El Banco de España envida fuerte en el MUS

Por: | 13 de abril de 2014

El Banco de España (BE) se quiere sacar la espina que lleva clavada desde que perdió el representante en el comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), donde siempre había estado, tras la marcha de José Manuel González-Páramo hace dos años, que había sustituido a Eugenio Domingo Solans, uno de los integrantes del primer consejo de la entidad. A eso hay que añadir la jubilación de Antonio Sainz de Vicuña como director general de Servicios de Legales del BCE, con lo que España se quedaba totalmente fuera en ese concierto europeo.

Esas circunstancias han perjudicado mucho la imagen de la entidad, según reconocen internamente, por lo que el organismo regulador español se ha movido con diligencia para recuperar influencia y colocar cargos de importancia en el Mecanismo Único de Supervisión (MUS), en cuyo consejo ejecutivo figura su subgobernador del BE, Fernando Restoy.

El MUS será el encargado de centralizar la vigilancia de las entidades financieras europeas, las más grandes (130) de forma directa y el resto de forma indirecta. El objetivo es que no se repitan casos como el de Irlanda o España, que acabaron con el rescate total o parcial de su banca, y homogeneizar el tratamiento. El organismo comenzará a funcionar a pleno pulmón a partir del 4 de noviembre. Antes someterá a los 130 bancos más grandes de la zona euro al análisis de su balance y a un test de estrés.

El proceso de incorporaciones de funcionarios se ha iniciado ya y muchos ocupan sus puestos, aunque su configuración se prolongará hasta mediados de 2015. En ese sentido, el BE ha logrado tener un representante entre los cuatro directores generales que tendrá el MUS. Se trata de Ramón Quintana, que deja el cargo de director general de Supervisión del BE y que se encargará de la Dirección General 2, que se centrará en la supervisión directa de los 100 bancos que forman el segundo nivel de las entidades financieras europeas.

La primera, que se encargará de las 30 principales entidades, la ocupará el alemán Stefan Walter, exjefe de supervisión de Ernst & Young. El finlandés Jukka Vesala, ex subdirector general del banco central de su país, será responsable de la supervisión indirecta de todos los otros bancos de los países que participen, y el también alemán Korbian Ibel, que viene del Commerzbank, se ocupará de los servicios horizontales y especializados a las otras tres unidades.

En el siguiente escalón hay cinco subdirectores y uno de los cargos lo ocupa la española Margarita Delgado, que será la número dos de la Dirección General 1. Además de ella, hay dos franceses, un italiano y un alemán. Y en el siguiente, con 15 jefes de división, aparecen cuatro españoles (José Vicente Martínez Lisande, Linette Field, Óscar Meléndez y Víctor Guerrero), que incluso podrían aumentar. Aguas abajo, aparecen los jefes de sección e inspectores. En total, habrá entre 60 y 70 españoles sobre 700 personas en el nuevo organismo de supervisión. Es decir, en torno al 10%, lo que supone un alto grado de integración teniendo en cuenta que hay 17 países integrantes de la zona euro.

Esta salida masiva de funcionarios españoles a Fráncfort responde a la política de promoción del BE y su preocupación por tener presencia activa en las instituciones europeas aprovechando el prestigio del que goza la inspección española en el entorno europeo. Eso ha supuesto, no obstante, que se esté produciendo una importante descapitalización humana del plantel de la entidad. A corto plazo, genera problemas; pero, según fuentes internas del BE, representa una inversión a futuro porque, además de elevar el poderío español en el BCE, permite la promoción interna dentro de la institución que gobierna Luis María Linde.

El MUS constituye el primer paso hacia la Unión Bancaria que se prevé completar con un mecanismo único de resolución y un sistema armonizado de garantías de depósitos. Su creación fue decidida en junio de 2012 por los jefes de Estado o de Gobierno de la UE con el objetivo de mejorar la calidad de la supervisión en la zona euro, promover la integración de los mercados y romper el vínculo negativo que se había creado entre la confianza en las entidades bancarias y las dudas sobre la sostenibilidad de la deuda pública.

Una visita cargada de futuro

Por: | 06 de abril de 2014

La visita del presidente de México, Enrique Peña Nieto, el próximo mes de junio a España tiene, más allá del reforzamiento de las relaciones entre los dos países, una visión de alcance empresarial. Por un lado, Peña Nieto, que vendrá acompañado por una amplia delegación de empresarios, tratará de buscar inversiones para desarrollar distintos proyectos de su Gobierno, sobre todo en el campo energético. Por otro, intentará formalizar las relaciones entre Repsol y Petróleos Mexicanos (Pemex).  

Entre los empresarios que acompañarán al presidente mexicano, que se verá con el Rey Juan Carlos y se entrevistará con Mariano Rajoy, se da por seguro que figuren el presidente de Pemex y amigo suyo, Emilio Lozoya, y el de la cementera, Lorenzo Zambrano, que en estos momentos tiene pendiente de arreglar su deuda con la Agencia Tributaria española y que le puede acarrear una multa de más de 450 millones.

En este caso, es un asunto privado en el que ha habido distintas apreciaciones sobre la normativa fiscal, pero en el que poco puede influir Peña Nieto, aunque se interese por el estado de la situación y de las relaciones. Además, probablemente, cuando llegue a España ya se habrá resuelto. Pero el centro de atención está en la petrolera, que es otra cosa. Pemex es una entidad pública controlada por el Estado y, por tanto, el Gobierno tiene mucho que decir.

