El último consejo de administración de Caja Madrid, celebrado el pasado lunes, decidió acelerar los trámites para que la Asamblea General de la entidad sea antes de agosto. Para ello, deberá celebrar otro consejo extraordinario en los primeros días de la semana que entra con el objeto de hacer la convocatoria de la asamblea dentro de los plazos legales previstos. Un retraso impediría realizarlo en julio, lo que implicaría retrasarlo hasta septiembre (ya que agosto se considera inhábil, en la práctica), como estaba previsto en principio.
La citada asamblea es vital para los cambios que debe abordar la caja de ahorros madrileña de cara a su futuro al margen de la evolución de Bankia y el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), del que es partícipe hasta que entre la ayuda pública, cuantificada en 23.000 millones de euros. La asamblea debe abordar dos puntos clave. Por un lado, la rendición de cuentas, que en este caso viene a ser como la liquidación de la sociedad como tal. Por otro, su transformación en fundación de carácter especial.
La dirección de la caja, todavía presidida por Rodrigo Rato y dirigida por Ildefonso Sánchez Barcoj, uno de los dos ejecutivos que despidió José Ignacio Goirigolzarri de Bankia (ha continuado en su cargo en Caja Madrid a petición de Rato y, según fuentes consultadas, con el salario mínimo interprofesional), está a la espera de recibir los informes encargados a una consultora sobre la situación jurídica de la caja, así como la valoración de los activos con que cuenta la entidad y que pasarían a la fundación que debe crearse. Asimismo, se determinaría cómo queda la obra social. Todo se someterá a la asamblea, que es la que debe aprobar su transformación en fundación y los miembros del patronato de esta.
En una situación normal, lo lógico sería que los miembros del consejo actual fueran elegidos como patronos de la fundación. Sin embargo, la imputación de todos menos cuatro por el juez Fernando Andreu el pasado miércoles en el caso Bankia va a determinar en gran medida el cambio. También será determinante, evidentemente, la posición que adopte la Comunidad de Madrid, que querrá no perder el control en la futura institución, que entre otras cosas va a tener mucho patrimonio inmobiliario y artístico y el monte de piedad.
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