Oportunidades para el diálogo

Por: | 11 de octubre de 2017

“Si quieres hacer las paces con tu enemigo, tienes que trabajar con
tu enemigo. Entonces él se vuelve tu compañero” - Nelson Mandela

Hace unos años el Centro para el Diálogo Humanitario (HD Centre) publicó el estudio Conflict analysis: the foundation for effective action. Se planteaba la necesidad de disponer de un profundo conocimiento analítico del contexto de conflicto para poder llevar a cabo cualquier iniciativa de mediación. Para ello, esa guía identificaba siete elementos que debían ser analizados para poder desarrollar cualquier esfuerzo mediador, como son el contexto, los actores implicados en el conflicto, el diseño del proceso a seguir y su secuenciación, los problemas identificados para llevar a cabo una negociación efectiva, las iniciativas de negociación previas (y sus éxitos y fracasos), el estudio comparativo de otros procesos de paz y las dificultades y retos en la implementación de un acuerdo de paz. El HD Centre es una organización independiente creada en 1999 que se ha convertido en una de las principales organizaciones a nivel internacional en el campo de la mediación de conflictos. En la actualidad está trabajando de forma pública o confidencial en más de 40 iniciativas de diálogo en unos 20 países, como Filipinas, Malí, Nigeria, Senegal, Siria, Somalia, Sudán o Túnez, algunos de ellos escenarios de conflicto armado y otros situaciones de tensión política. En España es conocida por su papel de garante y facilitador de los contactos con ETA.

Intentando responder a alguna de estas cuestiones, el informe Alerta 2017, Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz de la Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona analiza el estado del mundo en términos de conflictividad y construcción de paz durante el 2016 y la naturaleza, causas, dinámicas, actores y consecuencias de los principales escenarios de conflicto armado y tensión socio-política en el mundo, lo que permite ofrecer una mirada comparativa regional e identificar algunas tendencias globales. Este análisis es clave para poder llevar a cabo cualquier iniciativa de mediación y construcción de paz, tal y como parece que se está planteando en el conflicto político que se está dibujando en el complicado panorama político catalán.

índex2Foto: JMR

Una de las tendencias de los casi 40 procesos de paz y negociaciones analizados en 2016 es identificar claramente el quién. En la mayoría de los casos los principales protagonistas de las negociaciones fueron los gobiernos de los respectivos países y los actores opositores políticos, sociales y armados afectados o activos en esos conflictos, lo que implica la constatación de que los principales actores, incluidos los gobiernos, no pueden rehuir de participar en las iniciativas de diálogo. Para resolver un conflicto, las partes implicadas deberán participar tarde o temprano en alguna iniciativa de diálogo. La negación del diálogo no resuelve los conflictos, si acaso los agrava, enquista y eterniza.

En segundo lugar, el qué. Aunque se niegue por activa y por pasiva, a nivel internacional se está dialogando entre gobiernos y entidades que exploran arquitecturas políticas intermedias, que buscan un nuevo estatus político y administrativo o que aspiran a ser Estados con pleno reconocimiento internacional. En la mitad de los 33 conflictos armados actuales y en la mitad de los 87 escenarios de tensión a nivel internacional estuvieron presentes demandas de autogobierno y/o identitarias. Entre estos casos en los que existen procesos de negociación se cuentan varios en Europa, por ejemplo, el de Georgia en lo referente a Abjasia y Osetia del Sur; Moldova y la autoproclamada república de Transdniestria; Ucrania y las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk; o el de Serbia y Kosovo –si bien el estatus legal internacional de Kosovo no está definido, ha sido reconocido como Estado por más de un centenar de países. En el continente africano cabe mencionar la situación en el norte de Malí, la región senegalesa de Casamance, el conflicto en los estados sudaneses de Darfur, de Kordofán Sur y Nilo Azul, o Sudán del Sur, declarado independiente mediante un referéndum pactado, el caso de Marruecos-Sáhara Occidental –la RASD no ha sido reconocida internacionalmente, pero al mismo tiempo el Sáhara Occidental sigue siendo considerado por la propia ONU como un territorio pendiente de descolonizar cuya pretendida pertenencia a Marruecos no está reconocida por el derecho internacional ni por ninguna resolución de Naciones Unidas¬–, o el de Israel y Palestina –donde aún está pendiente la configuración y reconocimiento internacional del Estado palestino, pese a su admisión como “Estado observador” en la ONU en 2012 y su reconocimiento por numerosos Estados. En Asia podrían destacar las negociaciones entre el Gobierno filipino y el MILF en la Región Autónoma en Mindanao Musulmán, las negociaciones entre el Gobierno de Tailandia y las provincias del sur del país o el pueblo naga en la India, por citar algunos ejemplos actuales.

