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15702791Una de las cuestiones más interesantes si pretendemos analizar el fallo multiorgánico que estamos viviendo en España es tratar de entender por qué exactamente todo los controles no sólo es que hayan fallado estrepitosamente; es que, además, siguen fallando a día de hoy. A las miserias de nuestros sistemas de control jurídico (tanto en fase judicial como en lo referido a los controles administrativos) nos hemos ya referido en este blog en ocasiones. Se podría hablar mucho, también, del particularmente fallido papel de algunos controladores externos como la prensa, pero otros lo pueden hacer y lo hacen mucho mejor que yo (lean, por ejemplo, este comentario de Guillermo López donde analiza algunas cuestiones estructurales de nuestro ecosistema comunicativo a cuenta de la caída de Pedro Jota Ramírez y entenderán muchos de los problemas que tenemos). Sin embargo, hay un controlador externo, y muy importante, que suele irse de rositas cuando nos referimos al control del poder: la Universidad y, en general, el trabajo que realizamos quienes formamos parte de la comunidad académica.

Cuando digo que la Universidad española suele irse de rositas no me refiero, como es obvio, a que no se la critique por ahí. Se la critica, como es sabido, y por muchas cosas. No pocas veces, con toda la razón. Aquí hemos señalado algunos de los problemas de nuestro sistema universitario en múltiples ocasiones. Sin embargo, y no deja de ser llamativo (al menos, a mí me lo resulta), casi nadie menciona un tema bastante importante y que habla mal por cómo lo resolvemos, en general, de nosotros como académicos. Se trata del hecho de que, a pesar de gozar de un privilegiado estatuto de independencia laboral y personal, hemos demostrado y demostramos un espíritu crítico frente al poder, por lo general, bastante escaso, así como una generalizada tendencia a buscar a los poderosos (ya sea el poder político, ya el poder económico) para que nos mimen, nos hagan carantoñas y nos cuiden. Como resultado, y esto es algo que se puede constatar fácilmente si echamos la vista atrás, no hemos tenido ni demasiados economistas que cuestionarian de forma seria y regular el modelo de crecimiento del país (es más, la comunidad académica, siguiendo al Banco de España, ha jaleado el curso que iban tomando las políticas económicas en este país sacando los pompones en cuanto ha podido) ni demasiados juristas que hayan expresado su preocupación por las carencias en materia de participación, porosidad o efectiva traslación de la voluntad de los ciudadanos, por mencionar sólo dos ejemplos, hasta que estas realidades, convertidas en inmensa bola de nieve que va arrasando todo a su paso, se han hecho tan grandes que ni siquiera el poder político es capaz de negarlas. Quedan ya a estas alturas sólo los obedientes vocacionales cantando ciertas excelencias y poco más a estas alturas, pero es que, incluso para eso, bailamos al compás que nos marcan los acontecimientos. Y no debería ser así. La Universidad, por definición, habría de comportarse (y ser diseñada para eso) como un efectivo contrapoder, contramayoritario para muchas cosas, que sirviera como foco de resistencia crítica frente a los excesos, a las corrientes más en boga, a las tendencias al exceso, a los consensos generalizados, al champagne corriendo desbocado y, en general, a todas las construcciones y visiones de la realidad que, viniendo desde arriba, tratan de imponerse hacia abajo... tengan o no sentido, tengan o no base cierta, sean más o menos populares y de consumo fácil o indigesto.

¿Por qué no ha funcionado así estos años? ¿Qué ha pasado para que hayamos tenido, más bien, todo lo contrario? Como casi siempre, estamos ante una cuestión de diseño y de incentivos. Y aquí es donde, como suele decirse (y recordaba acertadamente @ppsoe2000 en Twitter hace poco), nada es gratis y sorprende que a estas alturas haya quien no lo tenga claro. Porque no, "Nada es Gratis". Pero de verdad.

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¿Tienen algún sentido las huelgas universitarias?

