Cuando en España se dice que el modelo que debe regular los medios públicos de información es la BBC en seguida se afirma que esa debe ser una extravagancia británica pues es imposible que aquí prospere.
Ahora estamos comprobando, otra vez, y van no sé cuántas, la evidencia de que ese sistema no cuaja aquí sobre todo porque no encaja con lo que la política quiere que sea el servicio público. El servicio público en sus más diversas radiales: en la educación, en la sanidad, en la cultura, y sobre todo en los medios de titularidad pública.
Se puede explicar, y de hecho lo explican unos y otros, de muy diversas maneras, pero en el fondo de ese vaivén late un aberrante sentido del poder, y de la alternancia del poder, que generalmente lesiona lo que ha hecho el otro explicando que han sido elegidos para ello, para tachar lo que se hizo antes.
Si lo que se hizo antes estuvo mal hecho, es probable que la ciudadanía acepte que la sustitución conlleve cambios, para mejorar o para comprobar la eficacia de otros comportamientos. Pero si una cosa va bien, o se estima que va bien (en el caso de RTVE, lo estima la audiencia, lo estima la crítica, e incluso lo estima el consenso del que partía el actual sistema), no tiene ningún sentido que se tache tras un periodo electoral, se elimine una cláusula que obligaba al consenso y se decida que quienes han de desarrollar la nueva etapa sean personas elegidas directamente por el poder político, con alguna que otra escaramuza parlamentaria en la que la voz muy cantante la lleva el partido del Gobierno.
Lo que resulta evidente es que al poder político recientemente constituido no le gustaba la nomenclatura de los medios públicos (tampoco le gustaba al poder anterior), y en lugar de agarrarse a la ley que había para aceptar que lo público ha de tener unas reglas y éstas deben consolidarse se ha liado la manta a la cabeza y ha decidido unos cambios que la ciudadanía recibe como un mensaje a favor de parte.
Eso es lo que no haría el poder político británico, aunque le duela. Y lo ha intentado hacer. Lo intentó Margaret Thatcher cuando estimó que la BBC no defendía patrióticamente la posición británica (del poder político británico) en las Malvinas, y lo intentó muchas veces Tony Blair, y algunas veces con una saña que otros quisieron copiarle más allá de sus fronteras.
Pero la BBC resistió los embates y se mantuvo como era y como es. Aquí no ha dado tiempo el poder político para que se consolide la legislación, y ha optado por desprofesionalizar el comando legal que amparó durante casi dos legislaturas el intento de bbcificar los medios públicos para ponerlos al servicio de la ciudadanía y lejos del alcance del poder político, arbitrando una legislación que impedía (eso se creía) la subversión de ese mecanismo.
Pero el mecanismo ha saltado por los aires, y ya hemos visto qué pasa con los programas que, por ejemplo en Radio Nacional de España, habían despertado la ilusión profesional de oyentes y periodistas de que por fin ese medio público no estaba sometido a vaivenes que ahora se verán también, eso es lo que se vislumbra, en el otro brazo armado de ese consorcio, la televisión.
Aquellos programas radiofónicos han tenido éxito de audiencia, y no lo han hecho frivolizando sus contenidos o poniéndose al servicio de unos o de otros (de los que mandan o de los que aspiran a mandar), sino profesionalizando su manera de ver o de comentar lo que ocurre, consiguiendo aquello que soñó mi paisano Fernando Delgado cuando dirigía la radio, “una radio plural”.
¿Y tendremos una televisión plural, tendremos una radio plural? ¿Los medios públicos seguirán el camino que parece que la sociedad demandaba y aplaudía? El sistema de sustitución ha sido ampliamente contrario a la tradición que creía haberse abierto paso, de modo que estamos autorizados a dudar del porvenir verdaderamente público de esos medios. Me parece un error del Gobierno. En las actuales circunstancias, y en cualquier circunstancia, la información es imprescindible, y la información bajo sospecha de control gubernamental será tan perjudicial para el que la controla como para el que cree que le están controlando lo que consume.
Hace muchos años, el ministro de Defensa norteamericano Robert MacNamara se fue a Vietnam a comprobar cómo iba el desastre norteamericano en la zona, enviado por el presidente Johnson. A la vuelta dio una conferencia de prensa en la que contó que todo iba mejor de lo que nadie (en su Gobierno) hubiera esperado, y se fue a ver a Johnson. Ocho años después el New York Times publicó, a pesar de la oposición del Gobierno, los papeles del Pentágono, en los que se explicaba que MacNamara había contado una mentira a la prensa y la verdad al presidente. Hemos asistido a muchos casos así, en los que el poder político quiere manipular a los medios, y muchas veces quiere manipular a los ciudadanos con sus propios medios.
La tentación de usar lo público es general, todos la sienten, y ninguno –ninguno es ninguno-- es capaz de bajarse del caballo de esa ilusión de controlar. Ahora esa tentación vuelve a estar vigente entre nosotros. Quizá el Gobierno alcance logros del ejercicio práctico de su intención. Pero, desde mi punto de vista, habrá cometido un error. La BBC no es una extravagancia británica; es un pilar de su democracia, y por eso está ahí. Nosotros, en España, estamos posponiendo, otra vez, una buena idea, y será la democracia la que se resienta. El Gobierno lo sabrá, y tiene fácil saberlo, porque ya lo sabe.