Las terceras partes

Otra de las cuestiones que ha saltado a la luz en los últimos días es el papel de las terceras partes implicadas en procesos de paz y negociación. Las terceras partes intervienen en la disputa a propuesta de los actores implicados y con aceptación de éstos para contribuir al diálogo entre los actores enfrentados y favorecer una salida negociada del conflicto. Cabe mencionar que si bien hay muchos casos donde se conoce públicamente cuáles son los actores involucrados en tareas de mediación, facilitación y acompañamiento, por la necesidad de respaldo público a la iniciativa de paz, en otros contextos estas tareas se llevan a cabo de manera discreta y no pública, para preservar el contenido de las conversaciones y evitar que su publicidad afecte o determine las propias negociaciones. En el escenario catalán, en los últimos días se han publicitado multitud de iniciativas que pueden favorecer el diálogo pero sería deseable que surgiera alguna iniciativa que preservara la confidencialidad de los actores y el contenido de las propuestas, en un escenario en el que la aceptación de una mediación podría ser percibida como una renuncia o una debilidad.

A nivel internacional, la ONU, organizaciones regionales, Estados y sociedad civil son los principales actores involucrados como terceras partes en los numerosos diálogos abiertos durante 2016. En un tercio de los 40 procesos analizados ese año estuvo presente la ONU, mientras que en 11 de los 15 casos africanos fueron la Unión Africana o bien otras organizaciones regionales del continente, como ECOWAS, IGAD o SADC. En Europa, la ONU ha actuado en Chipre con apoyo de la UE, mientras que en Serbia-Kosovo es la UE (y en el pasado la ONU) la que ha activado procesos de diálogo, además de la situación de Georgia, en la que han actuado la UE, la OSCE y la ONU. La OSCE también ha actuado en numerosos espacios del continente europeo, como por ejemplo en Nagorno-Karabaj (Armenia-Azerbaiyán). A su vez, la UE también ha desempeñado funciones como tercera parte más allá del continente europeo, en especial en contextos de África y Oriente Medio, entre ellos Mozambique, RDC, Sudán del Sur, Israel-Palestina (integrando el Cuarteto para Oriente Medio) o Siria (como parte del Grupo Internacional de Apoyo a Siria, el ISSG). En el caso de América, la UNASUR estuvo involucrada en Venezuela. En Oriente Medio, la Liga Árabe estuvo implicada en Siria. En Asia destaca la participación de una organización intergubernamental de carácter religioso, la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) en Filipinas. La OCI también estuvo presente en la RCA y en Siria. La Iglesia Católica también se implicó en algunos procesos negociadores. Históricamente, el ejemplo de la Comunidad de Sant’Egidio en Mozambique es el más revelador. En la actualidad, en Venezuela esta participación se tradujo en la implicación del Vaticano en el equipo mediador; en Mozambique la Iglesia Católica se sumó al equipo negociador; y en la RDC la Iglesia Católica congolesa fue clave para facilitar la firma de un acuerdo entre el Gobierno y la oposición política a finales de diciembre de 2016.

Además, cabría recordar las decenas de organizaciones y centros de investigación que facilitan herramientas, conocimientos y/o pueden dinamizar procesos de diálogo de forma discreta en diferentes conflictos actuales, como son, entre otras, la Fundación Jimmy Carter (EEUU); Conciliation Resources e International Alert (Reino Unido); Berghoff Foundation (Alemania); NOREF, IPRA y PRIO (Noruega); SIPRI (Suecia); Swisspeace, CICR, Geneva Call y la antes mencionada HD Centre (Suiza); CMI (Finlandia); el International Crisis Group, o departamentos de paz y conflictos como los de las universidades de Notre Dame (EEUU), Uppsala (Suecia) o Bradford (Reino Unido), en apoyo de los múltiples actores que participan en los procesos de negociación, por citar algunos ejemplos.

A lo largo de 2016 también se registraron otros contextos en los que la intensificación de la violencia y de la tensión afectó seriamente las perspectivas de la negociación, derivando en algunos casos en un deterioro, reducción o bloqueo de la vía o espacio de diálogo, aunque siempre existen espacios, procesos y oportunidades de diálogo y negociación en todo el ciclo del conflicto, como ponen de manifiesto los múltiples ejemplos reseñados antes. Por último, cabe tener en cuenta que cada vez hay más evidencias que sustentan que los procesos inclusivos en los que no se reproducen las dinámicas de exclusión de las mujeres y la sociedad civil obtienen mejores resultados en términos de firma de acuerdos así como de sostenibilidad y su implementación.

Nunca es demasiado tarde. Pero el primer paso en todos los conflictos es reconocer la existencia de ese conflicto. Aunque no se comparta el mismo análisis del conflicto, los actores tienen que estar de acuerdo en que existe un conflicto y que debe ser resuelto mediante el diálogo. Esta premisa todavía no está clara y aceptada en el escenario catalán, aunque sí está sobre la mesa la oportunidad para el diálogo.