Por: | 28 de febrero de 2014

1393492505379Ayer había convocada una "huelga" de estudiantes de secundaria y Universidad que, en mi Universidad (y especialmente en el campus donde se encuentra el centro donde yo trabajo, la Facultat de Dret de València), derivó en incidentes varios que abocaron al cierre de los aularios donde se imparten la mayoría de las clases. Aunque en otros centros, o incluso en el mío, hubo quien pudo dar clase con normalidad (es, por ejemplo, mi caso, tenía una clase por la tarde y transcurrió sin incidentes aunque con menos afluencia de la normal), es éste un suceso que sistemáticamente (aunque no necesariamente de forma generalizada) se repite cada vez que hay una huelga de estudiantes. Y, más allá de la ritual condena que merece que haya quien considere que su "derecho" a no ir a clase (derecho que, por cierto, y por lo general, se tiene todos los días del año excepto si te topas con determinados talibanes boloñísticos) ha de ir acompañado del de privar a los demás de tomar la decisión por sí mismos (y digo ritual porque de tan obvio que es afirmarlo da la sensación de que tiene poco sentido reiterarlo), a mí los sucesos de ayer me mueven a preguntarme algo más sencillo y directamente de base en torno a este asunto: ¿tienen algún sentido estas "huelgas"?, ¿sirven para algo?, los convocantes, ¿qué es lo que buscan con ello?, ¿lo consiguen?

Vaya por delante que siempre he considerado con cierto escepticismo que se califique de "huelga" lo que no tiene nada que ver con las huelgas de trabajadores que definen el término. Los trabajadores que dejan de ir a trabajar lo hacen, en el marco de un conflicto, asumiendo un coste (y un coste no menor) como es la pérdida de su salario. Ir a la huelga es, pues, no sólo costoso sino muy costoso si el conflicto se prolonga en el tiempo (lo que suele ser el caso cuando la huelga no es mero acompañamiento simbólico de otro tipo de protestas). Esta actuación es por ello es especialmente encomiable y, en parte por esta razón (aunque también por otras) muy digna de mucha protección jurídica. Cuando un grupo de trabajadores decide plantear un conflicto laboral por esta vía es, sí o sí, porque ha agotado todas las demás menos lesivas para sus intereses y porque, jugándose mucho en el envite, decide poner a alguien que tiene capacidad de decisión efectiva para llegar a un acuerdo en una situación también compleja. Mientras dure la huelga, ambos pierden (aunque quizás unos más que otros), fomentando en cierta medida que, caso de que haya una solución posible y no óptima pero sí asumible para ambas partes, se pueda llegar a un acuerdo. 

Como a nadie se le escapa, nada de esto tiene sentido con una huelga de estudiantes. Los estudiantes no reciben un salario que dejen de perder y, de hecho, ni siquiera hacen algo demasiado excepcional dejando de asistir a clase (dado que las tasas de asistencia en la Universidad española son bastante lastimosas -lo que, por cierto, quizás debiera hacernos reflexionar a los profesores sobre cómo tenemos montado el tinglado, pero eso es un tema del que mejor hablar otro día-). En el peor de los casos, pierden la clase que sea impartida ese día, aunque hay una costumbre muy extendida que entiende que si hay "huelga" no se puede avanzar en el temario (y, por supuesto, no se pueden hacer exámenes) para evitar perjuicios a los estudiantes que se movilizan. Como puede verse, nada que ver con una huelga de verdad. Hasta tal punto de que nunca he entendido por qué se hace uso del término (aunque en el fondo la respuesta es obvia, para vestir con un ropaje muy digno lo que, como reivindicación, a veces lo es... y a veces no).

Las llamadas "huelgas de estudiantes" en la Universidad tienen más que ver, sencillamente, con una jornada reivindicativa que institucionalmente se entiende como digna de respeto (lo que no me parece necesariamente mal), por lo que, en consecuencia, se decide también "protegerla" paternalistamente desde la institución (esto es, desde la propia Universidad) evitando cualquier consecuencia negativa, o al menos las más lesivas (a diferencia de lo que pasa con una huelga de verdad, donde los trabajadores pierden su salario del día) para quienes forman parte de ella. En el fondo, probablemente no puede ser de otra manera. Porque los estudiantes, sencillamente, reciben una prestación y tiene poca lógica emparentar esa actividad con la de trabajar. Prescindir de la misma como mecanismo de protesta radical podría tener, quizás, su sentido en momentos y circunstancias extremas (relacionadas con una enseñanza muy deficiente o sesgada, por ejemplo), pero da la sensación de que nadie,en este mundo de hoy, se plantea hacerlo para protestar contra los recortes o cosas equivalentes. Bien está.

