40 Aniversario

Alberto Estévez, María del Pozo, Jordi Armadans, Sara del Río y Paula San Pedro, son responsables de la campaña Armas Bajo Control de Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón

Yemen Airstrikes

Bombardeos en Yemen. Foto: AI

Nos despertamos con las ventanas encima de todos nosotros... Escondí a las niñas debajo de la escalera. [...] Dos impactos hicieron añicos la casa. [...] No había manera de escapar”. Así describió Abdelhaseeb al Mutawakil el aterrador momento en el que las fuerzas de la coalición saudí atacaron su casa en Mueen (Yemen), con dos ataques aéreos consecutivos en enero de 2016. Su esposa y dos hijas de corta edad estaban en la casa en ese momento y escaparon por poco de la explosión. Este ataque contra una vivienda civil es uno de los muchos ataques aéreos semejantes registrados durante el último año que han violado las leyes de la guerra, que prohíbe y califica como crímenes de guerra los ataques deliberados contra civiles, viviendas, centros médicos y escuelas.

¿En esos crímenes de guerra se han usado los aviones, municiones, bombas, torpedos, cohetes y misiles españoles vendidos a la coalición saudí que interviene en Yemen desde marzo de 2015? Es la pregunta del millón (o, más bien, de los más de 1.100 millones de € vendidos a Arabia Saudí en armas desde 2011). El Gobierno español no investiga esta cuestión pese a que casi la cuarta parte de las armas vendidas en los primeros seis meses de 2015 fueron a Arabia Saudí, concretamente 447 millones € de un total de exportaciones valoradas en 1.824 millones-. Es una pequeña parte de los más de 28.000 millones € en licencias de exportación y ventas de armas de diferentes países a Arabia Saudí, pero una parte del pastel que España reclama.

El informe ¿Licencias para matar? denuncia carencias en el sistema de control de las exportaciones de armas y el riesgo claro de que armas exportadas a la coalición saudí que opera en Yemen se usen para cometer violaciones graves del derecho internacional. Identifica 13 operaciones especialmente preocupantes, como las ventas de munición y bombas a Arabia Saudí; armas pequeñas y municiones a las fuerzas armadas de Brasil, pese a los indicios de ejecuciones extrajudiciales y el constante uso innecesario y desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Militar en la ciudad de Río de Janeiro; municiones, aviones y bombas, torpedos, cohetes y misiles a Colombia, donde no se puede garantizar que se utilicen conforme al derecho internacional; municiones y bombas, torpedos, cohetes y misiles a las fuerzas armadas de Irak pese al deterioro de la situación de derechos humanos; granadas de mano de gas lacrimógeno y aerosoles de defensa personal a la policía de Túnez pese a los informes de torturas, o cartuchos exportados a Camerún susceptibles de ser desviados a la República Centroafricana que atraviesa una crisis de derechos humanos.

El informe también identifica otras 14 operaciones de potencial preocupación sobre las que se necesita disponer de mayor información para emitir una opinión informada, incluidas las armas pequeñas y ligeras y municiones exportadas a EE.UU. pese a leyes estatales demasiado permisivas sobre el uso de fuerza letal y el riesgo de que las armas exportadas puedan ser utilizadas para cometer delitos, armas de caza y tiro deportivo a Ghana pese al riesgo de desvío a Mali o Libia, y las armas exportadas a Guatemala, Honduras, Jamaica y la República Dominicana, con altos niveles de violencia armada.

Ocho años y medio después de la aprobación de la Ley sobre comercio de armas y ante el constante aumento de estas exportaciones desde hace una década, el próximo Gobierno y los grupos parlamentarios tienen deberes: mejorar el sistema de control de exportaciones de armas y la transparencia para cumplir estrictamente la legislación española, incluido el Tratado sobre el Comercio de Armas que prohíbe la transferencias de armas para cometer atrocidades, mejorar la evaluación de riesgo de uso indebido de las operaciones y reforzar el control parlamentario, asignando a la Comisión de Defensa una función de control parlamentario previo en las operaciones preocupantes. Es la mejor receta para evitar que España otorgue licencias para matar violando el derecho internacional.

