pongan los cerca de 6.000 millones de euros necesarios para explotar el macroyacimiento de Vaca Muerta, pero todos los intentos realizados —han firmado dos acuerdos, uno con Chevron y otro con la argentina Bridas, y otro de suministro con Dow Chemical y escarceos con Irán— se han estancado por una u otra razón. Cada tranco ha dado a Brufau cartas de triunfo para ganar la partida, confiando más en el arbitraje internacional y en los diversos procesos judiciales que ha abierto y en los que reclama, si no la reversión, una compensación de 8.500 millones de euros.

También explica, en alguna medida, su resistencia a un acuerdo. Al ejecutivo de Mollerussa no le gustó que Isidro Fainé, como presidente de La Caixa, principal accionista de Repsol, se entrevistara en dos ocasiones con Fernández (una en diciembre, otra en febrero) para buscar una solución. En las últimas semanas ha vuelto a plantearse un posible encuentro. Sin embargo, La Caixa, según fuentes de su entorno, parece dejar que Brufau lleve la manija.

Al Gobierno argentino, a la vista de la evolución, podría interesarle un acuerdo, como le piden desde organismos nacionales críticos con la expropiación; pero, ahora, a las puertas de unas elecciones, en octubre, es posible que no le resulte muy popular después de todo el lío que montó y de que la mayoría de la población apoyase la medida. Eso sin olvidar que siempre puede tener alguna carta bajo la manga.

No parece pensar así el Instituto Argentino de la Energía General Mosconi (IAE), una institución de prestigio en el campo energético en la que participan, entre otros expertos, ocho exsecretarios de Energía. Este think than fue muy crítico con la expropiación de YPF de la misma manera que lo había sido en su día con su venta a Repsol. El IAE  calificó el mecanismo de la expropiación como “claramente hostil y confiscatorio” y predijo “altos niveles de litigiosidad y desprestigio internacional”. Ahora, sostiene que “el primer aniversario de la expropiación muestra las grandes debilidades de una medida precipitada, mal diseñada y peor implementada, lo que tiene consecuencias políticas, económicas y energéticas”.

Una de esas debilidades es la falta de decisión del Gobierno de cerrar el conflicto. La expropiación está todavía, un año después, sin pagar (si se cumplen dos años, revierte al expropiado) y, lo que llama más la atención, YPF está sin tasar. Esto genera grandes inconvenientes para la empresa y para el país, y se refleja en los litigios con Repsol en los tribunales de Nueva York, en los europeos de Madrid y en nuestra propia justicia, dice el comunicado. “Impide a YPF”, continúa, “acceder a la financiación internacional y consolidar alianzas con empresas petroleras de primer nivel que puedan aportar recursos humanos, capital y tecnología para el desarrollo de los yacimientos no convencionales”.

Otra debilidad “radica en la urgencia de la economía argentina por revertir la declinación de la producción y de las reservas de gas natural y petróleo, reducir el déficit comercial energético y generar recursos para la inversión”. Según el IAE, “toda la expectativa política se colocó en YPF, aunque ella solo maneje el 30% de los recursos de hidrocarburos nacionales”. Es decir, YPF no puede por sí sola cumplir esos objetivos y lograr el autoabastecimiento.

“El entorno institucional no es tampoco una fortaleza”, añade. Según el centro de análisis, que destaca “la improvisación que caracterizó al nacimiento de la nueva YPF”, el decreto que supuso la creación de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas es “inconstitucional” al alterar el espíritu de la norma que dice reglamentar. Y termina: “Si Argentina no rectifica el rumbo de su gestión energética, se encamina a profundizar su fracaso. Esto será intolerable para la economía nacional y lo pagaremos caro todos los argentinos”.

