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¿Un Heredero inconstitucional?

Por: | 16 de junio de 2014

Cc1a558016399b9718959179bc91d678Como es sabido, y he explicado muchas veces, la monarquía me parece una cosa bastante aberrante y contradictoria con todos los principios que enhebrar un orden democrático de convivencia más o menos sensato. Me parece una institución tóxica, en general, y no me convencen las explicaciones/justificaciones de sus defensores. La monarquía española, además, en tanto que impuesta por el general Franco, me resulta, como a cualquier persona normal, particularmente antipática. Lo que, como estamos viendo y leyendo estos días, deja fuera de mi definición de "persona normal" a toda la geronto-casta española (mediática, política, económica, hintelectual...) que está desfilando estos días para demostrar que a genuflexos con el Borbón no les gana nadie. Pero, dicho todo esto, la cuestión es que, a día de hoy, tenemos lo que tenemos. Y una de las misiones de los juristas es tratar de entender cómo funciona nuestro ordenamiento jurídico y controlar que, nos guste más o menos, las reglas previamente establecidas se cumplan de modo coherente y sin que se presenten interpretaciones o derogaciones exóticas y secundum quid. En este sentido, tiene interés analizar el problema jurídico, al menos hipotético, que plantea la sucesión en la Jefatura del Estado tal y como está definida, que puede llevar a dudar de la constitucionalidad de la coronación como Rey de España de Felipe de Borbón. Porque, en efecto, ¿estamos seguros de que el Heredero que nos han designado entre el PP y el PSOE y las elites económicas, más allá de que sea una elección sensata o no, es el que la Constitución determina?

El artículo 57. 1 de la Constitución dice que los españoles consideramos que la mejor manera de elegir al Jefe del Estado es garantizar que sean los hijos de la persona que puso ahí el General Franco en el cargo los que lo sucedan. Y luego, los hijos de los hijos. Y así. Para evitar conflictos, sobre todo para aquellos casos en que haya más de un heredero posible, la Constitución fija en el precepto una serie de reglas: primogenitura, representación (esto es, que los descendientes del primer heredero van antes que otros posibles herederos) y preferencia del varón sobre la mujer:

Artículo 57.1 de la Constitución: La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don  Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.

La interpretación del precepto no es demasiado complicada, en general (aquí tienen, por ejemplo, la que realiza la propia web del Congreso de los Diputados), pero siempre ha habido discusión, si no ya jurídica, sí social, respecto, al menos, de la regla de la preferencia del varón, por entender mucha gente que es incoherente con la igualdad que la Constitución española en otros muchos preceptos predica entre el hombre y la mujer (la mayor de los hijos reconocidos del actual Borbón es Elena, no Felipe, quien sin embargo es considerado como legítimo heredero). Jurídicamente, sin embargo, se entiende que la previsión del art. 57.1 CE no puede ser inconstitucional... porque es la propia Constitución la que, acertadamente o no, así lo dispone. En el fondo, si se analiza la cuestión, igualmente problemático desde la perspectiva estricta de la igualdad y la no discriminación entre hermanos sería el hecho de preferir al primogénito por el mero hecho de serlo (¿por qué razón, si no existiera ese precepto, habría de tener más derechos uno de los hijos sobre el resto?). ¡Y eso por no hablar de la discriminación por nacimiento respecto del resto de españoles que contiene el artículo de la Constitución, en radical contradicción con el art. 14CE! Pero la Constitución así lo establece y, en consecuencia, nada más hay que decir. Los españoles tenemos una regla jurídica que nos dice que para designar al Jefe del Estado hemos de identificar al primer hijo varón (o, en ausencia de varón, a la primera hija) de Juan Carlos de Borbón. Ésa es, pues, la obligación de los operadores jurídicos que han de aplicar la norma, en este caso, nuestros representantes, en unas Cámaras ampliamente dominadas por el PP y el PSOE que han decidido, siguiendo la indicación del gobierno, que la persona en quien concurren estas condiciones es Felipe de Borbón.

La pregunta, sin embargo, es si  han hecho bien al identificar como tal a Felipe de Borbón, dado que al menos dos personas han reclamado un reconocimiento de paternidad por parte del actual Jefe del Estado. Si efectivamente estas personas fueran hijos de Juan Carlos de Borbón el legítimo heredero en términos constitucionales sería, sin duda, Albert Solá, varón primogénito, mayor que la infanta Elena y también que, por supuesto, el príncipe Felipe. Porque sería en él en quien concurrirían los elementos que el art. 57.1 CE dice que hemos de identificar para determinar quién ha de ser coronado como Rey de España.