Dos años de guerra en Yemen: ¿con armas españolas?

Por: | 24 de marzo de 2017

María del Pozo, Jordi Armadans, Sara del Río, Paula San Pedro y Alberto Estévez, responsables de la campaña Armas Bajo Control de Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón

Untitled (3)

Un Chico yemení entre los escombros tras un ataque aéreo dirigido por la coalición de Arabia Saudí el 25 de febrero de 2016 en la capital, Sanaa © MOHAMMED HUWAIS/AFP/Getty Images

 

"Sentí que la humanidad se ha perdido. A ver, un lugar de aprendizaje, atacado de esta manera, sin previo aviso... ¿dónde está la humanidad? Se supone que es ilegal atacar esos lugares en una guerra".

Esto es lo que decía la directora de una escuela en la ciudad de Hodeidah, el Complejo Educativo para niñas de Al Shaymeh, que acogía a unas 3.200 estudiantes, después de que la escuela fuera atacada dos veces en cuestión de días, en agosto de 2015. En los ataques perdieron la vida dos personas.

Este ataque es un buen ejemplo de los numerosos bombardeos indiscriminados y desproporcionados de la coalición saudí, dirigidos contra la población civil y lugares donde se celebraban funerales, hospitales, escuelas, mezquitas, mercados y fábricas e infraestructuras económicas clave, que podrían constituir crímenes de guerra, llevados a cabo desde el inicio del conflicto el 25 de marzo de 2015, cuando Arabia Saudí lanzó los primeros ataques aéreos contra el grupo armado huzí, que fueron el detonante de un conflicto armado en el que todas las partes han cometido impunemente violaciones generalizadas del derecho internacional. Por su parte, las fuerzas huzíes y sus aliados han bombardeado zonas pobladas civiles en el sur de Arabia Saudí, en las que mataron e hirieron a civiles y dañaron bienes de carácter civil.

Mientras se producían ataques como este, el Gobierno español siguió autorizando exportaciones de municiones, aviones, granadas de mortero y otras armas a Arabia Saudí y otros países de la coalición que interviene en Yemen desde 2015. España fue el tercer exportador de armas a Arabia Saudí en 2015, tras EE.UU. y Reino Unido y entre 2015 y el primer semestre de 2016 (últimas cifras oficiales disponibles), exportó armas a Arabia Saudí por valor de más de 600 millones €, casi la mitad de los cerca de 1.400 millones € exportados en los últimos diez años.

¿Cómo puede ser? Parece que al Gobierno no le importa que las armas “Marca España” exportadas a Arabia Saudí puedan estar siendo utilizadas en Yemen para cometer delitos de derecho internacional. ¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno español a la reiterada petición de las ONG de suspender la venta de armas? Mirar para otro lado, aplicando la máxima del refranero popular: “Ojos que no ven, corazón que no siente”.

El conflicto armado de Yemen entre el gobierno del presidente Hadi, reconocido internacionalmente y apoyado por una coalición internacional dirigida por Arabia Saudí, y el grupo armado huzí y las fuerzas aliadas con él, entre las que había unidades del ejército leales al ex presidente Salé, lleva dos años haciendo estragos. La coalición saudí ha usado de forma reiterada municiones de racimo de EE.UU., Reino Unido y Brasil en ataques en los que han muerto o han quedado mutilados civiles. El bloqueo marítimo y aéreo parcial impuesto por la coalición saudí restringió la importación de productos de primera necesidad, agravando la crisis humanitaria causada por el conflicto, e impidió la llegada de vuelos comerciales. El 80% de la población de los más de 27 millones de yemeníes depende de la ayuda humanitaria para alimentarse y el país está al borde de la hambruna. Organizaciones locales e internacionales del ayuda humanitaria han denunciado restricciones ilícitas al envío de ayuda, tanto por parte de los huzíes como de las fuerzas de la coalición dirigida por Arabia Saudí.

El coste humano de los dos años de conflicto en Yemen es aterrador: Más de 50.000 víctimas, más de 40.000 personas heridas, cerca de 8.000 muertas y 3 millones de personas desplazadas internas y más de 22.000 casos de cólera que han causado más de un centenar de muertes.

En 2016 también hubo denuncias de un desvío sistemático de armas a grupos armados en Siria y Yemen por valor de 1.200 millones € desde diversos países de Europa Central y Oriental a Arabia Saudí, Jordania, EAU y Turquía.