La cuestión es que, planteado el asunto en estos términos, me queda la duda, la verdad, de para qué sirven entonces estas reivindicaciones organizadas como si fueran huelgas y consistentes en no ir un día a clase. ¿Se logra algo con ellas? ¿Son un mecanismo eficaz de protesta? Sinceramente, tengo la sensación de que no. Son un modelo ritual de movilización, cómoda (porque no tiene costes para quienes participan de ella) pero que no  tiene capacidad real de condicionar ninguna decisión (ni de la Universidad, contra quién además no suelen ir las protestas; ni del Gobierno, a quien le da un poco igual, la verdad, que haya clase o no). El único (y magro) efecto que se puede lograr es salir un poco en prensa. Y como para ello es más útil que se tenga que cerrar un aulario porque ha habido piquetes violentos que simplemente lograr un movimiento de protesta más sólido y generalizado a partir de otros mecanismos de movilización, pues es lo que tenemos. Tampoco es que se logre nada así, más allá de extender una imagen que no sé si es muy beneficiosa para quienes protestan (en todo caso, ése es su problema, no el mío), pero quizás este estado de cosas debería llevarles (y llevarnos) a cierta reflexión. 

Por ejemplo, en clave interna, que es la que más me interesa, hay que cuestionar si hacen bien las Universidades españolas optando demasiado rápidamente  por soluciones fáciles y expeditivas (como cerrar aularios) que demuestran no querer líos incluso a costa de suspender (institucionalmente, de facto) las clases en lugar de otras, quizás más complicadas de instrumentar, que pudieran garantizar que se impartieran efectivamente todas las clases que fuera posible impartir para los alumnos que lo deseen. No hay que ser tolerante con cierto tipo de acciones (no, al menos, en el sentido de dejar de cumplir con tus obligaciones para alentarlas), por mucho que haya una supuesta "tradición" en este sentido. Máxime cuando, al menos desde mi óptica, asistimos cada vez más a supuestas "huelgas" que casi ya no buscan más imagen reivindicatoria que esa violencia de baja intensidad que supone el pequño, magro y ridículo éxito de "lograr que hoy no haya clase". ¿De verdad eso es el gran éxito? ¿Sólo eso? La verdad, a tan poca cosa, y conseguida de esa manera, habría que dejar de llamarla "huelga" de una vez porque, lamento decirlo, degrada un término que se refiere a un esfuerzo muy meritorio de unos trabajadores que se juegan su salario para luchar por lo que creen justo y no por participar en batallitas estéticas asociadas más a cierto narcisismo supuestamente rebelde que a una reivindicación seria.

Hay maneras mucho más inteligentes y adaptadas a los tiempos de activismo político. Es patente que en nuestras Universidades, a día de hoy, están mayoritariamente ausentes. La preocupación de los estudiantes y sus asociaciones por los problemas internos de la Universidad o algo tan obvio e importante como la calidad de la docencia que reciben está bajo mínimos. Recientemente en las elecciones a rector de la Universitat de València se ha vuelto a poner de manifiesto (junto a la legendaria tendencia del profesorado a verlas como unas elecciones para lograr reivindicaciones respecto de las mejora de las condiciones de trabajo) que lo importante para cierto activismo de nuestros días es el día de la paella y no la cantidad de profesores que van a clase a leer unos apuntes, libro y power point (y eso, claro, si van). Que este estado de cosas quede maquillado por cuatro contenedores cruzados en la calle y aularios rociados de espuma de extintor para impedir las clases no hace la cosa más digna sino, la verdad, mucho menos.

