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No se trata de hacer leer

Sobre el blog

Una mirada al mundo y a la actualidad a través del Derecho público. Este blog no es sino el reflejo de los anteojos de un jurista y su uso para filtrar obsesiones, con mejor o peor fortuna. Aspira a hacer más comprensible la realidad aportando un prisma muchas veces poco visible, casi opaco. En todo caso, no aspira a convencer a nadie sino a dar razones. Porque se trata, sobre todo, de incitar a pensar desde otros puntos de vista.

Sobre el autor

Andrés Boix Palop

(València, 1976) es Profesor de Derecho administrativo en la Universitat de València y ha estudiado o investigado, en diversos momentos en Universidades francesas y alemanas (París, Múnich, Fráncfort). Al margen de sus trabajos sobre cuestiones de Derecho público escribe regularmente sobre temas de actualidad que tengan que ver con esa parcela del ordenamiento, no sea que en contra de lo que históricamente han considerado los juristas españoles, haya alguien ahí fuera a quien puedan interesar estas reflexiones a caballo entre lo jurídico, lo noticioso y las obsesiones personales de su autor.

Eskup

Trepillas, pelotas y otros fenómenos organizativos

Por: | 27 de marzo de 2012

Trepas03Ayer aprovechaba en mi columna de El País Comunidad Valenciana para hablar de los trepillas, un fenómeno siempre de actualidad pero al que de vez en cuando conviene girar la atención. En Valencia desde hace años tenemos a los dos partidos mayoritarios, PPCV y PSPV, absolutamente secuestrados por unos grupitos de dirigentes de más que dudosa competencia, con las consecuencias nefastas por todos sabidas. Probablemente, además, esto no es una especificidad valenciana. Yo la veo más aquí, simplemente, por tenerla más próxima. Así que hablemos hoy un poco de estiralevitas profesionales.

En los últimos meses el PPCV ha renovado su liderazgo de la manera menos edificante posible. Una camarilla autista y dedicada al halago del exPresident por encima de todas las cosas ha sido sustituida por una camarilla autista y dedicada al halago del nuevo President impuesto desde Madrid. Las posibilidades de que de esta renovación de liderazgo y sus respectivos entornos se deriven cambios profundos es muy limitada y sólo los muy optimistas (o mejor, los interesadamente optimistas) pueden pensar lo contrario. No sólo porque los fundamentos sociales, políticos y económicos de las políticas de la derecha valenciana siguen siendo los que son sino porque, además, a los problemas del autismo y la pelotería como únicas herramientas de trabajo se unen la falta de autonomía, el estrecho margen de maniobra y la absoluta dependencia de un poder superior, Mariano Rajoy, que velará siempre y en primer lugar por sus intereses, a los que habrá que supeditar todo (como ya estamos viendo un día sí y otro también).

Mientras tanto, en el otro extremo de la galaxia, los socialistas valencianos están en fase de cambio de liderazgo. Si los años recientes han sido de enorme despiste e incapacidad para hacer frente a un modelo conservador hegemónico desde hacía años pero que se venía abajo sin que la oposición lo detectara, lo han sido, entre otras razones, porque la dirección socialista se ha caracterizado, más que ninguna otra, por excluir y dar bola sólo a los adictos. Los críticos han sido expulsados y expedientados mientras la claque a sueldo que ha rodeado a los gerifaltes se especializaba en alabar, alabar y alabar. A fin de cuentas, para eso les pagaban. Sonadas han sido las purgas, incluso entre gente próxima, de quienes osaran disentir (en Valencia ciudad, por ejemplo, al nº 2 de la ejecutiva, tras haber protestado por el reparto de cuotas a que había quedado reducida la política local de oposición). Más allá de si la estrategia de oposición era buena o mala (yo creo que era mala, pues eso de que la apuesta política sea copiar el modelo del PP, pero prometiendo honradez y dignidad, me resulta increíblemente ignorante de la realidad desfalleciste de esa apuesta y por ello de una gran ceguera), la clave de estos años ha sido el desastre organizativo por primar a pelotas frente a independientes. Es un dato al que conviene prestar atención dado que ahora hay que renovar al equipo llamado a gestionar los próximos años en el principal (y clave) partido de la oposición valenciana.

Pues bien, ante esta tesitura, y com el aval que me da mi vida como universitario, que me convierte en un absoluto experto en entornos de trepas y sicarios vocacionales, dispuestos a todo por agradar al jefe, me permito hacer una serie de reflexiones al respecto. De eso va la columna, precisamente.

