¿España va bien?

El Consejo Empresarial de la Competitividad (CEC), que forman 18 de los principales grupos empresariales españoles, ha vuelto a sembrar el optimismo sobre la economía española. Si el año pasado predijo que tendría una positica evolución; este año lo ha hecho con más contundencia. Para la institución, España es competitiva e innovadora y "un pais de oportunidades" para la inversión y los emprendedores; una economía que se ha fortalecido al disiparse las principales dudas sobre el euro y en el que "las reformas emprendidas impactarán en la creación de empleo" a partir de 2014. Para ese año, según sus previsiones, la economía española habrá abandonado la senda de la recesión después de tocar fondo este año (crecimiento cero el tercer trimestre y del 0,3% el cuarto) y comenzará a ver la luz.

El estudio, que han titulado precisamente Un país de oportunidades, le fue entregado el viernes pasado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que, con tanto ajetreo papal y chipriota, todavía no ha tenido tiempo para responder al lobby empresarial. El trabajo del CEC, realizado por los servicios dirigidos por el director financiero del Banco Santander, José Antonio Álvarez; el jefe de Estudios del BBVA, Jorge Sicilia, y el director de Análisis Económico de Telefónica, Juan Antonio Mielgo, le viene a pedir de boca al Ejecutivo. Parece dirigido por el propio jefe de la Oficina Económica del Presidente, Álvaro Nadal, que ahora podrá respaldar sus teorías sobre la evolución de la economía española sin necesidad de que le tomen por iluso.

A partir de esta fecha, los responsables del Consejo harán un road show de seis semanas que recorrerá 23 plazas financieras de todo el mundo para cantar las bondades de la economía española. Contarán para ello con la colaboración de los economistas Alfredo Pastor, Juan José Toribio, Ángel Ubide, José Manuel Campa y José Juan Ruiz, que se repartirán la tarea por áreas geográficas. Esta pléyade de economistas, de variada procedencia, se encargarán de difundir el informe, que impregna optimismo por todos los costados.

Parece que sus autores y las empresas que forman el CEC están muy alejados de la España real, que lleva siete trimestres seguidos de caída del PIB y tiene un desempleo que roza el 25% (y los seis millones de personas). No parece que vaya a tener muchos apoyos entre tantos desencantados y no digamos con los indignados. Pero tanto César Alierta, presidente del CEC y de Telefónica, como los autores están dispuestos a desmontar esa sensación generalizada. Defienden sus tesis: "Presentamos evidencias y datos". Alierta sentenció: "La realidad es que este año ya va a haber crecimiento positivo, nos preguntaban cuándo tocaríamos fondo; pues el fondo ya está aquí, por eso es un país de oportunidades".

Para ellos, la internacionalización de la empresa española ha sido clave para el aumento de la productividad, España ha tenido la menor pérdida de cuota de mercado y donde el efecto competitividad ha evitado una caída de cuota frente al resto de países; las reformas han sido claves para potenciar el crecimiento y la crisis "ha acelerado el cambio de modelo productivo español". Ahora, propugnan seguir con las reformas, sobre todo de la Administración Pública, priorizando la inversión; piden ajustes adicionales en la reforma laboral, que simplifique contratos, reduzcan la fiscalidad y estimulen políticas activas de empleo, y políticas que fomenten la economía del conocimiento con, sobre todo, la reforma educativa y el crecimiento de la pyme, que, según Alierta, "es de lo que más hablamos" en la reuniones del CEC.  

Un mundo feliz ante tanta malas noticias de los últimos tiempos. La situación actual no invita precisamente al optimismo que refleja este informe y que defienden a marchamartillo los integrantes del lobby. Puede que se a verdad, y sería lo ideal; pero cuesta creerlo. No tardarán en salir otros estudios o análisis desde diferentes órbitas de la economía que desmonten parte o todo los argumentos del CEC y que se pregunten si de verdad España va bien.

