La crisis abierta en el Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo por el presunto uso indebido de recursos públicos para actividades privadas de su presidente, Carlos Dívar, es solo una parte del problema. Grave. Aunque lo auténticamente preocupante es la línea argumental que utiliza para justificar y explicar los hechos denunciados. La justicia decidirá, en el futuro, si tales actuaciones son constitutivas, o no, de delito. Pero la sospecha de que quien debe impartir y velar por la justicia, en este caso una alta autoridad del Estado, ha utilizado los márgenes de la ley y los privilegios de la institución precisamente para sortear a la primera y aprovecharse de la segunda, sitúa el tema en un orden moral y político, no simplemente legal o institucional.
La duda que nos supera y escandaliza es si Carlos Dívar cree, realmente, que no tiene nada de qué avergonzarse, ni mucho menos disculparse, que no debe asumir error alguno. Más lejos todavía estarían las culpas o las faltas a la ley. Lo relevante es que, sinceramente, Dívar diga lo que piensa, no solo lo que le conviene para defenderse. ¿Y si, de veras, creyera que sus gastos “son unas miserias”, como dijo provocadoramente, y que quienes se lo reprochan son unos cínicos y fariseos?
Responder afirmativamente a estas preguntas pondría en graves aprietos, por ejemplo, al PP y al PSOE (que pactaron en 2008 su candidatura, siendo aceptada y avalada por el mismo José Luis Rodríguez Zapatero). Se cuestionaría el buen juicio y acierto de aquel consenso.
Responder afirmativamente a estas preguntas colocaría contra las cuerdas a los miembros del pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que acordaron este miércoles -por once votos a cuatro- no admitir a trámite la querella contra el presidente, archivando las actuaciones al no apreciar los delitos de estafa, apropiación indebida ni malversación de caudales en los gastos de 32 viajes a Marbella y a otros destinos cargados al presupuesto del Consejo General del Poder Judicial. ¿A quién defienden? ¿Solo a él?
Responder afirmativamente a estas preguntas situaría a la Fiscalía General del Estado, que abrió y cerró rápidamente unas diligencias, en una posición aparentemente cómplice. La sensación de cerrar filas corporativas dejaría a los responsables de la vigilancia fiscal en la tesitura de los que, debiendo mirar, giraron la cabeza.
Responder afirmativamente a estas preguntas evidenciaría al grupo parlamentario del PP que, al final, ha aceptado su comparecencia en el Congreso, todavía sin fecha. La presión ha sido insoportable y, en medio del tsunami financiero, Rajoy no ha tenido más remedio que abrir alguna válvula de descompresión. Llegando tarde.
