40 Aniversario

¿Barcos para matar civiles en Yemen? ¡No, gracias!

Por: | 11 de noviembre de 2016

María del Pozo, Jordi Armadans, Sara del Río, Carmen Suárez-Llanos y Alberto Estévez, responsables de la campaña Armas Bajo Control de Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón

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Efectos de los bombardeos en Yemen. Foto: AI

Mi hijo iba al mercado a diario. No pudimos localizar todo su cuerpo, sólo pudimos encontrar su pierna derecha después del ataque aéreo”.

Así contó Hasan Mohamed Masafi a Amnistía Internacional cómo perdió a su hijo de 18 años y dos primos, uno de ellos un niño de 12 años, en un mortífero ataque aéreo de la coalición saudí contra un concurrido mercado en la gobernación de Hajjah, en el norte de Yemen, controlada por fuerzas huzíes. El ataque se produjo el 15 de marzo de 2016. Murieron al menos 44 civiles y decenas resultaron heridos.

El hijo de Hasan Mohamed es una de las más de 7.000 personas muertas, 36.000 heridas y 3,2 millones de desplazadas internas que ponen rostro al coste humano de 19 meses de guerra en Yemen.

Imagínense que la mitad de la población española necesitase ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades básicas. Pues esa es la situación en Yemen para más de 21 millones de personas, en una crisis exacerbada por el bloqueo naval de Yemen, una violación grave del derecho internacional humanitario y donde, según Oxfam, la falta de combustible por el bloqueo naval saudí podría causar más muertes que la propia violencia.

Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la ONU han documentado presuntos crímenes de guerra de la coalición encabezada por Arabia Saudí en Yemen, un conflicto en que todas las partes han cometido graves violaciones y abusos que deberían ser investigados. Ha habido decenas de bombardeos ilegítimos de hospitales, escuelas, mercados y mezquitas en los que se emplearon municiones de racimo fabricadas en Brasil, EE.UU. y Reino Unido, unas armas de efecto indiscriminado prohibidas internacionalmente.

Hoy, el mismo día que el gobierno desbloquearía la venta de munición a Arabia Saudí, Felipe VI inicia una visita del gobierno español a ese país. Es llamativo que, la misma semana en que en Marrakesh se iniciaron las negociaciones de la COP22 tras la firma del Acuerdo de París sobre el clima, cuestiones clave para Greenpeace y Oxfam Intermón, el primer destino de la agenda exterior del Rey sea  uno de los mayores productores de crudo, uno de los principales verdugos globales  en el que se reprime la libertad de expresión y los derechos de las mujeres. Todo indica que una prioridad de la visita será impulsar la firma del contrato entre la empresa pública Navantia y la armada saudí para la construcción de cinco corbetas en los astilleros de Ferrol y Cádiz. Hay tres elementos a considerar en este caso: i) la legalidad del contrato; ii) los puestos de trabajo que supondría, y iii) “si no vendo yo, lo hará otro”.

En cuanto al primer argumento, en enero ya denunciamos en una carta abierta al Gobierno español y a Navantia que esta operación es ilegal de acuerdo con la normativa española e internacional sobre comercio de armas. Se lo hemos reiterado esta semana por carta al Rey y al nuevo Ministro de Asuntos Exteriores.

Tras 19 meses de guerra y dada la comisión de presuntos crímenes de guerra por la coalición saudí en Yemen, en la actualidad existe un riesgo manifiesto de que estos barcos podrían utilizarse para llevar a cabo ataques militares directos a la población civil, ataques indiscriminados contra civiles y para mantener el bloqueo naval que ha agravado la crisis humanitaria en Yemen.

El Gobierno español sabe que estas prácticas son violaciones graves del derecho internacional humanitario y, concretamente, del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) cuya adopción en la ONU en 2013 apoyó. El Artículo 6 del TCA prohíbe la venta de armas si, en el momento de la autorización, como es este caso, el Estado tiene conocimiento de que las armas “podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales, u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales en los que sea parte”. Blanco y en botella.

Igualmente, debería cumplir la Proposición No de Ley aprobada en abril de 2016 en el Congreso de los Diputados que instaba al Gobierno español a, entre otras medidas, no autorizar ventas de armas a las partes del conflicto de Yemen.

