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No se trata de hacer leer

Sobre el blog

Una mirada al mundo y a la actualidad a través del Derecho público. Este blog no es sino el reflejo de los anteojos de un jurista y su uso para filtrar obsesiones, con mejor o peor fortuna. Aspira a hacer más comprensible la realidad aportando un prisma muchas veces poco visible, casi opaco. En todo caso, no aspira a convencer a nadie sino a dar razones. Porque se trata, sobre todo, de incitar a pensar desde otros puntos de vista.

Sobre el autor

Andrés Boix Palop

(València, 1976) es Profesor de Derecho administrativo en la Universitat de València y ha estudiado o investigado, en diversos momentos en Universidades francesas y alemanas (París, Múnich, Fráncfort). Al margen de sus trabajos sobre cuestiones de Derecho público escribe regularmente sobre temas de actualidad que tengan que ver con esa parcela del ordenamiento, no sea que en contra de lo que históricamente han considerado los juristas españoles, haya alguien ahí fuera a quien puedan interesar estas reflexiones a caballo entre lo jurídico, lo noticioso y las obsesiones personales de su autor.

Eskup

Algunas reflexiones sobre las propuestas de reforma de la Universidad

Por: | 21 de febrero de 2013

La_Nau_UniversitatFinalmente el informe que la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario Español ha entregado al Ministerio de Educación se parece bien poco en un par de cuestiones esenciales a lo que decía la filtración de la que me hice eco el otro día. De modo que, una vez leído con calma el informe y el "voto particular" en forma de addenda a partes del mismo hecho por dos miembros de la Comisión (significativamente, los dos juristas que formaban parte de la misma, pues en el gremio nunca perdemos ocasión de quedar como los más clásicos siempre que es posible), creo que vale la pena hacer alguna reflexión al respecto. Y eso aunque a estas alturas nadie sabe muy bien de qué va a servir el informe ni si el Ministerio, que guarda un piadoso silencio al respecto, piensa asumir su espíritu y sus propuestas, descartar algunas, pasar de todo... o encargar otro informe.

A estos efectos, y como valoración global, se puede anticipar que el trabajo que han hecho los miembros de la Comisión es informado, hijo de su tiempo, muy influido por el perfil de sus miembros y extremadamente interesante como documento para iniciar el debate (aquí, de hecho, es donde más se nota lo "anglosajón" que es, en contraste con los comentarios de los juristas que, incluso en las notas al pie, se empeñan en parecer hijos del tópico como pesados europeos que hablan largo, no se les entiende y citan mucha bibliografía alemana en vez de blogs o de hacer bromas en las notas al pie). Mojándome más, también me parece un informe poco operativo en las soluciones que plantea y extraordinariamente conservador (en el sentido de que no aspira a hacer reforma estructural alguna y también en el sentido de que los cambios que plantea producirán efectos, también, de tipo "conservador"). Voy a tratar de explicarme, intentando ser breve y listando los puntos que me parecen más llamativos.

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Primeras ideas del "informe Wert"

Por: | 15 de febrero de 2013

La_Nau_Universitat_de_València_Renau_ClaustreEl diario El Mundo publica hoy la filtración de lo que parecen que pueden ser algunas de las líneas maestras del "informe Wert" que encargó el Ministerio de Educación a un grupo de expertos para plantear propuestas en materia de reforma de las Universidades (muchas gracias a Eduardo Vírgala por informar vía Twitter del tema).

Actualización 13.45 horas: aquí está el informe completo (vía web del Ministerio de Educación)

Allá va una mínima valoración, de urgencia, sobre alguna de las ideas filtradas:

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Responsabilidad por daños producidos por calles cortadas en Fallas

Por: | 13 de febrero de 2013

Calle_cortada_noticiaDaba ayer noticia el diario Levante-EMV de una sentencia interesante, a cuenta de la indemnización que el TSJCV ha concedido a la viuda de un vecino de Valencia que, sufriendo un infarto, no pudo ser conducido rápidamente a un hospital o centro de salud como consecuencia de los masivos cortes de calles que el Ayuntamiento de Valencia consiente, durante varias semanas, todos los meses de marzo a cuenta de las fiestas de Fallas.

La cuestión es interesante porque, como he comentado en alguna otra ocasión, las fiestas populares, y más en concreto las Fallas (que son las que más conozco) suelen ser consideradas como un ámbito ante el que el Derecho ha de ceder (una especie de supuesto de excepción jurídico frente al que los ciudadanos perdemos derechos e incluso puede obligarnos a ceder propiedades porque sí). Una situación fuera de control, donde los derechos de los ciudadanos padecen de forma injustificada, a la que hay que comenzar a embridar desde el Derecho público.

La sentencia en cuestión, por ello, resulta interesante, en la medida en que aplica con sencillez (y corrección) los mecanismos más básicos del Derecho público y de nuestro sistema de responsabilidad administrativa a una situación normalmente inmune a ello con base en argumentos tan pobres como "es que estamos en fiestas", "las cosas son como son", "¿no pretenderás que la gente no pueda divertirse?" o, en el caso valenciano, "¡estás atacando las Fallas!". Mecanismos que parten de la premisa de que un ayuntamiento tiene la obligación de mantener, dentro de lo posible, los viales expeditos y funcionales para que los vecinos puedan desplazarse de forma razonable y que, caso de que se constate un incumplimiento en el ejercicio de esta función, si aparece un daño suficientemente singularizado, cierto, cuantificable e individualizable como consecuencia de la misma pues habrá que indemnizarlo. Muy sencillo. Pero, en realidad, no tanto si se trata de embridar jurídicamente estos fenómenos.