Aunque en el entorno diplomático se espera que, al menos hasta que el máximo mandatario mexicano venga a España, se produzca un impasse en el que se entierre el hacha de guerra, otras fuentes sostienen que  solo es  apariencia. Estas fuentes sostienen que, tras la junta de Repsol del 28 de marzo en la que Pemex se opuso a las medidas de blindaje propuestas por el grupo español, sus responsables han seguido meneando el árbol de la discordia y buscando pactos con otros posibles accionistas. Aseguran que Pemex ha  planteado una toma de participación de Repsol a un grupo ruso para  alinearse con sus intereses. Esta tentativa, que no sería bien vista por el nucleso duro de accionistas, recuerda el pacto de sindicación de acciones que en su día firmaron Pemex y Sacyr para tomar el control del grupo.

Esta asechanza contrasta con el clima que habría alcanzado tras la visita hace algunas semanas a Lozoya de Isidro Fainé, presidente Caixabank y vicepresidente de Repsol, con el conocimiento de Antonio Brufau, presidente de Repsol. Dicho pacto pasaba por recuperar una relación cordial. Asimismo, según otras fuentes, se habría planteado la posibilidad de que Repsol participe en proyectos de prospección y explotación de hidrocarburos con Pemex, así como en el Plan Energético que puso en marcha el Gobierno de Peña Nieto.

Fainé no se vio en aquel viaje con este, con el que ya ha estado en dos ocasiones en el escaso año y medio que lleva en el poder. Caixabank tiene una alianza estratégica con Inbursa, el brazo financiero del empresario mexicano Carlos Slim, para abrir oficinas en México en 2014.

Sobre el asunto de Pemex, la embajadora de México en España, Roberta Lajous, aseguró el viernes en el Foro España Internacional que “nunca hubo intención” por parte de Pemex de segregar y apropiarse de los activos. Lajous hizo “votos por que las diferencias que en algún momento hubo las podamos dejar atrás”. Quiso quitar hierro al asunto al atribuir a “lecturas de la prensa” y a la trascendencia del enfrentamiento “de lo que ha habido en realidad”.

La embajadora destacó la importancia de la relación entre un país exportador de petróleo como México y uno importador como es España, pero a la vez garantizó que hay un “terreno amplísimo” para que las empresas españolas puedan invertir en el sector de la energía en México. La embajadora defendió, en ese sentido, las reformas llevadas a cabo por Peña Nieto en su primer año de mandato, fruto del Pacto por México, que dan, dijo, “certidumbre jurídica” para las inversiones.

Esta reforma, que se ha estado debatiendo desde hace 18 años por los distintos gobiernos mexicanos, permitirá la incorporación de empresas privadas en la explotación de hidrocarburos, un sector que es monopolio del Estado desde 1938.

Un plan de 35.000 millones

Por: | 30 de marzo de 2014

Aunque el cierre del déficit público en 2013 (6,6%) se acerca a los objetivos previstos para el año, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, podrá echar mano de las desinversiones en empresas y entes públicos para completar el cumplimiento previsto para la legislatura, el 4,2%. La desinversión y la gestión concesional se convierte así en un vehículo clave para los objetivos del Gobierno, que lograría la entrada de ingresos extraordinarios, así como la reducción de aportaciones recurrentes; la mejora del servicio y la competitividad y la anticipación a presiones externas desde Bruselas.

Este proceso reportaría en torno a 32.000 millones de euros, a los que se añadirían otros 3.000 por menos aportaciones estatales a empresas y entes públicos y el ahorro de 2.000 millones anual por cese de aportaciones, según un informe que maneja el Gobierno elaborado por Roland Berger, firma especializada que ha trabajado para el Ejecutivo en asuntos como el de la valoración de los bancos.

“La situación actual de las finanzas exige medidas de reducir el déficit y la deuda [94% del PIB]”, según Jorge Delclaux, consejero delegado de la filial española, que recuerda que la comisión para la reforma de las Administraciones Públicas planteó en julio de 2013 la elaboración de un nuevo plan que debía ser la continuación del elaborado un año antes y cuyo impacto fue muy limitado. A su juicio, las razones para la desinversión radican en la ausencia de justificación de la presencia del Estado, en evitar la concurrencia con empresas privadas, en la posibilidad de mejorar la gestión e incrementar la calidad de productos y servicios y en asegurar la superviviencia de la empresa ante la imposibilidad de que el Estado continúe.

Esa es la cuestión. En la actualidad, el Estado cuenta con 220 entes públicos empresariales, de los que 171 son sociedades mercantiles, 13 entidades públicas empresariales y 36 entidades de derecho público. Según el estudio, 190 son sociedades no estratégicas. El principal paquete de empresas está adscrito al departamento que dirige Montoro, seguido por el Ministerio de Fomento. Del total cifrado, unos 14.000 millones procederían de la venta del 60% de Loterías del Estado, cuya privatización ya estuvo a punto de producirse en 2011, poco después de la llegada al poder del PP.

Asimismo, existen varias empresas industriales y firmas cotizadas dentro de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente de Hacienda. Entre las primeras figuran Correos, Tragsa, Hispasat, Enusa, Equipos Nucleares y Navantia. Y entre las segundas, EADS, Red Eléctrica, Ebro, Enagas, IAG e Indra. Todas son participaciones minoritarias, pero aportarían en torno a los 4.300 millones. La lista se amplía con las empresas de Patrimonio, entre las que destaca Paradores. En todos los casos, el Gobierno deberá decidir cuáles considera estratégicas y son susceptibles de reducir su presencia de forma parcial o total.

El mismo mensaje cabe para las empresas adscritas a Fomento. Ahí aparecen Adif, Renfe, Puertos del Estado, Ineco y Aena. Esta ha sufrido muchos vaivenes en los dos últimos años, con distintas intentonas y fórmulas, aunque la ministra del ramo, Ana Pastor, ha reiterado que a ella no le gusta nada la segregación de aeropuertos como plantean muchos interesados. El estudio no se mete en esa disputa.