Pasemos al segundo argumento, los puestos de trabajo.  De nuevo ha habido declaraciones de  representantes de partidos políticos y sindicatos, hasta el momento todas a favor del contrato, obviando sus gravísimas implicaciones para la población civil de Yemen. Las ONG no nos oponemos a la creación de puestos de trabajo en los astilleros de Navantia, que está negociando acuerdos con otros países. Siempre que esos contratos respeten el derecho internacional, no habrá problema.

 No se trata de tener que escoger entre el derecho al trabajo y el derecho a la vida, entre “nuestros” y “sus” derechos humanos, pues estos son universales e indivisibles. Si este caso ayuda a plantear un debate serio sobre la necesidad de reconversión de la industria militar española, bienvenido sea. Sin embargo, no es eso lo que nos ocupa, pues es únicamente que la venta de barcos de guerra a Arabia Saudí es manifiestamente ilegal.

El tercer elemento a considerar es “Si España no vende estos barcos a Arabia Saudí, lo hará otro país”. Eso no es necesariamente así. El Tratado sobre el Comercio de Armas, que entró en vigor en 2014, se adoptó precisamente para evitar este tipo de situaciones. 130 Estados ya han firmado el Tratado y 87, incluida España, lo han ratificado. Eso quiere decir que deben aplicar y respetar las normas globales para regular la venta de armas establecidas en el Tratado, entre cuyos fines está contribuir a la paz y la seguridad y reducir el sufrimiento humano.

Con el tiempo, los Estados que aún no han ratificado este Tratado se darán  cuenta de los beneficios de que todos los exportadores de armas apliquen las mismas reglas. Si no, se quedarán fuera de los acuerdos que impliquen la transferencia de tecnología avanzada y perderán oportunidades de negocio. Y no querrán convertirse en parias de la comunidad internacional que vendan armas para cometer atrocidades, sometidos al escrutinio de la opinión pública mundial. Porque en el comercio de armas también hay reglas, y la primera es que vender armas para cometer atrocidades está prohibido.

República Democrática del Congo: 20 años de una guerra inacabada

Por: | 24 de octubre de 2016

Marta Iñiguez de Heredia, doctora en RRII por la LSE, actualmente Marie Sklodowska-Curie Fellow en el IBEI

ChildsoldiersgroupFoto: Menores-soldado en centro de desmovilización de Masisi / Marta Íñiguez

El 24 de octubre se cumplen dos décadas del comienzo de una serie de guerras en la República Democrática del Congo (RDC) que no han acabado. Ese otoño de 1996, los rebeldes del general Laurent Kabila, sumados a los Ejércitos de Ruanda y Uganda y el apoyo estratégico de EEUU y Reino Unido, entraban por las provincias orientales del Norte y Sur de Kivu. Su propósito: desmantelar los campos de refugiados del genocidio ruandés, desde donde se estaban reorganizando miembros del antiguo gobierno y ejército ruandeses, y dar un golpe de Estado contra el Mariscal Mobutu, al frente del Gobierno del entonces Zaire. Se confirmaron con ello los augurios de Franz Fanon hace 50 años: África tiene forma de pistola y el Congo es su gatillo. Esta guerra, que apenas duró siete meses, desató una serie de conflictos, incluyendo la llamada Guerra Mundial Africana, y marcó el rumbo de la región de los Grandes Lagos y África Central.

Las claves del conflicto en la RDC

La guerra del 96 tuvo consecuencias políticas, económicas y sociales a distintos niveles. En primer lugar, se consolidó un cambio en el balance regional de poder, adquiriendo Ruanda y Uganda una hegemonía militar que tanto ha garantizado como que ha comprometido su seguridad, y ha involucrado a Angola y Sudáfrica, erigiéndose como contrapoderes. Las relaciones Ruanda-RDC vienen marcadas desde entonces por la mutua instrumentalización y confrontación en torno a intereses políticos, económicos y de seguridad en el este de la RDC. Se consolidó también que buena parte de las dinámicas y la violencia en el este del Congo adquirieran (artificialmente) una perspectiva étnica entre ruandófonos, Tutsis y Hutus, por una parte, y población “autóctona” por otra. Este cariz, si bien ha influido en la ideología que muchos grupos armados han tomado, no explica en sí mismo el conflicto.