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Corrupción y reformas en la Administración pública española

Por: | 05 de febrero de 2013

Politica_y_corrupcionAyer publicaba una columna en El País (edición Comunidad Valenciana) donde explicaba por qué, a mi juicio, la corrupción en España no debe combatirse sólo con jueces y empleando el Código penal. Es un argumento que ya he empleado aquí muchas veces, y que se basa en la evidencia de que el Código penal no es muy eficaz para resolver problemas sociales, especialmente si están muy extendidos (ni llega a todos los que cometen delitos, ni es particularmente justo atribuyendo responsabilidades ni, sobre todo, puede hacer nada respecto de la cantidad de comportamientos chungos que, sin embargo, no son delito) y si, además, vivimos en un país donde la corrupción de menudeo, pequeñita, de baja intensidad, pero constante, es la regla. Y lamentablemente, entre desgobierno y astillas, como ha denunciado siempre certeramente Alejandro Nieto, se mueve este país. Toca asumirlo y empezar a asumir cómo afrontar el problema de una corrupción bastante sistémica y estructural:

 

Corrupción valenciana
  ANDRÉS BOIX
Que en la Comunidad Valenciana tenemos un problema con la corrupción no es una afirmación que, a estas alturas, me temo, sorprenda demasiado a nadie. Tampoco, a la vista de cómo la realidad se acaba imponiendo machaconamente frente a ciertos prejuicios, resulta llamativo ya en estos momentos sostener que es un problema compartido con España. Lo que, por otro lado, no deja de ser normal, dado que no son tan diferentes los códigos culturales que en el fondo están en la base de todo el chapapote de comisiones, defraudación y trinques (sean legales o no) de que se compone gran parte de nuestro tejido económico. Pero, sobre todo, porque también compartimos un sistema legal y de incentivos (y desincentivos) que acaban condicionando y orientando comportamientos. Quizás nuestra estructura económica (el monocultivo ladrillista de los últimos años, por ejemplo) agrave el problema, pero poco más.
En todo caso, llama la atención que por aquí, donde desgraciadamente sí tenemos identificada la existencia de la patología y de su gravedad desde hace ya tiempo, no hayamos tratado de iniciar algún tipo de reflexión sobre qué habríamos de cambiar. La doctrina oficial dice que la corrupción no es general y que se combate con procesos penales para quienes cometen delitos. Esta visión está gravemente equivocada, por cuanto, más allá de la función ejemplarizante que puedan tener estas reacciones, ni se logra así combatir toda la corrupción ni, sobre todo, se ataja el mal esencial, que no son las grandes ilegalidades, sino las pequeñas y generalizadas situaciones donde la corrupción de baja intensidad, día a día, lo acaba contaminando todo. Entre otras cosas porque, además, muchas veces, estos comportamientos ni siquiera están considerados delictivos, de tan generalizada que está la pauta y asumida socialmente.
Urge pues modificar muchas normas y dotarnos de un ordenamiento jurídico administrativo talibanístico en esta cuestión. La rigidez tiene muchos problemas, como es sabido, y genera ineficiencias. Pero no hay otra. Cuando alguien es alcohólico no se puede permitir tomar ni un vaso de buen vino ocasionalmente. Lo que es un fastidio que, sin duda, le hace perder calidad de vida. Ahora bien, no hay más remedio que actuar así porque, si no, a la larga, la cosa se descontrola. Con esta misma aproximación habría que afrontar la reforma de normas y procedimientos, de forma general, en la Administración valenciana. Porque, a la vista está, es suicida que nos permitamos siquiera una copichuela de vez en cuando.
Muchas de las normas que han de ser más estrictas dependen del Estado que, a la vista está, tiene poca intención de hacer cambios al respecto. Pero al igual que en otras ocasiones hemos llevado al límite nuestras competencias (para crear normas neoforales civiles, por ejemplo) tiene sentido experimentar aquí y cambiar algunas leyes, así como extremar las exigencias en la aplicación reglamentaria propia de las mismas, para dar transparencia, rigidificar la contratación pública, eliminar personal no funcionario de la toma de decisiones sobre dinero público e impedir cualquier contratación de personal que no se base en concursos muy serios. Si la autonomía sirve para algo es para, precisamente, tratar de arreglar por uno mismo las cosas cuando detecta que hay un problema. Así que habría que intentarlo.

 

La cuestión es, exactamente, estas medidas, ¿en qué deben concretarse? Voy a tratar de bosquejar mínimamente las que parecen más esenciales, partiendo de la base de que los focos esenciales de esa corrupción generalizada y de baja intensidad a partir de la cual todo se inunda y todo acaba pringado y extendido son, como ya hemos explicado alguna vez, tres: contratación pública, empleo público y urbanismo. Para ello vale la pena plantear algunos ejemplos y conectarlos con estos ámbitos a fin de que se entiendan los efectos de algunas medidas.

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El País

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