De la CECA a la... AEB

El pasado marzo, la Asamblea General de la Asociación Española de Banca (AEB) aprobó unos cambios en sus estatutos según los cuales ya se pueden incorporar como socios los nuevos bancos resultantes de la reconversión de las antiguas cajas de ahorros. La modificación ha sido un paso más en la evolución del sector financiero, que han tenido su máxima expresión en la conversión en bancos de las cajas.
Por tanto, las antiguas cajas, ahora integradas en la CECA (siglas que responden a Confederación Española de Cajas de Ahorros), solo tienen que desenchufarse de esta entidad y enchufarse a la AEB.

Otra cosa es lo que ocurra con la CECA. Una fusión seca entre esta y AEB no se considera necesaria, al menos a corto plazo, y lo más probable es que no se produzca, dejando que la confederación de cajas vaya a su ritmo. También adaptó sus estatutos, creando Cecabank, entidad a la que han ido a parar los activos de la CECA, que queda como un cascarón en el que siguen los bancos procedentes de cajas porque quedaron como miembros de pleno derecho de la organización.

La transición a la AEB parece lo más lógico; pero, seguramente, esperarán a que se aclare el panorama y se resuelvan algunas incógnitas sobre el control de los nuevos bancos, normalmente a través de fundaciones, que podrían seguir como socias de las CECA. Está por ver si el presidente de un banco puede ser también el de la fundación que es el principal accionista. En esa tesitura se mueven principalmente La Caixa (con Caixabank), Unicaja, Kutxa Bank e Ibercaja; aunque no se libran el resto de bancos creados a partir de cajas cuyas fundaciones han quedado con menos poder: Bankia, Liberbank, BMN, Caja3, NovaCaixaGalicia y Catalunya Banc.

El proceso tiene en vilo a Isidro Fainé, ya que a su condición de presidente de La Caixa y Caixabank une la del mismo cargo en la CECA y Cecabank. Fainé ha estado muy encima de los movimientos dados desde el colectivo de cajas, y, como responsable de la tercera entidad española, ha sido muy activo en el acercamiento a la AEB, entendiendo que bancos (nueovs y viejos) tienen los mismos problemas y preocupaciones. De hecho, tanto Fainé como José Ignacio Gorigolzarri, presidente de Bankia, han mantenido reuniones con máximos representantes de los bancos (Santander, BBVA, Popular, Sabadell...) para discutir actuaciones y trazar, en su caso, las estrategias en las relaciones con el Gobierno y las respuestas a la sociedad, como en el asunto de las preferentes o los desahucios, que se han convertido en sus fantasmas cotidianos.

Precisamente, a eso parece responder la contratación de Juan José Toribio, veterano economista que ha trabajado en el mundo financiero (ha pasado por el Santander, La Caixa, el Banco de España, el Ministerio de Economía, el FMI e IESE), como asesor técnico “para la prestación de servicios en temas financieros y de relaciones institucionales”.

El verdadero objetivo perseguiddo por los bancos con esta incorporación, que comenzará su trabajo de forma inmediata, es defender su imagen en general y en particular. El fichaje de Toribio fue ampliamente debatido en el seno de la AEB. El aparato era partidario de mantener un perfil bajo y, por tanto, no incorporar a nadie, mientras los bancos preferían mostrar beligerancia.

La figura del asesor técnico trata de ser, en definitiva, un complemento al presidente, cargo que ocupa Miguel Martín, y pueda responder públicamente a los ataques que están recibiendo en los últimos tiempos. A juicio de los bancos, la patronal del sector debe tener una voz unívoca, que además pueda sustituir (o al menos aliviar) las respuestas individuales de cada entidad. Es decir, no puede estar callada en un momento como el actual, y debe participar en los debates y conseguir mayor influencia de la que que tiene en la actualidad. Y Toribio, que tiene experiencia de comunicador como contertulio en varias cadenas, cuenta con sus bendiciones.

