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No se trata de hacer leer

Sobre el blog

Una mirada al mundo y a la actualidad a través del Derecho público. Este blog no es sino el reflejo de los anteojos de un jurista y su uso para filtrar obsesiones, con mejor o peor fortuna. Aspira a hacer más comprensible la realidad aportando un prisma muchas veces poco visible, casi opaco. En todo caso, no aspira a convencer a nadie sino a dar razones. Porque se trata, sobre todo, de incitar a pensar desde otros puntos de vista.

Sobre el autor

Andrés Boix Palop

(València, 1976) es Profesor de Derecho administrativo en la Universitat de València y ha estudiado o investigado, en diversos momentos en Universidades francesas y alemanas (París, Múnich, Fráncfort). Al margen de sus trabajos sobre cuestiones de Derecho público escribe regularmente sobre temas de actualidad que tengan que ver con esa parcela del ordenamiento, no sea que en contra de lo que históricamente han considerado los juristas españoles, haya alguien ahí fuera a quien puedan interesar estas reflexiones a caballo entre lo jurídico, lo noticioso y las obsesiones personales de su autor.

Eskup

¿Un Heredero inconstitucional?

Por: | 16 de junio de 2014

Cc1a558016399b9718959179bc91d678Como es sabido, y he explicado muchas veces, la monarquía me parece una cosa bastante aberrante y contradictoria con todos los principios que enhebrar un orden democrático de convivencia más o menos sensato. Me parece una institución tóxica, en general, y no me convencen las explicaciones/justificaciones de sus defensores. La monarquía española, además, en tanto que impuesta por el general Franco, me resulta, como a cualquier persona normal, particularmente antipática. Lo que, como estamos viendo y leyendo estos días, deja fuera de mi definición de "persona normal" a toda la geronto-casta española (mediática, política, económica, hintelectual...) que está desfilando estos días para demostrar que a genuflexos con el Borbón no les gana nadie. Pero, dicho todo esto, la cuestión es que, a día de hoy, tenemos lo que tenemos. Y una de las misiones de los juristas es tratar de entender cómo funciona nuestro ordenamiento jurídico y controlar que, nos guste más o menos, las reglas previamente establecidas se cumplan de modo coherente y sin que se presenten interpretaciones o derogaciones exóticas y secundum quid. En este sentido, tiene interés analizar el problema jurídico, al menos hipotético, que plantea la sucesión en la Jefatura del Estado tal y como está definida, que puede llevar a dudar de la constitucionalidad de la coronación como Rey de España de Felipe de Borbón. Porque, en efecto, ¿estamos seguros de que el Heredero que nos han designado entre el PP y el PSOE y las elites económicas, más allá de que sea una elección sensata o no, es el que la Constitución determina?

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La Corona. Reflexiones en voz baja, de Gaspar Ariño

Por: | 02 de junio de 2014

9788498902433Con esto de que el Borbón ha abdicado su corona de repente (y a saber por qué, la verdad, lo ha hecho así, deprisa y corriendo, dado el lío jurídico que se va a organizar por no tener el tema mínimamente previsto, a falta de la ley orgánica de desarrollo del tema que prevé la Constitución y que parece que va a obligar a una acelerada aprobación de una norma ad hoc, todo tan edificante como siempre) parece obligado hoy hablar un poco de la figura del Rey en este país nuestro. Pero la verdad es que no tengo muchas ganas. Da mucha pereza repetir lo evidente. De modo que me limito a enlazar aquí las dos últimas cosas que escribí hace unos meses sobre la Monarquía en España, donde creo que queda expuesto lo fundamental (por lo demás, para los viciosos, todos los escritos en el blog sobre forma de Estado están aquí):

- Entre Hendaya y Cartagena, Su Majestad escoja

- ¿Un Rey comisionista? A vueltas con la toxicidad de la institución

Sí puede ser más interesante que repetir cosas ya dichas, sin embargo, y más allá de recordarlas y de alertar sobre el show jurídico que puede venirse encima con la Ley Orgánica express que PP y PSOE ya han prometido ofrendar a los Borbones, analizar un poco cuáles son los perfiles del pensamiento monárquico jurídicamente más elaborado de nuestros días y en nuestro país. De todo lo que tengo controlado más o menos reciente el libro que se acerca más a un intento de justificar y explicar desde el ordenamiento jurídico (y sin ofender a la inteligencia del lector) lo que es y debería (a juicio de su autor) ser nuestra Monarquía es el de Gaspar Ariño Ortiz (publicado por Iustel el año pasado y prologado por Juan Antonio Sagardoy Bengoechea). Es una de esas cosas que yo me leo porque no puedo evitar cierta tendencia necrófila, cosa que hice hace unos meses, lo que me permite dejar aquí constancia de ciertas sorpresas que me produjo el texto, pero también de algunos apuntes que quizás puedan permitir entender por dónde puedan ir algunos de los cambios que se pretendan dar a la institución monárquica con el relevo de Campechano I por Pre-parado I. Vamos allá.

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Elecciones Europeas y Multireferèndum 2014

Por: | 25 de mayo de 2014

Aiguamurcia-320x202Como es sabido y hemos comentado muchísimas veces, el modelo democrático español es francamente decepcionante y muy poco participativo. Básicamente, la construcción jurídica de la Constitución de 1978, que podríamos resumir en el constructo "esta democracia me pega lo normal", se fundamenta en la idea de ir cogiendo de cada país de nuestro entorno las mayores restricciones posibles, puntuales, que ellos tienen, e ir sumándolas: una de aquí, una de allá, una de acullá... Cuando alguien luego se queja de una restricción concreta, entonces, siempre es posible decir "¡pero si en XXXX también es así y es un país perfectamente democrático!". Pues sí, es verdad, pero nosotros pillamos prácticamente todas las restricciones posibles y ninguna de las posibilidades de participación democrática de otros sitios. Y así nos va (aquí, un intento de explicar esto mismo con más detalle en una charla en la UNED sobre democracia y participación en España).

Probablemente donde más se visualiza todo esto, claro, es en lo de votar. En España votamos poco (sólo para elegir representantes y como quieras montar un referéndum éste sólo puede ser consultivo y debe autorizarlo el Estado) y mal (las restricciones de la LOREG son de un ridículo que, a estas alturas, mejor tomárnoslo a coña). Lo mejor del tema es que, además, y constatada que la cosa no se sostiene y tiene ya a estas alturas de siglo tintes directamente grotescos -presidentes de mesa revisando tu sobre no sea que metas ántrax en la urna, jornada de reflexión donde no se puede hacer propaganda, la increíble prohibición de publicar sondeos...- las reformas que se introducen no son para ir eliminando estas restricciones que en el mundo de hoy ya nadie considera sensatas sino que... ¡son para meter restricciones nuevas! Por ejemplo, hace no mucho se modificó la LOREG requiriendo conseguir más firmas para presentar candidaturas a los nuevos partidos o para obligar a los medios de comunicación a tratar la información política como un parte oficial donde hay que conceder el espacio a cada partido que la Autoridad competente determina. Una cosa de locos que ya crticamos severamente en su día en este blog. Por supuesto, no se aprovechó la reforma para "aligerar" de contenido la LOREG en sus aspectos grotescos.

