Acto electoral donde intervino Mariano Rajoy y pagado supuestamente por empresas contratistas de la Comunidad Valenciana a través de la red Gürtel.
El caso Gürtel es la mayor trama de corrupción vinculada a un partido político conocida en la actual etapa democrática. Ni es un montaje de la policía, ni obedece a estrategias interesadas de la Fiscalía, ni Alfredo Pérez Rubalcaba ha tenido nada que ver en el caso, como mantiene sin rubor Federico Trillo, el experto jurídico del PP y ex ministro de Defensa sobre el que pesa la ignominia del caso Yak 42 (ordenó una repatriación tan urgente de los 62 cadáveres de militares españoles que se confundieron todas las identidades).
Sólo Francisco Correa y su imperio empresarial, edificado con la inestimable colaboración de numerosos dirigentes del PP, alcaldes, concejales, diputados autonómicos, consejeros y hasta presidentes regionales, manejó durante años un negocio basado en la prevaricación, la información privilegiada, el tráfico de influencias y el cohecho. Correa era el hombre que le montaba los actos electorales a José María Aznar y amigo de su yerno, Alejandro Agag, que le invitó a su boda junto a otros colaboradores de la red corrupta. Con esa base de sólida amistad, el corrupto jefe de la red Gürtel tomó impulso para extender su influencia por los gobiernos autonómicos de Madrid, Valencia, Castilla y León o Galicia, además de por una decena de ayuntamientos gobernados por el PP.
El sumario del caso Gúrtel, una trama de corrupción política investigada en distintas épocas por la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, acumula cientos de pruebas de los delitos cometidos por los empresarios y por los políticos. Por esa razón, un presidente autonómico (Francisco Camps); un diputado nacional (Jesús Merino), un senador y ex tesorero del PP (Luis Bárcenas); un consejero autonómico (Alberto López Viejo); un eurodiputado (Gerardo Galeote) dos diputados regionales (Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco), y cinco ex alcaldes, dejaron sus puestos. No parece que puedan regresar.
Ahora, el juez Antonio Pedreira ha dictado un auto, que será recurrido por la Fiscalía Anticorrupción, donde archiva el procedimiento abierto contra Luis Bárcenas, el hombre que tuvo tratos durante años con Francisco Correa; el hombre cuyo hermano trabajaba en una empresa de Francisco Correa; el hombre con el que trataba Francisco Correa sobre todos los actos del PP hasta 2004, el hombre cuyas iniciales (en algún caso su nombre entero) apareció en los documentos incautados a la trama; el hombre que más se benefició de sus relaciones con la red, según la Policía y la Fiscalía. Pese a todos estos indicios, el juez Pedreira considera que las pruebas son insuficientes para mantener la imputación sobre Bárcenas por dos motivos fundamentales:
1.- El supuesto fraude fiscal consistente en no declarar a Hacienda los ingresos irregulares recibidos de la trama corrupta, caso de haberse producido, habría prescrito.
2.- El delito de cohecho, según establece el Código Penal, se refiere a “autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo”. Bárcenas nunca tuvo cargo público en la época dorada de la red Gürtel (era sólo gerente del PP). El juez se aferra a esa circunstancia para mantener que es imposible su imputación por cohecho. Si la trama corrupta le regaló viajes, llega a sostener Pedreira, es irrelevante para el caso.
Bárcenas puede ser culpable políticamente pero no lo es judicialmente, de momento. El PP tendrá que decidir si le considera tan inocente en el caso de esta trama corrupta como para devolverle el acta de senador colocándole en las listas en las próximas elecciones generales del 20-N.
Y si, además, Rajoy considera que Bárcenas es el ejemplo de la inocencia de todos los dirigentes que han sucumbido a las investigaciones judiciales –o montajes político-policiales, según la mendaz teoría de Trillo- no tiene más que llenar sus listas de Galeotes, Merinos, López Viejos, Camps o Albondiguillas. La vuelta de los ex imputados o imputados a las listas del PP sería la mejor baza electoral con la que podría soñar Rubalcaba para intentar el milagro.