Homenaje a Julio Segura

Cuando Julio Segura asumió el cargo de presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en 2007 introdujo, en su discurso, un múltiple deseo: "¿Cómo espero que me recuerden cuando me vaya? La prensa, con alivio por mi tendencia a minimizar titulares. La casa, como alguien cuya primera preocupación fue el futuro de la institución, que mejoró su funcionamiento interno e incrementó su eficacia. La industria, como alguien difícil y poco dado a la vida social pero previsible, simétrico en el trato de los supervisados y con sentido común. El Gobierno, como un servidor público leal con las responsabilidades que le encomendaron. Los restantes supervisores, como un cooperador siempre dispuesto a resolver los conflictos de interés, pero sin renunciar en un ápice a sus competencias. ¿Cómo aspiro a marcharme? Con mi prestigio profesional, sea el que sea, intacto, porque es mi único activo. Con el respeto de supervisados, personal de la casa, colegas y políticos hacia alguien que hizo su trabajo lo mejor que pudo y que cometió un porcentaje de errores aceptable, distribuidos aleatoriamente y ninguno de ellos sustantivo".

Gran parte de todo ello lo ha conseguido. El prestigio de este catedrático de Teoría Económica ha tenido siempre un reconocimiento generalizado, tanto de sus cercanos y como de los que no lo eran. En esa admiración se encuadra el homenaje que le ha tributado un montón de colegas y amigos el pasado lunes con motivo de su 70 cumpleaños. Una gripe inoportuna impidió que se celebrara una fiesta sorpresa el mismo día de su nacimiento, el 8 de marzo. Por eso él subraya que lo contrario, que gracias a la gripe se evitó el sofocón de acudir a un acto y enterarse allí mismo que era en su honor.

El evento, celebrado un mes después de aquella fecha escogida y con conocimiento del homenajeado, contó con la intervención de Maurici Lucena, Rafael Repullo, Carlos Solchaga y Fernando Restoy, así como la del propio homenajeado, y asistieron un importante ramillete de colegas, discípulos y amigos. Muchos de ellos participan en el libro conjunto que bajo el título Ensayos sobre Economía y Política Económica que vio la luz precisamente ese mismo día y que, al menos de momento, solo estará en la red.

El libro está estructurado en las materias a las que Segura se ha dedicado a lo largo de su carrera: la política industrial, las instituciones y los reguladores, la regulación bancaria, las crisis fiscales y financieras, la economía laboral, la educación y la faceta política. Ha sido coordinado por Lucena (portavoz del PSC en el Parlamento catalán) y Repullo (director del Centro de Estudios Monetarios y Financiero (CEMFI) y fue financiado por todos los participantes. La obra reúne una pléyade de conocidos economistas y autores. Además de los dos coordinadores y el exministro de Economía socialista y el actual subgobernador del Banco de España, figuran Claudio Aranzadi, Ignasi Nieto, David Vegara, Pilar Sánchez Núñez, Pablo Martín Aceña, Gabriel Fernández Bobadilla, Elena Huergo, Ana Martín, Lourdes Moreno, José Carlos Fariñas, Jordi Jaimeandreu, Monserrat Martínez, Xavier Torres, Francisco Comín, José Manuel González Páramo, Óscar Fanjul, Emilio Ontiveros, Samuel Bentolila, José Luis Malo de Molina, Vicente Salas, Manuel Arellano, Olympia Bover, Andreu Mas-Collel, Mercedes Caberra, Carlos Arenillas, Antonio Gutiérrez y Joaquín Almunia.

Además de profesor de la facultad de Económicas de la Univeridad Complutense, donde estudió y fue discípulo distinguido de Luis Ángel Rojo y Gonzalo Arnáiz, Segura dirigió la Fundación Empresa Pública del antiguo Instituto Nacional de Industria (INI), fue consejero y miembro de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, consejero y presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el último cargo antes de jubilarse. También fue muy activo contra el franquismo, militó en el PCE y fue miembro de su Comité Central hasta que fue expulsado.  