En segundo lugar, una creciente influencia anglófona se impuso en la región de los Grandes Lagos, desbancando a la Francofonía. El Mariscal Mobutu ya había sido una de las joyas de la corona anti-soviética de EEUU (a pesar de ser vehículo de diamantes y otros recursos del socialista Frente Nacional de Libertação de Angola). La subida de Museveni en Uganda y Kagame en Ruanda dio sustento al ímpetu de Bill Clinton de apoyar nuevos líderes africanos que supieran llevar con mano de hierro la agenda liberal que se había impuesto después de la guerra fría. Esto se sumó al peso de la culpa que líderes como Tony Blair sentían por la inacción ante el genocidio ruandés de 1994. Estas alianzas han conseguido que graves violaciones de la soberanía congoleña por parte de estos países no hayan sido realmente el objetivo de una condena internacional seria.

En tercer lugar, los eventos del 96-97 siguen siendo uno de los periodos más violentos que ha vivido la RDC. El informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en 2010 sugirió la posibilidad de un genocidio en las incursiones contra los campos de refugiados por parte de la coalición Kabila-Ruanda-Uganda. Este conflicto además marcó el carácter de las sucesivas guerras como una guerra contra la población civil. Desde esta fecha ha sido la población civil la que más ha sufrido asesinatos, torturas, trabajo esclavo, matrimonios forzosos, violencia sexual y desplazamiento forzoso de sus tierras. Es por esto también que las milicias populares Mai Mai han jugado y juegan un papel fundamental no sólo en avanzar su agenda política, sino en ofrecer seguridad a la población - si bien estas milicias también han cometido graves abusos.  

Finalmente, pero más importante si cabe, la guerra del 96 transformó la lucha por la democracia en un combate violento. Durante los años 80 la oposición contra Mobutu se había intensificado, llegando a lograr el fin del partido único en 1990. El levantamiento del 96 precipitó a muchos, tanto parlamentarios como intelectuales, jóvenes y población rural, a la lucha armada, viendo una oportunidad para quitarse el yugo del autoritarismo y la pobreza. En algunas áreas, especialmente en los Kivus, algunas milicias Mai Mai, formadas en su mayor parte por jóvenes sin trabajo y campesinado, llegaron a administrar varios territorios. En el 2002 la ONU calculó que podían tener cerca de 30,000 combatientes. La rebelión del 96 fue por tanto no sólo un alzamiento militar de soldados renegados y tropas extranjeras, fue también un levantamiento popular.

Mobutu fue derrotado, pero ni la democracia ni la paz se impusieron. En 1998 recomenzaba la guerra, esta vez, más intensa y más larga, la Guerra Mundial Africana. Nueve países se involucraron, apoyados por potencias extranjeras, llegando a partir la RDC en tres. También en esta guerra, milicias populares se alzaron para defender la integridad del país y la posibilidad de un cambio político y económico. De ahí, se han ido sucediendo una serie de conflictos más localizados de forma cíclica hasta hoy, en los que algunas milicias han servido de proxy para la confrontación armada entre el gobierno congoleño y países vecinos.

Volver a una guerra inacabada… e incomprendida

Parece que, como decía Gardel, 20 años no son nada. Es posible volver a la guerra como se vuelve a un primer amor. La negativa del presidente Joseph Kabila a celebrar elecciones como toca en noviembre de este año está llevando a la RDC a una crisis profunda en la que, nuevamente, la lucha por la democracia es protagonista. Kabila ‘fils’ (hijo), otrora alabado por las potencias occidentales por su compromiso con la liberalización económica y la democratización, está haciendo caso omiso al límite de dos mandatos que le impone la Constitución congoleña. El presidente ha argumentado que hace falta rehacer el censo y que no hay recursos, posponiendo las elecciones hasta julio de 2017. Entre tanto el Gobierno ha intensificado la represión contra disidentes políticos, defensores de derechos humanos, periodistas y líderes religiosos.