Los trepillas como problema
ANDRÉS BOIX
Hablar de los problemas de selección inversa que padecen nuestros partidos políticos es casi, a estas alturas, un lugar común. Sabemos que hemos montado un sistema que fomenta que se dejen la piel en la vida interna de partido quienes menos pueden ofrecer a la sociedad y peor lo pasarían si tuvieran que vivir y trabajar más allá de la protección de la organización. Y, en sentido inverso, aquellas personas formadas, con opciones profesionales, que pueden dedicarse a otras cosas, son expulsados con facilidad pues están mucho menos dispuestas a perder tiempo con ciertas cosas y, sobre todo, a hacer ciertas barbaridades que muchas veces les son exigidas. Porque la lealtad se entiende en este país muchas veces como estar dispuesto a traspasar ciertos límites si lo ordena el jefe, sin preguntar, sin quejarse, sin pensar (o, si se piensa, que no se note).
Obviamente, todos conocemos entornos en los que los trepillas y quienes no tienen escrúpulos para agradar al jefe de turno (a quien por supuesto serán los primeros en apuñalar en cuanto caiga en desgracia) campan a sus anchas y generan destrozos sin cuento. En el trabajo, por ejemplo, es fácil tenerlos identificados. La naturaleza humana tiene estas cosas y es inevitable que así sea. Sin embargo, ¿no tenemos todos la sensación de que en España este tipo de fauna está especialmente protegida? Ignoro cuál pueda ser la razón, la verdad. Quizás es la tradición autoritaria, las décadas de dictadura, que han hecho estragos psicológicos en generaciones y generaciones que todavía se notan. El consejo por excelencia que durante tanto tiempo se ha dado en estos lares ha sido siempre eso de “no te signifiques, hijo, que no te vean como díscolo o crítico, que eso no trae nada bueno”. Emitir opiniones diferentes a las del jefe, incluso el mero hecho de tenerlas, está sorprendentemente mal visto en nuestro imaginario popular. Se considera que es, de suyo, “peligroso”.
Incluso en entornos tan protegidos (contratos fijos y estatuto de funcionario para realizar un trabajo que es vocacional) como la Universidad somos, por lo general, extraordinariamente reacios a quedar marcados como críticos. Vean cómo hemos acatado, como corderitos, aberraciones como la reforma de Bolonia a pesar de que encontrar a alguien en la Universidad que la vea sinceramente bien empieza a ser más complicado que identificar a un político valenciano capaz de criticar al Gobierno español… cuando está gobernado por los suyos. Cuestión, como siempre, de disciplina. Y también de vocación. El trepilla es así, está en su ADN. Y se hace lo que haga falta: atacar a compañeros, asumir cualquier trabajo sucio, encargos personales… Si hay que ir en sábado a hacer la colada a casa del jefe, pues se va.
Como es evidente, lo importante en contextos así es que quienes están al mando sean inteligentes y capaces de sustraerse a este tipo de personajes. Pero lo que tenemos por aquí, al revés, selección inversa mediante, es lo contrario. ¿Alguien imagina cómo es el entorno del actual President de la Generalitat? ¿O cómo era el del anterior? ¿O cómo es el que ha dirigido estos años el PSPV? A la vista de sus actuaciones, su empecinamiento en el error y el sectarismo con el que actúan, liquidando a toda voz crítica y autónoma, no es difícil hacerse una idea.
Andrés Boix Palop  

En resumen, y por aprovechar la reflexión para dar consejos a quien no los pide (el PSPV, en este caso), las cosas son relativamente fáciles de sintetizar:

1. Trepillas miserables y sicarios vocacionales siempre ha habido y siempre habrá. En España, además, más, todavía, pues nuestra cultura social ha exaltado (y exalta) la genuflexión interesada ante el poderoso, arrimarse a quien manda de forma lacuyuna y cobrar en lo posible por los servicios prestados. Luego están los que, además, cuanto más chungo sea lo que les piden, mejor, dado que más podrán cobrar.

2. Dado ese punto de partida, una organización funciona bien cuando se dota de mecanismos para desincentivar los efectos de estas dinámicas (por ejemplo, colegiando la toma de decisiones) o, si sus estructuras organizativas son muy jerárquicas, seleccionando personas conocidas por su talante abierto, su capacidad de aceptar e integrar ideas ajenas, incluso las que puedan contradecir las propias y con una vanidad no demasiado inflamada, lo que siempre protege de la pelotería. Lamentablemente, estructuras como un partido político o la Universidad, por otros motivos que todos conocemos, son refractarias a liderazgos no carismáticos, lo que dificulta confiar en una solución fácil al problema.

