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No se trata de hacer leer

Sobre el blog

Una mirada al mundo y a la actualidad a través del Derecho público. Este blog no es sino el reflejo de los anteojos de un jurista y su uso para filtrar obsesiones, con mejor o peor fortuna. Aspira a hacer más comprensible la realidad aportando un prisma muchas veces poco visible, casi opaco. En todo caso, no aspira a convencer a nadie sino a dar razones. Porque se trata, sobre todo, de incitar a pensar desde otros puntos de vista.

Sobre el autor

Andrés Boix Palop

(València, 1976) es Profesor de Derecho administrativo en la Universitat de València y ha estudiado o investigado, en diversos momentos en Universidades francesas y alemanas (París, Múnich, Fráncfort). Al margen de sus trabajos sobre cuestiones de Derecho público escribe regularmente sobre temas de actualidad que tengan que ver con esa parcela del ordenamiento, no sea que en contra de lo que históricamente han considerado los juristas españoles, haya alguien ahí fuera a quien puedan interesar estas reflexiones a caballo entre lo jurídico, lo noticioso y las obsesiones personales de su autor.

Eskup

Derecho a informar, interés público y derecho al honor

Por: | 24 de octubre de 2012

Silencio-por-favorQuien esto escribe imparte clase de Derecho de Comunicación a estudiantes de Periodismo. Durante estas semanas hemos estado explicando que la libertad de información (art. 20.1 d) de la Constitución española) ampara a los profesionales del periodismo cuando aquello que cuentan es veraz y de interés público, sin que en esos casos (y siempre y cuando se den esas dos notas) quepa oponer derechos como el honor de las personas para impedir la difusión de las noticias en cuestión. Pues bien, noticias como que han condenado a unos periodistas que han destapado un caso de corrupción en la gestión público-privada de la sanidad catalana, aparentemente por destapar toda una serie de informaciones y realizar las valoraciones anexas, en íntima relación con el caso en cuestión. Si en efecto es así, no puedo sino decir que la decisión me deja perplejo y, la verdad, me hace cuestionarme hasta qué punto lo que explico en clase tiene (o no) algo de sentido.

Pero juzguen por sí mismos. Se supone que la condena es por la intromisión en el derecho al honor del señor Via debido a este vídeo colgado por los periodistas:

 

He estado buscando la Sentencia en cuestión, porque sinceramente, a partir de lo que se escucha en el vídeo, es francamente llamativo que se condene y, además (lo que no siempre va de la mano), también es muy difícil comprender jurídicamente la decisión. Pero, de momento, no la he localizado (si alguien la tiene, por favor, me interesaría mucho poder leerla y rectificar en su caso lo aquí expuesto). Parece, más bien, y como publicó El País, un simple aval a la estrategia de personas implicadas en casos de posible corrupción que están siendo investigados por los Tribunales de atacar por medio de querellas a los informadores y a quienes destapan los escándalos como medio de defensa. En todo caso, no pasa nada tampoco por dar el beneficio de la duda a la sentencia. Quizás hay algún dato que no conozco o que se me escapa. De manera que, más allá de referirme a la decisión judicial, creo que tiene sentido hablar del vídeo en sí mismo. ¿Algo de esa índole ha de ser amparado por la libertad de información?

Analizando el vídeo con independencia de lo que puedan haber argumentado las partes y la sentencia, queda claro que al señor Via se le menciona sin imputarle delitos concretos, sino por su participación y comentarios públicos respecto de la situación (cómo se gestoiona la sanidad con intervención de empresas privadas en Cataluña y, sobre todo, la opacidad y falta de transparencia respecto de muchos contratos, que impiden fiscalizar el uso de dinero público), opiniones por las que es criticado, con dureza, en el vídeo. Es cierto que hay una pregunta retórica en la que, para ridiculizar y llevar al absurdo la posición defendida por Via, se lanza la hipótesis argumentativa de que quizás lo que le parecería sensato a Via es que le ingresaran directamente el dinero en las Islas Caimán. Es cierto, también, que el vídeo habla en su título de "robo" y la expresión se repite a lo largo del mismo para calificar algunos comportamientos y actitudes (pero no en referencia concreta al Señor Via). Puestos en la balanza esos, si se quiere, "excesos expresivos" (que a mí no me lo parecen, en el fondo, pues se explican a partir de la articulación del reportaje y que por esta razón nada tienen que ver con los excesos reprobables que el Tribunal Constitucional ha señalado, por ejemplo en sus Sentencias Comandante Patiño I (STC 171/1990) y Comandante Patiño II (STC 172/1990), que significan que se pierda el amparo de la libertad de información y no sea aceptable la inmisión en el honor de los ciudadanos aunque se traten asuntos veraces y de interés público pues una interpretación amplia de la exigencia de profesionalidad periodística que incluye la Constitución obliga a excluir ciertos excesos expresivos y calificativos innecesarios y que nada aportan) con el contenido material del reportaje y de la información periodística que se aporta, esto es, la denuncia de unos hechos que se han considerado no sólo de evidente interés público sino, además, veraces hasta el extremo de ser el origen de varias investigaciones judiciales, ¿tiene sentido que una democracia liberal y transparente, donde la fiscalización de los poderes públicos sea efectiva, no permita que se publique algo así?

Entender que un vídeo de estas características no debe ser amparado por la libertad de información nos lleva a una interpretación restrictiva y pacata de la manera en que un profesional ha de ejercer como tal y del modo en que puede contar las noticias en los tiempos que corren, absolutamente desconectada de la realidad. Quizás, también, un juicio restrictivo es asimismo manifestación de profunda desconfianza hacia el trabajo periodístico de pequeños medios que usan Internet, del uso del vídeo y las redes sociales... o incluso del periodismo hecho por no profesionales (puesto que los periodistas del vídeo sí lo son, pero independientes... lo que nos hace pensar qué habría pasado si esto fuera una denuncia de un ciudadano). Las consecuencias de una visión semejante son evidentes: restringir el flujo de información de interés público.

Este efecto es, justamente, lo que todos los tribunales constitucionales en la materia dicen que hay que tratar de evitar si no queremos que, ante esas exigencias y requisitos excesivos, que cargan a los periodistas y a los ciudadanos que informan con responsabilidades desproporcionadas, acabe produciéndose un efecto "silenciador", el chilling effect del que ya hablara el Tribunal Supremo de los Estados Unidos: por miedo a ser condenado a la mínima, no informo; o sólo informo cuando un grado de certeza inalcanzable, a efectos prácticos, en la mayoría de los casos en la vida real; o no informo si soy pequeño, o si uso las redes sociales; o no informo empleando un lenguaje comprensible sino usando modismos jurídicos muy prudentes pero que hacen que la información ni se entienda ni fluya... Todo lo cual es muy perjudicial socialmente, porque nos empobrece, nos hace ignorantes de muchas cosas que están pasando y, en definitiva, por emplear la expresión clásica, bloque el libre flujo de noticias imprescindible para la formación de una opinión pública libre en una sociedad democrática.

