Desde hace ya al menos tres decenios se viene detectando, en todos los países democráticos, una tendencia de ambigua evaluación: aumenta la proporción de ciudadanos que expresan su desconfianza respecto de las instituciones sociales, y muy especialmente respecto de las más directamente relacionadas con la gestión de los asuntos colectivos. En la medida en que las instituciones representan los pilares básicos que articulan la vida social, esta pauta (con el correlativo ensalzamiento de lo no institucional o antiinstitucional) puede resultar inquietante. Pero si se tiene en cuenta que el fenómeno se registra fundamentalmente en democracias maduras y muy consolidadas, con ciudadanos cada vez más informados, críticos y exigentes, esta pauta no solo parece esperable, sino incluso positiva. Sea como fuere, lo cierto es que el recelo institucional parece acentuarse de forma acusada cuando se dan circunstancias excepcionales. Crisis tan generalizadas, profundas y prolongadas como la actual acaban haciendo aflorar, junto con el empobrecimiento general que generan, los aspectos más turbios de la vida colectiva, no tan claramente perceptibles en tiempos de bonanza: las corruptelas, las incompetencias, las turbiedades de todo tipo y —lo peor de todo— las impunidades. Ello, a su vez, fomenta la desmoralización colectiva y la puesta en cuestión de las normas éticas y de los valores sociales compartidos. El desgaste institucional alcanza en esas condiciones un insoportable grado máximo: no por azar, las grandes convulsiones económicas han derivado con frecuencia en hondas crisis sociales y en incontrolables terremotos políticos.