3. La solución en la Universidad ha pasado por establecer un modelo organizativo muy horizontal, que en las últimas décadas se ha generalizado, y que presenta problemas en otros ámbitos, pero que al menos sí ha ido logrando eliminar la figura del Catedrático que te dice que él es muy humilde y normal, no como otros, mientras hay que llevarle en coche a Cuenca porque le viene de gusto comer un morteruelo ese día, un meritorio le porta maletín y paraguas caminando tres pasos por detrás o pide que le ayudes a hacer la colada porque se ha quedado sin chica por unos días por la razón que sea. Los problemas de otro tipo que genera el tipo de gobierno universitario que nos hemos dado son enormes pero casi todo el mundo los acepta resignadamente porque, a cambio, al menos, se ha eliminado "eso" (en esta vida a casi madie, salvo cuatro entusiastas del miserabilismo, a nadie le gusta ser el chico al que te llaman para hacer la colada y saber que no puedes negarte y a muy pocos les gusta vivir en entornos que hacen algo así posible e incluso frecuente). Obviamente, estas cosas tampoco se han liquidado del todo, porque hay entornos más irredentos, tradiciones más sólidas de vasallaje y a fin de cuentas esto es España y el suministro de esbirros vocacionales siempre será alto. Alrededor de la media siguen floreciendo entornos con trepas y pelotas sin cuento y sin freno. Los pelotas son así, detectan la debilidad a la mínima. En la Universiad, además, hay un código secreto que no falla: individuo que alardea constantemente de que él no es así "a diferencia de otros", individuo peligrosísimo. Además, está el rollo de la cartera, eso de que los demás les lleven cosas, para intuir dónde hay alguien que puede "caer" los trepas entrenados lo saben, lo huelen, van a por ellos. Eso de la cartera, por cierto, ha de ser un tema freudiano o algo, porque es una constante de gran solidez.

4. A la vista está que en esos entornos las cosas se ponen chungas. Los partidos políticos se parecen mucho a ese tipo de mundo universitario. Los irreductibles del feudalismo y el derecho de pernada. La aldea gala de las tradiciones caciquiles. Allí enviamos a nuestros mejores pelotas, a los más bragorganizativosque ya han demostrado su excelencia en estas miserables artes en entornos como la Universidad. Para esos casos sólo queda una solución: que los demás, el resto de la organización, se niegue a entrar en el juego del pelota trepilla, de las camarillas, del susurro al oído, de la caricia para medrar... Y hagan su vida. Intentando que los trepas y los que gustan de rodearse de ellos pinten lo menos posible y, sobre todo, incordien lo menos posible. Porque son tóxicos. Se cargan todo a su alrededor.

Así que, sinceramente, si yo fuera del PP pediría una limpieza a fondo y, mientras tanto, no me mezclaría mucho con esa gente. Y si fuera del PSPV largaría de una vez, si se puede (o al menos apoyaría ahora a quienes van por ahí) a los que se atrincheran en los íntimos, joden a los demás y en lugar de hacer su trabajo y pensar en la función que han de cumplir sólo se dedican al mamoneo. Todo esto es obviamente difícil, como todos sabemos, pero existe una baza a nuestro favor (no muchas, pero sí, al menos, una): en el fondo todos podemos identificar con mucha, mucha facilidad, a los pelotas mostosos,malos sicarios a sueldo y los trepillas asquerosillos que tenemos en nuestro entorno. Refulgen más que el sol.

Doscientos años después, la Monarquía todavía estaba allí

Por: | 19 de marzo de 2012

Constitucion 1812Hoy se cumplen doscientos años de la promulgación de la llamada Constitución española de 1812, popularmente conocida, en lo que es una coherente manifestación de su íntimo contacto con una visión religiosa de la vida, a partir del santoral del día, esto es, como "la Pepa"..

Llevamos pues unos días (no demasiados, porque en España hasta el esfuerzo de solidificar en las conciencias una historia cultural épica y compartida es sincopado, cutre y desfalleciente, como nación a medio hacer y culturalmente muy poco trabajada que somos) festejando el genio patrio, la grandeza del texto constitucional de 1812, su carácter moderno e innovador y no sé cuántas cosas más. Sin ánimo de ser aguafiestas (que la verdad es que lo tendría, a buen seguro, si la festividad hubiera sido mínimamente densa y elaborada, pero a uno no se le pone cuerpo de apalear a una Constitucioncilla tan tímidamente celebrada) sí conviene recordar algunas cosas, no demasiadas, por demás sabidas y evidentes, a fin de que quede al menos constancia de qué es, en realidad, lo que hemos tenido y tenemos. Porque si hay que festejar algo es que la Pepa nos dé pistas sobre algunos de los problemas insolubles, o que así parecieran, del proyecto de construcción del Estado liberal y moderno en España: su constante debilidad y falta de ambición, de la que este texto constitucional es un ejemplo más. Quizás el primero de ellos. Y, también, puede que uno de los más resonantes.

