Inside Job

La pregunta la planteó ya Juvenal en su Sátira VI, va a hacer casi dos mil años: “¿Y quién vigilará a los propios vigilantes?” (“Sed quis custodiet ipsos custodes?”). Su interrogante iba, en realidad, referido a una mera cuestión doméstica: cómo asegurarse de que los encargados de velar por el comportamiento decoroso de las doncellas cumplirán efectiva y fielmente su función. Pero la frase hizo fortuna y si ha logrado conservar su oportunidad y lozanía hasta nuestros días es porque inmediatamente se le prestó un segundo—y no previsto— sentido, más amplio y más desazonante: los límites del poder. Sencillamente ¿quién cabe esperar que vigile a quienes tienen la tarea de vigilarnos? ¿Quién controlará a los que nos controlan? ¿Quién supervisará a los que nos supervisan? En democracia, y al menos en teoría, la respuesta parece obvia: la propia ciudadanía, por medio del entramado institucional construido al efecto y de cuyo funcionamiento han de responder periódicamente ante ella quienes lo gestionan. Y es que en una sociedad libre las cosas han de estar dispuestas de tal modo que frente a todo poder exista otro que le sirva de freno, contrapeso y control, según la receta que extendiera en su día Montesquieu.

Pero ¿cómo esperar que se mantenga ese complejo y delicado mecanismo de pesos y contrapesos cuando irrumpe, arrolladora, una economía financiera global sin que, paralelamente, se hayan consolidado instituciones políticas, igualmente globales, representativas de la soberanía popular? Y así, de pronto, descubrimos que en la hora actual quienes mandan son los mercados, y no los gobiernos legítimamente elegidos (lo piensa así el 75% de los españoles). Y caemos en la cuenta de lo urgente que es establecer un gobierno europeo con competencias suficientes para controlar a esos mercados que, por encontrarse con las manos totalmente libres, nos controlan tan férrea como indebidamente: lo dice así el 74% de nuestra ciudadanía. Y aunque mayoritariamente (63%) estamos dispuestos a reconocer que tenemos nuestra parte de culpa por lo que está ocurriendo con la economía, la sensación prácticamente unánime (que expresa un 84%) sigue siendo la misma, ahora como hace dos años: la actual crisis tiene unos culpables concretos, que se han beneficiado de la misma y que están consiguiendo pasar desapercibidos.

¿Desapercibidos? Cada vez menos. Si se hacen con el documental (tan premiado como premiable) que hoy facilita este periódico (Inside Job) tendrán ya una primera y amplia lista de individuos que en nombre de la desregulación y de la creatividad financiera pero atendiendo exclusivamente a la más pura, desvergonzada e insaciable codicia originaron una situación por la que merecen ser considerados como auténticos enemigos públicos.

Conectados a los medios

Poco después del verano del amor, el movimiento yippie protestaba, ante la Convención Nacional Demócrata, para poner fin a la guerra en Vietnam. Era el año 1968 y "El mundo entero está mirando" (The whole world is watching) fue uno de los lemas más emblemáticos de los manifestantes. Los medios de comunicación —gracias en parte a la conexión por satélite— estaban construyendo lo que McLuhan llamó la aldea global, un mundo con una interconectividad asombrosamente creciente y en el que buena parte de sus habitantes compartimos una nube de noticias sobre nuestras cabezas.

Hoy quedan muy pocas personas en nuestro país que no formen parte de la aldea global. Casi todos estamos conectados, de una manera u otra, al flujo de información que cada día circula por ella. La vía principal, la televisión: solo el 6% de los españoles no la ve habitualmente. El resto reparte su preferencia entre varias cadenas. La más vista es pública, La 1 de TVE; algo más de cuatro de cada diez la ven casi a diario (Cuadro 1).

Ocho de cada diez, además, escucha la radio reincidentemente y, a pesar de lo que a algunos les pudiera parecer, en este grupo son más numerosos los menores de 35 años (84%) —uno de cada tres escucha los 40 principales— que los mayores de 55 (73%). Entre el público general, la Cadena Ser es la radio más seguida (20%) (Cuadro 2).

La prensa constituye una referencia fundamental para los españoles. Tres de cada cuatro la leen, independientemente de su soporte, de manera habitual (Cuadro 3). El diario más seguido es EL PAÍS (23%), especialmente entre quienes tienen estudios superiores (37%).

