La vía judicial se abre con fuerza para los activistas políticos. Será un espacio de resistencia y acción que todavía cree en nuestra arquitectura democrática. Una oportunidad que no se puede perder. Las leyes, decía el filósofo Paolo Flores d’Arcais, son “el poder de los sin poder”. Ahora, y de nuevo, se van a poner a prueba las costuras de nuestras instituciones. Y las junturas de nuestras leyes cuando imparten justicia, no legalidad. Si se rompen, el desgarro será para la política y para la democracia.
En concreto, empiezan a ser usuales iniciativas cívicas contra la banca o las grandes corporaciones financieras. Y sus gestores. El Bank of America, por ejemplo, se ha visto obligado recientemente a renunciar a cobrar comisiones mensuales a los clientes que utilizan una tarjeta de débito ante la presión de las redes sociales. Cuando el banco propuso la nueva tarifa mensual, una niñera enojada decidió hacer una petición a través de Change.org que alcanzó casi las 307.000 firmas de apoyo y se propagó de la noche a la mañana por redes sociales como Twitter y Facebook. La victoria fue total.
En EEUU, entre septiembre y noviembre de 2011, adquirió mucha fuerza la iniciativa Move your money que animaba a la gente a cerrar sus cuentas en los bancos en señal de protesta y mover el dinero hacia entidades locales y cooperativas de crédito. Se calcula que unos 650.000 consumidores transfirieron su dinero, según datos de la Asociación Nacional de Cooperativas de Crédito (ANCC). Entidades financieras como JP Morgan Chase empiezan a hacer provisión de miles de millones de reservas para afrontar los posibles litigios. La banca se enfrenta al desafío más importante de su historia. Nunca había estado tan mal en términos de reputación. La percepción de usura organizada se ha instalado. La política vigilada se propaga.