MiguelHernandezEl Tribunal Constitucional español ha salido de su letargo veraniego (3 meses sin dictar una sola sentencia, que en España en estío hace mucha caló) y acaba de comunicar diversas decisiones. Algunas de ellas ciertamente interesantes, como ésta en materia de legalidad sancionadora, que es impecable y cuya generalización destrozaría la manera en la que actualmente la Adminstración española sanciona. Junto a estas sentencias, se ha conocido el auto en el que el Tribunal Constitucional rechaza revisar las anteriores actuaciones de la jurisdicción ordinaria española referidas a la negativa a revisar la condena a muerte de Miguel Hernández.

Por llamativo que pueda parecer, la decisión del Tribunal Constitucional es absolutamente correcta en Derecho e inobjetable jurídicamente. Vivimos en una democracia y un Estado de Derecho que considera legítimas, y por eso no susceptibles de ser revisadas, las sentencias que, como la que condenó a muerte al poeta oriolano, fueron dictadas por motivos políticos por la Dictadura del General Franco. Que sean consideradas legítimas no significa, como es obvio, que se entienda que son acordes con el sistema de valores actualmente defendido por nuestra Constitución (porque, como es evidente, no lo son). Pero sí significa que se consideran el producto jurídico correcto y pautado de un régimen legal que se entiende como válido en su totalidad y que no se considera, por ello, que pueda o deba ser revisado respecto de sus actuaciones concretas pasadas si eran correcta aplicación del mismo (cuestión diferente, como es sabido, son los efectos a partir de 1978, que sí han de adaptarse al marco axiológico constitucional, por lo que la Constitución derlo talas disposiciones opuestas a la misma).

Este tipo de sentencias, en la medida en que ponen de relieve esta situación, ciertamente llamativa y supongo que desconocida para más de uno (¡entendemos que el ordenamiento jurídico franquista era legítimo!), son interesantes porque ilustran a la perfección los límites de nuestra transición a la democracia y los fundamentos estructurales de nuestro ordenamiento jurídico.

Como es sabido, la Constitución española se realiza sobre la base formal de la reforma de la legalidad franquista. La Jefatura del Estado, por poner el más importante y primero de los ejemplos, la ostenta todavía hoy Juan Carlos de Borbón,, designado digitalmente por Franco, eso sí, "a título de Rey" (supongo que porque Caudillo mola más y había que dejar claro que sólo podía haber uno). La Constitución de 1978 se enmarca en un contexto jurídico de reforma pero inevitablemente también de legitimación del régimen jurídico anterior porque se basa en el reconocimiento de las instituciones y estructuras previas... lo que incluye a las decisiones judiciales, como lo son las condenas en cuestión.

En 1978 podríamos haber optado por la ruptura jurídica, como hizo, por ejemplo, Franco respecto de la legalidad republicana (creando, por ejemplo, enormes conflictos en cuestiones de Derecho privado, con herencias y demás, respecto de situaciones derivadas de divorcios y filiaciones en segundos matrimonios que no fueron reconocidos tras la Guerra Civil a pesar de haber estado desplegando efectos durante unos años). Pero no lo hicimos. Para bien o para mal, optamos por legitimar retroactivamente esa ruptura que convirtió en legítima a la legalidad franquista y no la republicana. Con todo lo que ello significa. En concreto, probablemente junto a muchas otras cosas buenas (estabilidad, posibilidad de pacto, facilidad para el tránsito institucional), implica asumir la continuidad del Jefe del Estado designado por Franco... y la de estas condenas.

No entro a valorar si la decisión reformista y no rupturista de 1978 era o no la adecuada. Es un debate largo y complejo. Quizás era difícil ir más allá entonces. Aunque 2012 no es 1978. Pero, como digo, estas sentencias son un excelente recordatorio de lo que supuso y significa jurídicamente ese pacto constitucional. Porque las cosas son lo que son. Y es bueno ser consciente de ello. Así que conviene asumir que estade negativas a revisar condenas no debieran ser escándalo alguno.

En su caso, lo que debiera escandalizarnos es que a estas alturas sigamos considerando legítimo, en los fundamentos mismos de nuestro orden constitucional, el Alzamiento Nacional de 1936. Por esta razón, y esto es una opinión muy personal, es hasta bueno que estas condenas no se revisen. Porque por mucho que jurídicamente sean condenas, desde otros muchos planos, mucho más importantes, son títulos honoríficos.

 

Libertad de expresión, política editorial de medios privados y censura

Por: | 17 de octubre de 2012

20090226235233_floralmendroUna cuestión que comentamos recurrentemente, año tras año, en las clases de Derecho de la Comunicación, siempre en animado debate con las diversas generaciones de estudiantes de periodismo que pasan por las aulas de la Universitat de València, es la diferencia entre la censura clásica, entendida en sentido estricto, y las situaciones en que un periodista o un colaborador de un diario ve cómo un texto suyo no es publicado, o es retirado, por parte de los editores o directores del mismo. En esta última situación no estamos hablando de censura, estamos hablando de otra cosa. Tampoco es un problema de libertad de expresión, porque es éste un derecho que no abarca el publicar lo que uno quiera en un medio privado. Un periódico, una radio, una televisión... cualquier medio de comunicación, tiene un política editorial y es perfectamente legítimo que la haga cumplir. O que decida quiénes han de ser sus colaboradores, como ya tuvimos ocasión de comentar a cuenta de la polémica surgida en torno a unos comentarios del cineasta Nacho Vigalondo que provocaron que El País prescindiera de él. Ahora bien, que estas decisiones puedan ser perfectamente legítimas no impiden que puedan ser, también, criticadas atendiendo a muchos otros factores. Como en su momento, por ejemplo, yo hice respecto del affaire Vigalondo por entender que ahí el diario en cuestión (en el que como es sabido publico en ocasiones colaboraciones y que además contiene también este blog, lo que comento de forma explícita para que quede claro mi vínculo con el mismo) se equivocaba al dar cancha a dinámicas infantiles y que no ayudan a construir un espacio público maduro al "castigar" a alguien por una broma que, además, lejos de ser "negacionista del holocausto" era todo lo contrario.