Las sociedades en las que Estado puede reducir las aportaciones son en su mayoría también las empresas de transporte junto RTVE, Red.es y otras. Donde no se prevé desinvertir es en entes como el CDTI, ICEX, IDAE, Salvamento Marítimo o la empresa minera Hunosa.

Existen, por otra parte, sectores en los que se produce una situación alterada de la competencia por la presencia del Estado en el mercado. Según el estudio, hay ejemplos ilustrativos como los mercados cautivos (por encomiendas de gestión o contratos marco como ocurre en Tragsa, Efe o Ineco) cuyo perjuicio derivado es una ausencia de competencia que redunda en el precio y en la calidad del servicio recibido; el doble papel del Estado como regulador y operador (otra vez aparecen Renfe y Adif), lo que redunda en la faltad e indpeendencia y frena la entrada de competencia, y empresas públicas que compiten con privadas creando un perjuicio sobre la libre competencia, caso de Navantia, sobre todo en la reparación de barcos civiles.

Acelerón para vender Catalunya Bank

Por: | 23 de marzo de 2014

La carrera por la compra de Catalunya Bank (antigua Catalunya Caixa) se encuentra en el punto de aceleración. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dependiente del Banco de España, tiene todo preparado para iniciar el proceso de venta de la entidad intervenida por la que han mostrado interés la mayor parte de los grandes bancos españoles desde que el año pasado el FROB encargase la ejecución del cuaderno de venta a N+1 y se formalizase el proceso.

El objetivo del organismo que preside Fernando Restoy, subgobernador del Banco de España, es llegar al verano con el asunto arreglado. El proyecto contempla que de la entidad intervenida queden desgajados antes los activos problemáticos, sobre todo los referidos a la cartera de créditos, cuya horquilla oscila entre 6.000 y 10.000 millones de euros, y las oficinas que tiene fuera de Cataluña (en torno a 200). Una vez separados del tronco principal esos activos contaminados y las oficinas, para los que se buscaría un destino, la entidad se presentaría saneada y lista para su colocación con unos activos que se situarían en torno a los 35.000 millones.

El FROB no ha decidido todavía la fórmula para realizar la venta, si será mediante una subasta, negociaciones directas u otro tipo de operación; pero lo que sí tiene claro es que, toda vez que se hayan dado todos los pasos, sacará un valor positivo por ella. Esta circunstancia contrasta con otras operaciones de desinversión hechas con otras entidades intervenidas (CAM, Banco de Valencia, Novacaixagalicia…), en las que el saldo entre las ayudas otorgadas y la venta dio siempre valor negativo.

El organismo tendrá que decidir en breve plazo después de escuchar las opiniones del banco de inversión que preside Santiago Eguidazu contratado como asesor, si quiere que el desarrollo sea rápido. El FROB no quiere repetir los obstáculos de otras operaciones y, sobre todo, que pase más tiempo, ya que la entidad catalana ha ido perdiendo clientela y deteriorando su imagen, pese a que en Cibeles se muestran contentos con la gestión llevada del nuevo equipo encabezado por Carlos Pla.

La puja, que también estará abierta a bancos extranjeros, se convertirá en la última batalla de esta etapa de reestructuración financiera que ha vivido el sistema español. En principio se espera que presenten oferta los tres grandes. Lo que parece totalmente descartado es repartir la antigua Catalunya Caixa (fruto de la fusión de las cajas Catalunya, Tarragona y Manresa) entre los tres grandes (Santander, BBVA y Caixabank), posibilidad que se llegó a contemplar. Ahora aparece como favorito el Santander, que, junto a Bankinter, es el único que no ha participado en el proceso de integración que se ha llevado a cabo con las cajas de ahorros. Motivo este por lo que también la opción Santander es muy bien vista por el Banco de España.

El banco que preside Emilio Botín siempre ha condicionado su participación en una compra de Catalunya Bank a la rentabilidad. El interés por parte de la entidad cántabra radica principalmente en la expansión por territorio catalán, ya que aportaría unas 500 oficinas que, además, tienen poca redundancia con su actual presencia. De esa forma, además, podría contrarrestar la desventaja que tiene en esa comunidad con la preponderante Caixabank y BBVA, que adquirió Unnim (fusión de las cajas de Terrasa, Sabadell y Manlleu). No obstante, el Santander tiene capacidad para crecer por si solo en Cataluña si no sale la operación de Catalunya Bank.

Con esta operación se completaría el proceso de saneamiento del sistema bancario español que llevó a la intervención de varias entidades financieras y a la transformación de las antiguas cajas. El cambio ha dado lugar a que, de las 45 que existían al inicio de la transformación sectorial, ahora todas estén integradas de una forma u otra, salvo las excepciones citadas, en las entidades que quedan (Santander, BBVA, Popular, Sabadell, Bankinter, Caixabank, Bankia, Liberbank, Ibercaja, BMN, Novacaixagalicia, Kutxabank y Unicaja, que recientemente ha cerrado la incorporación de Ceiss, consecuencia de la fusión de las cajas castellanas España y Duero).

Las preocupaciones capitales del presidente

Por: | 18 de marzo de 2014

Con cafés con leche, té o poleo-menta (a gusto del consumidor), Mariano Rajoy y su ministra de Empleo, Fátima Báñez, recibieron a las 9,30 de la mañana de ayer a los agentes sociales (los secretarios generales de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, y los presidentes de CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Jesús Terciado) en La Moncloa. El clima ya no es el mismo que el de los primeros meses de Gobierno de Rajoy, que tardó meses en reunirse con los sindicatos y la primera vez lo hizo por separado y en la sede del PP, y las tensiones han dejado paso a unas relaciones relajadas. Se puede decir que “aquel PP del día de san José de 2012 no es el mismo del de 2014”, en palabras de uno de los asistentes.