Pues bien, lo más interesante en términos democráticos que está pasando en estas elecciones europeas 2014 por lo demás bastante poco importantes en términos democráticos (elegir un parlamento que no se ocupa de nada de lo importante que hace la institución de turno es lo que tiene) es que muchos ciudadanos de Cataluña se han organizado para reivindicar democráticamente que las elecciones pueden servir para algo más. Y lo están haciendo por la vía de los hechos, demostrándolo por medio de un ejemplo. La idea es muy simple: ¿no estaría bien aprovechar los días en que votamos a nuestros representantes, por ejemplo hoy, para convocar a la gente a decidir sobre otros muchos temas, como pasa en casi todos los países del mundo -en muchos de ellos, además, con resultados vinculantes-? Pues como ellos (y yo, la verdad, también) creen que sí estaría bien y también que es evidente que no podemos esperar que nuestros representantes y sistema de partidos vayan a avnzar en esta línea por sí solos, han decidido organizar las consultas por sí mismos. De eso va una iniciativa chulísima, y muy interesante por las tensiones jurídicas que plantea, que se llama Multireferèndum 2014.

Cualquiera que eche un vistazo a la web verá rápido en qué consiste la cosa. Aprovechar el día de hoy, donde votamos una cosa que a muchos interesa, a otros no tanto y a algunos nada, para montar mesas electorales donde se pregunten otras cuestiones más concretas y que pueden interesar a los ciudadanos. El proyecto es ciudadano y colaborativo. Se paga con donaciones y trabajo voluntario. Cualquiera que se apunte puede colaborar y tratar de organizar su mesa. Las preguntas se han decidido entre todos. Como es obvio, la iniciativa trata con ello de:

- llamar la atención sobre los asuntos concretos respecto de los que se va a preguntar (y conocer la opinión de la gente que participe, aunque obviamente el valor de estos datos es limitado, pues es una consulta sin censo ni garantías y previsiblemente con escasa participación);

- poner en marcha un ejemplo de modelo participativo que debiera servir para que el sistema diera una respuesta a las peticiones de que integre este tipo de consultas populares (a nivel micro muchas veces) aprovechando las elecciones.

La segunda cuestión es lo verdaderamente importante. Las preguntas del Multireferèndum, de hecho, casi son lo de menos excepto porque pueden simbolizar, a modo de ejemplo, el tipo de cuestiones sobre las que no es nada descabellado pensar que la ciudadanía, si así lo reclamase en unos números mínimos, debiera poder pronunciarse: si han de autorizarse los transgénicos en  agricultura en Cataluña o no, si ha de pagarse la deuda "ilegítima", si el sector eléctrico tiene que pasar a ser controlado por el sector público o si una iniciativa legislativa popular con suficiente número de firmas debiera poder ser sometida a referéndum en lugar de tramitada por el parlamento. Además, hay preguntas locales, referidas a cuestiones que afectan sólo a ciertas áreas de Cataluña: si se está de acuerdo con el mega-proyecto inmobiliario y de casinos de BCN World, si el servicio de abastacimiento de agua de Lleida se quiere que sea de gestión pública directa o no y si se está o no de acuerdo con una línea de alta tensión que se prevé construir en Girona. Quizás las preguntas puedan no ser óptimas para muchos, quizás cada uno de nosotros hubiera elegido otras, obviamente, pero da igual. La cuestión es que todas estas cuestiones, tanto las más macro como las más micro, ¿por qué no pueden ser contestadas por los ciudadanos? ¿Qué problema habría en que votáramos, aprovechando las europeas o cualquier otra elección, sobre este tipo de cosas también? ¿No sería mejor que sobre ciertas decisiones la última palabra la pudiera tener la ciudadanía? O, al menos, ¿no estaría bien saber lo que piensa la gente, cuánta gente efectivamente preocupada por estos temas hay y en qué sentido, dando sencillamente la opción de votar a efectos consultivos?

Las respuestas a estas preguntas me parecen bastante obvias, pero la LOREG no permite nada de esto ni la cosa está en la agenda de nuestros queridos representantes, faltaría más. Es más, aunque yo no veo en los tipos de delitos electorales (arts. 139 y ss LOREG) nada que remotamente se parezca a entender esta conducta como delictiva, uno puede esperar cualquier cosa de nuestras autoridades, que en esto de votar tienen muy claro que mejor exclusivamente como dicen ellos y con la pata quebrada. ¡A saber son capaces de entender que el 146.1 LOREG, cuando habla de dificultar que la gente vote, pudiera resultar aplicable! De esta gente no te puedes fiar, a la vista de que ellos son así de peculiares y no se cortan en extender hasta el infinito los tipos penales por vía de interpretación auténtica hecha por el Ministro del Interior. En cualquier caso, sea delictivo eso de montar una mesa en la calle o no, lo que está claro es que si el Poder se empeña lo que sí será es una infracción administrativa porque si no te lo autorizan, como ocupas la vía pública y además aquí se considera que la junta electoral tiene que supervisar todo lo que se mueve... Con lo que hacer esto tiene el valor no sólo del ejemplo sino de una cierta desobedicencia civil frente a restricciones absurdas.

Así, los acontecimientos que se han sucedido desde entonces, más o menos previsibles por otro lado, han sido los siguientes:

1. La Junta Electoral Central prohíbe el referéndum y el Tribunal Supremo confirma la prohibición. Lo cierto es que el auto del Supremo es interesante porque ha de recurrir a formulaciones generales muy imprecisas, como la idea de lo que es votar en la Constitución y a una estrafalaria argumentación sobre cómo el multireferèndum podría condicionar el voto de los electores (por no mencionar que argumenta que el clima en Cataluña es un elemento adicional para justificar que se prohíba hacer esto de votar impunemente, o algo así, en lo que es una razón que da directamente un poco de miedo), a fin de justificar la prohibición. Que quienes impiden algo y afirman que está prohibido tengan tantos problemas para buscar la norma en qué apoyarse, en una sociedad liberal, debería llevarnos a una conclusión clara sobre si esto es posible o no. De hecho, es lo que hace un voto particular, que dice que ha de primar la libertad (de expresión, en este caso) y que, en consecuencia, mejor dejar que se instalen las mesas.

2. Los organizadores, dado que por lo legal no les dejan, pero no creen la decisión ni constitucional ni acorde, en todo caso, a lo que debiera ser una democracia pluralista, deciden seguir adelante.