Recientemente, se ha producido un fenómeno parecido a cuenta de la publicación en un blog colectivo de críticas a la decisión de la empresa editora y a su consejero delegado (Juan Luis Cebrián, quien fuera el primer director del diario) de acometer un ERE muy duro que afecta a una cuarta parte de la plantilla (en un contexto donde los ejecutivos del grupo de comunicación cobran sueldos ciertamente cuantiosos). ¿Es legítimo que un diario prefiera no publicar ese tipo de contenidos? De nuevo, sin duda, tiene todo el derecho del mundo a decidirlo así si lo entiende oportuno. De nuevo, no estamos ante una cuestión de censura, pues la línea editorial y los contenidos que se publican en un medio de comunicación los deciden sus directores y editores. Tampoco es un problema de libertad de expresión, dado que los autores del blog pueden sin ningún problema exponer esas mismas ideas en otros lugares y nadie ajeno o externo a esos lugares se lo debiera poder impedir ni, por supuesto, el Estado castigarles por ello. Ahora bien, ¿significa todo ello que el asunto quede zanjado? Pues no, la verdad. Hay muchas cuestiones adicionales que conviene tener en cuenta.

Una de ellas, y la hemos comentado ya en otras ocasiones (por ejemplo, y justamente, con el affaire Vigalondo), es la creciente importancia de los medios privados a la hora de vehicular el debate público y de contribuir a la formación de una opinión pública libre y formada. Lo cual nos obliga, como ciudadanos, a ser exigentes con nuestros medios de comunicación y a presionar para que sean lo más plurales, independientes, rigurosos y abiertos que sea posible. Para hacerlo contamos con los medios que, como consumidores, compradores a los que va destinado el producto, nos ofrecen las dinámicas difusas de presión y control. Es bueno que, de una manera u otra, los medios de comunicación noten que apostar por ser valientes, por aceptar críticas, por publicar opiniones discrepantes, renta también como proyecto mercantil. Porque sólo de esa manera habrá un entorno de incentivos adecuado para que quienes gestionan medios de comunicación los abran lo más posible.

El caso del diario El País, de hecho, es un excelente ejemplo de un medio de comunicación que, además de rentable, ha contribuido a mejorar ese espacio de debate público. Y lo ha hecho durante años, en gran parte, precisamente porque ha encarnado unos valores de apertura, de crítica, de compromiso que ha generado una comunidad de lectores que sienten que el diario se debe, también, a unos valores. Probablemente por esta razón un ERE en El País (un periódico que en 2011 seguía ganando dinero, como ha hecho siempre) genera un profundo desagrado entre quienes somos su lectores y una polémica que no hemos visto en otros casos (donde la indignación y crítica de los afectados o de los colectivos profesionales eran altas pero el tema pasaba con más pena que gloria entre el público en general e incluso entre los consumidores del producto). Porque no se nos hace justo ni razonable (y menos en los términos planteados) y porque, por mucho que nada tengamos que decir al respecto desde un punto de vista mercantil y de gestión de los mejores intereses de la empresa, éstos sí nos importan. Y mucho más de lo que pudiera parecer. Nos importan porque nos preocupa cómo será el periódico del futuro y porque es inquietante pensar que no vaya a poder cumplir con la función pública y social de la que hablábamos antes.

Ahora bien, y sobre todo, ese sentimiento colectivo en torno a ciertos valores, generado por actitudes y compromisos que se remontan a muchos años en el tiempo, es un activo enorme que el diario ha tenido y todavía tiene. Precisamente por esta razón, y desde la perspectiva de la presión difusa de la que hablábamos antes, es increíble que, haya libertad de expresión en juego o no, estemos ante un caso de censura o no, nadie parezca ser consciente de que hay decisiones que, por muy legítimas que sean, rompen complicidades y, a medio y largo plazo, es dudoso que sean, desde un punto de vista editorial, rentables no sólo en términos de imagen sino, incluso, y a la postre, económicos... y a fin de cuentas, ¿no se trata justamente de que el producto, además de cumplir con sus funciones informativas y sociales, permita ganar dinero?

La libertad de expresión es importante, pero no lo es sólo cuando está claramente afectada y puesta en riesgo por los poderes públicos. También es esencial preservarla con todos los medios a nuestro alcance, indirectamente, cuando lo que está en juego es cómo acabe perfilada en la práctica a partir de esa conformación del espacio público realizada por medios privados. Cada vez, de hecho, lo es más. Ocurre, sin embargo, que las reglas del mercado son las que son. Y tenemos que acostumbrarnos a que la libertad de expresión, a veces, cuando no estamos hablando de un ámbito de autonomía y no injerencia no ya frente al Estado sino frente a empresas, tiene, lógicamente, un precio. En muchos sentidos. ¡Por eso es tan importante entender bien cómo funcionan esos mercados! Mercados donde para vender periódicos también cotizan, y es esencial recordarlo, los valores que se vehiculan con el producto periodístico que se vende. Que no es neutro. Que no puede serlo. Y que no sólo es mucho mejor sino que es más atractivo como producto cuanto más libre, crítico y plural.

Un fuerte abrazo desde aquí para los periodistas de El País y para los compañeros blogueros que, en el fondo, sintiéndose libres para hacer su trabajo, en un caso, y para hablar con libertad de lo que estiman oportuno, en el otro, nos hacen un favor a todos.

A vueltas con la financiación autonómica

Por: | 13 de octubre de 2012

DineroCon motivo del pasado Dia del País Valencià (9 d'octubre) escribí en Agenda Pública sobre los problemas de financiación autonómica que, como es ya evidente a estas alturas para todos, padece la Comunidad Valenciana, muy similares a los que han acabado de colmar la paciencia de tantos ciudadanos de Cataluña. No puede discutirse en estos momentos la gravedad de los efectos de un sistema que funciona muy mal y que, llegados a este punto, han empezado a provocar efectos no sólo económicos sino políticos. Por esta razón, más allá de los casos concretos de Cataluña o Valencia conviene reflexionar sobre el modelo de financiación en sí mismo, que necesita de una urgente transformación en profundidad. Es un tema sobre el que ya se ha discutido en este blog (incluso tratando de esbozar hace ya cuatro años una propuesta que ahora quedará algo rectificada en sus detalles), pero al que, inevitablemente, hay que volver.