En primer lugar, conviene recordar que la Constitución de 1812 no pasó de ser un programa de buenas intenciones reformadoras que adoptó, eso sí, ese nombre y formato de Constitución que estaba de moda en la época, sin demasiadas pretensiones de poner en marcha su articulado, que se veía más como un marco programático que efectivamente normativo. Algo que no deja de ser común a todas las Constituciones del siglo XIX, que dependían para convertirse en algo más que un catálogo de buenas intenciones de su desarrollo posterior por el Parlamento y el Gobierno de turno, pero que con la Pepa llevó a la Constitución a su inaplicación total y absoluta pues no se dio la segunda parte de la ecuación, aspecto que se suele obviar y que diferencia la experiencia española de otras europeas. Ello fue en parte por desinterés y en parte por las circunstancias. Se aprueba el texto, recordemos, en plena Guerra Civil entre afrancesados y "nacionales", como mecanismo más publicitario que otra cosa por parte del bando nacional, que en esos momentos controla únicamente dos capitales de provincia: Alicante y Cádiz (que por ser más fácil de defender es la sede elegida para las Cortes). La Pepa era una manera de copiar algunas de las medidas liberales y modernas que desde 1808 el Estatuto otorgado de Bayona contenía para la España napoleónica. Era una forma de resituar la pugna, que ya no sería entre tradicionalistas y modernizadores (pues ambos tendrían ya su propio texto constitucional más o memos parecido) sino de españoles contra extranjeros. Una narrativa que triunfó y que probablemente sirvió para aunar esfuerzos en la guerra, que acaba como es sabido con el triunfo de los "españoles" y el regreso al trono de la dinastía borbónica (como los constituyentes querían). En ese mismo momento se confirma que la maniobra no pasaba de publicitaria y el rey Fernando VII, el 4 de mayo de 1814, en Valencia, y con el apoyo de las mismas elites que le habían recomendado asegurar eso de "sigamos todos, y yo el primero, la senda constitucional", no tiene empaño en abrogar la Constitución, acción que lejos de ser mal vista es coreada popularmente al grito de "Vivan las caenas". La derogación no supuso cambios prácticos apreciables, pues nada prácticamente del texto constitucional había podido ser desarrollado en esos dos años (porque estábamos en medio de una guerra civil pero también por falta de ganas). Volvió la Inquisición, que estaba parada más por el lío militar que por otra cosa y poco más.

Tampoco el periodo 1820-1823, el llamado Trienio Liberal tras una asonada militar liberal (Riego) vio grandes cambios a pesar de que ahí sí hubo intentos de desplegar partes del texto constitucional (una incipiente autonomía municipal, elecciones aunque sin sufragio universal, libertad de prensa, eliminación de la Inquisición...). Sin embargo, no dio tampoco tiempo a poner en marcha casi nada. Una de las grandes discusiones históricas de nuestros administrativistas, por ejemplo, es la de indagar en si el sistema de control de la acción de la burocracia del Estado a cargo de jueces (y no de la propia Administración) previsto en la norma llegó a estar en funcionamiento (lo han estudiado Nieto, Parada o Santamaría, por ejemplo) y parece claro a estas alturas que pensar que algo así llegara a practicarse nunca es más cuestión de deseo que de realidad comprobable. En definitiva, que el verdadero aniversario, en su caso, debiéramos demorarlo a 2020. Y con cierta contención, dado que no se hizo demasiado. Amén de que la rápida reacción en forma de invasión extranjera (en este caso una invasión "buena", pues solicitada por el Borbón para restaurar el absolutismo) liquidó rápidamente el experimento sin posibilidades de que nada arraigara permanentemente.

Más importante es el legado de Cádiz para las colonias, que aprovechan mucho de la Constitución para sus textos constitucionales a medida que se van independizando (curioso destino del texto que aspiraba a regir en "ambas orillas del Imperio"), lo que en realidad dice mucho de la versatilidad y no excesivo aventurerismo político del texto (que servía a las elites no excesivamente modernas que controlan las nuevas naciones independientes de América), y para los primeros intentos de establecer un verdadero Estado liberal moderno en España a partir de la muerte de Fernando VII. La regencia de María Cristina, incluyendo un breve período desde 1836 y hasta la aprobación de la Constitución de 1837, vuelve a dar vigencia a la Pepa y sí recogerá con algo más de ambición sus postulados. Es en este punto, en realidad, donde empieza nuestra historia constitucional, como ha señalado acertadamente Alejandro Nieto en su libro Los primeros pasos del Estado Constitucional. Y aun así, como es sabido, lentamente y con muchas dificultades (entre otras cosas, una nueva guerra civil).

Esta historia sincopada y su escaso alcance son el primer indicio que nos orienta hacia lo que de verdad muestra la Constitución de Cádiz. Un país, una incipiente nación, muy débil, con estructuras centrales, liberales y modernizadoras particularmente incapaces de vertebrar, cohesionar y liderar. Algo que marcará todo el siglo XIX español y que todavía hoy sigue explicando mucho de cómo es nuestro país, su estructura territorial y política, o cómo son sus Constituciones y su Derecho. En segundo lugar, y coherentemente con su función y contexto, la Constitución de Cádiz, en contra de lo que se dice habitualmente y nos llevan repitiendo hasta la saciedad estos días, no es especialmente ambiciosa o valiente. Basta a estos efectos comparar sus previsiones con las de un texto ortogado por una autoridad con todo el poder como es el Estatuto de Bayona para ruborizarse. Se parecen hasta en las partes más impresentables, como el establecimiento de una especie de sharia católica, si cabe más acusada en el texto gaditano (a fin de cuentas en el Estatuto de Bayona las declaraciones de eterno catolicismo fueron de introducción obligada dorzada por las mismas elites monárquicas españolas que luego controlaron la elaboración de la Pepa). Unas enfáticas declaraciones de unidad entre patria y religión que ya habían sido superadas en las Constituciones anteriores que habrían debido servir de modelo, tanto la de Estados Unidos de 1787 como las sucesivas francesas de 1791, 1793 o 1795.