Hacia el político multiuso

Por primera vez en nuestra democracia, el jefe de gobierno entrante tiene más edad que el saliente. Por primera vez en nuestra democracia, el nuevo jefe de gobierno no es un rookie (por decirlo en terminología de la NBA, que queda más fino: un perfecto novato, vamos), sino que ha estado ya antes en el gobierno de la nación durante ocho años, desempeñando cuatro carteras ministeriales y una vicepresidencia. Por primera vez en nuestra democracia, el nuevo gobierno cuenta con un nutrido grupo de exministros. En suma, por primera vez en nuestra democracia, el cambio de partido gobernante se salda con la llegada al gobierno de personas ya experimentadas y a las que, por tanto, cabe suponer vacunadas contra la usual tentación de creer que con su llegada se abre una nueva e inédita era en eso de gobernar.

Esto no garantiza, obviamente, por sí solo, el éxito en la gestión futura, pero al menos sí hace mucho más improbable el reflejo adánico, tan frecuente en el gobernante novicio, de pensar que nadie nunca antes ha ideado, hecho o logrado lo que a él se le ocurre y se propone hacer y lograr. Cuando se han pasado ya años controlando el B.O.E se tiene claro que eso, por sí solo, no implica, necesaria y automáticamente, controlar la realidad.

Todo esto constituyen buenas y saludables señales no solo para el gobierno que ahora coge el timón sino —lo que quizá es aún más importante— para nuestro propio sistema democrático, malacostumbrado al asombroso despilfarro que ha supuesto tirar irremisiblemente por la borda, sin posibilidad de retorno, a toda una generación de políticos cada vez que ha cambiado el partido gobernante.

La idea del político de un solo uso (“usar y tirar”) parece así estar dando paso, ¡por fin!, a la idea del político multiuso. Es decir a la idea de que el político puede ir y volver, perder y ganar, y que es tan natural una cosa como la otra. Esta es, por cierto, la idea que predomina en las democracias más consolidadas, donde los partidos políticos mantienen en sus banquillos, con similar disponibilidad para entrar en juego llegado el caso, a veteranos, noveles y promesas, sin condenar como un irrecuperable apestado a quien pierde una elección.

Si así ha logrado entenderlo —no sin enormes tensiones internas, ciertamente— el PP, cabe esperar, por el bien del sistema mismo, que así sepa entenderlo también en esta hora el PSOE. En política no hay empates: se gana o se pierde, y por eso la derrota debe tomarse con la misma naturalidad que la victoria, apostando por la paciencia y la perseverancia y no por el harakiri colectivo presentado tantas veces como “renovación a fondo” o “empezar de cero”. Porque el que una vez (¡y aun dos veces!) perdió puede acabar ganando, y de forma estrepitosa, si logra evitar que su casa se ponga patas arriba. Véase si no.

De la nada al todo (y viceversa)

Situémonos en junio de 2009, un año después de la segunda victoria consecutiva de José Luis Rodríguez Zapatero en unas elecciones generales —marzo de 2008— y casi un año después del comienzo de la mayor crisis económica mundial iniciada tras la caída de Lehman Brothers en septiembre. En aquellos momentos, la evaluación ciudadana sobre la situación económica era negativa —un 74% la calificaba como muy mala o mala— y la previsión sobre la evolución de la crisis era mayoritariamente pesimista —un 84% situaba lejos el final de la crisis española—. Unos datos sin duda negativos pero que, teniendo en cuenta los actuales, nos pueden parecer ahora incluso voluntaristas.

¿Qué le queda de religioso a la Navidad?

Para la mayoría, la Navidad ha perdido buena parte de su vínculo con la religión. Especialmente entre los jóvenes: para el 72% de ellos estas fiestas tienen ya poco o ningún significado religioso. Es destacable que casi la mitad de los jóvenes —el 45%— vean estas fiestas de forma totalmente desacralizada, mientras que entre los mayores de 55 años quienes piensan así apenas llegan al 16%.

Esta es una pieza más de lo que Aranguren llamaba la “transición religiosa” y que, desde mediados de la década de los noventa, viene situando a la sociedad española en niveles de religiosidad similares a la media europea. Así, para la gran mayoría de los jóvenes (84%) estos son días, más bien, de diversión, cenas y reuniones con amigos. La mayoría saldrá de fiesta (el 65% lo hará la noche de fin de año). Lo religioso queda en un alejado segundo plano, si es que queda: apenas son un 15% los jóvenes que asistirán a la tradicional misa del gallo y un 9% quienes aseguran que estas fechas guardan para ellos un gran significado religioso.