3. Hoy hay mesas instaladas en más de 130 municipios catalanes donde la gente puede votar.

4. Los Mossos d'Esquadra, en coordinación con el Ministerio del Interior, están tomando los datos de las personas que han instalado mesas y al parecer, incluso, de algunas que se acercan a votar. En otros casos, incluso, han retirado las mesas. Las razones por las que se actúa o no, en unos casos sí y en otros no, son un misterio, parece. Lo que sí está claro es que es una actuación bastante absurda y donde el Gobierno tiene poco claro qué debe hacer porque la base legal para reprimir algo pacífico y que no genera ninún problema de orden público es muy escasa.

Todo el proceso es muy interesante y, en su conjunto, demuestra palmariamente varias cosas:

- Que no pasa nada por dejar que algo así se haga y es absurdo (y muy dudosamente constitucional por falta de base legal para prohibirlo) que la Junta Electoral no lo autorice o que el Supremo se sume a estas tesis (de la valoración que merece que lo haga con invocaciones al "actual clima político en Cataluña" mejor ni hablar).

- Que las elecciones pueden servir perfectamente para algo más que elegir representantes y que deberíamos empezar a pensar cómo usarlas para ello, a todos los niveles: barrio, ciudad, territorio.

- Que hay que lograr que nuestros representantes, un día de estos, se pongan las pilas. Pero que mientras no lo hagan, nosotros tenemos también un espacio para jugar, donde la desobediencia civil en algunos casos está plenamente justificada. Y que todo esto, también, es una forma de participar en la vida política y contribuir a su mejora.

- Por último, que a mí me gustaría poder votar, empezando por ciertas cosas del barrio, como si tiene sentido restringir el tráfico en las calles cercanas al colegio o ampliar aceras en algunos lugares para facilitar recorridos escolares...

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ACTUALIZACIÓN: Entre retiradas de mesas, denuncias y demás problemas, al final, más de 50.000 personas votaron ayer

1307659845159_DAB3D27C-CAD3-4B7E-8E25-8025A16A7064_dnLes Corts Valencianes no son a día de hoy el Parlament más ejemplar que uno pueda imaginarse. Y no lo son por muchas razones. Entre lo poco que trabajan muchos de sus miembros -porque quienes planifican sus sesiones tienen muy claro que es más importante estar en las fiestas populares de farra con los ciudadanos de los distintos pueblos y ciudades del país antes que dedicarse a otros cometidos-, la absoluta inutilidad de las mismas como foro de discusión y debate de cuestiones que tengan un mínimo de relevancia -lo que hace que un día se dediquen a discutir si el valenciano viene del ibero y otro a plantear no sé qué cosas de unos malvados Països Catalans que nos han arruinado o algo así-, los desmayos de parlamentarios porque ven una exposición que recuerda cómo fue el proceso autonómico y las bullas habituales de la política española, que con tanta frecuencia sustituye el debate de verdad por el insulto y la gresca, la verdad es que la institución da un poco de pena. Si sumamos a ello que las leyes, al parecer, se las hacen los promotores inmobiliarios directamente, que los crucifijos aparecen a la que uno se descuida sin venir a cuento y que cuando aprueban una cosa importante, como una reforma del Estatut d'Autonomia, luego en Madrid pasan del asunto cantidad y el propio partido que gobierna en la Comunidad Valenciana decide meter el tema en un cajón, pues la verdad es que no es raro pensar que para tener algo así casi que mejor cerrarlo y eso que nos ahorramos, en la línea de solucionar los problemas de la autonomía valenciana por la vía de cepillárnosla que, por nuestra mala cabeza, cada día gana más adeptos.

Como ocurre con las instituciones que, a la hora de la verdad, y por lamentable que sea decirlo respecto del parlamento que da sentido a la autonomía política recuperada por el País Valenciano, no sirven de casi nada (al menos en su estado y configuración actual), el horror al vacío hace que éste se cubra inevitablemente con shows constantes. El parlamento valenciano es un ejemplo paradigmático y ha sido pródigo en los últimos años a la hora de protagonizar incidentes y esperpentos varios. No tiene sentido hacer un recuento porque, entre otras cosas, son demasiados. Pero sí es importante constatar cómo, frente a esas situaciones de tensión -o de risa-, la reacción de quienes dominan desde hace años les Corts es siempre extremar el celo represor para con los partidos de la oposición. Lo cual deja interesantes enseñanzas. Ya tuvimos aquí ocasión de comentar el muy peculiar reglamento que aprobó hace no mucho la mayoría del PP valenciano con normas sobre decoro indumentario y demás medidas absurdas y decimonónicas que incluían medidas de segregación de personas dentro del parlamento. Normas que, como era de prever y ya apuntamos en su día, se han usado bien poco -o nada-, por ser las mismas una idiotez soberana, pero que ahí están a mano de quienes mandan por si un día les da una volada represora y deciden que alguien de la oposición ha hecho algo inaceptable y hay que castigarlo ejemplarmente.

En esa misma línea, es interesante la movida generada hace ya dos días a cuenta de la expulsión de Mónica Oltra, diputada de Compromís -partido como es sabido de la oposición al gobierno valenciano del PPque la parlamentaria se negó a acatar, provocando un revuelo no menor y la suspensión del pleno (de hecho, el mismo sigue suspendido a día de hoy, a saber hasta cuándo). Me interesa relativamente poco, en estos momentos, entrar a analizar la batalla por las legitimidades entre quienes dicen que al President de les Corts hay que obedecerle siempre y quienes sostienen que hay una legitimidad de ejercicio que se perdió hace mucho por su parte debido a su manifiesta parcialidad, lo que ampararía desobediencias fente a comportamientos material y manifiestamente injustos (además de que tiene poco sentido abundar en esta cuestión porque ya hay un artículo muy interesante en Información sobre el tema escrito por el profesor de Derecho Constitucional de la Universitat d'Alacant Manuel Alcaraz y respecto del que poco cabe añadir). Pero, sobre todo, me interesa relativamente poco opinar sobre esto porque, a fin de cuentas, no deja de ser una cuestión de valoración muy personal y difícilmente objetivable. Una batalla, en definitiva, política, respecto de la que yo tengo mi opinión (y no me gustan, no tengo problema en decirlo, los juegos de estar en el mundo institucional pero a la vez legitimar insurrecciones selectivas) pero tampoco creo que ésta valga mucho más que la de cualquier otro. Así que no abundo en el tema. Tampoco, en este mismo plano, me interesa demasiadola discusión sobre si esto beneficia políticamente a unos u a otros. Cada cual tendrá su opinión, a unos les puede gustar más cómo actúa Oltra, a otros menos; a unos les puede gustar mucho cómo actúa el President de les Corts, a otros nada. La ventaja es que esa distinta valoración en más o menos un año veremos cómo queda zanjada de la manera en que solucionamos estos temas, afortunadamente, desde hace unas décadas: votando.