Desde un punto de vista general y abstracto, que es como vale la pena afrontar el diseño general de un sistema si uno aspira a que tenga sentido (en lo que no deja de ser sino una burda aproximación a trabajar partiendo de una posición semejante al velo de la ignorancia del que hablara Rawls), parece importante definir qué efectos serían deseables y cómo parece más lógico intentar conseguirlos. Para ello, además, hay que definir previamente qué fines nos parecen deseables. Pero eso no parece demasiado difícil de hacer. Tenemos un sistema cada vez más complicado y, la verdad, sería mucho mejor que fuera más sencillo. Tenemos un sistema que nunca ha logrado un reparto de los recursos más o menos igualitario entre la población y, la verdad, al menos mientras seamos un único país y vivamos como ciudadanos en un mismo marco estaría bien que el resultado tendiera a asignar los mismos recursos a todos. Por último, tenemos un sistema que desincentiva la corresponsabilidad fiscal y, la verdad, estaría bien que el gasto público se hiciera por entes que, a su vez, estuvieran obligados a dar la cara democráticamente para recaudar, de modo que como sociedad las decisiones sobre esfuerzo fiscal estuvieran influidas por las repercusiones directas sobre el dinero disponible por parte de las Administraciones implicadas.

Todo ello es lo que ya traté de abordar en 2008, como propuesta sobre las cuestiones claves que debieran haber sido motivo de intenso debate político con motivo de las elecciones que se realizaron ese año. Increíblemente (o no tan increíblemente dado que el problema no se abordó) estamos casi 5 años después en las mismas. Así pues, veamos qué se proponía en ese momento y cómo tendría sentido, en su caso, matizar algo de lo dicho entonces (añadidos y matizaciones en cursiva).

Planteamiento. El actual modelo de financiación de las diferentes Administraciones públicas que rige en España tiene numerosos problemas (que no es el momento de detallar exhaustivamente y mucho menos de justificar pero que sí conviene recordar, al menos, en sus elementos estructurales más importantes):

- Es muy complicado.

- Es diferente para unas partes del territorio y para otras (algo que, más allá del sistema del cupo vasco, pudo tener sentido cuando los niveles competenciales de las distintas regiones diferían mucho o en un momento inicial del despliegue autonómico para compensar, durante un tiempo, diferencias estructurales de partida muy importantes en el nivel de dotaciones, pero que en la actualidad sólo es fuente de conflictos). - Fomenta una constante lucha en los diferentes agentes (CC.AA., pero no exclusivamente) por una mayor parte del pastel, desviando esfuerzos que serían mejor empleados en buscar un óptimo rendimiento al dinero de que se dispone o mejores formas de luchar contra el fraude o de idear sistemas impositivos más eficaces y justos.

- Genera irresponsabilidad fiscal, en la medida en que los ingresos con los que cuentan las Administraciones públicas no dependen, en su gran mayoría o un porcentaje muy elevado, de su propia actividad recaudatoria (con la excepción del Estado, que es el “gran racaudador” del que todos se aprovechan).

- Compromete la estabilidad de ciertos servicios básicos prestados por algunas Administraciones (CC.AA., municipios…), en la medida en que la financiación de los mismos, dada la insfuciencia financiera de estas Administraciones para hacerles frente, depende de transferencias que, aunque siempre acaben llegando (porque es ley de vida), no dejan de ser jurídicamente “graciosas” por parte del Estado o de la Comunidad Autónoma, respectivamente. Adicionalmente, los mecanismos de reparto y solidaridad puestos en marcha como compensación a la cesión de crecientes porcentajes de ciertos impuestos a las CC.AA. hacen que las subidas de tipos en esos tributos que puedan decidir algunas Administraciones no vaya enteramente a sus arcas (reciben sólo un 25%) sino que en su mayor parte (75%) va un fondo de garantía que se reparte luego, esencialmente, a partir de criterios de población. Este modelo desincentiva de manera evidente subir impuestos y, antes al contrario, incentiva una escalada a la baja en la medida en que compensa recibir dinero por subidas de impuestos en otras CC.AA. mientras tú los bajas.

- Plantea enormes problemas en lo que se refiere a la financiación de los entes locales con insuficiencias históricas que se han paliado tradicionalmente por medio de recursos extraordinarios (urbanismo) generando efectos perversos que, además, han provocado una situación dramática con el actual parón del ladrillo.

- Ha fracasado como agente de redistribución de la riqueza (como demuestra el incremento de los últimos años en las diferencias de renta regional, simbolizado a la perfección en la “escapada” de la región de la capital).

- Genera enormes diferencias, más allá de toda justificación, en la renta disponible pér cápita de la que disponen para prestar servicios equivalentes a sus ciudadanos las Administraciones encargadas de ello.

Lo cierto es que, a la vista de este panorama, la pregunta podría ser, sencillamente, si es posible diseñar peor un sistema de financiación autonómica. Y, como es obvio, lo es. De hecho, un modelo todavía más nocivo y problemático está empezando a esbozarse en las reformas estatutarias que están siendo aprobadas recientemente, con mandatos contradictorios de todo tipo. Aunque probablemente es de justicia reconocer que el germen de ese posible (y gravísimo) embrollo futuro es el modelo actual. He ahí el motivo de que una reforma en materia de financiación autonómica me parezca tan importante. Por esta razón y porque, también, estamos ante un elemento esencial y estructural del pacto de convivencia: cómo nos repartimos el dinero para hacer cosas y cómo nos organizamos para recaudarlo.

Tratando de cumplir con mi promesa de brevedad en la exposición (ya olvidada a pesar de realizada hace nada), allá va una sugerencia de reforma de la LOFCA que, a mi juicio, podría proponerse con la aspiración de mejorar el modelo, dotándolo de estabilidad y obligando a una inevitable corresponsabilidad fiscal, así como asegurando los ingresos de las diferentes Administraciones (haciéndolos depender, a su vez, de su gestión) y aspirando a lograr constituirse, a su vez, en un fuerte instrumento de perecuación social (aunque obviamente eso dependerá también mucho de cómo se defina luego el sistema impositivo) y territorial. Las premisas a partir de las cuales se articula son:

1.- El modelo ha de ser estable e igual para todo el territorio. Ello obliga a tener en cuenta la existencia del cupo vasco (y de su hermano menos conocido, el canon navarro). Obviamente, la única solución posible es generalizar el modelo de cupo a todas las Comunidades Autónomas, dado que está constitucionalmente garantizada su subsistencia (la Disposición Adicional Primera de la Constitución, a cambio de la generosa abstención del PNV en el referéndum constitucional, estableció que “la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía). Ocurre que, a su vez, y como es obvio, generalizar el cupo vasco en sus actuales términos a todas las Comunidades Autónomas supondría, sencillamente, la liquidación por inviable del Estado. Por este motivo lo que hay que hacer es buscar una fórmula que permita respetar los derechos forales (respetados pero actualizados, como dice la Constitución, a la luz de su propio marco). Dado que la actual versión del cupo, maximalista, es una interpretación que no está blindada constitucionalmente, es perfectamente posible, y de hecho coherente con la esencia de los fueros vascos, entender que los privilegios fiscales que originan el modelo de cupo se concretran en la capacidad total de gestión y recaudación de aquellos impuestos básicos y centrales para la existencia de un sistema fiscal completo en una comunidad, esto es, todos los que tienen que ver con la capacitación y algún tipo de relación directa con sus habitantes. Sin embargo, el cupo nunca impidió, especialmente en época foral, la subsistencia de hechos imponibles ajenos a la dinámica de relaciones entre personas y Administración que seguían siendo del Estado. Así, por ejemplo, el arancel, pero no sólo. Ha sido en época democrática cuando se ha acabado por entender que el sistema de cupo ha de comprender todos (o casi todos) los impuestos. Pero ello no es necesaria ni constitucionalmente así. Un modelo que respetara la esencia del pacto foral (que sustancialmente exige que la tributación de los vascos por sus actividades y sus rentas sea realizada por las instituciones forales) pero no fuera maximalista permitiría su extensión en condiciones de igualdad a todas las Comunidades Autónomas. Aceptada esta premisa (sí, ya sé que a partir de este punto todos los vascos y navarros dejan de leer y que estamos hablando de ciencia ficción político-constitucional en España, donde no se entiende imprescindible esto de la igualdad fiscal de los ciudadanos sino más bien, al contrario, una muestra de diletantismo intelectual), ¿cómo podría ser un sistema así?

2. El modelo ha de establecer que unos impuestos sean estatales, otros autonómicos y otros locales. Por simplificar. Y porque de esta manera todos sabemos a lo que se juega y se obliga a responsabilizar a los actores. A mi juicio, lo mejor para evitar la irresponsabilidad fiscal y la constante pretensión de jugar con más armas que otros consiste en dejar claro que a cada cual corresponden unos tributos y que con ellos, y sólo con ellos (en principio) habrá de apañarse. Es importante por ello que se definan claramente qué impuestos son estatales, cuáles autonómicos y cuáles locales. Y que cada Administración pública tenga competencias plenas sobre los mismos: legislación (lo cual incluye, por supuesto, poder fijar los tipos impositivos), gestión, recaudación e inspección. Cada Administración, ya sea el Estado, ya sean las Comunidades Autónomas, cuenta con un “arsenal impositivo” a su disposición que puede usar a su gusto: de ellas dependerá cómo hacerlo, pero las consecuencias les afectarán, a su vez, sólo a ellas.

3. El modelo ha de permitir la substencia del Estado y dotarlo de medios financieros estables. Dicho lo cual es posible identificar impuestos que, por su origen y esencia (posteriores a la época foral y ajenos totalmente a las dinámicas impositivas forales), podrían servir perfectamente para satisfacer las necesidades financieras del Estado. El modelo, dado que en un sistema de naturaleza federalizante como España las competencias del Estado están limitadas (art. 149.1 CE), siendo todas las demás de potencial asunción autonómica, puede cerrarse a partir de la idea de que, análogamente, los impuestos destinados a sufragar los gastos estatales han de ser unos muy concretos y determinados. Pero, por supuesto, suficientes. La idea sería que el Estado concentrase aranceles, impuestos especiales e IVA, así como cualquier otro tributo más o menos equivalente. Con ellos, dada la actual evolución de la recaudación, puede asegurarse, a día de hoy, que un 35-40% de los fondos del erario irían a parar al Estado. Más que suficiente para desarrollar, en principio, su labor, teniendo en cuenta que la Seguridad Social, su gestión y sus ingresos, van por otra parte y que, a día de hoy, las competencias autonómicas son las que concentran más gasto (Educación y Sanidad, por ejemplo). Con lo cual habría fondos incluso para medidas de perecuación territorial, ya sea mediante un Fondo de Compensación, ya sea mediante otras medidas (adicionales, por lo demás, a una propuesta básica y estructural que se detalla después). Además, si se determinara que no hay fondos suficientes con este modelo para satisfacer las necesidades estatales (cuestión más que dudosa), siempre podría, en paralelo a la generalización del modelo de “respeto a la fiscalidad foral garantizada constitucionalmente” para todas las CC.AA., extender el modelo de cupo también para todas (aunque lo ideal sería que, con este esquema, desapareciera la necesidad del mismo, también para Euskadi y Navarra): que se pague un % para el mantenimiento de las infraestructuras y servicios estatales según los ingresos de cada Comunidad. De todos modos, como digo, esto no tendría que ser necesario, ni mucho menos, con los números en la mano. Este modelo cuenta, además, con la gran ventaja adicional de que el Estado tendría un enorme acicate para inspeccionar y controlar una de las bolsas de fraude fiscal más importante y masivo existentes en la actualidad: el IVA, ya que en ello le iría un evidente interés directo.

Respecto de esta tesis defendida en 2008, creo que es evidente que habría que añadir a la lista de impuestos estatales las sociedades dado que con ellas se produce un efecto análogo al IVA: su difícil territorialización dado que se entienden devengados allí donde tiene la sede social la empresa. Es manifiestamente injusto que los tributos derivados de actividades económicas realizados en todo el territorio nacional se asignen sólo a la región donde está la sede social. De manera que, para evitar este efecto, el Estado tendría que quedarse no sólo aranceles e IVA sino también el Impuesto de Sociedades. Además de evitar que los ciudadanos del resto de España que compran en Mercadona acaben pagando impuestos en Valencia, los clientes de Telefónica en Madrid o los que vayan por una autopista de peaje en Barcelona, esta decisión tiene una ventaja adicional: elimina cualquier distorsión de mercado interior entre empresas por factores fiscales (yendo en la línea de las peticiones que se escuchan con cada vez más frecuencia en favor de un tipo único europeo). Para compensar, los impuestos especiales podrían ir sin problemas a las CC.AA., dado que además son de fácil territorialización.