BunyakiriPoblación desplazada por las FDLR en Bunyaikiri / MI

En la RDC hay un conflicto político. Y tal como se vio en el conflicto del 96-97, éste tiene que ver tanto con la injerencia internacional, la explotación de recursos, los intereses politicos y de seguridad, como con las ansias de cambio político y del fin de la pobreza de la población. No obstante, hay otro problema grave que es la falta de comprensión del conflicto por parte de los actores internacionales que se dicen constructores de la paz en la RDC. Los paradigmas con los que se suele explicar el conflicto en la RDC son la avaricia, la explotación de recursos naturales y la conflictividad étnica. Pero en la RDC no hay un conflicto étnico, tampoco una guerra civil, ni el fin último de las milicias es simplemente la explotación de recursos. Los recursos pueden engrasar la maquinaria de guerra, pero no son su causa. Tampoco los recursos explican todo en cuanto a la injerencia de países vecinos y de fuera de la región. Si bien es verdad que hay diversos actores compitiendo por el control de zonas fértiles de cultivo, de coltan, uranio, oro y petróleo, los intereses de los países involucrados también hay que entenderlos en forma de seguridad y de control político. Tampoco el paradigma del Estado fallido explica mucho sobre lo que pasa en la RDC. La corrupción y el mal funcionamiento de las instituciones son el mal de muchos países en el mundo, y no cuentan con una guerra a sus espaldas de más de 3 millones de personas. Esta falta de comprensión ha llevado a beneficiar a Ruanda y a Uganda con ayudas, mientras intervenían militarmente en la RDC, directa o indirectamente. Ha llevado también a forzar la integración de grupos armados en el Ejército congoleño, creando así un Ejército que es un mosaico de grupos armados, infiltrado por países vecinos. Ha llevado a ignorar los reclamos políticos de las milicias populares, aplicando una lectura étnica de sus actividades. Las prisas por formar un Gobierno ha desembocado en el apoyo a un presidente autoritario.

La complejidad del conflicto en la RDC radica no sólo en que tiene raíces locales, nacionales, regionales e internacionales sino también en que pone en evidencia el modelo político y económico que define las relaciones Estado-sociedad en la RDC y de la RDC con la economía y política mundiales. Es por esto que las soluciones hasta ahora probadas en torno a un modelo de Estado liberal a base de elecciones y una liberalización de sectores industriales clave no han dado salida a los problemas de conflicto, pobreza y autoritarismo. No es por tanto extraño que sigamos viendo el conflicto del 96 proyectado en el futuro a largo plazo, y que cobre fuerza otra vez cuando peligren los pequeños avances democráticos conseguidos.  

Naciones Unidas: renovarse o morir

Por: | 11 de octubre de 2016

MARTIAL TREZZINI EFEFoto: Martial Trezzini/EFE

Los focos de las cámaras de los principales medios de comunicación de todo el mundo se han reunido en Nueva York para plasmar el 71º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Este encuentro anual retrata en blanco y negro y con olor a naftalina una organización septuagenaria cuyos principales miembros se resisten a dejarla entrar en boxes a pesar de las numerosas críticas que la sitúan permanentemente al borde del abismo. Sin embargo, esta organización sigue siendo en la actualidad la principal garante de la paz y la seguridad internacionales de carácter multilateral. A pesar de numerosos fracasos y déficits, sobre todo democráticos y de representatividad en el seno de su principal órgano decisorio, el Consejo de Seguridad de la ONU.

Esta ocasión ha trascendido a las anteriores por el hecho de coincidir la salida de dos de sus principales líderes: por un lado, el presidente de los EEUU, Barack Obama, sobre el que se habían depositado tantas expectativas que incluso se le concedió de antemano un premio Nobel de la Paz, aunque su sello en Afganistán, Libia, Irak y Siria no pasará a la historia precisamente por su promoción de la diplomacia multilateral. Por el otro, el coreano Ban Ki-moon, después de liderar –con más pena que gloria– la organización durante los últimos nueve años. Entre sus éxitos se destaca el reciente acuerdo global contra el cambio climático y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un brindis al sol viendo la actual cartera de líderes occidentales conservadores que debieran encabezar esta iniciativa, empezando por la UE.