La espiral del terror contra el terror

Por: | 27 de marzo de 2016

Yevsheermanreuters

                                                                                  YVES HERMAN (REUTERS)

Los ataques en Bruselas han despertado, una vez más, la sensación de terror en nuestro país. Si bien no han dejado de haber ataques de carácter yihadista en el mundo desde el tristemente célebre 11-S, la atención mediática aparece cuando las víctimas podríamos haber sido nosotros. Pero más allá del comprensible sentimiento identitario más acusado hacia Bruselas, París o Nueva York, hace falta apelar en primer lugar a la responsabilidad de los medios a la hora de utilizar narrativas que pueden servir para crear violencias o terrores futuros. Es decir, la utilización, otra vez de términos como islamista, musulmán o árabe para referirse a estos actos de terrorismo sirven para legitimar los cada vez más numerosos discursos islamófobos en nuestro país. Lo cual no es baladí, ya que legitima políticas xenófobas, insolidarias -por ejemplo con las refugiadas- y la utilización de la violencia para hacer frente a esta amenaza. La extrema derecha está, sin duda, frotándose las manos.

Pero estos discursos no son nuevos. Desde el 11-S han sido hegemónicos y son los que han justificado la llamada Guerra Contra el Terror, impulsada por George W. Bush, de la mano de sus aliados europeos y de la OTAN. La doctrina basada en el ojo por ojo, diente por diente promovida por EEUU, ahora vigente más que nunca en Europa, es el soporte ideológico que necesitan las medidas que ante un siempre horroroso y despreciable ataque terrorista, optan por aumentar en las calles la presencia policial y en algunos casos militar, reducir las libertades individuales (y consecuentemente aumentar la represión) para facilitar la labor de investigación de las fuerzas de seguridad (llegando a extremos como Guantánamo y las torturas legalizadas de la policía norteamericana), y responder con la misma moneda a los que se supone como causantes originarios de la amenaza terrorista, en Afganistán fue Bin Laden y al Qaeda, en Siria es el ISIS (Daesh o Estado Islámico). De hecho la Guerra Contra el Terror es todo esto, un conjunto de medidas para acabar con el terrorismo (refiriéndose sobre todo al autodenominado como yihadista) lideradas por la invasión de Afganistán con la excusa de ir a capturar a Bin Laden y el aumento de la persecución (muchas veces en forma de represión) de los ciudadanos de origen árabe, de religión musulmana o cualquier cosa que se les parezca. Cabe decir que la declaración de guerra de Bush y Rumsfeld, como bien explica el profesor e investigador del Centro Delàs de Estudios por la Paz José Luis Gordillo en el Diccionario de la Guerra, la Paz y el Desarme, además de Al Qaeda incluía la Yihad islámica, Hizbulá, Afganistán, Irak, Irán, Siria, Libia, Sudán, Corea del Norte y Cuba.

