Mientras el Rey sigue su proceso
postoperatorio, el juez Castro ha decidido, finalmente, imputar a la infanta
Cristina en el ‘caso Urdangarin’. El juez se ha tomado su tiempo, por método
procesal y actitud garantista. La imputación culmina —y a la vez abre— una
etapa. Todos los miembros de la junta directiva del Instituto Nóos están
imputados, incluido Carlos García Revenga, el primer empleado de la Casa del
Rey imputado en un proceso judicial, y que entró a su servicio en La Zarzuela hace casi
20 años.
Las nuevas pruebas (los
correos aportados por Diego Torres, otro de los imputados) han sido, quizá,
decisivas para la decisión del juez, tal y como deberá constar en el auto
judicial. En uno de ellos, Iñaki Urdangarin se dirige a su esposa por correo electrónico
pidiéndole consejo sobre unas actividades relacionales y promocionales de su
lucrativa organización, al tiempo que se disculpa por no haberla informado
antes: "Gracias mi amor, a veces por no saber lo
que piensas voy más perdido, pero mi reacción no es la de dejarte así". Y concluye con un "Léelo y dime lo que
piensas, please". Parece que hay amor, explícito e implícito, en la
correspondencia. Pero también cooperación, colaboración y posible relación
jerárquica. Y esto es lo nuevo y grave para quien había pasado como una esposa
que ignoraba todo. Amor ciego, le llaman. Ahora sabemos que, posiblemente, haya
algo más que amor.
Este golpe no es, por posible y
previsible, menos doloroso y brutal para la imagen de la Corona y del Rey.
La infanta decidirá su suerte el próximo día 27, día de su declaración ante el
juez. Pero Juan Carlos I, y la Casa del Rey, no puede aguantar 25 días más sin
dar explicaciones. Y sin tomar la iniciativa y ofrecer una salida al estado de shock institucional en el que nos
encontramos. Además, otras informaciones han socavado más el agujero de
confianza política entre la ciudadanía y el Jefe del Estado.
El deterioro es profundo. Y reclamará
medidas de choque excepcionales e históricas. Todo lo contrario de lo que va a
suceder: se utilizará el derecho a la presunción de inocencia y el carácter
preliminar del proceso judicial para no mover ficha, resistir, y protegerse
tras la responsabilidad de los partidos mayoritarios y del Gobierno. Pero nos encontramos en el caso de la teoría del ahogado: si le das la mano, te hundes con
él. Necesita un salvavidas y una boga. La democracia española está por encima.
El Rey debe contemplar y completar su
rehabilitación física con la rehabilitación política de la Institución. Curiosamente,
la misma palabra sirve para lo físico, lo ético y lo político. También para lo
judicial, pero esto veremos si sucede y cómo. La rehabilitación personal
difícilmente podrá tutelarla y pilotarla. Pero ahora toca hacer historia, antes
de sucumbir a ella.
El Rey debe pedir comparecer ante el
Congreso de los Diputados para dar explicaciones (todas), proponer soluciones
(abdicación, regencia o continuidad) y ofrecer una amplia gama de reformas,
una auténtica transición de la monarquía hacia un diseño
institucional más acorde con los tiempos y la sociedad española. Se trata de
una medida excepcional que puede hacerse sin humillación, pero que rescataría
la dignidad perdida. Aunque sea duro, puede ser necesario. El Congreso,
representante de la soberanía de los ciudadanos, sabrá encontrar el formato más
adecuado para este momento excepcional. Sin servilismos ni privilegios
innecesarios, pero con sentido común.
Un gesto así, un gesto sincero,
profundo, real… haría grande al Rey. Nos daría una oportunidad democrática y
política. Residenciaría en las Cortes, y no en los juzgados, el futuro de la
Jefatura del Estado y nos permitiría preguntarle, directamente: Dime lo que piensas, please.
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