¿Hay algo más? Pues sí, hay algo más. Ayer mismo, por la tarde, se presentaban libros y debatía sobre cuestiones de mucho interés en el casal que los estudiantes han montado usando el espacio ahora vacío de la antigua cafetería de Filosofía. Ocupa menos espacio en los medios, pero probablemente de ahí saldrán cosas más útiles para el futuro. El problema es que de esto tenemos poco y, en cambio, de otras cosas, demasiado.

UnknownQuienes no sean del País Valenciano o no formen parte del mundo del Derecho público quizás no hayan oído hablar nunca de una cosa llamada Consell Jurídic Consultiu (CJC, no me echen la culpa por enlazar esto que la web no es mía, aunque reconozco que lo hago en plan cruel para que os lloren un poo los ojos) que en la Comunidad Valenciana montamos, como casi siempre, después de decir que los catalanes (y, en este caso, también los canarios) eran muy malos y antiespañoles por poner en marcha órganos consultivos equivalentes al Consejo de Estado pero que, por supuesto, nos aprestamos a copiar tan pronto como el Tribunal Constitucional (STC 204/1992) determinó que era perfectamente constitucional lo que habían hecho en esas otras regiones (vamos, el mismo proceso mental que luego hemos entronizado en el Estatut d'Autonomia, para que no se diga que no exhibimos nuestras miserias, en forma de la conocida "cláusula Camps").

Estos días el CJC se ha hecho famoso, al menos en nuestra tierra, porque ha alcanzado una de las cotas de ridículo jurídico y de desprestigio social más altas que se han visto nunca en España, a pesar de lo difícil que está la competición, en el campo del pesebrismo institucional. Todo a cuenta, para convertir el espectáculo en más peculiar, de un diccionario previamente aprobado por una institución independiente cuya función es velar por el valenciano y determinar sus normas, la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), a quien no se le ha ocurrido otra cosa que hacer un diccionario que no le gusta a los políticos que mandan en el Gobierno valenciano. Como en España la política y el poder son como son (y en Valencia hemos decidido que, además, no vamos a tener problema alguno en exhibir estas miserias más que nadie), el Gobierno valenciano no se cortó un pelo exigiendo a los académicos cambiar el diccionario, amenazó con cerrar la institución, con dejarles sin presupuesto, con crear una segunda academia y, finalmente, encargó al Consell Jurídic Consultiu un Dictamen para que éste dijera que los políticos tenían razón al criticar el diccionario y ver si así convencían/forzaban a la Acadèmia a rectificar a base de fuego jurídico graneado, dado que las habituales presiones (recordemos que el gobierno valenciano ha llegado incluso en ocasiones a irrumpir en reuniones de la Academia para impedir que debatiera asuntos que no le gustaban) por una vez no habían servido. Algo, por cierto, que pone en valor a una institución como la Acadèmia Valenciana de la Llengua de un modo que pocas otras instituciones han logrado, demostrando que se tomaba en serio tanto su función y la ley que determina cuál ha de ser ésta, como el hecho de que la han de desarrollar con independencia y sentido de Estado antes que atender las impresentables y delirantes presiones del gobierno valenciano.

Obviamente, el Consell Jurídic Consultiu no es, ni en este sentido ni en otros muchos, como la Acadèmia y lo ha demostrado rápidamente. Por esta razón, en toda esta historia, a partir de un determinado momento, lo importante ya no es el valenciano o su defensa sino algo si cabe más esencial y cuya importancia va más allá de los problemas y miserias del País Valenciano: la independencia de ciertas instituciones como algo esencial para que el sistema pueda funcionar. Un país no puede marchar bien cuando en la misma naturaleza y sustancia de órganos, como el Consell Jurídic Consultiu, cuya misión de fondo no es sino ejercer de control y contrapeso del poder público, lo que aparece a la hora de la verdad es una irresistible pulsión por hacer caso, siempre, a quien mande en la Generalitat. Por ridícula, impresentable y ayuna de cualquier fundamento que sea la cuestión sobre la que se les pregunta o la pretensión en torno a la que se les pide que se alineen. Como es el caso. Ese órgano de supuesto control (jurídico, para más inri), si efectivamente "funciona" así, sencillamente, no sirve. Y sería mejor liquidarlo, cerrarlo, olvidarnos de él cuanto antes... y ya está. Porque para que tengan coches oficiales, sueldos de ministro, asesores y sinecuras varias una serie de señores a cambio de hacer como que tenemos un entramado institucional propio de un país normal y que luego el comportamiento sea sistemáticamente bananero, la verdad, ya nos podríamos ahorrar ese dinero y emplearlo en contratar más asesores en Presidència de la Generalitat, que para un récord de Europa que tenemos, pues mejor afianzarlo. 