No obstante, el mensaje del presidente fue directo: “O esto lo hacemos entre todos o no lo hacemos”. Para Rajoy lo importante es recuperar la demanda interna y la competitividad. Y desgranó las siete preocupaciones que le atosigan y aprietan la economía española: los test de estrés que el BCE hará a la banca española y cuyos resultados se conocerán en octubre; el déficit, del que está convencido de que no se va a cubrir, aunque vaya mejor; las tensiones cambiarias, por la crisis del rublo ruso; la inflación, que es muy baja; el crecimiento; el empleo neto y el precio de la electricidad, que es un pasivo para la economía productiva no para la financiera y que se añadió al paquete tras apuntárselo los líderes sociales. En el planteamiento parecen todos de acuerdo, otra cosa son las soluciones que se apliquen.

Sobre la mesa también se expuso el asunto salarial, que, sin embargo, no parece ser una de las preocupaciones capitales de Rajoy. Los sindicatos alcanzaron con la patronal un acuerdo en febrero de 2012, poco antes de promulgarse la reforma laboral, en el que se impusieron la contención salarial. Ahora, aunque el ministro de Economía, Luis de Guindos, sostiene que es preciso seguir por ese camino, los sindicatos creen que ha llegado el momento de reconsiderarlo.

Precisamente, mientras el presidnete estaba reunido con los líderes sociales, el titular de Economía intervenía en un desayuno organizado por la agencia Efe y KPMG en el que desgranó la situación de economía española y las palancas que, a su juicio, existen para catapultarla: mejora de la competitividad, desendeudamiento, reforma fiscal e integración europea. En la reforma fiscal, precisamente, se detuvoun rato para hacer hincapié en que, tras la propuesta de los expertos, la pelota está ahora en el Gobierno, cuya misión es bajar los impuestos de los ciudadanos como prometió. No obstante, subrayó con tino que los impuestos "no solo son instrumentos recaudatorios, sino elementos capaces de producir incentivos adecuados para el ahorro y la inversión". El objetivo es ayudar a la economía a crecer y repetir los resultados positivos experimentados en el último trimestre del año, cuando la mejora fue de un 0,2% y acabar el año en 1% y el próximo en el 1,5%.

Para entonces, probablemente, Guindos no esté en el Ejecutivo y se haya ido a presidir el Eurogrupo, a lo que España opta y al actual ministro no le desagradaría después de haber cumplido un periodo de reformas y muchas tensiones. Eso significaría que, si se confirma la recuperación, no recogería los frutos; pero, a cambio, llevaría a cabo la unión bancaria europea, "el acuerdo más importante después de Maastricht", para Guindos.     

Pero, los problemas siguen apretando: elevado déficit público, alta tasa de paro y fuerte endeudamiento privado. El ministro lo reconoció. Ante eso, hay que aplicar las palancas citadas. 

Guindos no acostumbra a rehuir las pregunats y esta vez no fue excepción. En es sentido se encmarca su respuesta a las preguntas sobre el nombramiento de José María Roldán (exdirector del Banco de España) como presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), sobre el que se había mostrado contrario. Guindos, al respecto, dijo que lo importante es que se modifique la ley de incompatibidades que el propio Banco de España ha iniciado. También advirtió de que la patronal bancaria “puede nombrar a quien quiera”, si bien es preciso que se asegure la interlocución con la Administración.

Para rematar lanzó una carga de profundidad para zanjar el asunto: "El ministro no trata con el presidente de la AEB, sino que es más bien el secretario de Estado de Economía”.

Y un aviso de cajón: Si Magdalena Álvarez resulta finalmente imputada en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, habrá que aplicar el código ético del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y tendrá que dimitir como vicepresidenta. "Vamos a esperar", concluyó el ministro.

 

 

 

Los líderes sociales fijan sus retos

Por: | 16 de marzo de 2014

Los líderes sindicales y de la patronal no quieren dejar pasar el tiempo y la oportunidad para tratar algunos temas que en estos momentos han alcanzado cierta importancia y empiezan a tener urgencia. Por eso, los secretarios generales de Comisiones Obreras (CC OO) y de la Unión General de Trabajadores (UGT), Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, y el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, se reunieron el jueves y debatieron sobre la formación, que tantos dolores de cabeza les está dando a unos y otros, y del acuerdo nacional sobre empleo que vence a finales de este año.

En este segundo asunto, que se encuentra en fase embrionaria, los sindicatos han querido dejar muy claro desde el principio que la situación ya no es la misma que la que existía cuando se firmó el acuerdo en enero de 2012 para un plazo de tres años. Entonces se decidió realizar una contención de los salarios, los precios y del reparto de beneficio; es decir, una devaluación interna.

Mientras para la patronal rigen las mismas líneas directrices que entonces, dando incluso mayor protagonismo a las federaciones para acuerdos sectoriales, los sindicatos señalan que de los tres objetivos que sustentaron el acuerdo solo se ha cumplido el referente a los salarios. Por ello, su planteamiento es que se debe discutir una política que no puede responder al mismo escenario de recesión que primó en aquel momento. A su juicio, en el horizonte de los próximos años se debe dar un papel más activo a los salarios.

El momento escogido para la firma no fue por casualidad. El PP acababa de formar Gobierno y preparaba una reforma laboral que no tardaría en aprobar desoyendo las advertencias sindicales y el buen clima con que se había alcanzado el acuerdo con la patronal. De hecho, fue el primer gran acuerdo que firmaban con Rosell al frente de la organización. El acuerdo que ahora comienza a negociarse coincidiría con las elecciones en la patronal, prevista para el próximo mes de diciembre, cuando se cumplirían los cuatro años de Rosell en la presidencia.

