España es el cuarto país europeo con mayor siniestralidad ciclista. Esa frase, sin matices, fue el titular sobre las dos ruedas de la semana pasada. La directora de la DGT, María Seguí, muy precavida, se apresuró a pedir cautela y no caer en alarmismos a la hora de valorar los accidentes a pedales. Empezó bien pero acabó mal. La conclusión de su intervención abogaba por promover un uso seguro de la bicicleta y la manera de conseguirlo pasaba por la cohabitación con los vehículos y la ampliación del uso del casco. Lo dejó caer. De los casi 3.500 accidentes ciclistas que ocurrieron en 2011, 67 acabaron en tragedia. El número impacta pero los detalles son más chocantes todavía: casi todos ellos ocurrieron en carretera, donde es obligatorio el uso del casco. Sin embargo, en la ciudad, donde el uso de la bicicleta no ha dejado de crecer en los últimos años y el casco no es obligatorio, los accidentes mortales a pedales han disminuido. ¿Por qué la directora plantea el casco como solución si el problema es otro? ¿No habrá leído informes al respecto o existirá un lobby de casqueros?