Mientras, los objetivos de otras cámaras –con menos luz y taquígrafos– siguen intentando dar testimonio de las más de 4.000 personas de Siria, Iraq, Afganistán, Eritrea y otros países fallecidas durante el año 2016 en las aguas del Mediterráneo y de los centenares de miles de personas originarias de estos mismos países que han conseguido cruzar esta tumba abierta pero que se enfrentan a la inacción española, europea y de la ONU, cuando no el boicot activo -véase el fallido referéndum anti-inmigración de Hungría. Este gran fracaso internacional camuflado como crisis de refugio, los conflictos en Siria, Irak y Afganistán y el reto que supone Estado Islámico son los principales frentes que le deparan al nuevo secretario general de la ONU.

Sin embargo, existen otros muchos escenarios que se encuentran todavía más alejados de los focos de los medios de comunicación, tal y como han recordado algunos periodistas españoles y africanos en el I Encuentro de Periodistas África-España organizado por Casa África en Madrid, escenarios que tienen que luchar para tener una presencia que huya de los estereotipos que tradicionalmente acompañan la información que procede del continente africano.

Financiando el conflicto en RCA

Un bochornoso ejemplo de silencio mediático y de fracaso del papel de la ONU en los últimos años es la situación que padece la República Centroafricana (RCA). El 2 de septiembre se hizo público un nuevo escándalo concerniente al papel que la ONU está desempeñando en este país y cómo la organización incluso contribuye a financiar el conflicto armado que padece. Una investigación de IRIN, agencia creada en los noventa por la propia ONU que en 2015 decidió abandonar el corsé de la organización internacional, desveló que esta organización había pagado más de medio millón de dólares a una de las empresas que la propia ONU había incluido en su lista de empresas y particulares sancionadas por haber alimentado el conflicto armado en el país con la venta de diamantes procedentes de zonas en conflicto y por haber proporcionado apoyo a los grupos armados, y que a pesar de conocer este hecho seguía contratando a dicha empresa. Conocida como el Bureau d’Achat de Diamant en Centrafrique (BADICA), fue incorporada a la lista de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU en agosto de 2015 por su controvertido papel en el comercio de diamantes en la RCA. El Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU confirmó a IRIN que alquilaba unos terrenos propiedad de BADICA en la capital donde se alojaba la Bangui Joint Task Force, el centro de operaciones conjuntas formado por la Policía de la ONU y los batallones de la MINUSCA, la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país. BADICA forma parte del Grupo empresarial Abdoulkarim, con base en Antwerp (Bélgica), país en el que también vive su líder empresarial, Abdoulkarim Dan Azoumi.

Júlia Serramitjana IO-EPFoto: Júlia Serramitjana/IO

Fuentes de la ONU han argumentado que son conscientes de esta irregular situación desde que BADICA fuera incluida en la lista en agosto de 2015, pero la búsqueda de instalaciones que cuenten con las condiciones que ofrece el terreno de BADICA han sido infructuosas, por lo que sigue contratando a esta empresa. El mismo Consejo de Seguridad de la ONU ha señalado que los contratos pre-existentes con firmas sancionadas pueden continuar bajo determinadas circunstancias que se establezcan en las propias resoluciones. La actual extensión del contrato con BADICA expira a finales de octubre de 2016, y por el momento no hay noticias de que la ONU vaya a abandonar estas instalaciones, lo que pone de manifiesto no sólo el fracaso de la comunidad internacional para frenar la financiación de los actores que contribuyen a la prolongación de la guerra en el país, sino incluso su connivencia y responsabilidad en los hechos. El último informe de la ONU dibuja un panorama desolador de persistencia de tráfico de armas, de acciones bélicas de los grupos armados, de explotación ilícita de recursos naturales así como de abusos y desplazamiento de civiles.