Conviene recordar, a estos efectos, que el art. 57.1 CE nada dice que excluya a los hijos ilegítimos (a diferencia de lo que ocurre con la preferencia del varón sobre la mujer), de modo que se aplica en este punto la regla general contenida en el art. 39.2 CE, que proclama la absoluta igualdad de los hijos en cuanto a sus derechos jurídicos, sean matrimoniales o no:

Artículo 39.2 de la Constitución: Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad.

Como puede verse, la regla constitucional no puede ser más clara. Una regla que los poderes públicos han de velar por que sea cumplida. Especialmente, digo yo, nuestras Cámaras parlamentarias. Y más todavía si se trata de algo tan serio como hacer que la voluntad del constituyente sobre quién ha de ser el mejor Jefe del Estado posible está en juego. Porque la regla más clara no puede ser: con independencia de la filiación, esto es, de si son "matrimoniales" o no, los hijos han de ser iguales en derechos. No sólo eso, sino que la ley asegura como derecho fundamental la posibilidad de investigar y poder probar la paternidad, a fin de poder reclamar jurídicamente que se satisfagan las obligaciones derivadas de esta regla de igual trato jurídico a todos los hijos.

En ausencia de regla específica que excluya a los hijos extramatrimoniales de la sucesión a la Corona, que como hemos visto no aparece en el artículo 57.1, ha de entenderse que la lógica constitucional obliga a aplicar con estricto cuidado este principio. Hay quien sostiene que la idea de "regularidad" que aparece en la expresión "orden regular de primogenitura y representación" sería una velada referencia a la exclusión de los hijos no matrimoniales (¡gracias a E. Vírgala por hacérmelo saber!). Sin embargo, esta interpretación se enfrenta a no pocos problemas: parece que es muy normal emplearla para designar simplemente lo que parece: el orden habitual en que se hace la sucesión, sin querer sin significar nada más; hay que concluir que no se puede entender una expresión que parece simplemente adjetivar la manera en que se ordena la sucesión a partir de otros criterios como restrictiva de principios constitucionales básicos y de derechos fundamentales. Una regla básica de la interpretación constitucional es que las restricciones a ciertos principios, y por supuesto a los derechos fundamentales, han de ser expresas y estrictas. De modo que, sencillamente, nuestra Constitución nos dice lo que nos dice pero nada más, no podemos inventar reglas o restricciones adicionales. Y lo que nos dice es que tenemos que buscar al primogénito varón de Juan Carlos I, si es que existe, para designarlo como Rey caso de que el actual Jefe del Estado muera o, como es el caso, abdique. Eso es lo que dice nuestro ordenamiento jurídico.

Sorprendentemente, parece que, a pesar de una serie de reclamaciones de paternidad ya producidas, nuestros representantes han hecho caso omiso a lo que es su obligación, que es cumplir con las reglas de sucesión constitucionales, y han optado por no investigar debidamente quién cumple lo que dispone el art. 57.1 CE para designar como Heredero a quien, en su caso, fuera la persona jurídicamente debida. Que ya sé que la regla esta de confiar en la primogenitura varonil para designar jefes de estado es absurda. Soy el primero en decirlo. Pero es lo que tenemos. Y si a la mayoría de los diputados les gusta tanto esta regla y la ven tan sensata, como llevan diciendo dos semanas, lo mínimo que habría que exigirles, la verdad, es que se la tomaran en serio e hicieran la debida averiguación de qué espermatozoide real fue el primero en lograr fecundar un óvulo y dejar un legado genético XY para la posteridad... y para ponerse la corona. Máxime cuando hay dudas obvias al respecto, manifestadas por una reclamación judicial que, más allá del debido respeto a los derechos de la persona en cuestión, no puede ser despejada tranquilamente a córner. No sólo son los derechos de una persona los que están en juego. Está en juego un interés mayor y superior, como es la dignidad de la Jefatura del Estado y la correcta identificación del debido sucesor. Una cuestión constitucional esencial y de interés general.