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¿Qué hacer con la Constitución?: Ruptura o reforma

Por: | 27 de enero de 2014

Ruptura-300x199Esta tarde, en el marco del Seminari Permament de Ciències Socials que organizan desde hace ya tres años unos compañeros de la Facultad, vamos a discutir sobre las posibilidades de reforma constitucional o sobre si, directamente, conviene marcar un punto de inflexión más radical e iniciar un movimiento de ruptura con el sistema nacido en 1978 (pero enraizado hasta cierto punto en lo que había antes) y poner en marcha un proceso constituyente que logre una transformación, siquiera sea simbólica, más más radical, con una verdadera cesura constitucional que marque con claridad un antes y un después.

Razones para pensar que quizás ha llegado el momento de iniciar el esfuerzo para lograr un cambio profundo y dar la vuelta al país como a un calcetín es cierto que, en estos momentos, no faltan. El "catacrac" institucional, social y económico en que se encuentra España en la actualidad creo que no es apenas discutido por nadie. Tampoco lo es que entre las causas del mismo hay muchas que tienen que ver con el Derecho, esto es, con la forma en que hemos decidido organizarnos. Y algunas de ellas, qué duda cabe, seguro que tienen que ver con las normas que regulan en un nivel muy básico nuestras instituciones, esto es, la Constitución.

Por otro lado, es evidente que, en ocasiones, y sobre todo cuando hablamos de dinámicas sociales, los cambios, sean más o menos profundos, no necesitan sólo de ser acometidos. También tienen que "notarse", tienen que verse y sentirse como importantes. Es muy probable que España no necesite sólo cambiar algunas reglas, dar una mano de pintura a la superficie del invento y aspirar con esos retoques a que todo vaya mejorando a partir de unas bases ya alcanzadas. No es descabellado pensar que hace falta algo más, algo que sirva como instrumento catárquico para que, más allá del Derecho, de las normas, de las reglas e incentivos que suponen, se renueve una especie de pacto social 2.0, nos comprometamos una ética pública mejorada y, también, más optimista. Para ello una ruptura constitucional aporta componentes emocionales y simbólicos que una mera lista de retoques, más o menos afortunados, no puede aspirar a proporcionar. Es, por ejemplo, y salvando las distancias, uno de los atractivos del llamado "proceso" catalán que cada vez suma más adeptos a la independencia. La idea no ya de empezar de cero sino de que lo parezca, al menos, un poco, de que quede casi todo por hacer y diseñar, de poder programar aspirando a hacerlo todo mejor, de que incluso los errores queden (como algo siempre posible, inevitable en cierta medida) en el futuro más que en el pasado, es indudablemente atractiva. Todo ello, también, apoya los argumentos en favor de iniciar un proceso constituyente. O de intentarlo, al menos.

Y, sin embargo, personalmente, no creo que sea en estos momentos adecuado trabajar por una ruptura. Muchas razones, desde las más pragmáticas a las que se refieren a una evaluación que pretende ser más objetiva de la situación, me hacen personalmente decantarme por pensar que va a ser más rentable, en estos momentos, trabajar pensando en una (buena) reforma constitucional. Allá van, sintetizadas, algunas de estas razones.