En este contexto, hemos pedido al Gobierno español la suspensión de la venta de armas que se puedan utilizar en Yemen y hemos expresado nuestra oposición a la firma de un contrato entre la empresa pública Navantia y Arabia Saudí para la construcción de cinco corbetas para la armada saudí, una operación que cuenta con el apoyo de los principales partidos políticos. Existe un riesgo manifiesto de que estos barcos de guerra se utilicen para cometer ataques militares directos a la población civil, ataques indiscriminados en Yemen o facilitar el mantenimiento del bloqueo naval al que somete a Yemen desde el 25 de marzo de 2015, que supone una violación grave del derecho internacional humanitario. El Gobierno debe denegar cualquier autorización de armas a Arabia Saudí que pueda utilizarse para cometer crímenes de derecho internacional en Yemen. No puede ni debe ser cómplice de estos crímenes. Hemos denunciado la ilegalidad de esta posible operación.

Si el Gobierno sigue adelante con esta política de mirar para otro lado, puede encontrarse con que deba rendir cuentas de forma similar al del Reino Unido, donde el Tribunal Supremo está examinando la transferencia de armas británicas a Arabia Saudí durante la guerra de Yemen. Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Rights Watch (Reino Unido) y Oxfam presentaron informes ante este Tribunal, en un recurso judicial presentado por la Campaña contra el Comercio de Armas (CAAT) en Reino Unido.

 

Refugio en el aula. Acogiendo recelos, dilemas y respuestas complejas

Por: | 16 de diciembre de 2016

Cécile Barbeito es formadora en Educación para la paz de la Escola de Cultura de Pau de la UAB, y miembro de la Junta de gobierno del Institut Català Internacional per la Pau (ICIP).

Anna-Surinyach_01Foto: Anna Surinyach

Tal vez porque se sigue batiendo, semana a semana, día tras día, el triste récord histórico de personas sometidas al desplazamiento forzado, un número considerable de educadores tratará durante este curso escolar la cuestión de las personas refugiadas. Pero, como en cualquier proceso educativo que pretenda educar en valores desde una mirada crítica y transformadora, “no todo vale”.

A raíz de la publicación del material didáctico “Barcelona, ciutat refugi” (por el IMEB, Pla Barcelona Ciutat Refugi, y ECP) y de posteriores sesiones de formación con profesorado, brotaron reflexiones, recelos, dilemas para quien desee dinamizar actividades educativas sobre la cuestión del refugio y sobre su acogida. Este artículo refleja cuatro conclusiones de estos intensos debates:

Romper estereotipos: A la hora de abordar esta cuestión, cabe hacerlo con precisión y desmontando mitos. ¿Es realmente un drama histórico? Efectivamente: el número de desplazamientos forzados actual, que supera los 65 millones de personas, es el más alto de la historia. Pero también es cierto que dos tercios de estas personas son desplazadas internas, no cruzan las fronteras de sus países. Es un drama humano sin igual, pero no una emergencia que Europa sean incapaz de asumir. Sobretodo teniendo en cuenta que, de los 10 países que más personas refugiadas acogen, ni uno solo es europeo.

¿De quién estamos hablando? Parece haber interés en reflexionar sobre las personas refugiadas. Pero ¿hasta qué punto tiene sentido limitarse a ellas? Aunque las definiciones teóricas permiten distinguir claramente qué es una persona refugiada, desplazada, y migrante, la realidad desmiente estas categorías. Oficialmente, personas refugiadas y desplazadas huyen por fuerza, porque les va la vida en ello, mientras que las personas inmigrantes lo harían “por gusto”. Cuesta creer que muchas personas inmigrantes crucen el Mar Mediterráneo, o, peor aún, el desierto del Sáhara, “por gusto”. ¿Se expondrían las personas inmigrantes a peligros mortíferos si pudieran vivir dignamente en sus países de origen? Distinguir motivos “por la fuerza” y “por gusto” parece cuestionable.

Además, una perversión del sistema de acogida español desdibuja todavía más esta distinción: el proceso de solicitud de asilo en España puede comportar la expulsión del país. En un país en que el porcentaje de aceptación del derecho de asilo es el 31%, y por tanto el de inadmisiones y denegaciones del 69%, no es una posibilidad desdeñable. Por ello, muchas personas que cumplen los requisitos para solicitar asilo no ejercen este derecho por miedo a ser deportadas, y entran en el país como cualquier otra inmigrante.

Teniendo en cuenta estos dos argumentos, ¿tiene sentido educar exclusivamente sobre las personas refugiadas? Muy probablemente no, porque la realidad desmiente la distinción teórica.

¿¿Y yo qué?? Cabe tener en cuenta, además, que de los tres grupos mencionados, las personas reconocidas como refugiadas son las que reciben una protección legal y económica más completa. Aunque su situación es verdaderamente dramática, si el Estado les concede el asilo entran en un programa de 18 meses que, siendo de los peores de Europa, no deja de ser un derecho que no tienen las personas inmigrantes - ni tampoco las autóctonas. En este sentido, las personas refugiadas reconocidas como tales, y sin ánimo de minimizar la gravedad de su experiencia, están más protegidas que las inmigrantes una vez se encuentran en nuestro país.
Defender la necesidad de proteger a las personas refugiadas, y así lo ha verbalizado profesorado con alumnado cuyas necesidades básicas no están cubiertas (órdenes de desahucio, insuficiencia alimentaria, etc.), puede despertar polémica y alimentar el sentimiento de rechazo del alumnado más excluido.