Es cierto que esta situación,a  efectos de lograr determinar la corrección y legitimidad de la reclamación, se ha enfrentado estos años al hecho de que la inviolabilidad del Rey ha impedido hasta ahora, en una interpretación muy exigente por parte de nuestros tribunales, que los ciudadanos que han pedido sea investigada su paternidad, en ejercicio de su derecho constitucional del art. 39.2 CE, puedan averiguar si efectivamente son, como sostienen o dicen creer, hijos de Juan Carlos de Borbón. Esto no tendría por qué ser así. En muchos países, en casi todos, de hecho, la inviolabilidad se refiere a cuestiones penales (e, incluso, a cuestiones penales relacionadas con el cargo, pero no a las privadas), sin que necesariamente cubra también las cuestiones civiles (de familia, de herencias, contractuales...). En España, nuestro Tribunal Supremo, en una interpretación propia de países autoritarios hasta el extremo, ha considerado que la inviolabilidad del Rey ha de entenderse como absoluta, de manera que no puede ser llevado a los tribunales por nada: ni por violar, que se suele decir; ni por cometer un delito en el ejercicio de su cargo; ni por delitos privados; ni por irse sin pagar de un restaurante; ni para reclamarle la hipoteca... ni para verificar la paternidad. Esta situación es conflictiva de suyo pues deja a unos ciudadanos sin uno de sus derechos fundamentales. Pero es que, además, plantea un problema enorme de orden público, pues todos los ciudadanos hemos de estar interesados en que la sucesión se realice de la manera que es jurídicamente determinada. Y para ello hemos de saber si el espermatozoide real que llegó primero es el de Felipe de Borbón o el de Alberto Solà. ¡Gracias a la regla del art. 57.1 CE esta cuestión es un tema que trasciende lo privado y pasa a ser un asunto público! De modo que tenemos un problema, porque por un lado entendemos que el Rey está así de blindado y, por otro, que los ciudadanos hemos de poder tener derecho a que el legítimo heredero según la Constitución sea coronado, y no un usurpador. Sinceramente, no se entiende que para esos casos la inviolabilidad impida que la Constitución pueda cumplirse adecuadamente. La interpretación razonable, dado el enorme interés general en juego, debiera ser que la inviolabilidad nada tuviera que ver ni pudiera oponerse a la averiguación de quién es la persona en la que concurren las circunstancias del art. 57.1 CE porque ésta no es una cuestión en esencia judicial o de responsabilidad del Rey sino, sencillamente, de funcionamiento correcto y constitucional de la Corona y de la Jefatura del Estado.

El problema se complica mucho, además, si un hipotético usurpador, ayudado por el sistema político y judicial (lo que se conoce últimamente como La Casta), accede al trono y sólo a posteriori se comprueba que había una persona con más derecho que él al trono, por ser en quien recaían los requisitos constitucionales del art. 57.1 CE. Algo que es perfectamente posible que ocurra en caso de abdicación, pues la barrera legal que había impedido la averiguación en vida, la inviolabilidad del Rey, que va asociada al ejercicio de la Jefatura del Estado, desaparece en cuanto éste abdica. Así pues, no es de extrañar que el Gobierno está muy preocupado por este tema y que se prepare una ley de aforamiento "total", que no sólo plantea los problemas de constitucionalidad de no estar previsto este supuesto de aforamiento en la CE y ser por ello altamente dudoso, sino que iría además contra las reglas establecidas por el TC respecto de los aforamientos, que ha sostenido hasta la fecha que no se pueden extender a las cuestiones civiles. Un norma tanto más sorprendente cuanto, justamente, según se explica, está diseñada en gran parte "para hacer frente a las demandas de paternidad" en cuestión (contando con que los jueces del TS pasarán olímpicamente del art. 39.2 CE en materia de paternidad, al parecer, caso de que llegue una petición fundada, lo que no deja de ser una confianza muy peculiar en nuestro tribunal Supremo por parte de quienes mejor lo conocen).

Es decir, que da la sensación de que, directamente, el gobierno, con la ayuda de los jueces, está dispuesto a hacer todo lo posible para que pueda indagarse la veracidad o no de estas alegaciones de paternidad. Y es comprensible, sobre todo si se tienen por verosímiles, que se tenga pánico a que, tras no haber consentido que se realicen las debidas investigaciones (y ejercicio de derechos constitucionales debidos) antes, puedan verificarse después, con el lógico escándalo que supondría la constatación de que un usurpador en términos constitucionales (a la vista de cuáles son las reglas del art. 57.1 CE) habría subido al trono amparado por las fuerzas políticas que gobiernan desde hace décadas en este país, que por a saber qué razones se habrían negado a controlar que el heredero elegido sea el constitucionalmente previsto. Todo es muy peculiar, especialmente la posición  de estas elites políticas respecto de estas reglas en materia de designación del Jefe del estado por sucesión: por sorprendente que parezca los partidos políticos mayoritarios en España, aun negándose a tocar nada del art. 57 CE o de la regulación de la Jefatura del Estado, no tienen, en cambio, demasiado interés en verificar y garantizar que esas mismas reglas se cumplen debidamente.

