La reunión del G-20 que comienza mañana en Los Cabos (Baja California, México) es la primera cumbre mundial a la que acude Cristina Fernández de Kirchner después de la expropiación de YPF al grupo español Repsol. “Ya veremos si le cantan el alirón, la abroncan o simplemente la ignoran”, afirma un observador argentino. Parece seguro que será lo segundo. La presidenta argentina, que seguramente se cruzará con Mariano Rajoy por aquellos lares, se enfrenta a la casi segura reprobación del resto de países por una actuación que consideran lesiva. La Unión Europea, al menos, va con las armas cargadas y pedirá medidas contra Argentina.
Fernández, consciente de su protagonismo, ha contraatacado pidiendo explicaciones a España por el veto al biodiesel argentino. Además se presenta con la incorporación del grupo Slim con el 8,4% del capital de YPF, que quiere utilizar como divisa para convencer a los inversores internacionales. Así lo reconoció Miguel Galuccio, el presidente de YPF: “Es una clara señal al mercado financiero internacional”.
Pero, aunque no lo parezca, Fernández se presenta a la reunión con el ánimo alterado por las dificultades que está encontrando en el mercado internacional para colocar YPF. Los problemas estriban en que YPF necesita mucha inversión (del orden de 7.000 millones de euros anuales durante los próximos cinco) para desarrollar el megaproyecto de Vaca Muerta porque, por sí sola, no puede financiarlo. Ya, en su momento, Repsol negoció con Exxon y las conversaciones se encontraban prácticamente cerradas cuando estalló la expropiación. Posteriormente, en sus contactos con multinacionales, los nuevos responsables de YPF se han topado con que estas ponen unas condiciones leoninas.
Esas condiciones se resumen en cinco puntos: exigencia de un marco jurídico estable, con la firma de contratos de al menos de 20 años; estar en precios de mercado; asegurar la repatriación de divisas una vez cumplidos los pagos de tasas y demás en Argentina; contar con saldos exportables, es decir que no todo el producto se quede en el país, y tener una indemnidad absoluta ante cualquier acción legal de Repsol.
Los cuatro primeros puntos son asumibles, aunque no sean de su gusto; pero el último no depende de la Administración argentina, que no puede garantizar de ninguna manera que el grupo español no ponga demandas contra la expropiación que le da el 51% de YPF al Estado argentino y las provincias. De hecho, la empresa presidida por Antonio Brufau ya ha interpuesto ante la justicia argentina un recurso de inconstitucionalidad en contra. Asimismo, Repsol inició a mitad de mayo los trámites para denunciar a Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, con el envío por parte de Brufau a Fernández de una declaración de controversia.
Desde ese momento se abre un periodo de seis meses para que Repsol y Argentina negocien. Pasado ese tiempo y si no hay acuerdo, Repsol presentará una demanda pidiendo el arbitraje. El grupo español considera que se han violado varias partes del Tratado de Promoción y Protección de Inversiones, firmado por Argentina y España en 1991.
La incorporación de Slim podría levantar perspicacias sobre un posible arreglo, por sus relaciones en España, pero los implicados lo descartan. Este no deja de ser un cambio de manos de un paquete que estaba en manos de la familia Eskenazi y que ha llegado a manos del grupo mexicano por impago (Inbursa, el banco de Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, era uno de los principales acreedores, según fuentes financieras).
Además, Repsol podría iniciar querellas en Argentina y EE UU. La compañía española y Texas Yale Capital Corp —firma de asesoramiento en inversiones financieras que tiene acciones de YPF en Wall Street— presentaron una demanda en Manhattan alegando que Argentina no está cumpliendo con la obligación contractual que asumió cuando vendió acciones en Nueva York de lanzar una oferta por las acciones en el caso de que el país retomara el control de la compañía petrolera. Mientras tanto, la Comisión Europea baraja la opción de denunciar a Argentina ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Ante todo eso, resulta difícil convencer a las multinacionales a las que se han dirigido: Exxon, Chevron, Total, Petrobras, Wintershell... Quedan posilidades en China (Sinopec, socia de Repsol en Brasil, también parece dar la espalda) y los gigantes rusos.
La pelea está en su punto álgido. Sería difícil encontrar una vía pacífica. Fernández acudirá mañana a México; pero ya se verá si lo hace a la Cumbre Iberoamericana de Cádiz en noviembre, en la que su ausencia sería el hecho más destacado. Hoy por hoy no parece dispuesta; pero va a recibir muchas presiones, internas y externas</CW>. Si acude es que algo habrá cambiado.