Por este motivo, cabe reconocer las necesidades de las persones refugiadas por su situación de excepcionalidad, pero sin dejar de reivindicar los derechos de todos los colectivos necesitados. Lo cual, de nuevo, lleva a traspasar la distinción entre persona refugiada y no refugiada, y también a adoptar una perspectiva de derechos para que las personas, refugiadas, inmigrantes o autóctonas, tengan las necesidades básicas cubiertas.

El profesorado debe abordar estas controversias y afrontar posibles frustraciones del alumnado en clase. A pesar del reto que supone gestionar tal rabia, es la forma de canalizar el probable sentimiento de exclusión hacia una acción ciudadana constructiva. Sin ser fácil, es mejor utilizar el descontento del alumnado como motivación al pensamiento complejo y la reivindicación de sus derechos, que dejar enquistar ese sentimiento de marginación como si no existiera.

Acogida de brazos abiertos… ¿y qué más? Personas refugiadas, desplazadas, inmigradas y autóctonas merecen nuestra empatía por igual. Dicho esto, ¿tiene sentido acoger un número ilimitado de personas que huyen de guerras y dictaduras? Parece pertinente recordar que acoger a personas refugiadas es un apaño de emergencia, asistencialista, que en ningún momento resuelve el problema de raíz, que son mayoritariamente las guerras.

Podemos congratularnos de una movilización social – que no gubernamental – mayoritariamente solidaria, pero hay que ser conscientes, a la vez, que tal reacción es absolutamente insuficiente y “de parche” si no va asociada a medidas que intervengan sobre la raíz del problema y no sobre sus síntomas. También es necesario, pues, tomar medidas como el control de la producción de armas, la inversión en investigación e industria militar, la opacidad de los paraísos fiscales que vehiculan la financiación de grupos armados, la explotación de recursos naturales para financiar las guerras… y un largo etcétera de factores y ámbitos de acción.

Tres recomendaciones para promover la implicación del alumnado sobre este tema, en conclusión: Construir a partir de la indignación del alumnado, aprovechando los sentimientos solidarios, pero también afrontando posibles sentimientos de marginación; Cuidar de las personas que tengamos cerca en base a sus necesidades, independientemente que sean refugiadas, inmigradas, minorías asentadas o autóctonas; y Actuar sobre la raíz del problema (guerras, dictaduras, etc) y no solo sobre sus síntomas.

¿Barcos para matar civiles en Yemen? ¡No, gracias!

Por: | 11 de noviembre de 2016

María del Pozo, Jordi Armadans, Sara del Río, Carmen Suárez-Llanos y Alberto Estévez, responsables de la campaña Armas Bajo Control de Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón

Afotopost2016iemen

Efectos de los bombardeos en Yemen. Foto: AI

Mi hijo iba al mercado a diario. No pudimos localizar todo su cuerpo, sólo pudimos encontrar su pierna derecha después del ataque aéreo”.

Así contó Hasan Mohamed Masafi a Amnistía Internacional cómo perdió a su hijo de 18 años y dos primos, uno de ellos un niño de 12 años, en un mortífero ataque aéreo de la coalición saudí contra un concurrido mercado en la gobernación de Hajjah, en el norte de Yemen, controlada por fuerzas huzíes. El ataque se produjo el 15 de marzo de 2016. Murieron al menos 44 civiles y decenas resultaron heridos.

El hijo de Hasan Mohamed es una de las más de 7.000 personas muertas, 36.000 heridas y 3,2 millones de desplazadas internas que ponen rostro al coste humano de 19 meses de guerra en Yemen.

Imagínense que la mitad de la población española necesitase ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades básicas. Pues esa es la situación en Yemen para más de 21 millones de personas, en una crisis exacerbada por el bloqueo naval de Yemen, una violación grave del derecho internacional humanitario y donde, según Oxfam, la falta de combustible por el bloqueo naval saudí podría causar más muertes que la propia violencia.

Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la ONU han documentado presuntos crímenes de guerra de la coalición encabezada por Arabia Saudí en Yemen, un conflicto en que todas las partes han cometido graves violaciones y abusos que deberían ser investigados. Ha habido decenas de bombardeos ilegítimos de hospitales, escuelas, mercados y mezquitas en los que se emplearon municiones de racimo fabricadas en Brasil, EE.UU. y Reino Unido, unas armas de efecto indiscriminado prohibidas internacionalmente.