Hay 11 Comentarios

Publicado por: Blog Calle Cavallers | 17/06/2014 13:25:53
El problema de diferir los problemas eternamente es que los problemas se enquistan y agravan hasta que no quedan más que las soluciones radicales. Don Tancredo Rajoy creo que sabe mucho de esto, lo que no sé es si, a partir de ahora, se cumple su tesis de que escondiendo la cabeza, pasa el aguacero. Mírese Catalunya y como la única persona que se atrevió a resolverlo de forma democrática desde la jefatura del gobierno fue considerado casi un peligroso terrorista.
Yo creo que no podemos esperar cinco años y que hay que hacerlo ya, por lo que la presión ciudadana debe ir en el sentido de obligar a este Gobierno a dimitir y convocar el proceso constituyente.
El otro día escuché al ínclito Marhuenda y otros próceres similares que quien quiere cambiar las cosas, debe ganar las elecciones. Que revisen la historia de su admirado Estados Unidos para que comprueben que sólo cuando los gobiernos asumen que es necesario un cambio, sea del signo político que sea, el cambio debe producirse, instando si es necesario, la modificación de la Constitución.

Pronostico que en un plazo de entre tres y cinco años a este país no le quedará más remedio que efectuar la definitiva consulta sobre el modelo de Estado. En otro orden de cosas, en un contexto de posibles (aunque no seguros) cambios políticos de calado en España, sería muy simbólica una caída de la actual monarquía y su sustitución por una jefatura del Estado civil y elegida en las urnas. Muy simbólica y muy necesaria, muestra de que los cambios profundos son posibles en este país de cemento armado en el que casi nunca cambia nada y cuando cambia suele ser a peor, a mucho peor.

Publicado por: Andrés Boix Palop | 17/06/2014 11:25:36
El problema siguen siendo las generalizaciones. Estoy por apostar que la mayor parte de la gente mayor de 60 años no está en lo que tú dices, sino en otras posiciones. De quienes tienen menos edad espero rebeldía a raudales, pero también, yo también he sido joven, falta de reflexión y generalizaciones no siempre acertadas.
Recuerdo que cuando era más activo políticamente, siempre acusábamos a nuestros mayores de haber apoyado el franquismo, de ser sus cómplices, hasta que leímos un poco más y comprendimos que las miserias humanas tienen mucho que ver con las dificultades para sobrevivir y el miedo, compañeros inseparables de las personas que me precedieron en aquellos tiempos terribles. Y es el momento de establecer lazos humanos con quienes han sufrido, sin negarnos al análisis ni abrirnos a las posibilidades de lo que "hubiera podido ser si...".
Por otro lado, cuando la gente ha conquistado determinados derechos y garantías, tiene el derecho y la obligación de pelear por ellos y a exigir que se le mantenga, pues es fruto de su trabajo, de su cotización y, en no pocas ocasiones, de sus peleas sociales, porque además son la garantía de que podrán disfrutarlos quienes les suceden. Y nadie tiene derecho a hablar de casta en esas situaciones. Otra cosa es la existencia de prebendas por haber sido "vos quién sois", que es una situación distinta y en la que habría que ver cuál es el derecho que le asiste para ello y si no está contribuyendo al mantenimiento de un sistema que favorece a los poderosos y desprecia a los menesterosos, contribuyendo, ellos sí, a la constitución de una casta. Pero no todo el mundo es casta, por mucho que me parezca una palabra utilizada con gran inteligencia en la propaganda política, pues, como recordaba Antonio Carmona recientemente, 20.000 concejales socialistas no cobran ni un duro por participar en la vida política de este país. Y su contribución no ha sido pequeña para la mejora de nuestras ciudades y pueblos.