 

La esperada dimisión de Iranzo

Juan Iranzo ha presentado su dimisión irrevocable de la viceprecidencia del Instituto de Estudios Económicos (IEE) y se le ha aceptado sin rechistar. Desde que hace año y medio (más o menos) fue sustituido como director general por Joaquín Trigo del think tank de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), se daba por hecho. Seguramente mucho más tarde de lo que esperaba la jerarquía del propios instituto, presidido por José Luis Feito, y de la propia patronal de Juan Rosell, que habían dejado a Iranzo prácticamente sin funciones orgánicas.

Iranzo era consciente de que su nombramiento había sido una patada hacia arriba y que se quedaba sin competencias. Pero se ha resistido. Curiosamente, queda menos de un mes para que le renueven el contrato y, dadas las relaciones profesionales mantenidas con Feito y Rosell, los augurios de su continuidad no eran muy favorables.    

Iranzo ha dicho a sus cercanos que no se sentía a gusto con la línea política mostrada por el IEE, que a su juicio se había radicalizado a favor de los postulados de Rosell. Es verdad que el IEE, promovido en 1979 desde la patronal, siempre se había caracterizado por servir de laboratorio de ideas para la organización, pero con independencia de pensamiento. Lo que no dice Iranzo es que siempre ha sido muy cercana a las políticas liberales cercanas a la derecha. Si se refiere a que ahora ya no es así, es un elogio a Rosell y sus propuestas, en el sentido de que trabaja específicamente para la patronal. 

Las ideas emanadas desde el IEE siempre han sido muy tenidas en cuenta por la derecha e, incluso, llevadas a cabo por los Gobiernos de José María Aznar. De allí salieron significados representantes de esas teorías como  el ministro Cristóbal Montoro y el presidente de Red Eléctrica y exsceretario de Estado José Folgado. Y, en esa tesitura se ha movido siempre Juan Iranzo, que no es sopechoso precisamente de tener tendencias izquierdistas.   

Iranzo protagonizó a finales de 2011, poco después de ganar el PP las elecciones generales, un episodio sobresaliente cuando, como decano del Colegio de Economistas de Madrid, al que ahora podrá dedicarse en cuerpo y alma, decidió cambiar a la mayor parte del consejo editorial de la revista Economistas, entre ellos al director, Emilio Ontiveros, que llevaba en el cargo desde su fundación en 1983. Iranzo no dio demasiadas razones del cambio, más allá de que "era necesario hacer una renovación"; aunque inevitablemente se contempló como un guiño claro al PP, al que creyó contentar con la sustitución por gentes más cercanas dirigidas por el veterano Jaime Requeijo.

Junto a Ontiveros fueron destituidos Javier Monzón, presidente de Indra; Ignacio Santillana, catedrático de Economía y ex director general de PRISA, editora de EL PAÍS; Joaquín Estefanía, exdirector de EL PAÍS; José Luis García Delgado, exrector de la UIMP; José Antonio Alonso, catedrático de Economía Aplicada, y María Eugenia Callejón, presidenta de Economistas Sin Fronteras. Luego dimitieron por solidaridad Rafael Myro, catedrático de Economía Aplicada; Carmen Alcaide, expresidenta del Instituto Nacional de Estadística (INE) con el PP y con el PSOE, y Álvaro Cuervo, catedrático de Economía de la Empresa y director del Colegio Universitario de Estudios Financieros (Cunef). 

Todo sigue igual para Arturo Fernández

Arturo Fernández ha deshojado la margarita y le ha salido que no va a dimitir como vicepresidente de la CEOE ni a adelantar elecciones en ninguna de las dos instituciones que preside, la patronal madrileña CEIM y la Cámara de Comercio de Madrid. Ha decidido lo que estaba cantado. Todo sigue igual para el dirigente madrileño. Y, además, parece que tiene confianza en que no le encuentren ninguna actuación delictiva en la inspección de su grupo empresarial. En cuando a la continuidad en la vicepresidencia primera de CEOE, la justitfica en que representa a CEIM y que si sigue en un lado, porque le respaldan, debe seguir en el otro. Además, si se fuera se abriría un melón con difíciles pronósticos.

Fue él mismo quien dejó correr la posibilidad de dimitir o de adelantar las elecciones de los dos organismos, previstas para este año ambas. Ahora, otra cosa será si decide presentarse o no. Se pueden hacer apuestas; pero a Fernández le pide el cuerpo, y los íntimos que le rodean, que lo haga. Para entonces sí habrán prosperado algunas investigaciones y se sabrá algo más que ahora. Porque en estos momentos, nadie puede decirle en la patronal que le han encontrado cosas.

