Después de 17 años gobernando en la Comunidad Valenciana —13 de ellos en solitario gracias a cuatro victorias consecutivas por mayoría absoluta—, el PPCV se alejaría de la presidencia del Consell según la estimación electoral de Metroscopia más probable para el caso de que unas elecciones autonómicas tuvieran lugar de manera inminente: volvería a ganar pero por una mayoría simple que abriría la puerta a posibles pactos postelectorales que dejaran a los populares al margen. En este momento, ni siquiera con el apoyo de UPyD —el partido ideológicamente más cercano a los populares y que, por primera vez, podría entrar en el Parlamento valenciano— sumarían los 50 escaños que conforman la mayoría absoluta. El principal motivo por el cual los populares han perdido un sustancial apoyo electoral en tan solo un año y medio —tiempo que va desde que se celebraron los últimos comicios en la región, en los que el PP ganó por mayoría absoluta, hasta ahora— se encuentra, directa e indirectamente, en la crisis económica. De manera directa, porque es al Gobierno de la Comunidad a quien se le achaca, por ser suya la responsabilidad de una buena gestión, la mala situación de la economía regional (percibida así por una abrumadora mayoría de ciudadanos) y la involución que ha sufrido esta a lo largo de los últimos cuatro años. De manera indirecta, porque con el desarrollo y profundización de la crisis, la corrupción política ha emergido como un problema que afecta personalmente a los ciudadanos: de ser considerada algo que ensombrecía la imagen de la Comunidad Valenciana a ojos del resto de España pero que parecía no afectar a la economía personal —hace dos años, los valencianos situaban la corrupción política como el tercer problema que más afectaba a la Comunidad, aunque en los últimos puestos de los problemas que les afectaban directamente— a ser un problema tan importante como el paro (que, hasta este momento, era el gran reflejo directo de la crisis en la ciudadanía). En solo dos años se ha incrementado 10 puntos el porcentaje de valencianos que consideran que existe una gran corrupción económica en la política valenciana —ya son una mayoría: 53 %—. Y el mayor incremento de esta opinión se ha producido entre los votantes populares: de un 14 % que lo pensaba en 2010 a un 33 % ahora. Dos años en los que los diferentes casos de corrupción en la región que han inundado las noticias parecían no pasar factura a sus responsables. Pero como ya advertía Ignacio Sánchez-Cuenca en un artículo publicado en EL PAÍS (“¿Se paga la corrupción?” Publicado el 16/04/2010), los efectos electorales de la corrupción no suelen ser instantáneos, sino que actúan como un óxido que corroe lentamente la confianza en los partidos. La crisis económica ha hecho de catalizador que ha acelerado ese desgaste y que puede apartar del poder a los populares dos décadas después de haber accedido al poder en la Comunidad Valenciana.
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