Hoy, el mismo día que el gobierno desbloquearía la venta de munición a Arabia Saudí, Felipe VI inicia una visita del gobierno español a ese país. Es llamativo que, la misma semana en que en Marrakesh se iniciaron las negociaciones de la COP22 tras la firma del Acuerdo de París sobre el clima, cuestiones clave para Greenpeace y Oxfam Intermón, el primer destino de la agenda exterior del Rey sea  uno de los mayores productores de crudo, uno de los principales verdugos globales  en el que se reprime la libertad de expresión y los derechos de las mujeres. Todo indica que una prioridad de la visita será impulsar la firma del contrato entre la empresa pública Navantia y la armada saudí para la construcción de cinco corbetas en los astilleros de Ferrol y Cádiz. Hay tres elementos a considerar en este caso: i) la legalidad del contrato; ii) los puestos de trabajo que supondría, y iii) “si no vendo yo, lo hará otro”.

En cuanto al primer argumento, en enero ya denunciamos en una carta abierta al Gobierno español y a Navantia que esta operación es ilegal de acuerdo con la normativa española e internacional sobre comercio de armas. Se lo hemos reiterado esta semana por carta al Rey y al nuevo Ministro de Asuntos Exteriores.

Tras 19 meses de guerra y dada la comisión de presuntos crímenes de guerra por la coalición saudí en Yemen, en la actualidad existe un riesgo manifiesto de que estos barcos podrían utilizarse para llevar a cabo ataques militares directos a la población civil, ataques indiscriminados contra civiles y para mantener el bloqueo naval que ha agravado la crisis humanitaria en Yemen.

El Gobierno español sabe que estas prácticas son violaciones graves del derecho internacional humanitario y, concretamente, del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) cuya adopción en la ONU en 2013 apoyó. El Artículo 6 del TCA prohíbe la venta de armas si, en el momento de la autorización, como es este caso, el Estado tiene conocimiento de que las armas “podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales, u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales en los que sea parte”. Blanco y en botella.

Igualmente, debería cumplir la Proposición No de Ley aprobada en abril de 2016 en el Congreso de los Diputados que instaba al Gobierno español a, entre otras medidas, no autorizar ventas de armas a las partes del conflicto de Yemen.

Pasemos al segundo argumento, los puestos de trabajo.  De nuevo ha habido declaraciones de  representantes de partidos políticos y sindicatos, hasta el momento todas a favor del contrato, obviando sus gravísimas implicaciones para la población civil de Yemen. Las ONG no nos oponemos a la creación de puestos de trabajo en los astilleros de Navantia, que está negociando acuerdos con otros países. Siempre que esos contratos respeten el derecho internacional, no habrá problema.

 No se trata de tener que escoger entre el derecho al trabajo y el derecho a la vida, entre “nuestros” y “sus” derechos humanos, pues estos son universales e indivisibles. Si este caso ayuda a plantear un debate serio sobre la necesidad de reconversión de la industria militar española, bienvenido sea. Sin embargo, no es eso lo que nos ocupa, pues es únicamente que la venta de barcos de guerra a Arabia Saudí es manifiestamente ilegal.

El tercer elemento a considerar es “Si España no vende estos barcos a Arabia Saudí, lo hará otro país”. Eso no es necesariamente así. El Tratado sobre el Comercio de Armas, que entró en vigor en 2014, se adoptó precisamente para evitar este tipo de situaciones. 130 Estados ya han firmado el Tratado y 87, incluida España, lo han ratificado. Eso quiere decir que deben aplicar y respetar las normas globales para regular la venta de armas establecidas en el Tratado, entre cuyos fines está contribuir a la paz y la seguridad y reducir el sufrimiento humano.

Con el tiempo, los Estados que aún no han ratificado este Tratado se darán  cuenta de los beneficios de que todos los exportadores de armas apliquen las mismas reglas. Si no, se quedarán fuera de los acuerdos que impliquen la transferencia de tecnología avanzada y perderán oportunidades de negocio. Y no querrán convertirse en parias de la comunidad internacional que vendan armas para cometer atrocidades, sometidos al escrutinio de la opinión pública mundial. Porque en el comercio de armas también hay reglas, y la primera es que vender armas para cometer atrocidades está prohibido.