La refundación del Círculo de Empresarios

En los años de la Transición, cuando todo se estaba adaptando, los empresarios también quisieron ponerse al día. Hubo varias iniciativas para crear una estructura empresarial fuerte, integrada en la nueva realidad. De aquella preocupación nació el Círculo de Empresarios (CE), impulsada por unos 50 ejecutivos, algunos ministros y altos cargos durante el franquismo. La influencia fue inmediata y, con el apoyo de UCD, se convirtió en alternativa a la también naciente CEOE para convertirse en la gran patronal. Luego convivirían y el CE tomó el marchamo de élite que le correspondía en la que se juntaba lo más granado de la aristocracia empresarial madrileña (salvo excepciones) y ejecutivos comprometidos, que pretendían adaptarse al presente para afrontar el futuro y sin olvidar (demasiado) el pasado.

Con el paso de los años, el CE fue perdiendo influencia, tanto en el ámbito político (con el PSOE ya no mandaba tanto) como incluso en el empresarial. El lobby se quedó poco a poco en la marginalidad, quizá por la propia actitud de sus dirigentes muy proclives a al pensamiento liberal y pese a que la CEOE, dirigida por José María Cuevas, no cumpliera satisfactoriamente las exigencias de las grandes corporaciones.

Ahora, 36 años después de su creación, los tiempos son propicios para recuperar aquella pujanza; pero, sobre todo, a la vista de la irrupción de otras organizaciones, como el Instituto de Empresa Familiar (IEF) y del Consejo Empresarial de la Competitividad (CEC), de los que precisamente forman parte descendientes de sus impulsores (léase Entrecanales o Del Pino, alejados del CE), y de que la CEOE ha iniciado una modernización, con todo lo que eso significa, que amenazan con dejarle más al margen todavía.

De ahí proviene la reconversión comenzada recientemente, coincidiendo con el relevo en la presidencia, que ha asumido por primera vez una mujer, que además lleva un apellido de aquella ilustración empresarial, Mónica de Oriol y de Icaza, nieta del preboste eléctrico del franquismo, José María de Oriol, hija del arquitecto Miguel de Oriol y de la empresaria Carmen de Icaza y sobrina del que fuera presidente de Iberdrola, Íñigo de Oriol.

La nueva responsable, precisamente, tiene que saber combinar el pasado con la idea de modernidad que quiere imprimir. Lo ha tomado con ganas y, a juzgar por sus primeros pasos, difícilmente aceptaría que el CE patrocinara un texto como aquel de Lorenzo Bernaldo de Quirós en el que aguerrido economista propuso que la mujer suscribiera a sus expensas un seguro de maternidad que evitara a las empresas la carga del obligado periodo vacacional posterior al parto y que, incluso, aludiera a la menopausia como “fecha de caducidad de la mujer”. Fueron cosas del pasado (2000) y aquello el CE lo pagó.

Ha incorporado a Antonio Oporto (expresidente de Alstom Ibérica) como secretario general y formado una nueva cúpula. Lo que pretende, además de adaptar la estrategiae, es “recuperar el papel como centro de pensamiento y voz de prestigio de la sociedad civil, así como tomar posición como un centro de pensamiento de los más relevantes de Europa”.

Una declaración de principios cuyo reto es alejarse de apriorismo ideológicos, que tanto les marcó. El primer paso ha sido los cambios de estatutos, aprobados en Asamblea el 21 de marzo. Lo más significativo es la creación de la figura de socio patrocinador, que introduce la novedad de que puedan ser socios las empresas y no solo las personas físicas. Además, la duración máxima de la presidencia y de las vocalías de la Junta Directiva se reduce a seis años, con mandatos de tres (ahora eran ocho años con mandatos de cuatro) y la creación de un Comité Ejecutivo de ocho miembros. Este comité se reunirá con la periodicidad que considere oportuna y la Junta Directiva, una al trimestre. Hasta la Junta Directiva, integrada por 28 miembros más los presidentes de honor (que son seis), se reunía una vez al mes.

Junto a estos cambios, Oriol ha creado un Comité de Estrategia en el que. como el suyo, aparecen apellidos ilustres del empresariado: Joaquín Ayuso, Elena Pisonero, Antonio González-Adalid, Javier Vega de Seoane, Nuria Vilanova, José María López de Letona y Olarra, Tomás Pascual Gómez-Cuétara, María Benjumea y Alberto Terol. Estos grupos presentarán este mes o en mayo una propuesta de cambio.