La consideración poco religiosa de la Navidad está en consonancia con el hecho de que un 62% se define como poco o nada religioso, cifra que aumenta hasta el 76% entre los jóvenes que tienen entre 18 y 34 años. Si el futuro es de los jóvenes, la Navidad será cada vez más una fiesta del encuentro y menos una celebración religiosa.

¿Monarquía? ¿República?

La forma del Estado (¿monarquía?, ¿república?) no es precisamente algo que desvele ahora a los españoles. Y no porque este sea un tema sobre el que no tengan formada una opinión, sino porque por el momento no parecen conceder a esa opinión mayor relevancia práctica. Así, se consideran en general  “juancarlistas” (y en buena medida también ya “felipistas”) pero sin por ello sentirse necesariamente monárquicos.

Eso explica que, junto a una clara y estable buena evaluación ciudadana de la figura del rey (cuya actuación, en conjunto, en estos casi 35 años al frente de la Jefatura de Estado, merece una llamativa puntuación media de 7.3), se esté registrando una progresiva pérdida de apoyo genérico a la monarquía como forma del Estado. No hay en ello paradoja: se puede apoyar a la persona sin necesidad de identificarse al mismo tiempo con la institución, del mismo modo —si se me permite el ejemplo— que es posible declararse admirador de Messi sin que ello conlleve, automáticamente, convertirse en seguidor del Barça.

En todo caso, el hecho es que, año a año, el porcentaje de españoles que dicen preferir la monarquía parlamentaria a la república va decreciendo de forma clara. En 1996, un 66% consideraba preferible para España una monarquía parlamentaria y un 13% una república: una diferencia de 53 puntos. Ahora, en diciembre de 2011, opta por la monarquía un 49% y por la república un 37%: una diferencia de ya solo 12 puntos. Y quizá lo más llamativo es que, en el momento actual, entre las generaciones más jóvenes (18-35 años) las preferencias por una y otra forma de Estado se reparten por igual (45% para cada una).

La conclusión que de esta secuencia de datos cabe extraer resulta obvia: es la concreta figura del Rey Juan Carlos (y en buena medida ya también la del Príncipe Felipe) la que trasfunde apoyo popular a la institución monárquica, y no al revés. O lo que es igual, es la forma en que el Rey Juan Carlos ejerce de rey lo que, para buena parte de la ciudadanía, convierte en válida a la monarquía, por encima de episodios coyunturales que puedan afectar a su imagen o de la creciente conciencia de su básico anacronismo. Lo cual, bien mirado, no es sino la actitud pragmática que cabe lógicamente esperar, a comienzos ya del siglo XXI, de una ciudadanía políticamente madura. A esto, los expertos en derecho constitucional solían designarlo como “accidentalismo”: lo importante es que una institución funcione; lo secundario, cuál sea su forma. Porque en definitiva lo que cuenta es “si la cosa funciona…”—Woody Allen dixit—.

Imagen de Jon Díez

Edad e ideología: ¿el peso del pasado?

¿Se puede percibir todavía la influencia de 40 años de dictadura en la ideología de los españoles? Parece que sí. Entre los meses de septiembre y noviembre, Metroscopia ha realizado 19.851 entrevistas –un conjunto muy amplio en términos demoscópicos– en las que se pedía a los encuestados que se posicionaran en una escala ideológica de 0 a 10, en que el 0 equivale a una posición de extrema izquierda y el 10 a otra de extrema derecha.

Si nos fijamos en las respuestas según la edad de los entrevistados destacan varias cosas. La primera es que la mayoría de los españoles (de cualquier edad) se considera ideológicamente de centro. La segunda es que las líneas son más o menos paralelas hasta los 64 años pero a partir de ahí baja la proporción de españoles que se consideran de izquierdas (3 y 4 en la escala de 0 a 10) y, al mismo tiempo, aumentan significativamente los que se autoposicionan en la extrema derecha (de 8 a 10 en la escala).

Es decir, el único grupo de edad en que la extrema derecha tiene un cierto peso específico es entre los mayores de 65 años. Y, además, este es el único grupo de edad en que la identificación con la izquierda pierde relevancia. Se trata del grupo demográfico compuesto por los españoles nacidos antes de 1946 y que acabaron la educación primaria antes de mediados de los cincuenta.