República Democrática del Congo: 20 años de una guerra inacabada

Por: | 24 de octubre de 2016

Marta Iñiguez de Heredia, doctora en RRII por la LSE, actualmente Marie Sklodowska-Curie Fellow en el IBEI

ChildsoldiersgroupFoto: Menores-soldado en centro de desmovilización de Masisi / Marta Íñiguez

El 24 de octubre se cumplen dos décadas del comienzo de una serie de guerras en la República Democrática del Congo (RDC) que no han acabado. Ese otoño de 1996, los rebeldes del general Laurent Kabila, sumados a los Ejércitos de Ruanda y Uganda y el apoyo estratégico de EEUU y Reino Unido, entraban por las provincias orientales del Norte y Sur de Kivu. Su propósito: desmantelar los campos de refugiados del genocidio ruandés, desde donde se estaban reorganizando miembros del antiguo gobierno y ejército ruandeses, y dar un golpe de Estado contra el Mariscal Mobutu, al frente del Gobierno del entonces Zaire. Se confirmaron con ello los augurios de Franz Fanon hace 50 años: África tiene forma de pistola y el Congo es su gatillo. Esta guerra, que apenas duró siete meses, desató una serie de conflictos, incluyendo la llamada Guerra Mundial Africana, y marcó el rumbo de la región de los Grandes Lagos y África Central.

Las claves del conflicto en la RDC

La guerra del 96 tuvo consecuencias políticas, económicas y sociales a distintos niveles. En primer lugar, se consolidó un cambio en el balance regional de poder, adquiriendo Ruanda y Uganda una hegemonía militar que tanto ha garantizado como que ha comprometido su seguridad, y ha involucrado a Angola y Sudáfrica, erigiéndose como contrapoderes. Las relaciones Ruanda-RDC vienen marcadas desde entonces por la mutua instrumentalización y confrontación en torno a intereses políticos, económicos y de seguridad en el este de la RDC. Se consolidó también que buena parte de las dinámicas y la violencia en el este del Congo adquirieran (artificialmente) una perspectiva étnica entre ruandófonos, Tutsis y Hutus, por una parte, y población “autóctona” por otra. Este cariz, si bien ha influido en la ideología que muchos grupos armados han tomado, no explica en sí mismo el conflicto.

En segundo lugar, una creciente influencia anglófona se impuso en la región de los Grandes Lagos, desbancando a la Francofonía. El Mariscal Mobutu ya había sido una de las joyas de la corona anti-soviética de EEUU (a pesar de ser vehículo de diamantes y otros recursos del socialista Frente Nacional de Libertação de Angola). La subida de Museveni en Uganda y Kagame en Ruanda dio sustento al ímpetu de Bill Clinton de apoyar nuevos líderes africanos que supieran llevar con mano de hierro la agenda liberal que se había impuesto después de la guerra fría. Esto se sumó al peso de la culpa que líderes como Tony Blair sentían por la inacción ante el genocidio ruandés de 1994. Estas alianzas han conseguido que graves violaciones de la soberanía congoleña por parte de estos países no hayan sido realmente el objetivo de una condena internacional seria.

En tercer lugar, los eventos del 96-97 siguen siendo uno de los periodos más violentos que ha vivido la RDC. El informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en 2010 sugirió la posibilidad de un genocidio en las incursiones contra los campos de refugiados por parte de la coalición Kabila-Ruanda-Uganda. Este conflicto además marcó el carácter de las sucesivas guerras como una guerra contra la población civil. Desde esta fecha ha sido la población civil la que más ha sufrido asesinatos, torturas, trabajo esclavo, matrimonios forzosos, violencia sexual y desplazamiento forzoso de sus tierras. Es por esto también que las milicias populares Mai Mai han jugado y juegan un papel fundamental no sólo en avanzar su agenda política, sino en ofrecer seguridad a la población - si bien estas milicias también han cometido graves abusos.  

Finalmente, pero más importante si cabe, la guerra del 96 transformó la lucha por la democracia en un combate violento. Durante los años 80 la oposición contra Mobutu se había intensificado, llegando a lograr el fin del partido único en 1990. El levantamiento del 96 precipitó a muchos, tanto parlamentarios como intelectuales, jóvenes y población rural, a la lucha armada, viendo una oportunidad para quitarse el yugo del autoritarismo y la pobreza. En algunas áreas, especialmente en los Kivus, algunas milicias Mai Mai, formadas en su mayor parte por jóvenes sin trabajo y campesinado, llegaron a administrar varios territorios. En el 2002 la ONU calculó que podían tener cerca de 30,000 combatientes. La rebelión del 96 fue por tanto no sólo un alzamiento militar de soldados renegados y tropas extranjeras, fue también un levantamiento popular.

Mobutu fue derrotado, pero ni la democracia ni la paz se impusieron. En 1998 recomenzaba la guerra, esta vez, más intensa y más larga, la Guerra Mundial Africana. Nueve países se involucraron, apoyados por potencias extranjeras, llegando a partir la RDC en tres. También en esta guerra, milicias populares se alzaron para defender la integridad del país y la posibilidad de un cambio político y económico. De ahí, se han ido sucediendo una serie de conflictos más localizados de forma cíclica hasta hoy, en los que algunas milicias han servido de proxy para la confrontación armada entre el gobierno congoleño y países vecinos.