- Gracias por los insultos, Luis M. de Blas. Supongo que son la mejor prueba de que el franquismo sociológico está tan acostumbrado a que todo el mundo en este país le dore la píldora que señalar algo tan poco agresivo como que eso de que un dictador nos diga quién ha de ser jefe de estado no es algo ni muy normal ni muy simpático pues genera lo que genera. Un saludo.

- Tiemposdifíciles, las referencias a la geronto-casta las hago porque me hace gracia ver cómo se cuadra todo el establishment de más de 60 años y se pone en posición de firmes, a ver si les cae alguna medalla (o, sobre todo, si siguen cayendo fondos públicos o privados pero vinculados a los primeros). Es un modo de identificar a ese grupo, que no son casta, porque mucho de ellos son proletarios de la genuflexión voluntaria, pero que sí han vivido y viven muy bien, muy poco conscientes por lo visto de hasta qué punto son unos privilegiados... o no tanto, porque tienen muy claro qué han de defender con uñas y dientes para conservarlos.

- Nori, nadie juzga lo que se hizo o dejó e hacer en la Transición. Yo tengo mi opinión, y quizás no es tan diferente a la tuya, pero estamos en 2014. Han pasado cuarenta añazos, que se dice pronto, desde la muerte del Dictador. ¿Por qué hemos de seguir atenazados por esos legítimos temores de la época?

En todo caso, Nori y cualquiera que pueda pensar lo contrario, este artículo no va contra el orden constitucional establecido. Yo creo que habría que cambiarlo profundamente. Pero ese es otro tema. Este articulo, al revés, va de la necesidad de aplicar y respetar lo que es nuestro Derecho actualmente vigente. Y, en consecuencia, asegurarnos de que las reglas de sucesión del art. 57.1 CE se cumplen escrupulosamente. Porque digo yo que quienes defienden la Constitución e incluso lo hacen hasta el punto de que consideran que no se ha de cambiar ni una coma serán los primeros interesados en garantizar que esto se lleva a cabo en condiciones intachables, ¿no?

Esto es la Marca España. La chapucera forma de hacer las cosas, todas las cosas, en este país. El no afrentar los problemas desde la raíz, para no tener más tarde que buscar soluciones imaginativas. El desprecio a los derechos básicos, al todos iguales ante la ley. El ordeno y mando de las CASTAS, sí, con mayúsculas y con todas las letras. Y la subordinación voluntaria a este estado de cosas, al "esto no va conmigo". Una autentica vergüenza colectiva para las gentes de España.

Publicado por: Nori | 17/06/2014 10:30:19
Yo diría que el franquismo se mantiene hasta hoy. Y doy sólo dos datos para demostrarlo: nunca hubo reparación de las víctimas del franquismo y el actual gobierno se fundamenta en leyes preconstitucionales para amparar muchas de sus decisiones. Se juntan, pues, la permanencia del entramado legal y la manipulación histórica en torno a la dictadura fascista.
Quienes vivimos la transición sabemos que el miedo fue un componente esencial de aquellos años y que colaboró activamente en que se aprobara la Constitución tal y como salió, orillando determinados problemas, cuya falta de solución estamos viviendo hoy en toda su efervescencia. Y el miedo iba por barrios: es cierto que los poderosos temían una insurrección popular, pero no es menos cierto que tenían a su disposición los mecanismos de terror heredados del régimen y los utilizaron (y los utiliza el Gobierno actual) con profusión para mitigar el efecto político de los sectores populares en el sistema democrático.
Y el Rey fue uno de esos instrumentos heredados, en puridad no de terror, pero si de estabilidad y continuidad de las leyes e instituciones predemocráticas. Nadie duda de la participación del Rey en el asentamiento del sistema democrático, debiéndosele reconocer tanto su renuncia a poderes especiales como su contribución al fracaso del intento de golpe de Estado de 1981 (sin menospreciar los errores de su actuación previa que propiciaron el clima que permitió dicha intentona golpista).
Es innegable que contribuyó a la democracia, pero esta llegó por la presión de la calle, por cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas, que en muchos casos a riesgo de su libertad y de su vida, pelearon por conseguir lo que tenemos en las condiciones de relación de fuerzas que había en aquel momento.
Otra cosa es analizar que quienes hicieron cesión de ideas hayan convertido dichas cesiones en parte de su ideario y su argumentario político, renegando de otras ideas que defendieron; y que quienes provienen de las entrañas del régimen quieran seguir manteniendo parte del entramado legal e ideológico de aquella dictadura sangrienta, aunque bajo apariencia democrática. En su debe habrá que cargarlo y juzgar democráticamente su posición en el nuevo tiempo político que debería iniciarse.