Incluso, y aunque es un asunto sin duda relevante a la hora de juzgar el comportamiento de la diputada expulsada -por ejemplo para evaluar la gravedad del hecho en sí y modular proporcionalmete una posible sanción por su negativa a abandonar el pleno-, me interesa poco analizar y evaluar si efectivamente hubo insultos previos de otros diputados que generaran la reacción de Oltra por la que fue llamada al orden o el contenido exacto de esta reacción -que por lo que muestra el vídeo, por cierto, tampoco parece para tanto-. Tampoco me parece esencial analizar, aunque quizás esto sea algo que sí convenga tener en mente, que Oltra es una diputada que ha sido insultada gravemente en esa sede parlamentaria, con zafias menciones a su familia, sin que pasara absolutamente nada en el pleno en cuestión, considerando la mayoría en el poder, al parecer, que este tipo de manifestaciones son absolutamente normales en sede parlamentaria (más allá de unas disculpas a posteriori).

Todas estas vertientes de lo ocurrido puede ser necesario tenerlas en mente para muchas cosas, pero en puridad son innecesarias para evaluar lo que me ha llamado más la atención de todo el incidente por el poco comentario que ha merecido: cómo y por qué se suceden los avisos y se decreta la expulsión de Oltra por parte de la presidencia. Pareciera como si nada hubiera que decir al respecto, como si no fuera analizable y, en su caso, criticable, como si lo que hace la presidencia de la sesión hubiera de ser asumido como bueno o malo en sí mismo -o apartir de esa lucha de legitimidades. y ya está. Pero, antes al contrario, conviene comentar el tema. Porque en el vídeo del incidente se ve la sucesión en apenas 15 segundos de tres llamadas al orden por, aparentemente -al menos las dos primeras-, unos mismos hechos, deviniendo en expulsión las mismas sin que apenas diera tiempo a la diputada apercibida a procesarlas y modular su comportamiento a partir de las mismas -entre las dos primeras y la tercera y definitiva pasan unos diez segundos apenas-. Vaya por delante que yo no soy ningún experto en Derecho parlamentario ni tengo ni idea de cuál es la práctica al uso en estos casos porque normalmente los ciudadanos nos enteramos poco de estos shows parlamentarios (y bien que hacemos, dado que son algo políticamente bastanet prescindible, la verdad). Podría ser que esto fuera lo normal en les Corts valencianes y en el resto de parlamentos occidentales y yo no lo supiera. A saber. Sin embargo, me extrañaría que así fuera, dado que hay elementos que son realmente llamativos en el incidente. Ahora bienm y, en todo caso, si en efecto así fuera, la crítica habría que extenderla a todos los parlamentos que operen de esta misma manera y ya está (les Corts habrían tenido simplemente la mala suerte de que sus modos de funcionar sean más visibles debido a su peculiar función política a medio camino entre el circo y la tragedia, que hace que cada sesión allí rematada de esperpento tenga más trayectoria mediática). Ocurre, sin embargo, que no da la sensación  de que éste sea el modo en que se aplica la policía de sesiones como norma general por ahí. Y a este respecto no hace falta saber de Derecho parlamentario sino simplemente echar un vistazo rápido al vídeo del suceso, muy significativo de suyo:

 

Desde una perspectiva jurídica, y dado que el President de les Corts está ejerciendo competencias sometidas a Derecho de contenido no sólo ordenador de los debates sino que acarrean consecuencias sancionadoras -la expulsión del pleno tiene un contenido sancionador claro y no digamos la posterior suspensión de la condición de diputada que se baraja-, es exigible un exquisito cuidado, una cierta mesura y una incuestionable prudencia a la hora de actuar desde la presidencia en este sentido. Así como sería de desear, ya que estamos, también cierta equidad y que de la misma manera que unos comportamientos merecen reprobación otros estrictamente equivalentes la suscitaran también, pero ya es sabido que en España nuestro benemérito Tribunal Constitucional siempre ha dicho que no es exigible a nuestras autoridades respetar el principio de igualdad cuando sancionan y que por ello no es controlable eso de sancionar a unos y a otros no porque "no hay igualdad invocable cuando se está incurso en el incumplimiento de la ley" o algo así (STC 43/1982 y muchísimas otras más después).. Una doctrina que nunca he entendido muy bien, pero que ahí está, con lo que no vamos a pedir unicornios a quienes mandan en España -y menos todavía a quienes mandan en les Corts- si el TC ampara todo tipo de arbitrariedades selectivas en el ejercicio de las potestades sancionadoras. ¡Con que cumpliera de vez en cuando las sentencias que les condenan por no permitir el trabajo dee los diputados de la oposición ya iríamos que chutaríamos!

Sí sería en todo caso deseable, sin embargo, y al menos, que se cumplieran ciertas reglas que no sólo es que sí que están en todos los principios que regulan estas cosas y que inspiran cómo han de ejercerse estas atribuaciones sino que, además es que son, directamente, de sentido común. A saber:

- Si un apercibimiento tiene que servir para que alguien module su conducta en el futuro éste ha de hacerse de forma que se se pueda tener conocimiento del mismo, pues, si no es así, ¿cómo puede pretenderse que sirva de algo? Por esta razón, si efectivamente alguno de los avisos del Presidente de la cámara no fue audible en medio de la trifulca, la subsiguiente expulsión parece obvio que cojea porque debería haberse hecho previamente un esfuerzo para que quedara claro a Oltra que había sido apercibida. Obviamente, si todo pasa en 15 segundos, pues como que es difícil asegurarte de que el apercibido (varias veces) ha sido efectivamente consciente de haberlo sido. Es por ello un mal uso de libro de esta potestad de ordenación de los plenos no modular el apercibimiento para que pueda cumplir su función. Algo así equivaldría en un campo de fútbol, más o menos, a haber sancionado con tarjeta amarilla a un jugador que se aleja del árbitro enfadado haciendo aspavientos exagerados y críticos tras una decisión arbitral, que el jugador no viera que ha sido sancionado por estar de espaldas al colegiado y siguiera con las quejas y los gestos airados y que, a continuación, el árbitro le sacara una segunda amarilla y lo expulsara. Es obvio que el colegiado no habría actuado leal y correctamente.