Violencia sexual, abusos e impunidad

Pero el desolador panorama no termina aquí. Un recuento de las cifras que ha ofrecido la misma ONU en febrero de 2016 sobre acusaciones de abusos sexuales y violencia por personal de las misiones de la ONU situaron la RCA como el país donde se han producido más acusaciones de violencia y abusos del mundo en el año 2015, con 22 de las 69 denuncias. Una comisión de expertos designada por la misma ONU reconoció en 2015 el fracaso de la organización en hacer frente a esta situación, ejemplificada con la dimisión de Ander Kompass en junio de 2016. Este diplomático sueco, director de operaciones de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OHCHR), filtró a las autoridades francesas información clasificada de la ONU sobre abusos sexuales de menores cometidos por los soldados franceses. El Alto Comisionado de la OHCHR, el jordano Zeid bin Ra’ad, consideró que Kompass no había consultado esta decisión y forzó su dimisión, aunque posteriormente tuvo que readmitirlo. El alud de críticas forzó la creación de esta comisión de expertos, que determinó la pésima gestión de la ONU, por no haber atajado el problema de abusos que había detectado y por haber dedicado más esfuerzos a desacreditar a Kompass que a perseguir a los culpables. A su vez, exoneró a Kompass por las filtraciones. Sin embargo, éste decidió dimitir cargando contra el clima de impunidad y por la incapacidad de la ONU para corregir esta situación.

El ejemplo de RCA pone de manifiesto algunos de los principales déficits y retos que afronta la ONU en la actualidad. Esperemos que el nuevo secretario general de la ONU, el ex primer ministro socialista portugués António Guterres, pueda hacer virar la dirección de la nave. Su mismo proceso de elección, también opaco y antidemocrático como la organización,  ha suscitado movilizaciones internacionales para escoger una mujer –She4SG– y para democratizar el proceso –1 para 7.000 millones– que han oscurecido su candidatura.

Alberto Estévez, María del Pozo, Jordi Armadans, Sara del Río y Paula San Pedro, son responsables de la campaña Armas Bajo Control de Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón

Yemen Airstrikes

Bombardeos en Yemen. Foto: AI

Nos despertamos con las ventanas encima de todos nosotros... Escondí a las niñas debajo de la escalera. [...] Dos impactos hicieron añicos la casa. [...] No había manera de escapar”. Así describió Abdelhaseeb al Mutawakil el aterrador momento en el que las fuerzas de la coalición saudí atacaron su casa en Mueen (Yemen), con dos ataques aéreos consecutivos en enero de 2016. Su esposa y dos hijas de corta edad estaban en la casa en ese momento y escaparon por poco de la explosión. Este ataque contra una vivienda civil es uno de los muchos ataques aéreos semejantes registrados durante el último año que han violado las leyes de la guerra, que prohíbe y califica como crímenes de guerra los ataques deliberados contra civiles, viviendas, centros médicos y escuelas.

¿En esos crímenes de guerra se han usado los aviones, municiones, bombas, torpedos, cohetes y misiles españoles vendidos a la coalición saudí que interviene en Yemen desde marzo de 2015? Es la pregunta del millón (o, más bien, de los más de 1.100 millones de € vendidos a Arabia Saudí en armas desde 2011). El Gobierno español no investiga esta cuestión pese a que casi la cuarta parte de las armas vendidas en los primeros seis meses de 2015 fueron a Arabia Saudí, concretamente 447 millones € de un total de exportaciones valoradas en 1.824 millones-. Es una pequeña parte de los más de 28.000 millones € en licencias de exportación y ventas de armas de diferentes países a Arabia Saudí, pero una parte del pastel que España reclama.

El informe ¿Licencias para matar? denuncia carencias en el sistema de control de las exportaciones de armas y el riesgo claro de que armas exportadas a la coalición saudí que opera en Yemen se usen para cometer violaciones graves del derecho internacional. Identifica 13 operaciones especialmente preocupantes, como las ventas de munición y bombas a Arabia Saudí; armas pequeñas y municiones a las fuerzas armadas de Brasil, pese a los indicios de ejecuciones extrajudiciales y el constante uso innecesario y desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Militar en la ciudad de Río de Janeiro; municiones, aviones y bombas, torpedos, cohetes y misiles a Colombia, donde no se puede garantizar que se utilicen conforme al derecho internacional; municiones y bombas, torpedos, cohetes y misiles a las fuerzas armadas de Irak pese al deterioro de la situación de derechos humanos; granadas de mano de gas lacrimógeno y aerosoles de defensa personal a la policía de Túnez pese a los informes de torturas, o cartuchos exportados a Camerún susceptibles de ser desviados a la República Centroafricana que atraviesa una crisis de derechos humanos.