Volver a una guerra inacabada… e incomprendida

Parece que, como decía Gardel, 20 años no son nada. Es posible volver a la guerra como se vuelve a un primer amor. La negativa del presidente Joseph Kabila a celebrar elecciones como toca en noviembre de este año está llevando a la RDC a una crisis profunda en la que, nuevamente, la lucha por la democracia es protagonista. Kabila ‘fils’ (hijo), otrora alabado por las potencias occidentales por su compromiso con la liberalización económica y la democratización, está haciendo caso omiso al límite de dos mandatos que le impone la Constitución congoleña. El presidente ha argumentado que hace falta rehacer el censo y que no hay recursos, posponiendo las elecciones hasta julio de 2017. Entre tanto el Gobierno ha intensificado la represión contra disidentes políticos, defensores de derechos humanos, periodistas y líderes religiosos.

BunyakiriPoblación desplazada por las FDLR en Bunyaikiri / MI

En la RDC hay un conflicto político. Y tal como se vio en el conflicto del 96-97, éste tiene que ver tanto con la injerencia internacional, la explotación de recursos, los intereses politicos y de seguridad, como con las ansias de cambio político y del fin de la pobreza de la población. No obstante, hay otro problema grave que es la falta de comprensión del conflicto por parte de los actores internacionales que se dicen constructores de la paz en la RDC. Los paradigmas con los que se suele explicar el conflicto en la RDC son la avaricia, la explotación de recursos naturales y la conflictividad étnica. Pero en la RDC no hay un conflicto étnico, tampoco una guerra civil, ni el fin último de las milicias es simplemente la explotación de recursos. Los recursos pueden engrasar la maquinaria de guerra, pero no son su causa. Tampoco los recursos explican todo en cuanto a la injerencia de países vecinos y de fuera de la región. Si bien es verdad que hay diversos actores compitiendo por el control de zonas fértiles de cultivo, de coltan, uranio, oro y petróleo, los intereses de los países involucrados también hay que entenderlos en forma de seguridad y de control político. Tampoco el paradigma del Estado fallido explica mucho sobre lo que pasa en la RDC. La corrupción y el mal funcionamiento de las instituciones son el mal de muchos países en el mundo, y no cuentan con una guerra a sus espaldas de más de 3 millones de personas. Esta falta de comprensión ha llevado a beneficiar a Ruanda y a Uganda con ayudas, mientras intervenían militarmente en la RDC, directa o indirectamente. Ha llevado también a forzar la integración de grupos armados en el Ejército congoleño, creando así un Ejército que es un mosaico de grupos armados, infiltrado por países vecinos. Ha llevado a ignorar los reclamos políticos de las milicias populares, aplicando una lectura étnica de sus actividades. Las prisas por formar un Gobierno ha desembocado en el apoyo a un presidente autoritario.

La complejidad del conflicto en la RDC radica no sólo en que tiene raíces locales, nacionales, regionales e internacionales sino también en que pone en evidencia el modelo político y económico que define las relaciones Estado-sociedad en la RDC y de la RDC con la economía y política mundiales. Es por esto que las soluciones hasta ahora probadas en torno a un modelo de Estado liberal a base de elecciones y una liberalización de sectores industriales clave no han dado salida a los problemas de conflicto, pobreza y autoritarismo. No es por tanto extraño que sigamos viendo el conflicto del 96 proyectado en el futuro a largo plazo, y que cobre fuerza otra vez cuando peligren los pequeños avances democráticos conseguidos.  

Paz, en construcción

Sobre el blog

Un espacio de reflexión y debate sobre la necesidad de generar condiciones de paz en un mundo azotado por la violencia y la injusticia. El blog será coral, nutrido por colaboraciones de varias personas vinculadas a los centros de investigación, ONG y movimientos sociales por la paz de todo el Estado. También contará con alguna colaboración puntual de voces internacionales.

Sobre los autores

Jordi Armadans Jordi Armadans Politólogo, periodista y analista en temas de seguridad, conflictos, militarismo, desarme y cultura de paz. Director FundiPau (Fundació per la Pau), miembro de la Campaña Armas Bajo Control y miembro de la Junta Directiva de AIPAZ.

Jordi CalvoJordi Calvo Economista, analista e investigador sobre economía de defensa, militarismo, paz y desarme. Investigador del Centro Delàs de Estudios por la Paz (Justícia i Pau) y miembro de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’ONG y del International Peace Bureau (IPB).

Josep Maria RoyoJosep Maria Royo Politólogo, analista e investigador sobre conflictos y construcción de paz de la Escola de Cultura de Pau de la UAB. Miembro de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’ONG.

El País

EDICIONES EL PAIS, S.L. - Miguel Yuste 40 – 28037 – Madrid [España] | Aviso Legal