4. El modelo ha de garantizar a las Comunidades Autónomas suficiencia financiera y total control sobre los impuestos que gestionan. Para cerrar el cuadro, correspondería a las Comunidades Autónomas el resto de impuestos, comprendiendo además los grandes tributos tradicionales de fiscalidad directa (IRPF, Patrimonio) más Sociedades impuestos especiales y Sucesiones/Donaciones). Igualmente, siempre y cuando no supusiera doble imposición con los impuestos “federales” (o con los que la ley prevea para las entidades locales), las Comunidades Autónomas podrían gravar cualquier manifestación de capacidad económica, convirtiéndose así en la “instancia impositiva básica”, por así decirlo. En cualquier caso, a partir de este momento, las CC.AA. tendrían plena capacidad normativa sobre IRPF, Patrimonio, Sociedades impuestos especiales y Sucesiones/Donaciones, todo lo que recaudaran les revertiría en sus arcas y la co-responsabilidad fiscal sería evidente, así como las consecuencias en materia de disciplina financiera que se derivarían, dado que cualquier ahorro repercutiría en la posibilidad de realizar más obras, prestar más servicios, etc. Igualmente, las reducciones de impuestos que beneficiaran a sus ciudadanos serían también “pagadas” en los servicios públicos recibidos y viceversa, lo que además de co-responsabilidad impelería a un cierto control democrático más directo sobre la cuestión fiscal. Resulta por lo demás evidente que a partir de este momento carecería de sentido que parte de los incrementos derivados de una subida de presión fiscal fueran a otras CC.AA.

5. El modelo ha de garantizar la cohesión social y territorial. Para garantizar la cohesión social y territorial la ley de financiación crearía un fondo financiado con los recursos estatales (esto es, cuyo origen serían impuestos indirectos de todo el país, como hemos señalado especialmente el IVA y el impuesto de sociedades los impuestos especiales) que, por ley, tendría que cubrir las diferencias entre lo efectivamente recaudado por cada Comunidad Autónoma a partir de la presión fiscal media derivada de sus tributos y las rentas efectivas en esa región (o, más bien, de lo que teóricamente habría recaudado según la figuración realizada a un tipo medio x, ya sea fijado por ley, ya sea según el resultado de la media efectiva del país) y lo que efectivamente tendría que haber recaudado a ese mismo tributo en esa región para que sus ingresos por ese concepto fueran exactamente lo mismo per capita para todas las Comunidades Autónomas.El sistema puede aspirar a igualar al 100% o, por ejemplo, igualar hasta el porcentaje de recursos que las CC.AA. destinan a recursos y servicios básicos (Sanidad, Educación, servicios sociales...) que está en torno a un 90%. Esto es, por medio de los ingresos del Estado se establecería un sistema de compensación que haría que las Comunidades Autónomas tuvieran, caso de que todas hubieran fijado un mismo nivel de presión fiscal, los mismos ingresos por habitante en este concepto: las más ricas simplemente por el producto del mismo y las demás porque el Estado igualaría hasta lograr que todas tuvieran un nivel homogéneo de ingresos por este concepto. Una medida así tiene como ventajas:

- es un indudable agente de cohesión, porque el Estado financia con fondos de todos preferentemente a las comunidades más pobres y lo hace a partir de criterios de dinero disponible para servicios públicos por habitante;

- no uniformiza totalmente la situación, pues las zonas con más renta seguirían contando con el plus de unos mayores ingresos vía IRPF, con lo que no genera el temido efecto “desincentivación”, caso de que se opte por no igualar hasta el 100% sino sólo por el porcentaje de servicios esenciales y, además, en cualquier caso, no uniformiza totalmente a partir del momento en que las CC.AA. decidan variar la presión fiscal;

- soluciona los problemas del “efecto sede” en el Impuesto de sociedades (por estar éste asignado al Estado);

- permite a las Comunidades, a su vez, jugar con el tipo del impuesto de sociedades modular la presión fiscal sin que el hecho de bajarla y recaudar menos comporte una ficticia situación de penuria que haya de compensar el Estado (pues las cuentas, si los tipos difieren, se hacen a partir del tipo teórico);

- provoca que las comunidades más ricas tengan sí puedan disponer de más renta disponible para prestar servicios por habitante, sobre todo si incrementan la presión fiscal (algo menos costoso en términos de esfuerzo justamente allí donde más niveles de renta hay), pero mejorando comparativamente la situación de las más pobres, permitiendo la solidaridad sin desequilibrios radicales y amparando una evolución hacia la convergencia “tranquila”, pausada y correlativa a la propia evolución social (donde las sociedades más ricas tienen más financiación para servicios públicos y no al revés).

6. El modelo, además, cuenta con una posible acción estatal reequilibradora. Además de este mecanismo, es evidente que la actuación del Estado, per se, ha de contribuir al reequilibrio. Lo hace ya de por sí, simplemente, invirtiendo por igual en todo el país (lo que supone una prima indirecta a las zonas que tienen menos renta pues reciben un mismo nivel de inversión habiendo contribuido proporcionalmente con menos) o con mecanismos como las pensiones, la cobertura de desempleo y todas las prestaciones de la Seguridad Social que, financiadas como "caja única", provocan indirectamente transferencias de las regiones más ricas y que más han cotizado a las que menos lo han hecho (o así debiera ser, aunque el efecto sea a partir de personas y no de territorios, en la suma agregada). Pero es que, además, las grandes obras públicas estatales pueden y deben orientarse a la disminución de las desigualdades primando a las zonas más desfavorecidas, más despobladas o con problemas estructurales. Si el Estado, en este sistema, con la suficiencia financiera asegurada, desea contribuir a la reducción de desigualdades, puede, en consecuencia, hacerlo perfectamente a través de sus inversiones. Igualmente, si se constata la existencia de Comunidades Autónomas que, gracias al sistema, tengan un saldo financiero extraordinariamente positivo, el Estado puede, sencillamente, inhibirse a la hora de invertir en ellas y no hacerlo, de forma consciente, en la misma medida que en otras. Teniendo dinero para ciertas infraestructuras sus propias Administraciones Autonómicas, como su saldo fiscal dejaría patente, les es exigible a las mismas hacerles frente por sí mismas. Los datos que justificarían tales actuaciones serían, además, de fácil y sencilla publicidad. Porque, de hecho, las balanzas fiscales (actualmente opacas) ya no serían tales. Habría saldos fiscales de cada autonomía, absolutamente transparente y conocidos por todos. Y ello derivaría necesariamente en una serie de administraciones co-responsables fiscalmente según sus competencias en la materia, de las que todos sabríamos cuánto recaudan y cómo. Las peleas, a partir de este momento, se orientarían a tratar de conseguir una mejor gestión del dinero y una mayor eficacia en la recaudación y lucha contra el fraude. Así como a tratar de demostrar a los ciudadanos, a los votantes, las bondades de su gestión, obligados, por comparación con los vecinos, a competir no en conseguir más dinero del Estado sino a gestionar lo mejor posible el propio.

