Votos a la papelera

A Izquierda Unida (que en Cataluña se presentaba en coalición con ICV) le votaron hace cuatro años 969.946 personas. Tiene dos escaños. El PNV, con tres veces menos votos (306.128), tiene tres veces más escaños (6).

CiU, con 200.000 votos menos que IU-ICV, tiene cinco veces más escaños. El BNG, con solo 212.000 votos, tiene los mismos diputados que IU-ICV: dos.

UPyD obtuvo 8.000 votos más que ERC. Tiene un escaño, frente a tres de los republicanos catalanistas.

Al PSOE y al PP, cada escaño les costó de media 67.000 votos. A IU, 485.000.

¿Injusto? Hay opiniones de todo tipo. Desde luego, no proporcional. A grandes rasgos, la Ley Electoral premia a los partidos mayoritarios en cada circunscripción; es decir, a los nacionales mayoritarios en toda España (PSOE y PP) y a los nacionalistas en sus circunscripciones. Y castiga a los nacionales pero minoritarios (hoy en día, IU y UPyD). Esos tiran miles de votos a la papelera. O visto de otra manera: a miles de sus votantes la ley les tira el voto a la papelera. IU-ICV, por ejemplo, solo transformó en escaños los votos obtenidos en 2008 en Madrid y Barcelona. Sus votantes en el resto de España no tienen representación parlamentaria, aunque son cientos de miles.

A los partidos minoritarios y no nacionales (los nacionalistas) la ley no les da ni más ni menos votos de los que les corresponden. Pero, en la práctica, sí les da más poder: al obtener más escaños que IU y UPyD, le ‘roban’ a estos la función de partidos bisagra. Cuando PSOE o PP necesitan apoyarse en alguien, ignoran a quienes tienen dos escaños (aunque representen a un millón de personas) y se centran en quienes tienen seis o diez.

Por eso, la reforma de la Ley Electoral está siempre la primera entre las propuestas electorales de IU y UPyD; puede parecer una reclamación puramente partidista, menos de “interés general” que las propuestas en sanidad o sobre impuestos, pero para ellos es una cuestión de supervivencia. Y para la salud de la democracia, sostienen, también. Las asambleas del 15-M han hecho de esa reivindicación una pancarta para esta campaña.

Los otros

PP y PSOE sumaron 21,5 millones de los 25,7 millones de votos válidos en las elecciones de 2008: el 84% de las papeletas (aunque se hicieron con el 92% de los escaños, porque así lo quiere la Ley Electoral). El restante 16% de los votos se lo repartieron 96 partidos o coaliciones (y el voto en blanco). Pero solo ocho de ellos lograron entrar en el Congreso. Son estos, por orden de apoyo ciudadano: IU-ICV, CiU, PNV, UPyD, ERC, BNG, CC y NaBai. Dos nacionales y seis regionales.

De ellos -fundamentalmente los de ámbito nacional- y de otros partidos minoritarios que se presentan a las elecciones hablará este blog. Ya no serán 96, ni mucho menos: porque, desde que PP y PSOE lo pactaron a principios de año, ningún partido extraparlamentario puede concurrir a unos comicios si no recoge previamente un número de avales (el 0,1% del censo de cada circunscripción: unas 35.000 firmas para el que quiera presentarse en toda España). Después de una carrera contrarreloj, lo han conseguido 35 (y ninguno en todas las provincias).

En España se han celebrado, hasta ahora, diez elecciones generales. Solo en cuatro el partido ganador logró mayoría absoluta, y por tanto no necesitó girar la cabeza hacia los minoritarios en busca de apoyo. En el resto de las legislaturas, los pequeños siempre han tenido algún peso, puntual o permanente: para inclinar votaciones de leyes o incluso para sostener al Gobierno. En los últimos años ese papel de bisagra la han ejercido sobre todo los partidos nacionalistas. IU y UPyD aspiran a recuperarlo.