La información sobre supuestos pagos en dinero negro alarmó a la institución patronal, cuyos responsables no querían que se reprodujera otro caso como el de Gerardo Díaz Ferrán, que se agarró al cargo como escudo de sus problemas empresariales. Por eso, Fernández recibió alguna que otra presión sorda por parte del presidente, Juan Rosell, y pidió un tiempo de reflexión que termina precisamente este miércoles, cuando se reúne la junta directiva. Rosell dejó que Fernández se tomara ese tiempo y le mostró su apoyo.

La crisis del vicepresidente primero ha llegado justo cuando la patronal está preparando el cambio de estatutos y, entre las medidas que se contemplan, figura la posibilidad de que se pueda votar la destitución de los dirigentes si la pide un 25% de los miembros de la junta y sale mayoría en el caso de que tenga problemas con la justicia o tenga su grupo en concurso de acreedores. Además, Rosell quiere reducir el número de miembros del comité ejecutivo de los 47 actuales a la mitad, aunque la junta se quedara en los 220 después de que más de alguno de los dirigentes se mostrara contrario.   

Los nuevos estatutos de CEOE y el futuro de Arturo Fernández

La junta directiva de CEOE abordará el miércoles una aproximación a los nuevos estatutos. El objetivo es aprobarlos en la reunión de abril para someterlos a la definitiva aceptación de la Asamblea General de mayo. Es casi seguro que no se lleve a efecto la reducción del número de miembros de la junta que quería Juan Rosell —en la actualidad 220— por la resistencia de organizaciones, aunque  lo que sí cambiará es la composición. Tampoco se tocará los miembros de la asamblea (800); pero sí se recortará el comité ejecutivo, pasando de los 48 actuales (38 vocales, nueves vicepresidentes y el presidente) a la mitad.

Otros de los cambios que propugna, y que tiene contestación, es la limitación a dos mandatos para vocales como y cargos directivos y la entrada de mujeres hasta llegar al 25% en la junta (ahora solo hay 10 sobre 220). También se quiere instaurar la moción de censura contra el presidente a instancia del 25% de la asamblea con voto secreto, la destitución por votación al presidente si es imputado. Asimismo, la intención inicial era que si las empresas de un dirigente entran en concurso de acreedores tenga que retirarse hasta solventar la situación. Algo que no gustaba a la masa empresarial.

Por otro lado, sigue en la picota el futuro del vicepresidente primero, Arturo Fernández, por la denuncia de haber pagado con dinero negro. Este se tomó un tiempo de reflexión para decidir si dimitía. Mientras la Inspección de Trabajo investiga su grupo, todo parece indicar que no habrá novedades este miércoles.  Fernández se muestra proclive a  seguir en su cargo, al igual que en la Cámara de Comercio de Madrid.

 

Las constructoras aprietan a Fomento

El Gobierno de Mariano Rajoy tiene un frente abierto con las grandes constructoras, que reclaman una deuda de más de 900 millones de euros por las obras de infrastucturas ferroviarias contratadas por la empresa estatal Adif para desarrollar la alta velocidad. Esa deuda, que arrastra desde el año pasado, se ha convertido en un dolor de cabeza para la ministra de Fomento, Ana Pastor, que no ha dejado de recibir presiones de las empresas para que les arregle la situación, y para el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, a quien a su vez ha presionado Pastor para que libere fondos, según han reconocido fuentes sectoriales. Fuentes de Hacienda aseguran que si Fomento lo tiene consignado, no hay problemas.

La presión, según esas mismas fuentes, parece que ha comenzado a tener efectos y que ya se han empezado a liberar algunos pagos. Hasta ahora las presiones han sido de manera individual de las empresas. Ahora, el sector se ha rearmado para lanzar una ofensiva oficial desde la asociación sectorial Seopan, cuya presidencia acaba de asumir Julián Núñez, hasta ahora vicepresidente ejecutivo. Núñez sustituyó a Baldomero Falcones, que ocupaba el cargo se manera rotatoria por ser presidente de FCC. Al dejar este puesto, la ejecutiva de Seopan (formada por las principales constructoras) decidió volver a la fórmula de presidente ejecutivo y suprimir la rotación.