7. Rebajas fiscales y lucha contra el fraude. El modelo, así diseñado, permite, por supuesto, una supuesta guerra de rebajas fiscales entre las diferentes Comunidades Autónomas (piénsese, por ejemplo, en los impuestos de Sociedades o Patrimonio o en Donaciones y en los conatos ya habidos a cuenta de las especialidades de Euskadi y Navarra). A mí, en un contexto de co-responsabilidad fiscal, no me parece ncesariamente mal que así sea (piénsese en lo que ocurre en Suiza o entre los distintos países de la Unión Europea). Lo que es inaceptable es cuando se produce en un contexto de aprovechamiento de situaciones excepcionales (como ocurre ahora). Así que no creo que fuera necesariemente un problema. O eso espero. Además, ya existe un cierto encuadramiento en la Unión Europea (y más que habrá en el futuro) al efecto, como es sabido (y aquí de nuevo viene a cuento el asunto vasco, con la intervención de Europa allí donde nunca lo hizo el Estado español actuando contra las alteraciones que ciertas medidas fiscales especiales provocaban en la libre competencia). Ahora bien, al amparo del art. 149.1.1ª de la Constitución española, sería perfectamente posible que el Estado dictara legislación con umbrales mínimos y máximos respecto de los tipos de los diferentes impuestos, permitiendo flexibilidad en su concreta determinación a las Comunidades Autónomas pero, a su vez, impidiendo excesos. Por lo demás, la experiencia reciente demuestra que, cuando se juega con los recursos de uno, las alegrías no suelen ser muchas (así, véase el escaso efecto de la humilde asignación de capacidad normativa sobre parte del IRPF a las CC.AA.). En lo que se refiere a la lucha contra el fraude, cada Comunidad Autónoma habría de contar con su propia Agencia Tributaria, encargada de la gestión de sus propios tributos. La Agencia estatal se encargaría de la gestión de los impuestos indirectos que le tocan (lo que queda del arancel, IVA e impuestos especiales). A efectos de inspección, la Agencia estatal creo que estaría bien que también tuviera reconocidas competencias en todo el Estado y respecto de todos los tributos, incluyendo los autonómicos. No está de más que se produzca cierta superposición en esa materia, creo.

7. Entes locales. La ley habría de contener también previsiones de indemnidad respecto de los impuestos de base local (por ejemplo, IBI e impuesto de circulación), así como tendría que establecer la exigencia en la Ley Reguladora de Haciendas Locales de que los presupuestos municipales obligatoriamente fueran cubiertos por medio de los ingresos fiscales ordinarios propios de los municipios, sin que a estos efectos pudieran computarse los derivados de la transformación urbanística.El coste del mantenimiento de la ciudad y de sus servicios, por ley, habría de ser pagado por los ciudadanos y actividades que viven en ella y se aprovechan de los mismos. Sólo desde el momento en que quede así definido, de manera expresa y estricta, será posible un saneamiento racional de las finanzas locales que, obviamente, pasará por pagar más y por discriminar a aquellos ciudadanos que consumen más recursos y generan más gastos de los que consumen menos (impuestos de circulación que atiendan a las dimensiones del vehículo y mucho más altos como tónica general, IBI también más elevado y que tenga en cuenta la situación de la vivienda respecto del coste en servicios que comporta -y no sólo respecto del supuesto valor de la misma según la zona en que se ubique-, tasas de alumbrado, basuras, aguas y demás suficientes para cubrir los costes y que tengan en cuenta que las zonas residenciales con vivienda aislada consumen muchos más recursos, etc). En general, es obvio que los impuestos locales que pagamos son menos de los debidos, lo cual genera enormes problemas. Cuanto antes se solvente la anomalía, mejor. Y que quienes se montan la vida en una ciudad en plan “servicios premium” (pienso en las urbanizaciones con unifamiliares depredadoras de recursos y carísimas a la hora de dotarlas de servicios) paguen en consecuencia, por supuesto. De esta racionalización, en puridad, no tendría que derivarse un incremento de la presión fiscal sino su mera racionalización: gestión municipal de los mismos, asunción valiente de los costes políticos de recaudar y paralela desaparición de transferencias anómalas e inestables por parte de otros entes para garantizar la suficiencia de los entes locales.

Dicho lo cual, ya pueden empezar a arrearme cuanto gusten. Flancos en la propuesta, como es evidente, los hay, y muchos. Pero una cosa es incumplir de inicio mi promesa de brevedad y otra bien distinta pretender tener capacidad y conocimientos para cubrirlos todos (o, siquiera, para intentarlo).

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Los más conspicuos seguidores de este bloc, o quienes simplemente tengan muy buena memoria, puede que recuerden que hace ya un tiempo escribí una cosa sobre este tema que en el fondo era muy parecida aunque en realidad pueda parecer que es justo la contraria de la que propongo ahora como actualización de la ocurrencia. La razón del cambio, que creo que puede convenirse que no altera la esencia de la idea propuesta, es tratar de cuadrarlo incluyendo al País Vasco y Navarra sin necesidad de modificación constitucional.

Reconozco, por lo demás, que pretender poder poner en marcha un cambio semejante sin cambiar la Constitución requiere llevar a ciertos extremos hasta la fecha inexplorados la exégesis sobre qué garantiza exactamente en materia de fueros la DA1ª de la Constitución. Pero, como decía en el primer comentario de la serie, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido históricamente flexible y voluntarista en cuanto al diseño del Estado y reparto competencial (no así, por ejemplo, en materia de derechos y libertades, donde su interpretación ha sido siempre mucho más, dicho sea en positivo y pérdonese la broma, fundamentalista). Así que entiendo que, más allá de las dificultades políticas que poner en marcha algo así pudiera suponer, creo que sería constitucionalmente posible, con algo de manga ancha. Y, en este sentido, contamos con la tradición “comprensión” del TC respecto de la extensión de competencias estatales y con la ya claramente afirmada (y reiterada en la primera sentencia sobre los nuevos estatutos, la del valenciano) doctrina en cuanto a la relación de leyes orgánicas constitucionalmente exigidas, como pueda ser la de financiación autonómica, con los Estatutos de Autonomía. Así que la LOFCA, en una versión “dura”, podría tratar de poner en marcha esta propuesta. No así, en cambio, la que en su día esbocé, que sí requeriría una reforma constitucional (no, no es lo mismo que el sistema vasco de garantías forales se quede sin impuestos como el IRPF y sucesiones que el que se quede sin el IVA; vamos, al menos no lo es a mi juicio).