- No se puede sancionar dos veces por la misma acción. Si en el vídeo vemos que el president de les Corts apercibe por dos veces en un lapso de apenas 2-3 segundos a la diputada Oltra (no se ve muy bien por qué, pero parece que es por estar manteniendo una conversación airada con otros diputados), ¿no está sancionando dos veces un mismo comportamiento y desvirtuando así totalmente la función de la "llamada al orden" prevista y su orientación moduladora? Volviendo al símil futbolístico, ¿puede un árbitro sacar una amarilla a un jugador que le ha pegado una patada a otro y porque éste se queje un poco más mientras sigue en el suelo sacar a continuación una segunda amarilla por esa misma acción ya pasada y sancionada? O por poner un ejemplo más cercano, en medio de un trifulca entre dos jugadores, y tras sacar tarjeta amarilla a uno de ellos porque están discutiendo, ¿podría dos segundos después sacar la segunda amarilla porque la discusión no se corta en seco o simplemente porque mientras estaba sacando la primera amarilla todavía se oía al jugador chistar? Parece que no, es evidente que hay que dar un mínimo tiempo -que no son sólo dos segundos- de asimilación de la sanción y por eso ningún árbitro se atrevería a actuar así pero cosas así de raras sí pasan, en cambio, en les Corts valencianes: como se ve en el vídeo,  no hay tiempo material para que Oltra haga o diga nada y que sea mínimamente procesado entre la primera y la segunda amonestación. En realidad, los dos primeros apercibimientos son, sencillamente, por la misma acción y por ello dudosamente ajustados a lo que prevé la norma.

- Por último, y por mucho que esa legendaria doctrina del Tribunal Constitucional ya comentada sobre la "no igualdad en la ilegalidad" pueda cubrir muchas cosas, ¿en serio permite también amonestar tres veces -hasta llegar a expulsarla- a una diputada que se enzarza con otros parlamentarios en un cruce de reproches más o menos subidos de tono mientras que los demás partícipes en la trifulca no reciben ni un mísero apercibimiento? No sé yo ustedes, pero a mí, si fuera uno de esos diputados del PP, casi me traumatizaría el poco efecto de mis gritos y mis invectivas que de tan inadvertidos que pasan vay resulta que mientras mi compañero de bulla se lleva tres broncas yo acabo impoluto y virginal ¡como si nadie me hubiera hecho el más mínimo caso!

Visionado el vídeo, en definitiva, no parece muy proporcional ni sensato el comportamiento de la presidencia de les Corts valencianes a la hora de decidir esta expulsión express en 15 segundos por unos intercambios verbales tampoco tan anómalos ni insólitos en un parlamento. Podría pensarse que la expulsión es, por ello, contraria a Derecho pues por muy amplias que sean las facultades de apreciación de la presidencia en su política de ordenación y policía de las sesiones éstas no son totales y no pueden darse de bruces contra la realidad constatada. Este modo de operar, eso sí, se antoja, en cambio, si no coherente con las funciones de arbitrio de un buen presidente sí totalmente en consonancia con esas normas represoras que prohíben llevar ciertas camisetas o dicen que la gente que visita el parlamento valenciano debe ser conducida prácticamente cual ganado y ha de evitar el contacto con los parlamentarios no sea que les contagien algo. Es una manifestación más de una manera autoritaria, rígida y muy poco inteligente (así como partidista) de conducir una institución. No es de extrañar, por ello, la triste degradación de un parlamento que, así considerado, ha acabado como ha acabado.

Aunque manifestamente fuera de proporción, sería muy interesante jurídicamente que este incidente acabara en una sanción grave para la parlamentaria y que ello llevara a su recurso en sede judicial y, con ello, a que se obligara a que un tribunal revisara la legitimidad y corrección de la misma. En un país donde desde hace ya demasiados años el poder está desgraciadamente acostumbrado a creer que ninguna regla le vincula, que ninguna norma le obliga, sería muy bueno que se empezara a dejar claro que no, que cuando se ejercen ciertos poderes ello implica tener muchas responsabilidades, lo que obliga a un cierto "decoro", esta vez sí, en el modo de comportarse. Por ejemplo, lo decoroso, y lo legítimo, es que un president de les Corts valencianes haga un esfuerzo por tratar a todos los parlamentarios igual, que sea prudente en su comportamiento y que si reprime o sanciona lo haga con exquisito cuidado y prudencia. No expulsando en 15 segundos de bronca verbal -sin que medien ni insultos ni nada particularmente grave- a una diputada. Más que nada porque a nadie se le escapa que algo así habría sido inconcebible tratándose de otros diputados. Y nadie debería perder de vista que la dignidad y la legitimidad de una institución no depende de lo que una diputada o un diputado puedan hacer en un día de cabreo, en un día en que se equivocan o en un día en que hacen el tonto. Pero sí depende en cambio, y mucho, de cómo quienes la dirigen y son sus responsables la hacen comportarse y aparecer ante los ciudadanos. Veremos qué pasa, pero el tema es, cuando menos, muy instructivo.

12163166c0535ba85530113d483dbbb5Desde esta madrugada a las 23.59 una serie de canales de televisión han dejado de emitir, generando mucho revuelo en este país nuestro. Se trata de nueve canales emitidos por diversos grupos privados que el Tribunal Supremo, tras haber declarado ilegal la adjudicación de los mismos, instó a que fueran cerrados en cumplimiento de la sentencia. Es extraordinariamente llamativo, en general, el sesgo con el que se ha informado en los medios de comunicación de la situación. Por poner un ejemplo, incluso grupos sin participación en el mercado televisivo y supuestamente por ello poco inclinados a defender los intereses oligopolísiticos de los cuatro grupos afectados por esta situación (que son los cuatro únicos grupos privados que disfrutan de licencias para emitir en televisión por ondas hertzianas de ámbito estatal), tratan el tema de un modo extraordinariamente crítico con la decisión del Tribunal Supremo y, más todavía, lo que resulta si cabe más inaudito, con la decisión del gobierno de acatar la sentencia en cuestión y darle cumplimiento. Por lo visto está muy mal cumplir sentencias y es particularmente aberrante que se liquiden situaciones de hecho constituidas a partir de una flagrante ilegalidad jurídica. Así es la vida y así es la manera en que nos cuentan el Derecho en este país. Aunque, como es obvio, en este caso tiene mucho que ver cómo nos cuentan el cuento con quién lo cuenta, lo que si estamos discutiendo sobre licencias de televisión y grupos de comunicación acaba suponiendo una pescadilla que se muerde la cola que no es de extrañar que produzca visiones sicalípticas de lo ocurrido. A fin de entender hasta qué punto es absurda esta visión, por ello, conviene exponer brevemente de dónde vienen los problemas y cómo se ha construido este peculiar modelo de mercado televisivo muy concentrado y protegido que tenemos.

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Una proposta de nova televisió pública valenciana

Por: | 29 de abril de 2014

Repetidor-tv3-alacant

Aquest matí al centre cultural la Nau de la Universitat de València hem estat discutint sobre com hauria de ser una nova televisió pública valenciana amb companys d'altres Universitats, productors televisius, professionals del sector, executius de cadenes regionales espanyoles i europees i treballadors de l'antiga RTVV. Ha estat un matí (i de ben segur serà també una vesprada) apassionant. Com que el tema és molt interessant, i el Dret aporta moltes pistes sobre per on podrien (o convindria que) anaren les coses, aprofite per enganxar ací les meues reflexions, donat que a aquest bloc ja n'hem parlat, a bastament, del tancament de RTVV (per exemple, ací; o uns dies més tard, ací). La qüestió seria, senzillament, plantejar un... i ara, què?