Tampoco es muy satisfactoria la democracia establecida en la Constitución de Cádiz, reservada a hombres libres con cierta renta, mucho más restrictiva que la media de las francesas (y eso en teoría, de su aplicación mejor no hablar) o la posición del Monarca constitucional, su participación en la soberanía por ser integrante y símbolo de la Patria, con muchas atribuciones. No es la Constitución de Cádiz un modelo de norma básica particularmente avanzada y osada, sino más bien una especie de común denominador del liberalismo dentro de un orden, conservando las tradicionales atribuciones y privilegios de nobleza (económicamente hegemónica en España), monarquía y clero. Tampoco es que pudiera esperarse otra cosa del momento y condiciones en que nace, cierto es, pero una cosa es reconocer estas limitaciones, que permiten apreciar y valorar en su justa medida los méritos de un texto como el de 1812, porque sin duda los tiene y fue un primer éxito programático muy importante del liberalismo moderado español, y otra pretender que el texto es lo que no fue: jurídicamente importante, innovador, un ejemplo para Europa o superación de las estructuras de poder españolas de la época. En el fondo, es bueno dejarlo claro, la Constitución de Cádiz es débil, poco ambiciosa y de efectos limitados porque así era el país, así fue nuestro siglo XIX y así ha sido y es nuestra historia constitucional. Tirando a cutre y de segunda división. Ése es el problema. Algo que se manifiesta incluso en las celebraciones. Hasta para lavar el cerebro a la gente con iconos de patriotismo constitucional a la española nuestra cultura jurídica y política es débil e incapaz. No se trata, como ha escrito Blanco Valdés en Claves hace poco, de que la Pepa caiga mal por centralista (todas las Constituciones europeas de la época lo son, inspiradas en el modelo francés y como reacción conta el Antiguo Régimen, y nadie les tiene manía por eso, al contrario, el centralismo fue una palanca modernizadora en su momento). Se trata de que el texto no ha tenido nunca fuerza práctica ni potencia simbólica. Un problema que entronca con la condición estructural de fondo que ha hecho que el país haya llegado tarde sistemáticamente en los últimos dos siglos a casi todo y que explica que, doscientos años después, y a pesar de tener una Constitución de entre las más modernas del mundo, la Monarquía siga aquí y entre nosotros, por ejemplo. Hay dos países que han instaurado (o reinstaurado) una Monarquía en pleno siglo XX: Afganistán (donde la cosa no fue muy bien) y España (donde al menos no ha generado una guerra civil, algo es algo). Ése es el nivel de arrojo y voluntad de modernización que nuestro país viene demostrando desde hace un par de siglos. Al menos en cuestiones jurídicas de base.

En este sentido, hay que reconocerlo, sí tienen razón todos los que dicen que la Constitucin de Cádiz de 1812 es un ejemplo y precedente, una especie de borrador, de nuestra Constitución actual. Sin duda, en falta de profundidad modernizadora, respeto reverencial al status quo y a los poderes establecidos e incapacidad para inspirar un proyecto transformador verdaderamente ambicioso, lo es. Doscientos años después, por ejemplo, la Monarquía sigue aquí. O los andamiajes que permiten un Estado que, de facto, sigue siendo confesional.

Fiestas populares, Fallas y Estados de Excepción jurídicos

Por: | 14 de marzo de 2012

2012-03-10_IMG_2012-03-10_03-10-11_fotospropias_20120309_223159Valencia inmersa está de lleno desde hace ya unos días en la fiesta fallera. Locura fallera, diríamos muchos, a la vista del manifiesto descontrol en que ha degenerado la fiesta debido a la pasividad municipal (ya tuvimos ocasión de denunciar algunas situaciones el año pasado). El caso es que desde un punto de vista jurídico es interesante señalar cómo nuestro Derecho público cede ante estas situaciones con enorme facilidad. Normalmente allí donde las autoridades hacen manifiesta dejación de sus funciones, dejando a los ciudadanos a la intemperie y sometidos a la ley del más fuerte (o del más cafre) uno puede aspirar a acudir a los tribunales y que éstos remedien en algo la situación. No es el caso, empero, de las fiestas populares. Y las Fallas de Valencia son probablemente el más claro exponente de este Estado de Excepción Jurídico-Festivo, aceptado por autoridades municipales, jueces y opinión pública que consideran, por lo general, que aquél que sea molestado tiene el deber de callar y capear resignadamente el chaparrón... O emigrar por unos días (que en Valencia pueden ser, perfectamente, dos semanas).