En el otro asunto, existe en principio un punto de partida más coincidente, sobre todo en desterra la imagen de corrupción con que se ha identificado en los últimos tiempos a la formación por algunos casos sonados. Los sindicatos también reseñan que la formación debe estar interrelacionada con la Negociación Colectiva como algo natural. No obstante, según denuncian, no forma parte de los planes del Ejecutivo. A su juicio, el Gobierno se limita a descargar la responsabilidad sobre las empresas.

En la actualidad, se destina el 0,7% del salario bruto (0,6 por parte de las empresas y 0,1 por parte de los trabajadores) a formación. La cifra total se acerca a los 1.800 millones (frente a los 30.000 millones que manejan en Francia o Alemania) que recauda la Seguridad Social y que luego devuelve como carácter finalista respondiendo al principio de unidad de caja y para trabajadores en activo. Sin embargo, se destina a bonificaciones y desempleo. Por ello, parece necesario, según los interlocutores, que el sistema de formación se reoriente.

Rosell se ha reunido recientemente con la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y le ha transmitido ese mensaje mostrando además su rostro más beligerante. El dirigente empresarial, que se ha mostrado disconforme con que el Gobierno haga política con este asunto, le recordó que son las empresas y los trabajadores los que pagan la formación y aprovechó para solicitar que se canalicen incentivos fiscales y se reduzcan las cotizaciones, eterna canción de las empresas que no acaba de tener eco en la Administración.

Además, propone “la autonomía colectiva” en la formación, de manera que las empresas puedan ejecutar la formación y, si no ven capacitadas, puedan acudir a los centros patronales y sindicales. Con la posibilidad también de que, en el ámbito autonómico, se puedan desarrollar planes de formación complementarios. 

P.D.: 

La patronal y los sindicatos coinciden en reclamar mayor coordinación entre educación y formación (o entre los ministerios de Educación y Empleo), que brilla por su ausencia. En ese sentido, el objetivo consiste en “facilitar la permeabilidad entre el sistema educativo y el mundo laboral, a través de la consolidación de estrategias que conecten la formación reglada y la dirigida a ocupados y desempleados”, según el documento que maneja la CEOE. En ese sentido, reclama la formación profesional reglada, para lo que resulta necesario la implantación de la Formación Dual. asimismo, exige garantizar alternativas formativas; mejorar el conocimiento de idiomas y elevar el nivel de educación financiera, entre otras medidas.


¿Es necesario un gran pacto eléctrico?

Por: | 09 de marzo de 2014

En un breve lapso de tiempo han coincidido las peticiones de las patronales CEOE y Cepyme y de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE) de que se alcance un gran pacto de Estado en el sector eléctrico. Han tenido poca repercusión, pero las exigencias de ambos colectivos no han pasado desapercibidas en el Ejecutivo (no se sabe muy bien el orden de importancia, si las empresas presididas por Juan Rosell y Jesús Terciado o si los directivos que preside Isidro Fainé). En todo caso vienen a cuento por la polémica que se ha generado en el sector eléctrico a raíz de la reforma sectorial promulgada por el Gobierno y, de forma añadida, por el cambio del sistema de fijación de precios que llevó a las compañías eléctricas a desatar amenazas sobre la reducción de inversiones e, incluso, del desvío de inversiones fuera de España.

El caso más sonado fue la proclama lanzada por el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, defendiendo la posición preponderante de Reino Unido, Estados Unidos, México y Brasil sobre España en su plan de expansión y crecimiento (posición que al Gobierno no gustó y que el pasado lunes el ejecutivo salmantino compensó en su intervención en el Global Forum Spain celebrado en Bilbao, donde también se habló de pactos de Estado). El resto de responsables del sector no se quedaron a la zaga. Habrá que esperar el mensaje que manda Fulvio Conti, primer ejecutivo de Enel, sobre su filial española Endesa en la presentación de resultados del grupo el próximo miércoles en Roma. No se espera que eche flores, precisamente.

Ante eso es lógico preguntar si es necesario ese gran pacto de Estado y, sobre todo, si hay tiempo para ello, toda vez que la reforma ya ha pasado el trámite parlamentario y que el Gobierno defiende la reforma a capa y espada. El debate, no obstante, sigue abierto y se escucha en los pasillos del Congreso de los Diputados y en todos los foros empresariales.

La petición está en las líneas prioritarias que han enviado las patronales al Gobierno para que incluya en el Programa Nacional de Reformas 2014 y en forma parte de la lista de peticiones (o agravios) de la CEDE, conocidas esta semana en un estudio titulado La energía que precisamos, en el que critica la injerencia política sobre las actividades reguladas del sector energético como elemento más perturbador de su eficiencia antes de reclamar el gran pacto.

Las organizaciones empresariales, por su parte, entran a saco en la polémica entablada entre las eléctricas y el Ministerio de Industria y, sobre todo, ante las amenazas de aquellas de reducir sus inversiones en España. En ese sentido, en el citado informe de prioridades de 42 páginas (a la reforma energética destinan solo dos entre una docena de temas que van desde la consolidaciñon fiscal a la internacionalización pasando por la reforma laboral) señala que “es necesario alcanzar un agran acuerdo nacional, en forma de Pacto de Estado, que permita avanzar en las decisiones adecuadas con un marco temporal lo suficientemente amplio para posibilitar las inversiones que resulten necesarias”.

