“Creo necesario impulsar una reforma a través de la cual la CNMV se dote de una mayor independencia que le permita asimilar su régimen económico al del otro supervisor financiero, el Banco de España. Con la facilidad añadida, en el caso de la CNMV, de que al financiarse mediante tasas, un mayor grado no afectaría al déficit público”. A escasos tres meses y medio de dejar el cargo como presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura dejó el pasado viernes trazadas algunas de las líneas de su ‘testamento’ en una ponencia desarrollada en un curso sobre el euro organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander y con el patrocinio del BBVA.
Y ese es uno de los mandamientos principales que reclama al Gobierno, entre los que Segura pide también “una mayor capacidad normativa” para el organismo que preside, más dotaciones de personal e incrementar las inspecciones in situ de las entidades supervisadas.
Segura contextualizó su intervención en el marco de las enseñanzas de la crisis. Según sus palabras, “la crisis nos ha enseñado la existencia de una pluralidad de fallos del sistema económico que han permitido la acumulación de desequilibrios e ineficiencias durante casi dos décadas de crecimiento dorado y que se encuentran en el origen de los problemas actuales”. Fallos en el diseño de políticas macroeconómicas, que facilitaron la creación de burbujas como la inmobiliaria y sobrevaloración de cativos como los eléctricos; fallos en los mercados financieros, derivados de la insuficiente transparencia de los mercados de renta fija y deuda privadas; fallos en la gobernanza de las empresas y fallos de regulación y supervisión que han puesto de manifiesto “la importancia de que existan autoridades supervisoras independientes que monitoricen el comportamiento del sistema financiero anticipando problemas y velen por su buen funcionamiento y estabilidad”.
Segura se basa en las recomendaciones hechas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que constituye una profunda revisión del sistema financiero español y que es la segunda revisión después de la realizada en 2006. El informe destaca la evolución de la CNMV, pero subraya la necesidad de mejorar las cuestiones referidas al principio. En cuanto a las inspecciones in situ, sostiene que se debiera intensificar el uso de este tipo de inspectores, pero en particular en conexión con las entidades de crédito, “ya que tienen un peso mayoritario en la distribución de productos de inversión”. Sobre este asunto, la CNMV ha inspeccionado ‘in situ’ al 75% del total de clientes del sector financiero.
Otro tema en el que enfatizó fue en el de la capacidad normativa, cuestión en la que sugiere que la CNMV pueda ampliar su función supervisora a la reguladora, como también lo hace el FMI. “Actualmente la CNMV solo puede dictar normas cuando así está expresamente previsto en las normas de rango superior que constituyen el núcleo de la regulación (leyes aprobadas en el Parlamento y su desarrollo), lo que supone una limitación demasiado estricta y puede afectar negativamente a la capacidad de la CNMV para responder con la rapidez deseable a problemas emergentes, una deficiente particularmente negativa en situaciones de crisis como la actual”. Pese a todo, la CNMV “ha respondido” a esas exigencias y Segura cita como ejemplo “la puesta en marcha de los mecanismos que tenía a disposición para conseguir que las colocaciones dirigidas a minoristas de productos complejos (preferentes) se aporte un informe de valoración independiente”.
También critica, en base a las recomendaciones del FMI, el diseño institucional de la CNMV. El FMI identifica como problemáticas la atribución de un puesto en el consejo a la Dirección del Tesoro o la reserva de facultades en materia de autorización o de sanciones muyu graves al Ministerio de Economía. Asimismo, Segura puso el dedo en la llaga al destacar las limitaciones que tiene la CNMV respecto a la contratación de personal, que requiere una aprobación explícita y enmarcarse en la oferta conjunta de empleo anual del sector público. Puso el ejemplo, en ese sentido, de que no ha podido renovar a 10 becarios que llevan dos años trabajando en el organismo por los recortes de contratación.