Un primer aspecto donde los derechos de los ciudadanos ceden en favor de las fiestas populares es, como es sabido, el ruido. Si en España ya es habitual, por lo general, que el Derecho administrativo proteja poco, tarde, mal y a cambio de emplear mucho tiempo y dinero frente a los excesos de quienes consideran que su derecho al ocio o a divertirse a su manera está por encima del derecho al descanso o la salud de otros ciudadanos, este problema se agrava enormemente cuando nos topamos con fiestas populares. La norma legal valenciana, como muchas otras españolas, prevé de hecho, expresamente, este estado de excepción, como tuvimos ocasión de comentar extensamente en su día. Resulta increíble, y constitucionalmente más que dudoso, que el legislador pueda desplazar derechos fundamentales en aras a proteger manifestaciones culturales como las fiestas populares, protegidas con un precepto constitucional de entidad muy inferior. Y, por supuesto, estas dudas se acrecientan más si atendemos a que las manifestaciones ruidosas que quedan amparadas son todas, tengan o no que ver con tradición alguna, por lo que en la práctica lo que se hace es primar el derecho al ocio (y al negocio) de unos, pura y simplemente, sobre el derecho al descanso y a la salud de los demás (sean niños, ancianos, enfermos, trabajadores o a quien se pille por delante). De forma generalizada y masiva. En Valencia, además, durante un par de semanitas. Ahora bien, existiendo la norma y declarada la excepción, que no ha sido de momento combatida ante el Tribunal Constitucional, la regla es simple: en fiestas no hay límites al ruido legalmente obligatorios y todo dependerá de la voluntad de la Administración local a la hora de disciplinar la convivencia. En Fallas todos sabemos lo que significa eso: carta blanca para el descontrol. Pero es que, además, la tolerancia va más allá de lo que dice la ley, que sólo permite excepcionar la norma legal en los períodos oficiales de fiestas. Dado que las Fallas en la práctica inician sus actividades ruidosas molestas, con enorme generosidad, unos 15 días antes de la cremà, alguien podría pretender que se aplicara el Derecho vigente, al menos, en ese dilatado período pre-festivo. Obviamente, es una quimera.

Un segundo y fascinante ámbito donde el Derecho público español cede y renuncia a presentar batalla en materia de fiestas populares es el de la igualdad de género y dignidad de personas implicadas en todo este tinglado. Más allá de polémicas puntuales parece absolutamente consolidado que, por ejemplo, en Valencia haya de haber fallares mayores y corte de honor, con privilegios varios, y que esta figura ha de estar reservada a la mujer. No se entiende muy bien la razón por la que esto deba ser así, la verdad. Como en el fondo tampoco se entiende que un ordenamiento jurídico como el nuestro, que es cada vez más prolijo en la proscripción de comportamientos y medidas que se puedan interpretar como sexistas, cosificadoras de la mujer y transmisoras de una imagen de su papel en la sociedad subordinado y decorativo, conserve y proteja una institución como ésta. Obviamente, a las Fallas no se les aplica la Ley de Igualdad. Y, ya que estamos, tampoco otras normas de orden público que igualmente afectarían a la institución de la corte de honor en su versión infantil (con lo cuidadoso que es ahora nuestro Derecho público en materia de derechos del menor frente a su exposición pública y no digamos su uso comercial, ¿a nadie le parece mal que los padres -y el poder público- sean autorizados a emplear a sus niñas para esa cosa de la corte infantil?; y sobre todo, en un país como el nuestro, donde el home-schooling está prohibido y en el que afortunadamente la inspección educativa alerta inmediatamente a servicios sociales ante las faltas reiteradas de asistencia a clase, ¿qué es eso de que se considere que esta norma no rige para la corte de honor infantil y que se suspenda la obligación de acudir a clase de las falleritas mayores, así como la obligación de sus padres de llevarlas a clase?

Obviamente, y en tercer lugar, en Fallas (y supongo que en otras fiestas populares), tampoco rigen las normas en materias como separación Iglesia-Estado ni, si nos ponemos dramáticos, en cuestiones casi tan peligrosas para la integridad psíquica o física de las personas y los ciudadanos (activos o pasivos espectadores) como son los reglamentos comunitarios en materia de explosivos. Como es sabido, y desde hace años, nuestro gobierno municipal se declara en rebeldía durante unos días, con el beneplácito sonriente del Gobierno central, respecto del cumplimiento de las normas europeas en materia de explosivos para que los niños puedan tirar petardos a gusto.Por supuesto, el derecho a la fiesta ha de primar ante todo. Y la labor tuitiva del Derecho público, protegiendo sobre todo a menores de edad, garantizando que no puedan tener a su alcance artefactos peligrosos es algo que por lo visto jurídicamente puede, también, quedar en un segundo plano. El peculiar balance de derechos que genera el Estado de Excepción Fallero tiene estas cosas. Y si no te gusta, pues siempre te puedes quejar a la patrona, que es agasajada oficialmente y con dinero público durante dos días por eso de la aconfesionalidad del Estado... y de una fiesta pagana como las Fallas (hasta que el Invicto Caudillo la reconvirtió a gusto de la carcundia con enorme éxito de público y crítica, a lo que se ve, pues a estas alturas todavía seguimos así y con todo el mundo dando palmas).