El informe también identifica otras 14 operaciones de potencial preocupación sobre las que se necesita disponer de mayor información para emitir una opinión informada, incluidas las armas pequeñas y ligeras y municiones exportadas a EE.UU. pese a leyes estatales demasiado permisivas sobre el uso de fuerza letal y el riesgo de que las armas exportadas puedan ser utilizadas para cometer delitos, armas de caza y tiro deportivo a Ghana pese al riesgo de desvío a Mali o Libia, y las armas exportadas a Guatemala, Honduras, Jamaica y la República Dominicana, con altos niveles de violencia armada.

Ocho años y medio después de la aprobación de la Ley sobre comercio de armas y ante el constante aumento de estas exportaciones desde hace una década, el próximo Gobierno y los grupos parlamentarios tienen deberes: mejorar el sistema de control de exportaciones de armas y la transparencia para cumplir estrictamente la legislación española, incluido el Tratado sobre el Comercio de Armas que prohíbe la transferencias de armas para cometer atrocidades, mejorar la evaluación de riesgo de uso indebido de las operaciones y reforzar el control parlamentario, asignando a la Comisión de Defensa una función de control parlamentario previo en las operaciones preocupantes. Es la mejor receta para evitar que España otorgue licencias para matar violando el derecho internacional.

La espiral del terror contra el terror

Por: | 27 de marzo de 2016

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                                                                                  YVES HERMAN (REUTERS)

Los ataques en Bruselas han despertado, una vez más, la sensación de terror en nuestro país. Si bien no han dejado de haber ataques de carácter yihadista en el mundo desde el tristemente célebre 11-S, la atención mediática aparece cuando las víctimas podríamos haber sido nosotros. Pero más allá del comprensible sentimiento identitario más acusado hacia Bruselas, París o Nueva York, hace falta apelar en primer lugar a la responsabilidad de los medios a la hora de utilizar narrativas que pueden servir para crear violencias o terrores futuros. Es decir, la utilización, otra vez de términos como islamista, musulmán o árabe para referirse a estos actos de terrorismo sirven para legitimar los cada vez más numerosos discursos islamófobos en nuestro país. Lo cual no es baladí, ya que legitima políticas xenófobas, insolidarias -por ejemplo con las refugiadas- y la utilización de la violencia para hacer frente a esta amenaza. La extrema derecha está, sin duda, frotándose las manos.

Pero estos discursos no son nuevos. Desde el 11-S han sido hegemónicos y son los que han justificado la llamada Guerra Contra el Terror, impulsada por George W. Bush, de la mano de sus aliados europeos y de la OTAN. La doctrina basada en el ojo por ojo, diente por diente promovida por EEUU, ahora vigente más que nunca en Europa, es el soporte ideológico que necesitan las medidas que ante un siempre horroroso y despreciable ataque terrorista, optan por aumentar en las calles la presencia policial y en algunos casos militar, reducir las libertades individuales (y consecuentemente aumentar la represión) para facilitar la labor de investigación de las fuerzas de seguridad (llegando a extremos como Guantánamo y las torturas legalizadas de la policía norteamericana), y responder con la misma moneda a los que se supone como causantes originarios de la amenaza terrorista, en Afganistán fue Bin Laden y al Qaeda, en Siria es el ISIS (Daesh o Estado Islámico). De hecho la Guerra Contra el Terror es todo esto, un conjunto de medidas para acabar con el terrorismo (refiriéndose sobre todo al autodenominado como yihadista) lideradas por la invasión de Afganistán con la excusa de ir a capturar a Bin Laden y el aumento de la persecución (muchas veces en forma de represión) de los ciudadanos de origen árabe, de religión musulmana o cualquier cosa que se les parezca. Cabe decir que la declaración de guerra de Bush y Rumsfeld, como bien explica el profesor e investigador del Centro Delàs de Estudios por la Paz José Luis Gordillo en el Diccionario de la Guerra, la Paz y el Desarme, además de Al Qaeda incluía la Yihad islámica, Hizbulá, Afganistán, Irak, Irán, Siria, Libia, Sudán, Corea del Norte y Cuba.