Posiblemente, el vacío de poder que supuso la marcha de Falcones retrasó las negociaciones, que primero se centrarán en hablar con Gonzalo Ferre, presidente de Adif, que es la empresa estatal que ha encargado las obras, y luego con la ministra. Las obras que sufren retrasos corresponden a la Y vasca, el eje Atlántico, la línea Madrid-Galicia, el tramo Barcleona-Frontera francesa y Antequera-Granada. Precisamente, el consejo de administración de Adif acaba de renovar su cúpula con el fichaje de dos nuevos directores generales, Jorge Segrelles y Antonio Gutiérrez, para “adaptar sus estructuras al nuevo entorno liberalizador”.

No este el único frente abierto con Fomento. También existe un problema con las nuevas autopistas de peaje, cuya proyección en tiempos del Gobierno de Aznar ha fallado estrepitosamente y están un serio riesgo de quiebra. Pastor ha tomado el toro por cuernos y ha abierto el diálogo para solucionar el problema. Afecta a las cinco radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, el eje de aeropuerto de Barajas (M-12), Ocaña-La Roda y la AP-7 (Alicante).

La solución pasa por una nacionalización light. Es decir, rescatar las concesiones de forma pactada con las entidades acreedoras, los socios de las empresas y las constructoras. La solución apremia, ya que en abril, la autopista Madrid-Toledo entraría en liquidación y revertiría al Estado. Y si los peajes entran en liquidación y revierten al Estado, la concesión se cerraría durante años.

La crisis ha afectado a la adjudicación de contratos de infraestructuras por Fomento, que encadena cuatro años de retrocesos. En 2012 fue de 2.004 millones de euros, un mínimo histórico con un descenso del 23% respecto a 2011. Desde 2008, ha caído un 81%. Este descenso deriva de las restricciones presupuestarias por la reducción del déficit público. Respecto a la obra contratada en 2012 por Fomento, el grueso son de Adif. En 2012, el ente que preside Gonzalo Ferre contrató obras por 1.643 millones, importe que si bien arroja un aumento del 23,8% en comparación a 2011, es la mitad respecto a 2010.

La espantada de Abelló

Hacía unas semanas que Juan Abelló y su gente venían dando vueltas a su participaicón en Sacyr. Decidieron vender y el viernes se conoció un movimiento inesperado de acciones en Bolsa. Después se lo confirmaría a los responsables de la empresa, que al parecer estaban in albis. Al menos, el inversor que compró el 6% de la empresa (Abelló controlaba el 9,6%) es el gestor de fondos THS, cuya vocación es de permanencia en empresas con potencial y da confianza a Sacyr frente a los proyectos futuros, lo que no está mal para una empresa que ha cerrado con fuertes pérdidas. El 3,6% restante, quedó difuminado en el mercado.

Parece que para Abelló había dejado de tener mucho sentido mantenerse en la constructora después del giro al que se vio obligada la compañía por la crisis y que la llevó a centrarse en el negocio para enderezar las cuentas. Es decir, para Torreal, la sociedad inversora de Abelló, Sacyr ya aportaba poco o nada. Así que, después de 11 años de convivencia en el seno de Sacyr, Abelló decidió decir adiós de una forma sorpresiva. La verdad es que el periodo de tiempo que llevaba Torreal en Sacyr supera la media de lo que suelen estar las sociedades inversoras, siete años. También es cierto que alargó la presencia por el buen resultado que le dio durante el largo periodo de vacas gordas en el sector de la construcción y el inmobiliario. Ahora es otra cosa y Torreal ya le ha sacado suficiente rentabilidad a su inversión, por mucho que ahora haya vendido a bajo precio.

En ese tiempo, Abelló formó piña con el anterior presidente, Luis del Rivero, con el que también compartió la directiva del Real Madrid y preparó el fracasado asalto al BBVA tras la llegada del PSOE de Zapatero al Gobierno en 2004 que le supuso dejar el consejo del Banco Santander. Junto a Demetrio Carceller respaldó los proyectos de crecimiento diseñados por el empresario murciano, entre otros la entrada en el grupo Repsol, en el que se hicieron los principales accionistas con el 20%. 