La llegada de Mónica de Oriol a la presidencia del Círculo de Empresarios se espera como una revolución en una organización que no ha logrado desanclarse del todo del pasado, pese a los esfuerzos de alguno de sus dirigentes. El primer presidente fue Santiago Foncillas, un abogado del Estado con mucho currículum (secretario general del INI, consejero delegado de Telefónica y presidente de Campsa), que entonces ocupaba la presidencia de Westinghouse España. Le sucederían otros notables: José Joaquín de Ysasi-Ysasmendi (1984-1992); el actual Alto Comisionbado para la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros (1992-2000); Manuel Azpilicueta (2000-2004) y Claudio Boada Pallarés (2004-2012), hijo de otro ilustre de la transición empresarial, Claudio Boada, expresidente del INI, del INH y del Banco Hispano Americano.

Replantear las reformas (en Latinoamérica y...)

El domingo 17 de marzo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) celebró en Panamá la 54ª Reunión de Gobernadores, que ha pasado, al menos en España y en Europa, con más pena que gloria. Los problemas que existen en el continente europeo (léase Chipre, entre otras cosas) no dejan ver mucho más allá. Pero la asamblea, que duró dos días, dejó sobre la mesa un documento titulado Replantear las Reformas que proyecta una serie de mensajes de calado para el futuro de Latinoamérica y el Caribe (LAC) y que, por extensión, tiene interés en España.    

Según el informe, las economías de la región, que hasta la fecha han ido sorteando con más o menos éxito la crisis, tendrán un crecimiento lento y menor en los próximos cinco años como consecuencia precisamente de que el crecimiento mundial también va a ser menor. “Es probable”, dice el documento, “que el crecimiento en LAC sea casi un 1% menor que durante el periodo pre-crisis”; es decir, será del 3,9% para el periodo 2013-2017 frente al 4,8% del periodo 2008-2012.

El panorama es el siguiente: el gasto ha aumentado y el balance fiscal se ha deteriorado; hay menos margen de acción para la política monetaria; las reservas relativas al tamaño del sistema financiero han empezado a disminuir en la mayoría de los países y los tipos reales de cambio se han apreciado. Esas presiones llevan a plantearse políticas fiscales restrictivas y políticas monetarias expansivas. Pero la  mayoría de ellos tienen “poco margen para políticas fiscales o monetarias contracíclicas”.

El BID, por eso, sostiene que ha llegado el momento de reactivar el programa de reformas. “Hay margen para reformas y las recompensas pueden ser grandes”, sostiene. Pero las políticas anticíclicas que pusieron en marcha tras la crisis financiera internacional de 2009 y que fueron fructíferas para la región, no parecen ahora suficientes para la nueva etapa que se ha abierto. Según el informe, “un contexto de desaceleración a medio plazo del crecimiento global no se puede abordar con políticas contracíclicas de corto plazo”.

En ese sentido, recomienda no responder al menor crecimiento con políticas contracíclicas, incluso si hubiese margen. LAC se enfrenta a retos fundamentales como la calidad de la educación, los impuestos, el ahorro y la inversión, así como acabar con la informalidad, que “está asociada la baja productividad”. En todo caso, apunta que los esfuerzos deben hacerse en función de las necesidades y del contexto de cada país, ya que “no hay una talla única para todos”. Una receta que también se puede aplicar en otros lugares. Por ejemplo, Europa.

La revolución de Nadal (Alberto)

Se sabía que la llegada de Alberto Nadal a la Secretaría de Estado de Energía era para hacer una revolución pendiente: arreglar los desperfectos y asegurar el futuro. Nadal tiene tres pilares: el eléctrico, el gasístico y el de hidrocarburos. Ninguno es cualquier cosa, pero el que parece apretarle más en este momento es el eléctrico, sobre todo para atajar el déficit de tarifa que acumula 28.000 millones de euros hasta 2012, y amenaza con seguir la tendencia (en enero ya ha subido 700), y crear un nuevo marco legal revisable.