El auto de Pedraz (los jueces y la expresión de ideas políticas)

Por: | 06 de octubre de 2012

JuecesTenemos una buena montada en España a cuenta, como es sabido, de una parte de un auto de un juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz (que se puede consultar aquí), que al enjuiciar la admisibilidad del procedimiento por delitos contra las instituciones del Estado de ciertas personas que convocaron una concentración para rodear el Congreso el pasado 25 de septiembre afirma, entre otras cosas, a efectos de argumentar que no hay tal delito, lo siguiente:
“……pues hay que convenir que no cabe prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas, por más que éstas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional, ni, menos aún, de prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad, máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política”.

La referencia a la "decadencia de la denominada clase política" ha incendiado muchos ánimos en un país donde la casta política, además de dedicarse a sus cositas, es muy susceptible. Así, se han sucedido los comentarios más o menos indignados, con diputados que han llegado a insultar al juez (ante lo que Jueces para la Democracia ha pedido el amparo para el magistrado por parte del CGPJ). Y, por otro lado, mucha gente saluda que el juez no sólo ponga coto a los excesos policiales y del Ministerio del Interior, que está enviando a la gente a los calabozos con excesiva pasión sin entender cómo funciona el derecho de reunión en un país democrático sino que, además, reflexione sobe la decadencia de esa casta política. El asunto, a pesar de la polémica, me parece menor, la verdad, pero permite extraer algunas conclusiones sobre diversos temas:

- En primer lugar, sobre la legalidad de una manifestación frente al Congreso que no impide el normal desarrollo de una sesión. ¿Es o no delito? Parece sensato pensar, a partir de la redacción del tipo penal, y la conveniencia de ser estrictos y restrictivos en su interpretación, que no estamos ante un delito si no se produce el resultado exigido por el Código penal: la perturbación de la sesión plenaria. Está muy bien explicado aquí y es más o menos lo que acaba diciendo el Auto del juez Pedraz. De hecho, ese tipo de análisis, técnico y aséptico, es el que habría sido deseable, la verdad.

- En segundo lugar, respecto de la pertinencia o conveniencia de que un juez expresa ideas políticas en sus sentencias. Resulta bastante evidente que un juez ha de reprimir la expresión de sus ideas políticas. Especialmente en sus sentencias. Yo tampoco creo que más allá de su trabajo pierdan sus derechos a la libertad de expresión los jueces y no creo que sea bueno restringirles más de lo que una elemental prudencia por su parte aconseja. Que no hablen de casos judiciales y de sus colegas estaría bien, pero de todo lo demás, ¿por qué no? Y, en cualquier caso, incluso para jueces imprudentes (o que no compartan mi idea de prudencia), hay que tener claro que el límite es, obviamente, hablar de sus casos por ahí, ir contando cosas, dar opiniones sobre una instrucción o un juicio...

Ahora bien, una cosa es que esa libertad de expresión e ideológica subsista en general y otra que lo haga cuando hablan en tanto que jueces, ejerciendo la función jurisdiccional y hablando en nombre de la ley y el Derecho. En esos casos, en cambio, es obvio que el juez ha de limitarse a aplicar la ley y a analizar únicamente las circunstancias del caso que tengan consecuencias legales. Cualquier extralimitación, introduciendo comentarios u opiniones personales, es criticable. Dicho lo cual, lo que hace el juez Pedraz es una referencia muy de pasada a la decadencia de la clase política para encuadrar un análisis sobre la legitimidad de una protesta. A mi entender es un error, y la expresión quizás desafortunada, pero en realidad no es tan grave, ni tan anómalo, ni tan impertinente. La frase está sacada de su correcto contexto. Por mucho que, la verdad, a mí me parezca una reflexión que bordea lo criticable y, sobre todo, que forma parte de un argumento innecesario para la exégesis jurídica que se le requería. Más que nada porque que las protestas sean más o menos encuadrables en ideas compartidas por mucho o que puedan ayudar a las ideas y valores constitucionales, o que sean "sensatas" o "entendibles", es absolutamente irrelevante para que estén cubiertas o no por el derecho constitucional de reunión.

La polémica, pues, está francamente sobredimensionada. Y llama la atención que se lancen medios de comunicación y políticos en tromba contra un juez que quizás comete un mínimo error de prudencia al hacer esa reflexión, genérica y en el desarrollo de un argumento, cuando día a día estamos leyendo autos de jueces, normalmente jaleados, con severas impertinencias respecto de testigos o acusados (me viene a la mente ahora, por ejemplo, el que admitió a trámite en la Audiencia Nacional la querella contra consejeros de Bankia). O la transcripción de interrogatorios francamente agresivos y bordeando el insulto personal como lo son los que los medios de comunicación publican respecto del juez que instruye el caso Urdangarín. Pero en esos casos, aparentemente, a nadie ofende el comportamiento de los jueces. Será porque se meten con "malos" oficiales.

Conviene recordar que, en realidad, la razón por la que, en el ejercicio de sus funciones, es bueno tener "acotada" la libertad del juez es porque no es bueno que su criterio sustituya al de los ciudadanos expresado en la ley. Los jueces que son alegres intérpretes de su libertad para desligarse del marco jurídico o para interpretarlo imaginativamente suelen ser jaleados por algunas personas que piensan como ellos. Se equivocan quienes así actúan. Porque nada les asegura que si dejamos que los jueces juzguen quién merece respeto y quién no (o qué ideas lo merecen) y actúen en consecuencia no llegará el día en que esa misma libertad pueda ser usada para defender (o atacar) a personas o ideas que nos caen simpáticas. Y ese día no nos haría tanta gracia. Así que mejor pedir a los jueces que, cuando escriban o se expresen como tales en ejercicio de la función jurisdiccional, mejor si lo hacen de una manera lo más aséptica posible y ciñéndose al análisis jurídico de las circunstancias del caso. Es verdad que Pedraz no ha siso muy aséptico, pero también que su expresión se inserta en un argumento más amplio y que, necesario o no (a mí no me lo parece), está jurídicamente construido. Así que emplearíamos mucho mejor nuestro tiempo analizando otras actuaciones judiciales que, como he comentado, son excesos mucho más criticables.

El País

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