Una vez han pasado 15 años de guerra, de las fuerzas armadas más poderosas del mundo (Estados Unidos y Europa acumulan dos tercios de las capacidades militares mundiales) contra unos miles de terroristas, el balance no puede ser más negativo. La Guerra Contra el Terror ha dejado Afganistán tan mal como estaba, pero con decenas de miles de nuevas víctimas de un conflicto armado que ha reforzado no sólo en Afganistán sino en la región, los discursos anti-occidentales de talibanes y otros grupos agraviados por la intervención militar aliada. La Guerra Contra el Terror continuó expandiendo sus actividades en los países de la lista Bush-Rumsfeld, invadiendo Irak, interviniendo directa e indirectamente en el derrocamiento de Gadafi y ahora con la guerra de Siria. En cómo han quedado estos países después de la intervención de los ejércitos aliados no hace falta insistir, cientos de miles de muertos, millones de heridos, mutilados y decenas de millones de personas forzadas a abandonar sus hogares en busca de un lugar seguro. Pero de lo que no se habla es de la responsabilidad de estas actuaciones hacia el terrorismo actual. Es decir, hay que responder a la pregunta de si la Guerra contra el Terror ha podido ser causa de la expansión de Al Qaeda, de la creación y crecimiento del ISIS, y de la aparición de pequeños grupos e incluso individuos, ciudadanos americanos o europeos, que cometen actos terroristas en nuestro entorno. La respuesta es como siempre en el análisis de conflictos más compleja -no hemos hablado aquí, por ejemplo, de quien ha armado y entrenado a estos grupos armados que ahora nos atacan a nosotros- pero todo indica que la Guerra contra el Terror más que reducirlo la ha aumentado, lo ha potenciado. Porque la estrategia de la fuerza militar, de los bombardeos y de la represión de la población musulmana en Occidente, han sido el combustible de los terroristas que ahora amenazan nuestra seguridad. ¿Acaso alguien piensa que las bombas que ahora caen sobre Raqqa no son la excusa perfecta para acusar al malvado Occidente de masacrar la población musulmana? Los dirigentes del ISIS no dejarán pasar la oportunidad de captar nuevos adeptos a su abominable causa cada vez que un familiar suyo muere como consecuencia de los bombardeos aliados. Las bombas sirven para legitimar los ataques terroristas de hoy y fabrican los terroristas del futuro.

La Guerra contra el Terror nos ha convertido en una amenaza para una parte importante del mundo, nos ha hecho ser enemigos, ya que nosotros los hemos tratado como tal. La Guerra contra el Terror ha sido, pues, un fracaso absoluto, porque ha generado más terror, un mundo más inseguro y una sociedad menos tolerante. 15 años de errores son suficientes. Si queremos crear un mundo más seguro, hay que darle la vuelta a las respuestas de Occidente al terrorismo. Hay que parar la espiral de violencia que ha creado y potenciado la Guerra contra el Terror y probar con alternativas basadas en la paz y la convivencia. Las respuestas armadas ya hemos visto que no han funcionado.

Paz, en construcción

Sobre el blog

Un espacio de reflexión y debate sobre la necesidad de generar condiciones de paz en un mundo azotado por la violencia y la injusticia. El blog será coral, nutrido por colaboraciones de varias personas vinculadas a los centros de investigación, ONG y movimientos sociales por la paz de todo el Estado. También contará con alguna colaboración puntual de voces internacionales.

Sobre los autores

Jordi Armadans Jordi Armadans Politólogo, periodista y analista en temas de seguridad, conflictos, militarismo, desarme y cultura de paz. Director FundiPau (Fundació per la Pau), miembro de la Campaña Armas Bajo Control y miembro de la Junta Directiva de AIPAZ.

Jordi CalvoJordi Calvo Economista, analista e investigador sobre economía de defensa, militarismo, paz y desarme. Investigador del Centro Delàs de Estudios por la Paz (Justícia i Pau) y miembro de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’ONG y del International Peace Bureau (IPB).

Josep Maria RoyoJosep Maria Royo Politólogo, analista e investigador sobre conflictos y construcción de paz de la Escola de Cultura de Pau de la UAB. Miembro de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’ONG.

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