Además, el informe patronal hace suyas las demandas que hace la patronal sectorial Unesa, cuyo presidente, Eduardo Montes, es miembro del comité ejecutivo de la CEOE. Entre otras exigencias, reclama que se posibilite la extensión de la vida de las centrales nucleares (en tanto reciban el informe positivo del Consejo de Seguridad Nuclear); eliminar el mecanismo de restricciones de garantía de suministro (obligación de consumo de carbón nacional en cantidades preestablecidas); apostar por las renovables siempre que se centre en el apoyo continuado al desarrollo de I+D+i nacional que posibilite crear un tejido industrial nacional (es decir, potenciar las tecnologías que aporten una ventaja competitivia real); hacer contratos bilaterales entre generadores y consumidores intensivos en energía; impulsar la cogeneración de alta eficiencia; evitar la introducción de nuevos tributos en los llamados impuestos mediambientales sobre las empresas, que, en todo caso, deben ser neutrales (es decir, desplazar la carga fiscal del tributo vigente al medioambiental de nueva creación), y promover la coordinación entre comunidades autónomas para evitar la proliferación de legislaciones diferentes que regulen el mismo objeto.

Y Galán cogió su fusil

Por: | 23 de febrero de 2014

Ignacio Sánchez Galán eligió Londres, la misma ciudad en la que el pasado abril presentó el informe España país de oportunidades, para lanzar un duro y, a la vista de las reacciones, efectivo ataque a la política energética del Gobierno. Junto al economista José Manuel Campa defendió entonces el trabajo que el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), del que forma parte, elaboró para atraer las inversiones a España y, de paso, apoyar las reformas llevadas a cabo por el Ejecutivo. Galán repitió en París, Nueva York y Boston y, ya en la posterior gira española, en Valladolid y Bilbao. Y el Gobierno, claro, le estaba muy agradecido.

De repente, parece que el presidente de Iberdrola, uno de los aliados, ha pasado de héroe a villano. Desde el Gobierno, y también desde el de Castilla y León y otros estamentos, le han tachado algo menos que de traidor. Al Gobierno le ha irritado que un hombre que creía de los suyos y que ha estado al frente de la manifestación salga ahora con un ataque que pone en duda la seguridad jurídica española ante los inversores internacionales justamente ahora cuando los datos indican que España empieza a salir del agujero. A su juicio daña la marca España.

¿Se ha pasado Galán de la raya? A nadie debe sorprender que el ejecutivo salmantino haya tomado esta deriva. Es un hombre que no se calla e Iberdrola —como el resto de compañías eléctricas y también las renovables— viene criticando con energía la reforma eléctrica desde que el Gobierno de Mariano Rajoy la promulgó en julio pasado y, más recientemente, así como el nuevo mecanismo de fijación de precios que sustituirá a las subastas.

Por eso,  quiere distinguir. Hace 10 meses, Galán se enfundó la roja (por cierto, Iberdrola patrocina a la selección de fútbol) para avalar a España como país atractivo para invertir. Sin embargo, el miércoles acudió a la capital británica para hablar de lo suyo, con la corbata verde corporativa de la empresa que le paga (y no mal, precisamente: el año pasado cobró 7,4 millones de euros brutos) y de los problemas a los que se enfrenta el sector eléctrico.

En este asunto, Galán ha ido marcando los tiempos y, esta vez, ha dado un paso más aprovechando la presentación de resultados (la caída del 7% la achaca a las medidas) y del plan estratégico 2014-2016. Escogió un renombrado hotel de Londres, donde reunió a inversores y periodistas en salas separadas. Llevaba el mensaje madurado y tenía el escenario preparado a conciencia por sus servicios de comunicación. En la nota de prensa repartida entre el casi centenar de periodistas que invitó a Londres ya estaba escrito el disparo: “Las inversiones irán destinadas principalmente a los proyectos energéticos y países que disfruten de una regulación predecible y estable”. Entre ellos, no entra España, que se queda en el paquete del “resto del mundo”. Así lo explicó: “El regulador dice que sobran inversiones en redes y generación y si el regulador dice eso para qué lo vamos a hacer”.

En el ardor de la batalla, Galán descargó el fusil: “Iberdrola en los últimos años ha tenido una expansión internacional espectacular, pasando de como éramos hace 10 años, que el 99% de nuestro negocio dependía de España, a niveles del 30% en la actualidad. En este momento somos más británicos, más americanos y más mexicanos o brasileños que españoles a nivel general. No solamente por negocios, sino también por presencia de accionistas”.

Está claro. Si el negocio está en esos otros países, lo lógico es que se vuelque más en ellos. El problema es que, quizá  no midió bien la repercusión de la frase que pronto daría la vuelta a España y que hay que escucharla en su contexto. O quizá, sí. El caso es que, ante alguna pregunta inquisitiva, se revolvió en el atril: “Dios me libre. Me siento muy orgulloso de ser español y todo aquello que pueda hacer por mi país lo haré. De hecho me he pasado el año vendiendo España por medio mundo. Es un país que merece la pena”.

Trató de quitar hierro, asegurando que las relaciones con el Gobierno son cordiales “como no puede ser de otra manera a todos los niveles y con todos los estamentos”. “Cada uno hace y defiende lo que tiene que defender como cree que tiene que defenderlo”, añadió. Poco consiguió. El ministro de Industria, José Manuel Soria, le respondió con contundencia: “Iberdrola ya viene reduciendo inversiones desde 2009, por lo que difícilmente se puede deber a la reforma eléctrica”.

Y para que no quedara duda, al día siguiente, volvió a ponerse el traje de embajador de la marca España y, con César Alierta y Pablo Isla, estuvo con grandes grupos europeos en una reunión con Angela Merkel y François Hollande.

