Este es el primero de una serie de cinco artículos publicados en EL PAÍS a lo largo del pasado mes de agosto con los que se ha pretendido alzar un balance del modo en que, en medio de la actual crítica situación, los españoles evalúan el funcionamiento de algunas instituciones y grupos sociales de especial significación para nuestra vida colectiva. En esta ocasión, se presta atención a la clase política. El texto corresponde a José Pablo Ferrándiz (@JPFerrandiz).
La opinión pública española constituye un eficiente sensor para calibrar el estado global de la situación económica. Así, desde 1997 y hasta finales de 2007 —coincidiendo con el ciclo económico expansivo más largo de la democracia—, eran más los españoles que evaluaban positivamente la situación de nuestra economía que quienes lo hacían negativamente. Esta tendencia se quebró en noviembre de 2007, justo cuando la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos comenzaba a extenderse hacia los mercados financieros de todo el mundo. Desde entonces, las evaluaciones negativas sobre la situación económica han ido en continuo aumento: no solo superaron a las positivas sino que han llegado en el momento actual a suponer la práctica unanimidad: un 97% según el último dato disponible. En paralelo, el estado de ánimo de los ciudadanos ha venido empeorando. Primero, pasó de la mera preocupación a la angustia: el porcentaje de españoles que dice ahora sentirse angustiado por la situación económica nacional alcanza ya un 94%, y un 82% dice estarlo por la suya personal. Pero esta sensación se ha tornado en desamparo por la falta de seguridad y de tranquilidad que le transmiten las principales instituciones de nuestro sistema y, de manera especial, la clase política, precisamente la llamada a liderar la vida social en tiempos de incertidumbre y crisis.
Es cierto que la mala imagen de los partidos y de los políticos no es exclusiva de España: en medida no muy distinta se registra igualmente en la mayoría de países de nuestro entorno. También en Estados Unidos, donde el Congreso ha obtenido es estos dos últimos años los peores porcentajes de aprobación ciudadana desde que existen datos al respecto. En el caso concreto de España, y según ha ido empeorando la situación económica, la clase política lejos de constituirse en parte principal de la solución ha pasado a ser, a ojos de los ciudadanos, una parte del problema. A este respecto, tanto los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) como los de Metroscopia coinciden y son concluyentes. En el Barómetro del CIS de junio de 2009, los españoles situaron por primera vez a los partidos políticos (la “clase política”) entre los cinco principales problemas de España. En solo dos años, subieron dos puestos, y en el Barómetro mayo de 2011 aparecieron ya en la tercera posición precedidos solamente por el paro y por los problemas de índole económica, y quedando por delante del terrorismo, la inseguridad ciudadana o la inmigración (problemas que, tradicionalmente, siempre habían copado puestos de cabeza). Y en estos momentos, según datos de Metroscopia, un 79% de todos los ciudadanos —y sin diferencias significativas entre los votantes de los distintos partidos— considera que, en conjunto, la clase política no está sabiendo estar a la altura de las circunstancias actuales ni está sabiendo dar la talla precisa. No debe, por tanto, resultar extraño que en la tercera oleada, última hasta el momento, del Barómetro de Confianza Institucional que lleva a cabo Metroscopia, los partidos políticos se vean situados por la ciudadanía en la última posición de una tabla que comprende 35 instituciones o grupos sociales.
La clave de este desafecto ciudadano hacía sus representantes políticos está, sin duda, en el percibido alejamiento de estos respecto del sentir de la sociedad en estos últimos tiempos. La abrumadora mayoría de los ciudadanos está de acuerdo en que los partidos tienden, cada vez más, a pensar sólo en lo que les beneficia e interesa (88%) y en que su prioridad no es escuchar y dar cauce a lo que piensa la gente (87%). Lo que la sociedad está reclamando es que los partidos políticos introduzcan cambios profundos en su forma de funcionar para que, por un lado, sean más sensibles a las demandas de los ciudadanos (90%) y, por otro lado, logren atraer y reclutar para la actividad política a las personas más competentes y mejor preparadas (algo que ahora no ocurre según opina un 73% de los españoles).
De hecho, nunca antes en la historia democrática de nuestro país los dos principales candidatos a presidir el Gobierno de la nación habían llegado a una cita electoral con abrumadores porcentajes de descrédito entre la ciudadanía como fue el caso el pasado 20 de noviembre. Un día antes de esas elecciones, el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, inspiraba poca o ninguna confianza a un 75% de los electores, y el candidato popular (y finalmente vencedor en las mismas), Mariano Rajoy, a un 66%. Inmediatamente después de las elecciones el panorama mejoró para el ahora Presidente del Gobierno —no así para el dirigente socialista, que pasó a simbolizar al gobierno saliente— pero el mantenimiento y profundización de la crisis no ha tardado en volver a evidenciar la desconfianza ciudadana en la capacidad gestora y de liderazgo de nuestros principales políticos: la desconfianza en Rajoy se extiende ahora a un 80% de la población y la de Rubalcaba a un 85%. De hecho, un 66% de los ciudadanos considera que lo que España necesita en estos momentos es que otros políticos se sitúen al frente a de los principales partidos políticos.
Ante este panorama cada vez son más los españoles –tres de cada cuatro en estos momentos- que piensan que la manera más eficaz de hacer frente a la crisis económica sería el establecimiento de un Gobierno de concentración nacional en el que participaran no solo los dos principales partidos –PP y PSOE- sino también cualquier otra formación con representación parlamentaria que o deseas. El mantenimiento de la actual confrontación y falta de entendimiento lleva en cambio a la ciudadanía a concluir, por un lado, que todos los partidos políticos son iguales (79%) y, por otro, que solo sirven para dividir a la gente (58%). Pese a todo, la amplia mayoría absoluta de los españoles sigue pensando que los políticos y los partidos son imprescindibles para que pueda haber democracia: no es la institución lo que se cuestiona, sino el modo en que a esta se la está haciendo funcionar. De ahí que la petición mayoritaria sea la de nuevos operadores para el actual sistema y no el reemplazo de este por otro distinto.
En definitiva, a los múltiples efectos directos que la crisis económica está teniendo sobre nuestra sociedad hay que añadir uno colateral que resulta especialmente alarmante: la constatación ciudadana de carecer, cuando más necesarios resultan, de liderazgos políticos confiables y eficientes.