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Demos4_220Este lunes escribía en la columna de enero de la edición valenciana de El País que urge reformar la Generalitat valenciana en el sentido no de recortar más o menos sino de cambiar de arriba a abajo cómo se hacen las cosas, el funcionamiento y la propia dimensión organizativa de esta Administración pública porque si no lo hacemos (y más bien rápido), sencillamente, la paradeta será cerrada en breve. Aunque soy muy repetitivo, lo sé, con la cantinela que llevo contando desde hace unos años sobre la imposibilidad de que el modelo de organización administrativa propia de que nos hemos dotado los valencianos pueda seguir funcionando sin drásticas modificaciones, poco a poco parece que nos vamos acercando a esa situación en que, directamente y aunque a muchos sorprenda y parezca inconcebible, se empiezan a cerrar cosas hasta ahora tenidas por esenciales (RTVV) o a barajar la devolución de competencias, como han sugerido ya algunos expertos a los que el Consell ha encargado informes sobre qué hacer, caso de que no llegue más dinero. Dinero que, por cierto, no parece que vaya a llegar en breve. Pero es que, en todo caso, llegue o no, pueda subsistir in extremis este modelo con algún cambio sobre la campana del modelo de financiación autonómica, tampoco parece que debamos estar muy satisfechos con cómo funciona nuestra Administración autonómicas desde otros puntos de vista. Así que, visto lo visto, urge empezar a pensar en cambiar cosas. A fondo.

En este sentido, junto a los amigos de la Fundació Nexe, he escrito un libro sobre las posibilidades de reforma de la planta administrativa valenciana autonómica y local con un desarrollo más o menos amplio de un abanico de propuestas que se pretenden coherentes para cambiar, de forma bastante profunda, uno de los aspectos referidos, el de la planta administrativa. El libro puede descargarse gratuitamente en formato PDF en la web de la colección Demos de la mencionada fundación, que entienden que lo importante con este tipo de trabajos es aspirar a que tengan la mayor difusión posible y creen (con toda la razón) que ésta puede ser una buena manera de hacerlo. Así que, modestamente, recomiendo a cualquier interesado en este tema que se lo descargue, le eche un vistazo y me comente qué le parece, qué críticas pueden recibir las propuestas allí realizadas y, sobre todos, qué aportaciones adicionales pueden hacerse para ir logrando crear un caldo de cultivo generador de buenas ideas de reforma que convenzan a ciudadanos y a nuestros representantes de que se puede (y debe) hacer mucho más. Adicionalmente, para cualquiera que estando interesado prefiera leer estas cosas en papel, el libro puede comprarse por Internet a un precio (10€) pensado para cubrir gastos de edición pero también para tratar de lograr la máxima difusión posible dentro de la sostenibilidad financiera. Así que ya saben, cualquier interesado puede hacer sus encargos aquí.

Con la idea de aprovechar el texto para iniciar también en el blog una discusión y para dar un pequeño resumen de las ideas expresadas en el librito, aquí va a continuación un breve decálogo sobre la orientación de la reforma de la organización administrativa de la Generalitat Valenciana que debiéramos empezar a ir diseñando. Inspirado, lógicamente, en el libro. Espero que resulte de interés.

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No se trata de hacer leer

Sobre el blog

Una mirada al mundo y a la actualidad a través del Derecho público. Este blog no es sino el reflejo de los anteojos de un jurista y su uso para filtrar obsesiones, con mejor o peor fortuna. Aspira a hacer más comprensible la realidad aportando un prisma muchas veces poco visible, casi opaco. En todo caso, no aspira a convencer a nadie sino a dar razones. Porque se trata, sobre todo, de incitar a pensar desde otros puntos de vista.

Sobre el autor

Andrés Boix Palop

(València, 1976) es Profesor de Derecho administrativo en la Universitat de València y ha estudiado o investigado, en diversos momentos en Universidades francesas y alemanas (París, Múnich, Fráncfort). Al margen de sus trabajos sobre cuestiones de Derecho público escribe regularmente sobre temas de actualidad que tengan que ver con esa parcela del ordenamiento, no sea que en contra de lo que históricamente han considerado los juristas españoles, haya alguien ahí fuera a quien puedan interesar estas reflexiones a caballo entre lo jurídico, lo noticioso y las obsesiones personales de su autor.

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