Enredadas o sin red

¿Utilizan adecuadamente las empresas españolas todas las posibilidades que para el mejor desarrollo de su actividad les ofrecen las nuevas tecnologías? La impresión que tienen los españoles es claramente matizada: sí las grandes, no tanto las medianas y pequeñas. Es esta, evidentemente, una cuestión que, por su importancia, requiere de diagnósticos más expertos y fundados que la mera impresión —profana y personal— del ciudadano medio. Pero con todo, esta no debe ser desechada sin más por irrelevante: la idea que nuestra ciudadanía pueda tener sobre cómo funcionan y se adaptan a los nuevos tiempos las empresas del país sin duda constituye un indicador (indirecto y parcial pero no por ello totalmente equivocado) sobre el grado de modernidad que percibe en nuestra sociedad.

Y el hecho es que mientras que para un 78% de la población las grandes empresas sí están ya tecnológicamente al día, tan solo un 52% dice eso mismo de las pymes. O dicho de otro modo, a ojos del ciudadano medio casi la mitad de nuestras pymes (de las que, por cierto, depende más del 90% del empleo) están lastradas por una brecha digital que no contribuye precisamente a mejorar sus probabilidades de flotabilidad en las actuales aguas turbulentas.

 

Una ITV (urgente) para la Constitución

El tiempo también pasa y pesa para las Constituciones. La española de 1978 cumple ahora 33 años: una cifra sustancial para un texto legal cuya relevancia va irremediablemente asociada a su capacidad de seguirle el paso a esa realidad social en  permanente —y cada vez más rápido— cambio que aspira a regular. Las discontinuidades entre la España de 1978 y la actual son tan anchas y profundas como obvias, y no hace falta por tanto aportar muchas pruebas al respecto. Telegráfica y selectivamente cabe recordar, por ejemplo, que hace 33 años nuestra democracia era aún muy frágil (tanto que a punto estuvo de naufragar solo 25 meses después); no existían las Autonomías; el ejército no se había convertido aún en la institución confiable y respetada que ahora es; la misma Corona pugnaba por enraizar y consolidarse; y la ciudadanía contemplaba el nuevo horizonte que se le abría con tanta esperanza como latente aprensión.

Hoy, la historia del tercio de siglo transcurrido es la historia de un claro éxito colectivo. Tres de cada cuatro españoles (el 72%) afirman que nuestro país nunca ha estado, en toda su historia, mejor que en estos tres decenios (y pese a los coyunturales y en ocasiones intensos bandazos políticos, sociales o, sobre todo, económicos). A la Constitución se le reconocen los grandes servicios prestados como hoja de ruta hacia una democracia estable y consolidada. Pero como mapa, una vez cumplido el trayecto,  ha perdido utilidad y como manual de funcionamiento va quedando inevitablemente, día a día, desfasada. Para seis de cada diez españoles (58%), según datos de Metroscopia, sigue siendo, en conjunto, válida para la sociedad española actual, pero necesita retoques urgentes. Para un 37% necesita algo más intenso y detallado, pues ha quedado desfasada respecto de nuestra actual realidad. La idea unánime es así que nuestra carta magna necesita una puesta al día, aunque las opiniones varíen en cuanto al exacto alcance de la misma.

En lo que también existe una clamorosa unanimidad ciudadana es en el estilo con el que habría que abordar este aggiornamiento constitucional: con la misma predisposición al pacto, al consenso y a la concordia que caracterizó nuestra transición a la democracia. Así lo reclama el 73% de los españoles. Y es que la nostalgia del espíritu con el que los diversos partidos supieron entonces anteponer el interés general a sus particulares intereses electorales es inmensa: la expresa nueve de cada diez españoles (el 88%, exactamente); es decir, los más mayores, los de mediana y edad y muchos que a finales de los setenta no habían nacido, o eran demasiado jóvenes para participar en los asuntos colectivos.

Nuestra Constitución —lo ha escrito un connotado experto, Óscar Alzaga— tiene como argamasa la negociación y el entendimiento. Fue un texto que los “padres constituyentes” dejaron en buena medida, y voluntariamente, abierto para propiciar que  las legislaturas venideras lo completaran y desarrollaran desde lo que se entendió debía ser la actitud estructural de nuestro sistema: el consenso. Por desgracia, a poco de ser promulgada, el gusto por la confrontación ideológica cerrada e irreductible fue gradualmente enseñoreándose de la escena política. El pacto pasó a ser visto como síntoma de debilidad, de dejación de principios, de entreguismo. Y así la Constitución ha ido languideciendo, cubriéndose de ese polvo triste que empaña los objetos un día bellos y devenidos, gradualmente, inservibles.

Imagen de HVargas.