Sánchez Galán acudió a Londres acompañado con su guardia pretoriana, los hombres en los que confía los números y la estrategia. La cita lo requería y allí estaban con él, José Luis San Pedro, José Sainz Armada y Fernando Becker, todos con su corbate verde coroprativa. Los dos primeros le acompañaron en la mesa en la reunión que mantuvo con los inversores (no así en la rueda de prensa, a la que asistió solo) y ante los que también atacó la reforma eléctrica. Y fue San Pedro, el directivo más veterano (ya era alto cargo en la antigua Iberduero con Manuel Gómez de Pablos), el que avanzó que la empresa irá a los tribunales para denunciar algunas medias si las cosas cambian.

Contadores para la discordia

Por: | 16 de febrero de 2014

La Comisión Nacional para los Mercados y la Competencia (CNMC) emitió el 14 de enero un “informe sobre el precio del alquiler de los contadores electrónicos con discriminación horaria y con posibilidad de telegestión”. Salvo para los integrantes del sector, pasó bastante desapercibido. Sin embargo, pasado un mes ha cobrado actualidad tras conocerse la propuesta del Ministerio de Industria sobre la fijación de precios para el consumo enviada a la propia CNMC en la que se subraya que los consumidores podrán aprovechar los contadores digitales para mejorar el consumo y reducir la factura.

A partir de ahí, el revuelo que habían originado las compañías eléctricas y las firmas de renovables por la reforma del sector, ha ido a más. Desde 2006, el mercado eléctrico incorporó el contador digital con el fin de aportar más eficiencia a los consumidores. 

El cambio se impulsó con el Plan de Sustitución de Equipos de Medida, que obliga a todos los usuarios con menos de 15 kilovatios de potencia contratada a sustituir los antiguos contadores por estos otros, que permiten la discriminación horaria y la telegestión, antes del 31 de diciembre de 2018. En la actualidad, según datos de Industria, lo tienen instalado siete millones de usuarios, una cifra que ya ronda la estimación del 35% prevista para final de 2014. El nuevo mecanismo, no obstante, obligará a reprogramar muchos contadores digitales, según las empresas.

El usuario ha tenido opción de comprar o alquilar el nuevo contador. La recomendación de las asociaciones de usuarios ha sido que se opte por la del alquiler, cuyo coste fijado por ley es de 0,81 euros al mes para los contadores monofásicos y de 1,15 para los trifásicos, y obliga a las comercializadoras a correr con el mantenimiento y las incidencias. Según datos del sector, en propiedad (el coste es de 43 euros más 10 de instalación) solo lo tiene un 5% de los hogares y la mayor parte de los consumidores industriales.

Las ventajas del contador digital son visibles: permite aprovechar al máximo la energía con discriminación horaria; pago real por consumo, sin lecturas estimadas, por lo que las facturas son mucho más transparentes; el cambio de contrato o comprobación se puede hacer de manera inmediata; permite comprobar el consumo a través de internet y reduce las incidencias de suministro.

Sin embargo, no tardó en llegar la polémica, que desembocó al informe de la CNMC. El proceso fue el siguiente: los precios de alquiler estaban congelados desde la orden; el ministerio decidió aplicar esos precios a los nuevos telecontadores; las eléctricas presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo argumentando que no era lógico aplicar esos precios a los nuevos contadores digitales; el Supremo dio la razón a las eléctricas y pidió que se calculara un precio actualizado; para dar respuesta al Supremo, la CNMC elaboró el citado informe en el que reconoce que, de acuerdo a diversos estudios, lo correcto es subir el alquiler a 1,10 y 1,47 euros al mes (según sea monofásico o trifásico); sin embargo, la CNMC sostiene que, “teniendo en cuenta el entorno tecnológico poco maduro” y “que las partidas de coste disminuirán de manera significativa”, se “obtendrían unos precios de alquiler similares a los recogidos”. Es decir, se han mantenido en 0,81 y 1,15 euros.

En medio de todo surgieron las protestas de organizaciones y particulares. Según datos de Enerspain esgrimidos por Denunciascolectivas.com, el 60% de los contadores alquilados se están pagando por encima de su precio. A su juicio, se estaría hablando de 4,2 millones de clientes y pagando en torno a más de una media de 4,49 euros, es decir 226 millones de euros al año. La supresión equivale a un abaratamiento del 7% habiendo casos que podría llegar al 25%, aseguran. Las eléctricas, que han rechazado estas denuncias reiteradamente, argumentan que no tienen posibilidad alguna de modificar los precios establecidos por ley. Dificultad que aumenta con los contadores digitales.

El reparto del mercado tiene a Endesa como principal comercialziador. La filial de la italiana Enel, que cuenta con el sistema Meters and More desarrollado por su matriz, ha uinstalado torno a 4,2 millones de contadores digitales, alcanzado cerca del 45% del total. Ese sistema también lo usa E.ON, aunque solo con medio millón de usuarios. El otro sistema preponderante es el Prime que utilizan Iberdrola, Gas Natural Fenosa y EDP. 

el plazo para presentar alegaciones temrina mañana

Las compañías eléctricas tienen de plazo hasta la tarde del lunes para presentar las alegaciones a la CNMC sobre la propuesta de fijación de precios presentada por Industria. No la plaudirán. En la 11ª Jornada sobre Industria Energética organizada por el IESE y Deloitte ya dieron un adelanto. Andrea Brentan (Endesa), José Luis San Pedro (Iberdrola), Rafael Villaseca (Gas Natural Fenosa) y Eduardo Montes (de la patronal Unesa) propinaron directos a la mandíbula: improvisado, antimercado, ineficaz, insuficiente, complejo, de difícil ejecución... En la misma jornada, el ministro de Industria, José Manuel Soria, no se quedó corto: “El Gobierno defiende el interés general y no el de las empresas”. Además de ahorrar 270 millones de euros por suprimir la intermediación financiera que se ejercía en la subasta, el sistema "será más competitivo para la industria y menos oneroso para las familias" y "permitirá disponer de precios más competitivos y un suministro seguro y sostenible".