La salida de Abelló,  también supone el abandono del consejo de administración de Repsol, en el que ocupaba la vicepresidencia que dejó vacante Luis del Rivero, cuando este salió de forma abrupta de la constructora, enfrentado entre otros con él mismo. Lo lógico ahora es que el puesto de Abelló en la petrolera sea cubierto por Manuel Manrique, presidente de la constructora. La buena relación existente en la actualidad entre constructora y petrolera indica que lo más normal es que el presidente esté en el sancta sanctorum de la empresa en la que tiene el 10% del capital. 

La irrupción en el mundo de los negocios se produjo de la mano de Mario Conde (en realidad, fue él quien llevo de la mano a Conde y no al revés) al vender Antibióticos (empresa de origen familiar) y entrar en Banesto. Estuvo en el consejo de la entidad financiera, que posteriormente abandonó para centrarse en sus inversiones a través de Torreal. Con sus hombres de confianza siempre al lado, Pedro del Corro y José Díaz Rato, ha seguido haciendo operaciones de mayor o menos éxito y en Sacyr encontró la confianza de Del Rivero y el resto de responsables de la constructora. Hasta la fecha.

Agencias bajo la lupa

El estallido de la crisis en 2008 cuestionó a las agencias de calificación, a las que se acusó de no haber sabido predecirla. Desde entonces y por ese motivo, su descrédito fue en aumento y se criticó el papel jugado en crisis como las de Enron, cuya calificación permaneció en niveles de valor de inversión cuatro días antes de que quebrase; Lehman Brothers, que mantenía una buena calificación poco antes de su caída; y la de Grecia, cuyo debacle arrastró a otros países europeos y sumió en un profundo debate a la Unión Europea (UE). Se puso en tela de juicio, sobre todo, a las tres agencias que controlan el 90% del mercado (Standars & Poor’s, Moody’s y Fitch), a las que el FMI acusó de contribuir “involuntariamente” a la inestabilidad financiera. Todo se debe a que sus opiniones pueden agravar la situación de los países que se encuentren en dificultades, tal y como ha pasado con los periféricos de la zona euro.

El próximo mes de abril se cumplen cuatro años desde las primeras discusiones en Bruselas y para mayo está previsto que el Parlamento y la Comisión Europea aprueben la nueva legislación, conocida como Credit Rating Agencies Regulation (CRA3), que deja abiertas dudas de si va a mejorar los resultados de las calificaciones o de si, con todos los cambios, se habría podido evitar crisis como las de las subprime.

En abril de 2009 los miembros del G-20 se pusieron de acuerdo para introducir marcos de supervisión para las agencias de calificación. De ese consenso salió la puesta en marcha del reglamento por el Parlamento Europeo, en cuya exposición de motivos se dejaba claro que la regulación se tenía que centrar en los siguientes puntos: conflictos de interés, calidad de las calificaciones, transparencia y gestión interna, y supervisión de sus actividades. La UE reclamó a las agencias que actuaran “con responsabilidad y rigor” y puso en marcha los mecanismos para reglamentar el funcionamiento y control de las agencias. En paralelo, cobró fuerza la idea de constituir una agencia dependiente de la Comisión Europea, que sigue barajándose.

En ese sentido, se establecieron mecanismos de rotación de los analistas (algo parecido a los auditores) cada cuatro años. Al principio, las autoridades pensaban también obligar a los emisores a cambiar de agencia cada cuatro años, partiendo del convencimiento de que todas las calificaciones son iguales y miden lo mismo. Sin embargo, las agencias resaltaron que no es así, y que, por ejemplo, Moody's se centra en la medición de la pérdida esperada y S & P, en la probabilidad de incumplimiento. La medida, a su juicio, habría sido contraproducente e incrementado los costes. Además, subrayan que la calificación se basa en el conocimiento del emisor y que, cuanto más se rotara, menor precisión tendrían. Al final, el concepto de rotación se va a quedar para la titulización de titulizaciones.