En estos tres meses, Nadal, que ya conocía algo del mundo del kilovatio de su etapa en Economía del anterior Gobierno del PP, se ha empapado. El primer trimestre ha sido de preparación; el segundo, de ejecución. Tiene el mandato de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos de cerrar en junio una reforma profunda y está preparado para la acción, aunque tenga que poner patas arriba el sistema (generación, distribución y comercialización) y meter en cintura al sector, desde las renovables hasta las tradicionales, pasando por los fondos que apostaron por las nuevas tecnologías alentados por las subvenciones y que ahora se encuentran con un recorte contra el que han movilizado hasta al embajador de EE UU, Alan Salomon.

A ese intento responde el proyecto de ley, que ya está en las Cortes. El proyecto, de 12 páginas, no ha pasado ni por el Consejo de Estado ni por las comunidades autónomas afectadas, según fuentes del sector, que subrayan que es discutible que pueda hacerse. Tampoco se ha comunicado a las empresas, que lo han conocido a medida que se ha aprobado primero como anteproyecto y luego como proyecto.

Alberto Nadal -hermano gemelo del director de la Oficina Económica del presidente del Gobierno, Álvaro Nadal, y como este tecnico comerical y economista del Estado- no deja a nadie contento, pero sobre todo a Endesa, a cuyo corazón va dirigido directamente el proyecto y con la que, el jueves en el Senado, reconoció dificultades para negociar “por tener el consejo de administración en otro Estado de la UE”. Aunque se refería al carbón, vale para este asunto. La empresa, controlada por la italiana Enel, verá mermada su preponderancia en las islas. El peso del proyecto recae en el sistema extrapeninsular, que afecta a los dos archipiélagos y a Ceuta y Melilla. El objetivo es reducir el coste de los sistemas insulares, aumentar la competencia y la seguridad de suministro.

El sobrecoste de ese régimen supera los 1.700 millones (1.000 en Canarias y 700 en Baleares) y, según Industria, gran parte se debe al precio del combustible que compran Unelco y Gesa (filiales de Endesa) a una comercializadora de Endesa, que lo fija según los precios internacionales. Para atajarlo, Nadal contempla instaurar, y ahí va la primera andanada, un mecanismo que garantice la competencia mediante concurso.

Otra: hasta ahora Industria no tiene competencias de suministro e inspección en las islas. A partir de ahora las tendrá en todo lo que sea garantía de suministro y régimen económico, de manera que habrá que pasar por la ventanilla del departamento que dirige el canario José Manuel Soria, al parecer muy de acuerdo con los cambios. Y otra más: obligar a Endesa a vender el proyecto de regasificadora a Enagás y de los bombeos a Red Eléctrica (REE).

Para rematar, el ministerio tiene previsto también acabar con la insularidad integrando el sistema en el peninsular mediante la conexión por cable y, dentro de Canarias, entre las islas, acabando así con los minisistemas. De esta manera, no se necesitaría tanto almacenaje ni plantas generadoras. En Baleares, se trataría de reforzar la conexión existente. Según las previsiones, estaría en funcionamiento en seis o siete años, su coste ascendería a cerca de 2.000 millones y correría a cargo de REE, a la que se obligaría a hacer contratos por concurso.

La pelea no va a ser suave. Nadal, que dijo que “cuanto mayor sea el sistema, menor será el coste”, se puede encontrar con que lo que gana por un lado lo pierde por otro, según fuentes del sector, que aseguran que los tres objetivos son difíciles de realizar uno por uno, y los tres juntos, casi imposible. Sostienen que desde 1997 la entrada de competidores es libre y que nadie lo hace porque la retribución es negativa. Por otro lado, Endesa tiene un plan de inversión de 50 millones para instalar 750 megavatios hasta 2020 que paralizaría.