Por último y en cuarto lugar, las Fallas tienen una característica peculiar que introduce una original y delirante especialidad valenciana en la serie de excepciones legales que conllevan las fiestas populares: las Fallas se convierten en pseudo-poder público. Y es que la Junta Central Fallera, en fiestas, divide la cuidada en sectores y "concede" a cada Falla enormes poderes sobre el uso y gestión del espacio público. Dentro de unas normas de mínimos más bien poco exigentes (ya se sabe, no hay que joder la fiesta) la falla (y sus falleros) se convierten en amos y señores, que deciden cuándo, cómo y por qué cortar la calle. Para hacer unas paellas o para lo que sea. Por ejemplo, para apropiarse de la vía pública durante un par de semanas con una buena carpa donde los falleros se reúnen de vez en cuando y así no se gastan dinero en alquilar un local. O, por ejemplo, para conceder (y cobrar) autorizaciones a churrerías y negocios varios en la demarcación, con beneplácito municipal, con la excusa de financiar la fiesta. Si sumamos a todas estas bicocas la subvención generosa que reciben las Fallas de nuestros impuestos el resumen es sencillo: todos los ciudadanos pagamos, tanto con dinero como con molestias cediendo durante días el espacio público y su rentabilización económica, las fiestas a los falleros (o, al menos, parte de ellas). En cuantías importantes. Nos guste o no. Así es la vida.

Pero lo más delirante e impresentable de todo esto es que esta situación se ha convalidado por el ayuntamiento incluso desde el ejercicio de funciones de Derecho público y, desbordándolo, amparando excesos de Derecho privado que hasta serían difíciles para un poder público. Así, en Valencia, la Administración considera de pleno derecho a las fallas como entes semi-públicos con capacidad no sólo para gestionar el espacio público sino, incluso, lo que ya es increíble, para imponer a los particulares prestaciones forzosas y limitaciones en derechos como el de propiedad. El caso más sangrante es el de la iluminación festiva (de más que dudoso gusto) de algunas comisiones, que se acostumbra a anclar a las fachadas, balcones y salientes de edificios de los alrededores. Lo acepte la comunidad de vecinos o no lo acepte. Conviene recordar, por cierto, que hay legítimas y fundadas razones para no querer (piensen en lo mal que se duerme con miles de watios de sonido y luz justo delante de tus ventanas durante 10 días), pero que en principio ni siquiera es preciso alegar justa causa para excluir del uso de tus bienes. El derecho de propiedad normalmente permitiría a cualquiera negarse con tan fundada razón como "no me da la gana" que cuelgues tus lucecitas de mi casa. Pues bien, al amparo de la naturaleza pseudo-pública de las Fallas, el Ayuntamiento ha avalado que las Fallas sí pueden, que tienen derecho a obligar a una comunidad de propietarios a usar su fachada a su antojo, sin que la autorización de este uso requiera de unanimidad de los vecinos (la ley de propiedad horizontal no rige en Fallas) e incluso en el caso de que haya una oposición total de toda la comunidad de propietarios.

Los argumentos, avalados por el propio Ayuntamiento de Valencia, como pueden ver en esta increíble explicación de su responsable de fiestas, son jurídicamente muy divertidos. Y sólo dejan, como es habitual, una solución larga y procelosa al ciudadano indefenso: iniciar un caro y costoso en tiempo camino en sede judicial, donde además ha de luchar contra todos (Administración, opinión pública y el propio ayuntamiento). Así, la doctrina al efecto es tan escandalosa que resulta hasta divertida (recordemos que viene avalada por el propio ayuntamiento):

- Basta el consentimiento tácito del propietario del balcón en el que durante años la Falla ha anclado los cables de sujeción de las estructuras lumínicas, para que esta pueda hacerlo de nuevo del modo en que ha venido haciéndolo, sin que pueda recriminársele dicha conducta como antijurídica por faltar el consentimiento unánime o mayoritario de los copropietarios. Tal conclusión resulta del hecho de haber consentido durante años la comunidad de propietarios que los titulares de los balcones prestasen la citada aquiescencia. Es decir, pasando del Derecho civil regular, que estamos en Fiestas. Empleando este mismo argumento se podría (es más,quizás se debería) autorizar a los falleros a apropiarse de la propiedad de ciertos bienes, por ejemplo de los inmuebles en cuestión, contando con la aquiescencia de solo uno de los copropietarios, preferentemente un miembro de la Falla. Es, en el fondo, el mismo modo de razonar jurídicamente. ¿Por qué una cosa sí y otra no? ¡Falleros, aprovechad y lograd para la Falla un buen patrimonio, que a fin de cuentas todo lo que revierta en beneficio de la Fiesta es bueno y decente!