También se va a imponer a las agencias que las calificaciones de los Gobiernos soberanos se revisen al menos cada seis meses, de manera que las agencias de calificación deberán publicar cada mes de diciembre las fechas en las que harán la revisión de las calificaciones de los países y si se desvían de estas fechas por acontecimientos extraordinarios deberán obtener permiso de ESMA, la autoridad europea de valores y mercados que es la que se encarga de regular las agencias. También se va a ampliar el plazo de publicación de las calificaciones desde que se le comunica al emisor de 12 a 24 horas, lo que, según las agencias, supone que el riesgo de una filtración al mercado se incremente exponencialmente. La nueva legislación obliga a las agencias a ser más transparentes con sus metodologías e informes y se les incrementa su nivel de responsabilidad en el caso de que incumplan la legislación europea, así como a intentar reducir el peso específico que tienen las calificaciones en la regulación.

Los participantes del mercado, no obstante, critican que “los reguladores hayan perdido una oportunidad de oro en lograr una supervisión global y coherente dado que la regulación que se da en EE UU no tiene nada que ver con la europea y, si después de cuatro años de avatares legislativos, nos hiciéramos la pregunta de si los cambios en el proceso legislativo han contribuido a la mejora de la integridad, independencia, y calidad de las calificaciones la respuesta no sería muy positiva”.
Las cartas están echadas. Y, si al final se consigue reducir el peso específico de las calificaciones en la regulación, lo más probable es que sean los inversores los que dicten el futuro de las agencias ya que serán sólo ellos los que decidirán si la calificación les aporta valor añadido.

El ‘Plan Marshall’ de los sindicatos

El X Congreso de Comisiones Obreras, celebrado esta semana, ha vuelto a suscitar la necesidad de “hacer una reflexión colectiva sobre el futuro de Europa” y desarrollar un nuevo Contrato Social Europeo. Todas las intervenciones lo destacaron en la inauguración. Desde el discurso reivindicativo del reelegido secretario general del sindicato, Ignacio Fernández Toxo, hasta el difícil del presidente de la CEOE, Juan Rosell, que se atrevió a salir a la palestra en medio de algún maleducado abucheo, pasando por los de Cándido Méndez (secretario general de UGT) y Bernadette Ségol (secretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos, CES, que preside Toxo). Ségol adelantó, precisamente, algunos pilares para ese nuevo contrato social.

Los sindicatos quieren situarse al frente de las reivindicaciones y hacer propuestas alternativas que hagan moverse a los Gobiernos de la UE, porque “Europa necesita una senda de crecimiento y modernización proyectada a largo plazo”. Con ese mensaje se presentarán en la jornada europea de movilizaciones prevista para el día 13 de marzo, que en España se adelantará al domingo 10.

Para esa fecha la CES espera tener un documento conjunto consensuado por todas las organizaciones sindicales europeas en la reunión del comité ejecutivo que tendrá lugar el 5 de marzo en Bruselas. El documento parte de la propuesta inicial presentada por la Confederación de Sindicatos Alemanes (DGB, en sus siglas en alemán), que fue la primera en poner sobre la mesa una propuesta para realizar “un programa de coyuntura, inversión y desarrollo para Europa” y que denomina Plan Marshall a  por la similitud con el lanzado por Estados Unidos para regenerar Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Ahora se trata de lo mismo “a la vista de los escasos recursos naturales, la crítica situación, el aumento del desempleo y el creciente ritmo científico y tecnológico”.

El plan alemán se ha discutido en las reuniones de la CES y, en la última, celebrada el 7 de febrero expresamente para discutir este asunto, los sindicatos españoles aportaron su Plataforma reivindicativa sindical europea. Ahora se espera que otros sindicatos aporten sus propuestas para el definitivo. La propuesta española plantea un “auténtico plan de choque europeo” para promover el crecimiento y el empleo, en el que se aporte al menos el 1% del PIB europeo. “¿Por qué no se opera de la misma manera y rapidez que con los bancos para salvar el empleo?”, preguntó el jueves Ségol.