Doncs ara hauríem de començar per pensar-ho tot, aprofitant que a la Comunitat Valenciana ja no tenim televisió pública, des de zero. Repensar-ho, vaja, des dels mateixos fonaments. Començar de nou, sense cap tipus de llast. I això bàsicament significa que hem de preguntar-nos, directament, si ens cal tindre una televisió pública al País Valencià o no. I si, cas de considerar que fóra precís i que la resposta es un 'sí', aleshores per quines raons i per complir quines finalitats. Per donar resposta a aquestes qüestions el Dret de la regulació dels mercats, i més en concret el que ha regulat els mercats audiovisuals a la Unió Europea, ens dóna algunes pistes. En aquestes línies tractaré de seguir-les.

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15702791Una de las cuestiones más interesantes si pretendemos analizar el fallo multiorgánico que estamos viviendo en España es tratar de entender por qué exactamente todo los controles no sólo es que hayan fallado estrepitosamente; es que, además, siguen fallando a día de hoy. A las miserias de nuestros sistemas de control jurídico (tanto en fase judicial como en lo referido a los controles administrativos) nos hemos ya referido en este blog en ocasiones. Se podría hablar mucho, también, del particularmente fallido papel de algunos controladores externos como la prensa, pero otros lo pueden hacer y lo hacen mucho mejor que yo (lean, por ejemplo, este comentario de Guillermo López donde analiza algunas cuestiones estructurales de nuestro ecosistema comunicativo a cuenta de la caída de Pedro Jota Ramírez y entenderán muchos de los problemas que tenemos). Sin embargo, hay un controlador externo, y muy importante, que suele irse de rositas cuando nos referimos al control del poder: la Universidad y, en general, el trabajo que realizamos quienes formamos parte de la comunidad académica.

Cuando digo que la Universidad española suele irse de rositas no me refiero, como es obvio, a que no se la critique por ahí. Se la critica, como es sabido, y por muchas cosas. No pocas veces, con toda la razón. Aquí hemos señalado algunos de los problemas de nuestro sistema universitario en múltiples ocasiones. Sin embargo, y no deja de ser llamativo (al menos, a mí me lo resulta), casi nadie menciona un tema bastante importante y que habla mal por cómo lo resolvemos, en general, de nosotros como académicos. Se trata del hecho de que, a pesar de gozar de un privilegiado estatuto de independencia laboral y personal, hemos demostrado y demostramos un espíritu crítico frente al poder, por lo general, bastante escaso, así como una generalizada tendencia a buscar a los poderosos (ya sea el poder político, ya el poder económico) para que nos mimen, nos hagan carantoñas y nos cuiden. Como resultado, y esto es algo que se puede constatar fácilmente si echamos la vista atrás, no hemos tenido ni demasiados economistas que cuestionarian de forma seria y regular el modelo de crecimiento del país (es más, la comunidad académica, siguiendo al Banco de España, ha jaleado el curso que iban tomando las políticas económicas en este país sacando los pompones en cuanto ha podido) ni demasiados juristas que hayan expresado su preocupación por las carencias en materia de participación, porosidad o efectiva traslación de la voluntad de los ciudadanos, por mencionar sólo dos ejemplos, hasta que estas realidades, convertidas en inmensa bola de nieve que va arrasando todo a su paso, se han hecho tan grandes que ni siquiera el poder político es capaz de negarlas. Quedan ya a estas alturas sólo los obedientes vocacionales cantando ciertas excelencias y poco más a estas alturas, pero es que, incluso para eso, bailamos al compás que nos marcan los acontecimientos. Y no debería ser así. La Universidad, por definición, habría de comportarse (y ser diseñada para eso) como un efectivo contrapoder, contramayoritario para muchas cosas, que sirviera como foco de resistencia crítica frente a los excesos, a las corrientes más en boga, a las tendencias al exceso, a los consensos generalizados, al champagne corriendo desbocado y, en general, a todas las construcciones y visiones de la realidad que, viniendo desde arriba, tratan de imponerse hacia abajo... tengan o no sentido, tengan o no base cierta, sean más o menos populares y de consumo fácil o indigesto.

¿Por qué no ha funcionado así estos años? ¿Qué ha pasado para que hayamos tenido, más bien, todo lo contrario? Como casi siempre, estamos ante una cuestión de diseño y de incentivos. Y aquí es donde, como suele decirse (y recordaba acertadamente @ppsoe2000 en Twitter hace poco), nada es gratis y sorprende que a estas alturas haya quien no lo tenga claro. Porque no, "Nada es Gratis". Pero de verdad.

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¿Tienen algún sentido las huelgas universitarias?

Por: | 28 de febrero de 2014

1393492505379Ayer había convocada una "huelga" de estudiantes de secundaria y Universidad que, en mi Universidad (y especialmente en el campus donde se encuentra el centro donde yo trabajo, la Facultat de Dret de València), derivó en incidentes varios que abocaron al cierre de los aularios donde se imparten la mayoría de las clases. Aunque en otros centros, o incluso en el mío, hubo quien pudo dar clase con normalidad (es, por ejemplo, mi caso, tenía una clase por la tarde y transcurrió sin incidentes aunque con menos afluencia de la normal), es éste un suceso que sistemáticamente (aunque no necesariamente de forma generalizada) se repite cada vez que hay una huelga de estudiantes. Y, más allá de la ritual condena que merece que haya quien considere que su "derecho" a no ir a clase (derecho que, por cierto, y por lo general, se tiene todos los días del año excepto si te topas con determinados talibanes boloñísticos) ha de ir acompañado del de privar a los demás de tomar la decisión por sí mismos (y digo ritual porque de tan obvio que es afirmarlo da la sensación de que tiene poco sentido reiterarlo), a mí los sucesos de ayer me mueven a preguntarme algo más sencillo y directamente de base en torno a este asunto: ¿tienen algún sentido estas "huelgas"?, ¿sirven para algo?, los convocantes, ¿qué es lo que buscan con ello?, ¿lo consiguen?

Vaya por delante que siempre he considerado con cierto escepticismo que se califique de "huelga" lo que no tiene nada que ver con las huelgas de trabajadores que definen el término. Los trabajadores que dejan de ir a trabajar lo hacen, en el marco de un conflicto, asumiendo un coste (y un coste no menor) como es la pérdida de su salario. Ir a la huelga es, pues, no sólo costoso sino muy costoso si el conflicto se prolonga en el tiempo (lo que suele ser el caso cuando la huelga no es mero acompañamiento simbólico de otro tipo de protestas). Esta actuación es por ello es especialmente encomiable y, en parte por esta razón (aunque también por otras) muy digna de mucha protección jurídica. Cuando un grupo de trabajadores decide plantear un conflicto laboral por esta vía es, sí o sí, porque ha agotado todas las demás menos lesivas para sus intereses y porque, jugándose mucho en el envite, decide poner a alguien que tiene capacidad de decisión efectiva para llegar a un acuerdo en una situación también compleja. Mientras dure la huelga, ambos pierden (aunque quizás unos más que otros), fomentando en cierta medida que, caso de que haya una solución posible y no óptima pero sí asumible para ambas partes, se pueda llegar a un acuerdo. 