- La falla Sueca-Literato Azorín tiene derecho a practicar en los salientes del inmueble el anclaje que durante años ha venido trabando y del modo en que ha venido haciendo, pues la propia conducta de la comunidad de propietarios ha generado en la Falla la confianza legítima que ahora le confiere tal derecho. Como puede verse en este casos estamos ante una revolucionaria aplicación del principio de confianza legítima que nos lleva, paradójicamente, a esa muy tradicional y antigua doctrina que permitía en ciertos ordenamientos pre-modernos entender posible violar a tu cónyuge, novio o novia, pues si habías consentido tradicionalmente, oiga, no te puedes hacer luego el estrecho y dejar sin fiesta a quien ya se había hecho ilusiones.

En todo caso, y en el fondo, esta idea de fondo, por increíble jurídicamente que pueda parecer, no deja de ser, a la hora de la verdad, el leit-motiv dominante: Son fiestas y tenemos derecho a todo porque siempre ha sido así, así que no vengan a joder la marrana los sosos de turno con sus derechos, su descanso, sus derechos y tonterías de esas. Y si nos inventamos una tradición de cuatro días de antigüedad pues también, haberte quejado antes, que ahora ya está consolidada.

No es de extrañar que, tal y como comentaba este lunes en mi columna en El País Comunidad Valenciana, por estas y otras muchas razones, las fallas se hayan convertido a día de hoy en la fiesta antipática por excelencia.

Una fiesta antipática
ANDRÉS BOIX
Las Fallas son una fiesta popular que tenía cosas fantásticas. Aunque en el fondo los seres humanos tendemos a parecernos cuando nos juntamos para pasárnoslo bien, el hecho de que la excusa para hacerlo tenga que ver con ciertos valores artísticos y con la exaltación de la sátira y la crítica al poder es algo, sin duda, particularmente sano. Además, las Fallas han tenido siempre un componente horizontal muy especial. La fiesta invade todos los barrios de la ciudad, no sólo algunas zonas, y ocupa la calle, que por unos días es lugar de encuentro, de paseo, de disfrute… arrinconando coches y todo lo que se ponga por delante. Obviamente, esta ocupación festiva de la ciudad genera molestias, pero bienvenidas sean si por unos días los niños pueden jugar en la calle tranquilamente mientras los demás nos tomamos una xocolata amb bunyols o los vecinos del barrio se reúnen para hacer paellas o una torrà.
Tristemente la inmensa mayoría de los ciudadanos de la ciudad de Valencia, con toda la razón, hace mucho que hemos dejado de percibir las Fallas con simpatía. Porque no es lo mismo que la calle esté ocupada por niños unos días que por inmensas carpas que se apropian del espacio público durante medio mes. Nada tiene que ver que el bar de toda la vida saque unas mesas y sillas en el chaflán para aprovechar el incipiente buen tiempo en plan festivo con que miles de churrerías y chiringuitos venidos de no se sabe dónde ocupen industrialmente nuestras calles. Y, por supuesto, mucha gente en vela hasta las cuatro o las cinco de la madrugada, día tras día, percibe con cabreo la diferencia entre que los vecinos se reúnan debajo de tu ventana a cenar al aire libre unes xulletes y que lo hagan cuatro descerebrados, con equipos de sonido propios de campos de fútbol, en verbenas que se prolongan de madrugada o, simplemente, como amenizadores musicales de esas horrendas carpas que martirizan a tantos vecinos.
El denominador común de todos estos excesos que han convertido las Fallas en la fiesta antipática por excelencia (Valencia tiene el honor de ser la ciudad que obliga a un mayor éxodo de sus vecinos en fiestas) es la tolerancia municipal que lleva años dando carta blanca a unos pocos para que se apropien de la fiesta, de la vía pública, de la convivencia… en su propio beneficio. A nadie se le escapan las implicaciones económicas de todas las derivas señaladas. Para que a unos pocos la fiesta les salga más barata se tortura a todos los demás. A cambio de esta laxitud el Ayuntamiento ha venido recibiendo el apoyo incondicional del colectivo fallero-borroka para convertir una fiesta que era horizontal y de barrio en la más jerarquizada del mundo (la estructura y funciones de la Junta Central Fallera, como su nombre indica, son propias de una organización militar) y transformar una supuesta festividad en torno a la sátira y a la crítica en exaltación de la Autoridad Municipal, simbolizada por su mayestática presidencia de todo tipo de actos que se le concede bajo la protección, como hemos visto estos días, de cortes de honor y ofrendas religiosas varias. Unos vestigios de otra época sorprendentemente devenidos intocables a pesar de su evidente simbología respecto del papel de la mujer en nuestra sociedad y de su obvia contradicción con el espíritu pagano, festivo y crítico de una fiesta popular.

El País

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