En cuanto al nuevo Contrato Social Europeo, proponen “el fortalecimiento de la negociación colectiva y restaurar su valor jurídico y contractual frente a la intromisión de la troika (Comisión Europa, el BCE y el FMI)”. En opinión de los sindicatos españoles, ese contrato supondría “el establecimiento de marcos jurídicos y políticos fuertes que impulsen el diálogo social europeo y nacional, y una fiscalidad europea armonizada y progresiva que ayude a obtener los recursos para un Gobierno económico eficaz”. Asimismo, llevaría a la “refundación política de Europa”, que conllevaría la creación de un Tesoro común, la reforma del BCE, un plan contra el fraude fiscal y un modelo de crecimiento sostenible que garantice el pleno empleo y la igualdad.

Esta reconstrucción requiere inversiones de 260.000 millones anuales durante 10 años para un crecimiento del 3% y la creación de entre 9 y 11 millones de empleos. Para financiar las inversiones, además del 1% del PIB, propone crear un Fondo para el Futuro de Europa y la emisión de bonos. Precisamente, el documento español propone la emisión de bonos para resolver los problemas de las deudas soberanas.

Las inversiones estarían centradas en la generación sostenible de energía y reducción del consumo, industrias y servicios sostenibles, educación y formación, en I+D, infraestructuras de transporte modernas, ciudades y municipios con bajo nivel de emisiones, la eficiencia de las Administraciones y en la adecuada participación de los grupos sociales.  

 

P.D.

La crisis reduce los clásicos 1.001 delegados a 750
Con música al piano de Rosa Torres Pardo y alocuciones de Luis García Montero, Silvia Marsó y Ana Belén, que dieron espacio a la “imprescindible” cultura, se inició el jueves el X Congreso de Comisiones Obreras, quizá el más económico-social que ninguno. La crisis ha hecho cambiar, incluso, una costumbre que parecía inquebrantable: este congreso ha contado con 750 delegados en lugar de los 1.001 habituales, cifra que fue fijada en memoria del Proceso 1.001 en el que Tribunal de Orden Público franquista condenó a 10 miembros del sindicato, entonces clandestino. El recorte de gastos obligó a CC OO a organizar el congreso en su sede madrileña, donde no caben más. Precisamente, parte de aquellos históricos líderes estuvieron en la inauguración: Nicolás Sartorius, Eduardo Saborido, Fernando Soto, Francisco Acosta, Miguel Ángel Zamora y Pedro Santiesteban. También estuvo Josefina Samper, viuda de Marcelino Camacho, exsecretario general e integrante de aquel grupo, en el que también estaban el cura Paco García Salve y los fallecidos Luis Fernández Costilla y Juan Muñiz Zapico. De los otros dos ex secretarios generales, acudió Antonio Gutiérrez y no lo hizo José María Fidalgo. La coincidencia con el debate del Estado de la Nación, a solo 500 metros, justificó la ausencia de dirigentes socialistas y del Gobierno (sí fue Tomás Burgos, secretario de Estado de la Seguridad Social), pero no impidió ir a varios de Izquierda Plural.

La oportunidad de La Caixa en el baloncesto

José Luis Sáez e Isidro Fainé (segundo y quinto por la izquierda) con los jugadores internacionales del Real Madrid Sergio Rodríguez, Rudy Fernández, Felipe Reyes y Sergi Llull y el seleccionador Juan Antonio Orenga, en la presentación del acuerdo de patrocinio ayer en Madrid.

Andaba buscando La Caixa (o Caixabank) una percha para demostrar su compromiso con todos sus clientes del territorio nacional y lo ha encontrado en la selección de baloncesto. La entidad catalana patrocinará al equipo nacional hasta 2013 tras el acuerdo alcanzado con la Federación Española de Baloncesto (FEB). Ello supone llevar su marca en las camisetas del campeón europeo y subcampeón olímpico y asegurarse acudir ya al Mundial del año que viene como sponsor oficial y, previsiblemente, a los Juegos Olímpicos de 2016.

La Caixa será la marca financiera de referencia de este deporte en España, y además de la selección masculina, el acuerdo también se extiende a la selección femenina, cuya presencia en las fases finales ya es habitual, y va más allá de las canchas, con el desarrollo de programas sociales y promoción del baloncesto en toda España.