Como a nadie se le escapa, nada de esto tiene sentido con una huelga de estudiantes. Los estudiantes no reciben un salario que dejen de perder y, de hecho, ni siquiera hacen algo demasiado excepcional dejando de asistir a clase (dado que las tasas de asistencia en la Universidad española son bastante lastimosas -lo que, por cierto, quizás debiera hacernos reflexionar a los profesores sobre cómo tenemos montado el tinglado, pero eso es un tema del que mejor hablar otro día-). En el peor de los casos, pierden la clase que sea impartida ese día, aunque hay una costumbre muy extendida que entiende que si hay "huelga" no se puede avanzar en el temario (y, por supuesto, no se pueden hacer exámenes) para evitar perjuicios a los estudiantes que se movilizan. Como puede verse, nada que ver con una huelga de verdad. Hasta tal punto de que nunca he entendido por qué se hace uso del término (aunque en el fondo la respuesta es obvia, para vestir con un ropaje muy digno lo que, como reivindicación, a veces lo es... y a veces no).

Las llamadas "huelgas de estudiantes" en la Universidad tienen más que ver, sencillamente, con una jornada reivindicativa que institucionalmente se entiende como digna de respeto (lo que no me parece necesariamente mal), por lo que, en consecuencia, se decide también "protegerla" paternalistamente desde la institución (esto es, desde la propia Universidad) evitando cualquier consecuencia negativa, o al menos las más lesivas (a diferencia de lo que pasa con una huelga de verdad, donde los trabajadores pierden su salario del día) para quienes forman parte de ella. En el fondo, probablemente no puede ser de otra manera. Porque los estudiantes, sencillamente, reciben una prestación y tiene poca lógica emparentar esa actividad con la de trabajar. Prescindir de la misma como mecanismo de protesta radical podría tener, quizás, su sentido en momentos y circunstancias extremas (relacionadas con una enseñanza muy deficiente o sesgada, por ejemplo), pero da la sensación de que nadie,en este mundo de hoy, se plantea hacerlo para protestar contra los recortes o cosas equivalentes. Bien está.

La cuestión es que, planteado el asunto en estos términos, me queda la duda, la verdad, de para qué sirven entonces estas reivindicaciones organizadas como si fueran huelgas y consistentes en no ir un día a clase. ¿Se logra algo con ellas? ¿Son un mecanismo eficaz de protesta? Sinceramente, tengo la sensación de que no. Son un modelo ritual de movilización, cómoda (porque no tiene costes para quienes participan de ella) pero que no  tiene capacidad real de condicionar ninguna decisión (ni de la Universidad, contra quién además no suelen ir las protestas; ni del Gobierno, a quien le da un poco igual, la verdad, que haya clase o no). El único (y magro) efecto que se puede lograr es salir un poco en prensa. Y como para ello es más útil que se tenga que cerrar un aulario porque ha habido piquetes violentos que simplemente lograr un movimiento de protesta más sólido y generalizado a partir de otros mecanismos de movilización, pues es lo que tenemos. Tampoco es que se logre nada así, más allá de extender una imagen que no sé si es muy beneficiosa para quienes protestan (en todo caso, ése es su problema, no el mío), pero quizás este estado de cosas debería llevarles (y llevarnos) a cierta reflexión. 

Por ejemplo, en clave interna, que es la que más me interesa, hay que cuestionar si hacen bien las Universidades españolas optando demasiado rápidamente  por soluciones fáciles y expeditivas (como cerrar aularios) que demuestran no querer líos incluso a costa de suspender (institucionalmente, de facto) las clases en lugar de otras, quizás más complicadas de instrumentar, que pudieran garantizar que se impartieran efectivamente todas las clases que fuera posible impartir para los alumnos que lo deseen. No hay que ser tolerante con cierto tipo de acciones (no, al menos, en el sentido de dejar de cumplir con tus obligaciones para alentarlas), por mucho que haya una supuesta "tradición" en este sentido. Máxime cuando, al menos desde mi óptica, asistimos cada vez más a supuestas "huelgas" que casi ya no buscan más imagen reivindicatoria que esa violencia de baja intensidad que supone el pequño, magro y ridículo éxito de "lograr que hoy no haya clase". ¿De verdad eso es el gran éxito? ¿Sólo eso? La verdad, a tan poca cosa, y conseguida de esa manera, habría que dejar de llamarla "huelga" de una vez porque, lamento decirlo, degrada un término que se refiere a un esfuerzo muy meritorio de unos trabajadores que se juegan su salario para luchar por lo que creen justo y no por participar en batallitas estéticas asociadas más a cierto narcisismo supuestamente rebelde que a una reivindicación seria.

Hay maneras mucho más inteligentes y adaptadas a los tiempos de activismo político. Es patente que en nuestras Universidades, a día de hoy, están mayoritariamente ausentes. La preocupación de los estudiantes y sus asociaciones por los problemas internos de la Universidad o algo tan obvio e importante como la calidad de la docencia que reciben está bajo mínimos. Recientemente en las elecciones a rector de la Universitat de València se ha vuelto a poner de manifiesto (junto a la legendaria tendencia del profesorado a verlas como unas elecciones para lograr reivindicaciones respecto de las mejora de las condiciones de trabajo) que lo importante para cierto activismo de nuestros días es el día de la paella y no la cantidad de profesores que van a clase a leer unos apuntes, libro y power point (y eso, claro, si van). Que este estado de cosas quede maquillado por cuatro contenedores cruzados en la calle y aularios rociados de espuma de extintor para impedir las clases no hace la cosa más digna sino, la verdad, mucho menos.

¿Hay algo más? Pues sí, hay algo más. Ayer mismo, por la tarde, se presentaban libros y debatía sobre cuestiones de mucho interés en el casal que los estudiantes han montado usando el espacio ahora vacío de la antigua cafetería de Filosofía. Ocupa menos espacio en los medios, pero probablemente de ahí saldrán cosas más útiles para el futuro. El problema es que de esto tenemos poco y, en cambio, de otras cosas, demasiado.

UnknownQuienes no sean del País Valenciano o no formen parte del mundo del Derecho público quizás no hayan oído hablar nunca de una cosa llamada Consell Jurídic Consultiu (CJC, no me echen la culpa por enlazar esto que la web no es mía, aunque reconozco que lo hago en plan cruel para que os lloren un poo los ojos) que en la Comunidad Valenciana montamos, como casi siempre, después de decir que los catalanes (y, en este caso, también los canarios) eran muy malos y antiespañoles por poner en marcha órganos consultivos equivalentes al Consejo de Estado pero que, por supuesto, nos aprestamos a copiar tan pronto como el Tribunal Constitucional (STC 204/1992) determinó que era perfectamente constitucional lo que habían hecho en esas otras regiones (vamos, el mismo proceso mental que luego hemos entronizado en el Estatut d'Autonomia, para que no se diga que no exhibimos nuestras miserias, en forma de la conocida "cláusula Camps").