Creo que os olvidáis de una cosa, sin duda por vuestra edad: ¿cuántos años hubiera podido mantenerse el franquismo, sin Franco, pero con el ejército y las fuerzas de seguridad del dictador intactos? ¿Hasta la caída del muro de Berlín quizá? Esos años de democracia imperfecta fueron posibles gracias a la denostada transición y a la figura de Juan Carlos I.

Un artículo muy interesante, más allá de las tonterías últimamente tan en boga sobre "la casta" y otras generalizaciones simplificadoras y negadoras de la historia reciente.
Muchas certezas: es difícil ser monárquico en un sistema democrático, los Borbones, impuestos por un dictador fascista, resultan antipáticos, y si la norma es que la Constitución es "sacrosanta", cúmplase.
De hecho, lo razonable sería abrir un periodo constituyente, dado el cambio en el mapa electoral y el cambio de régimen que supone el traspaso de poderes en la jefatura del Estado. Algunos no pudimos votar por edad en 1977 y nos hubiera gustado. Pero entendemos que la generación que nos sigue quiera opinar sobre cómo quiere que sea el país. Y la institución monárquica es uno de esos elementos que debe ser revisado y, si así lo decide la ciudadanía, confirmada o revocada como garante del orden constitucional.
Por eso me resulta tan antipático el discurso de "la casta", porque en mi opinión equivoca el tiro: hay que exigir al actual gobierno que dimita, convoque elecciones constituyentes y se renegocie el entramado democrático del que nos han dotado quienes pudieron decidir durante la transición, supongo que empujados por las más acertadas reflexiones y los mejores deseos, independientemente de las interpretaciones políticas e históricas que hagamos.
Creo que merecería la pena que nuestros representantes analicen lo aquí expuesto para no caer en la desvergüenza de inventarse las reglas cuando así conviene, pero nos conminan a aceptar la ley cuando esta se vuelve contra nuestros derechos. Ese es para mí el dilema que plantea este artículo.

Bueno, y por supuesto, los que menos mandamos somos nosotros pero muy poco por encima están los jueces, que por mucha pompa que parezca que tienen mandan bien poco.

No hay caso. Supongamos que el Príncipe Felipe no es hijo del Rey Juan Carlos I sino fruto de una infidelidad de la Reina Sofía, que yo vería de todo punto justificada. Ni por esas. Ni manda el Rey, ni mandan las Cortes ni mandamos nosotros. El Príncipe Felipe será Rey aunque fuese hijo del mismísimo Satanás (que no lo creo, pero por llevar de una manera lógica las cosas a su extremo para que se vea lo que hay).

Dejando a un lado los comentarios tan manidos que repites de lo que has oído a cien articulistas antitodo, solo comentarte algo sobre "me resulta, como a cualquier persona normal, particularmente antipática" . Dado que a mí no me lo resulta, me estas diciendo que no soy normal, a lo que solo puedo contestarte que subnormal lo será tu puta madre, gilipollas de mierda. Tengo mis razones profundas para tener mis opiniones personales sin que venga ningún mindundi a decirme lo que debo pensar.

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No se trata de hacer leer

Sobre el blog

Una mirada al mundo y a la actualidad a través del Derecho público. Este blog no es sino el reflejo de los anteojos de un jurista y su uso para filtrar obsesiones, con mejor o peor fortuna. Aspira a hacer más comprensible la realidad aportando un prisma muchas veces poco visible, casi opaco. En todo caso, no aspira a convencer a nadie sino a dar razones. Porque se trata, sobre todo, de incitar a pensar desde otros puntos de vista.

Sobre el autor

Andrés Boix Palop

(València, 1976) es Profesor de Derecho administrativo en la Universitat de València y ha estudiado o investigado, en diversos momentos en Universidades francesas y alemanas (París, Múnich, Fráncfort). Al margen de sus trabajos sobre cuestiones de Derecho público escribe regularmente sobre temas de actualidad que tengan que ver con esa parcela del ordenamiento, no sea que en contra de lo que históricamente han considerado los juristas españoles, haya alguien ahí fuera a quien puedan interesar estas reflexiones a caballo entre lo jurídico, lo noticioso y las obsesiones personales de su autor.

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