Guindos sintoniza con la gran empresa

Por: | 09 de febrero de 2014

En una semana rica en encuentros políticos-empresariales, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, hizo un hueco en su agenda para comer con el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), ese poderoso club en el que se junta gran parte del PIB nacional. El temario para hablar con el titular de Economía era abundante, centrado en el pulso económico y las perspectivas de crecimiento, y los empresarios aprovehcaron para solicitarle que mantenga el espíritu reformista. Es decir, que complete las reformas estructurales, principalmente la reforma fiscal, de las Administraciones Públicas y el mercado interior, en línea con las peticiones que han hecho los grandes bancos en la presenctación de resultados con el objeto de contener el déficit y fomentar el empleo y el consumo.

Guindos, que era la segunda vez que acudía a una comida con el CEC, se mostró moderamente optimista con las perspectivas de la economía española, de la mejora de la prima de riesgo y la evolución del déficit público, así como del proceso de integración de los mercados europeos, especialmente el financiero. Precisamente, dirigiéndose a la comida, el ministro supo que presidente del BCE, Mario Draghi, no tomaría ninguna decisión sobre tipos de interés.

Los empresarios valoraron positivamente el nivel de prudencia del ministro, acorde con el que ha tenido en sus últimas intervenciones públicas y mucho más realista de lo que transmiten otros representantes del Gobierno. Guindos ha demostrado que sintoniza bien con este grupo de escogidos empresarios, que dieron su apoyo incondicional al Gobierno cuando la crisis estaba en uno de los momentos más agitados. El CEC decidió echar un capote, quizá después de que el Rey Juan Carlos les pidiera en dos reuniones sucesivas (marzo y agosto de 2012) que arrimaran el hombro, y elaboró un informe que radiaba optimismo.

El CEC, que cuenta con los potentes servicios de estudios de los bancos Santander y BBVA y de Telefónica, previó el comienzo de la recuperación a finales de 2013 y, además, realizó una gira mundial para difundir el informe por las principales plazas financieras. Posteriormente, repitió el road show por las capitales españolas con el mismo mensaje de optimismo, por lo que Guindos no puede estar más que agradecido.

En la reunión del jueves con Guindos se abordó también la cuestión catalana, que preocupa y mucho a los grandes empresarios del CEC, donde una parte importante de sus miembros son catalanes. A estos no les gusta que se hable del “problema catalán” y que desde Madrid se hagan críticas generalistas sin entrar en el meollo de la cuestión, sobre todo económica, para buscar soluciones constructivas, y esas quejas se las transmitieron al ministro.

Precisamente, sobre este tema, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, mantenía encuentros en Barcelona con empresarios catalanes, algunos de ellos miembros del CEC (Isidro Fainé, Isak Andic, Leopoldo Rodés, así como el director, Fernando Casado), y organizaciones (la patronal Foment o el Círculo de Economía). En sentido contrario del puente aéreo, el consejero de Presidencia catalán, Francesc Homs, defendía el referéndum catalán en Madrid.

El consejo que preside César Alierta (Telefónica) tiene reuniones mensuales y, habitualmente, invitan a dirigentes políticos. Una de las primeras acciones del CEC, tras fundarse en febrero de 2010, fue pedir a José Luis Rodríguez Zapatero una reforma laboral. Pero el anterior presidente, que sí convocó a los grandes empresarios, no llegó nunca a reunirse con el CEC. Sí han compartido mantel varios miembros del Gobierno, además de Guindos (la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría; la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, y el de Hacienda, Cristóbal Montoro), así como el presidente de la patronal, Juan Rosell, y las citadas con el Rey.

El lobby empresarial está compuesto por 18 miembros: Alierta, Emilio Botín (Banco Santander), Francisco González (BBVA), Fainé (La Caixa), José Manuel Entrecanales (Acciona), Florentino Pérez (ACS), Rafael del Pino (Ferrovial), Antonio Brufau (Repsol), Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), Isidoro Álvarez (El Corte Inglés), Pablo Isla (Inditex), Antonio Huertas (Mapfre), Juan Roig (Mercadona), José Manuel Lara (Planeta), Simón Pedro Barceló (Grupo Barceló), Rodés (Grupo Havas), Andic (Mango) e Ignacio Osborne (Osborne). 

Además, la cuestión catalana es uno de los temas que más preocupa a los mimebros del Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC). Posiblemente para hacer hincapié en ello, el CEC quiere volver a reunirse con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Aunque todavía no ha formalizado una solicitud, el deseo del CEC es que Rajoy reciba al grupo más pronto que tarde. El presidente tardó año y medio en responder a la primera petición del CEC, al que recibió en La Moncloa en pasado julio, después de que aquel presentara el informe. Rajoy tuvo el apoyo de las grandes empresas tras asegurar que continuará con las reformas estructurales que estos le exigen y prometer bajar los impuestos. 

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Sobre el blog

Este blog intenta meterse en las cocinas donde se elaboran y se fraguan las noticias, dar claves sobre las decisiones de política económica y empresarial, aportar  pistas sobre las relaciones de poder de las personas que manejan los destinos del país, valorar la dimensión de la economía como determinante en la vida política y de los ciudadanos y analizar el alcance de las informaciones en materia económica.

Sobre el autor

Miguel Ángel Noceda

Miguel Ángel Noceda Llano, cántabro de Comillas, siempre ha estado ligado a la información económica. Lleva desde 1989 en EL PAÍS, donde ha sido redactor jefe de Economía y es corresponsal económico. También ha sido presidente de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y es Vicepresidente tercero de la Asociación de la Prensa de Madrid.

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