Estos días el CJC se ha hecho famoso, al menos en nuestra tierra, porque ha alcanzado una de las cotas de ridículo jurídico y de desprestigio social más altas que se han visto nunca en España, a pesar de lo difícil que está la competición, en el campo del pesebrismo institucional. Todo a cuenta, para convertir el espectáculo en más peculiar, de un diccionario previamente aprobado por una institución independiente cuya función es velar por el valenciano y determinar sus normas, la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), a quien no se le ha ocurrido otra cosa que hacer un diccionario que no le gusta a los políticos que mandan en el Gobierno valenciano. Como en España la política y el poder son como son (y en Valencia hemos decidido que, además, no vamos a tener problema alguno en exhibir estas miserias más que nadie), el Gobierno valenciano no se cortó un pelo exigiendo a los académicos cambiar el diccionario, amenazó con cerrar la institución, con dejarles sin presupuesto, con crear una segunda academia y, finalmente, encargó al Consell Jurídic Consultiu un Dictamen para que éste dijera que los políticos tenían razón al criticar el diccionario y ver si así convencían/forzaban a la Acadèmia a rectificar a base de fuego jurídico graneado, dado que las habituales presiones (recordemos que el gobierno valenciano ha llegado incluso en ocasiones a irrumpir en reuniones de la Academia para impedir que debatiera asuntos que no le gustaban) por una vez no habían servido. Algo, por cierto, que pone en valor a una institución como la Acadèmia Valenciana de la Llengua de un modo que pocas otras instituciones han logrado, demostrando que se tomaba en serio tanto su función y la ley que determina cuál ha de ser ésta, como el hecho de que la han de desarrollar con independencia y sentido de Estado antes que atender las impresentables y delirantes presiones del gobierno valenciano.

Obviamente, el Consell Jurídic Consultiu no es, ni en este sentido ni en otros muchos, como la Acadèmia y lo ha demostrado rápidamente. Por esta razón, en toda esta historia, a partir de un determinado momento, lo importante ya no es el valenciano o su defensa sino algo si cabe más esencial y cuya importancia va más allá de los problemas y miserias del País Valenciano: la independencia de ciertas instituciones como algo esencial para que el sistema pueda funcionar. Un país no puede marchar bien cuando en la misma naturaleza y sustancia de órganos, como el Consell Jurídic Consultiu, cuya misión de fondo no es sino ejercer de control y contrapeso del poder público, lo que aparece a la hora de la verdad es una irresistible pulsión por hacer caso, siempre, a quien mande en la Generalitat. Por ridícula, impresentable y ayuna de cualquier fundamento que sea la cuestión sobre la que se les pregunta o la pretensión en torno a la que se les pide que se alineen. Como es el caso. Ese órgano de supuesto control (jurídico, para más inri), si efectivamente "funciona" así, sencillamente, no sirve. Y sería mejor liquidarlo, cerrarlo, olvidarnos de él cuanto antes... y ya está. Porque para que tengan coches oficiales, sueldos de ministro, asesores y sinecuras varias una serie de señores a cambio de hacer como que tenemos un entramado institucional propio de un país normal y que luego el comportamiento sea sistemáticamente bananero, la verdad, ya nos podríamos ahorrar ese dinero y emplearlo en contratar más asesores en Presidència de la Generalitat, que para un récord de Europa que tenemos, pues mejor afianzarlo. 

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¿Qué hacer con la Constitución?: Ruptura o reforma

Por: | 27 de enero de 2014

Ruptura-300x199Esta tarde, en el marco del Seminari Permament de Ciències Socials que organizan desde hace ya tres años unos compañeros de la Facultad, vamos a discutir sobre las posibilidades de reforma constitucional o sobre si, directamente, conviene marcar un punto de inflexión más radical e iniciar un movimiento de ruptura con el sistema nacido en 1978 (pero enraizado hasta cierto punto en lo que había antes) y poner en marcha un proceso constituyente que logre una transformación, siquiera sea simbólica, más más radical, con una verdadera cesura constitucional que marque con claridad un antes y un después.

Razones para pensar que quizás ha llegado el momento de iniciar el esfuerzo para lograr un cambio profundo y dar la vuelta al país como a un calcetín es cierto que, en estos momentos, no faltan. El "catacrac" institucional, social y económico en que se encuentra España en la actualidad creo que no es apenas discutido por nadie. Tampoco lo es que entre las causas del mismo hay muchas que tienen que ver con el Derecho, esto es, con la forma en que hemos decidido organizarnos. Y algunas de ellas, qué duda cabe, seguro que tienen que ver con las normas que regulan en un nivel muy básico nuestras instituciones, esto es, la Constitución.

Por otro lado, es evidente que, en ocasiones, y sobre todo cuando hablamos de dinámicas sociales, los cambios, sean más o menos profundos, no necesitan sólo de ser acometidos. También tienen que "notarse", tienen que verse y sentirse como importantes. Es muy probable que España no necesite sólo cambiar algunas reglas, dar una mano de pintura a la superficie del invento y aspirar con esos retoques a que todo vaya mejorando a partir de unas bases ya alcanzadas. No es descabellado pensar que hace falta algo más, algo que sirva como instrumento catárquico para que, más allá del Derecho, de las normas, de las reglas e incentivos que suponen, se renueve una especie de pacto social 2.0, nos comprometamos una ética pública mejorada y, también, más optimista. Para ello una ruptura constitucional aporta componentes emocionales y simbólicos que una mera lista de retoques, más o menos afortunados, no puede aspirar a proporcionar. Es, por ejemplo, y salvando las distancias, uno de los atractivos del llamado "proceso" catalán que cada vez suma más adeptos a la independencia. La idea no ya de empezar de cero sino de que lo parezca, al menos, un poco, de que quede casi todo por hacer y diseñar, de poder programar aspirando a hacerlo todo mejor, de que incluso los errores queden (como algo siempre posible, inevitable en cierta medida) en el futuro más que en el pasado, es indudablemente atractiva. Todo ello, también, apoya los argumentos en favor de iniciar un proceso constituyente. O de intentarlo, al menos.

Y, sin embargo, personalmente, no creo que sea en estos momentos adecuado trabajar por una ruptura. Muchas razones, desde las más pragmáticas a las que se refieren a una evaluación que pretende ser más objetiva de la situación, me hacen personalmente decantarme por pensar que va a ser más rentable, en estos momentos, trabajar pensando en una (buena) reforma constitucional. Allá van, sintetizadas, algunas de estas razones.

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