El acuerdo supondrá seguramente un dineral; pero merece la pena para los objetivos de la entidad que preside Isidro Fainé. Clientes de algunas oficinas fuera de Cataluña habían mostrado malestar por la deriva independentista de dicha comunidad, de la que el banco se ha mostrado distante desde el primer momento. Por eso, era necesario encontrar algo así y la posibilidad de abanderar al exitoso equipo de baloncesto no podía dejarla pasar ni que se le adelantara nadie. 

La oportunidad se la da dado Bankia, que ha adelantado un año el final de contrato que heredó de la antigua Caja Madrid. A Bankia le ha resultado doloroso dejarlo, pero la situación de la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri no permite aventuras de este tipo, por la que pagaba nada menos que 1,3 millones de euros. Ni era bueno para su imagen, cuando está recortando por todos los lados, ni tampoco se lo podía permitir. Además, ni los jugadores se sentían muy identificados con llevar una marca en crisis en sus camisetas. 

Pero a José Luis Sáez, presidente de la FEB, no le ha costado mucho encontrar sustituto. Para La Caixa, además de despejar dudas entre sus clientes sobre su compromiso con España, supone también no perder la comba de las otras grandes entidades españolas en el patrocinio deportivo y que, según los retornos identificados, les resulta rentable. El Banco Santander está presente en la Copa Libertadores de Latinoamérica, así como en otros campeonatos futbolísticos de dicha zona, y en la Fórmula 1, y el BBVA esponsoriza las ligas de Primera y Segunda División españolas (contrato cuya renovación está negociando ahora), así como la NBA.   

Polémica decisión sobre Orizonia

La pasada semana la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) decidió pasar a segunda fase el expediente de la compra de Orizonia por parte de Globalia. Eso significaba que se ampliaba dos meses los análisis de la operación al encontrar obstáculos colusorios en el sector turístico, ya que dejaba a Globalia en una posición de dominio. Pero, seguramente sin pretenderlo, lo que realmente supuso fue un viraje que puede dar al traste con la operación y con Orizonia.

La reacción inmediata de este grupo fue acogerse a la protección contra el concurso de acreedores (suspensión de pagos), ya que Globalia rechazó aportar fondos hasta que se aprobase la compra, lo que parece lógico. Después la IATA (Asociación Internacional de Líneas Aéreas) anunció que prohibiría al grupo billetes si no satisfacía el pago de los servicios contratados para distintas aerolíneas en sus agencias (alrededor de 10 millones de euros). Y, este lunes, el grupo anuncia el concurso de acreedores y un expediente de regulación de empleo (ERE) para 3.000/3.500 trabajadores (de una plantilla de 5.000 empleos) y el cierre de parte de sus actividades, según comunicó a sus empleados.

Ante eso, en el sector y en Gobierno se preguntan si la decisión de la CNC fue la acertada. Es decir, si no podría haber dado una vuelta más y anunciar las condiciones para canalizar la operación. En definitiva, están pidiendo más flexibilidad y celeridad, cuando además la situación del empleo en España es tan delicada. Pero la CNC tiene su proceso de actuación y es difícil modificarlo.

Precisamente, Juan José Hidalgo, presidente de Globalia, ha estado al tanto de la evolución del asunto estos días. Esperaba que la CNC permitiera cerrar la compra y le pusiera unas exigencias asumibles para solucionar la posición dominante. Para Globalia, la compra de Orizonia era un golpe de mano importante porque frenaba el intento de crecimiento del Grupo Barceló, al que se adelantó por la mano, y consolidaba su presencia al quedarse con una línea aérea y una agencia de viajes competidoras. Pero ahora querrá tener claro cuáles son las posibilidades de crecimiento, porque sin la aerolínea Orbet ni toruoperadores y agencias como Iberojet y Vibo cambian mucho las cosas. Y lo mismo puede decirse de otros interesados.  

Así que la decisión de la CNC ha generado una polémica inevitable, además de un nuevo dolor de cabeza al Ejecutivo, que ve como un alto colectivo de trabajadores se puede quedar sin empleo justamente cuando empieza la huelga de Iberia por un expediente que afecta a otros 3.800 trabajadores.