Una vez han pasado 15 años de guerra, de las fuerzas armadas más poderosas del mundo (Estados Unidos y Europa acumulan dos tercios de las capacidades militares mundiales) contra unos miles de terroristas, el balance no puede ser más negativo. La Guerra Contra el Terror ha dejado Afganistán tan mal como estaba, pero con decenas de miles de nuevas víctimas de un conflicto armado que ha reforzado no sólo en Afganistán sino en la región, los discursos anti-occidentales de talibanes y otros grupos agraviados por la intervención militar aliada. La Guerra Contra el Terror continuó expandiendo sus actividades en los países de la lista Bush-Rumsfeld, invadiendo Irak, interviniendo directa e indirectamente en el derrocamiento de Gadafi y ahora con la guerra de Siria. En cómo han quedado estos países después de la intervención de los ejércitos aliados no hace falta insistir, cientos de miles de muertos, millones de heridos, mutilados y decenas de millones de personas forzadas a abandonar sus hogares en busca de un lugar seguro. Pero de lo que no se habla es de la responsabilidad de estas actuaciones hacia el terrorismo actual. Es decir, hay que responder a la pregunta de si la Guerra contra el Terror ha podido ser causa de la expansión de Al Qaeda, de la creación y crecimiento del ISIS, y de la aparición de pequeños grupos e incluso individuos, ciudadanos americanos o europeos, que cometen actos terroristas en nuestro entorno. La respuesta es como siempre en el análisis de conflictos más compleja -no hemos hablado aquí, por ejemplo, de quien ha armado y entrenado a estos grupos armados que ahora nos atacan a nosotros- pero todo indica que la Guerra contra el Terror más que reducirlo la ha aumentado, lo ha potenciado. Porque la estrategia de la fuerza militar, de los bombardeos y de la represión de la población musulmana en Occidente, han sido el combustible de los terroristas que ahora amenazan nuestra seguridad. ¿Acaso alguien piensa que las bombas que ahora caen sobre Raqqa no son la excusa perfecta para acusar al malvado Occidente de masacrar la población musulmana? Los dirigentes del ISIS no dejarán pasar la oportunidad de captar nuevos adeptos a su abominable causa cada vez que un familiar suyo muere como consecuencia de los bombardeos aliados. Las bombas sirven para legitimar los ataques terroristas de hoy y fabrican los terroristas del futuro.

La Guerra contra el Terror nos ha convertido en una amenaza para una parte importante del mundo, nos ha hecho ser enemigos, ya que nosotros los hemos tratado como tal. La Guerra contra el Terror ha sido, pues, un fracaso absoluto, porque ha generado más terror, un mundo más inseguro y una sociedad menos tolerante. 15 años de errores son suficientes. Si queremos crear un mundo más seguro, hay que darle la vuelta a las respuestas de Occidente al terrorismo. Hay que parar la espiral de violencia que ha creado y potenciado la Guerra contra el Terror y probar con alternativas basadas en la paz y la convivencia. Las respuestas armadas ya hemos visto que no han funcionado.

¿Es posible la mediación con grupos criminales?

Por: | 14 de marzo de 2016

Mabel Bustelo, investigadora en paz y seguridad

Caixaforta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomdenoia


La mediación, una herramienta clásica de resolución de conflictos, encuentra límites frente a la violencia no convencional que predomina en América Latina. La violencia se considera un asunto interno de los Estados y las respuestas tienden a ser de “mano dura”. Hablar con grupos criminales es un tabú y, en algunos casos, ilegal. La mediación se da en la práctica, pero los Gobiernos suelen negar su implicación y la participación internacional es limitada o inexistente. Sin embargo, el fracaso de las políticas aplicadas hasta ahora a la hora de reducir la violencia sugiere que es hora de una reflexión abierta sobre las políticas de seguridad y el papel que la mediación y la resolución de conflictos podrían jugar en ellas. La mediación internacional en conflictos ha ganado importancia en décadas recientes. Vicenç Fisas subraya que un 76% de todas las negociaciones activas en el año 2014 tenían participación de mediadores externos, una categoría que incluye organizaciones internacionales y regionales, estados y “grupos de amigos”, centros y agencias especializadas. Un buen ejemplo, actual, es la participación internacional en las negociaciones entre el Gobierno de Colombia y las FARC, que se desarrollan con apoyo de Noruega, Cuba, Venezuela y Chile.

No todos los casos son tan claros. En muchas zonas de conflicto hay vínculos entre violencia política y criminal, desde Mali y la RDC, a Siria y Libia. La Global Initiative Against Transnational Organized Crime estima que un 70% de las actuales misiones de paz de la ONU se desarrollan en contextos afectados por el crimen organizado. La mitad tienen un mandato que incluye “lidiar” con grupos criminales. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en 2005 una resolución que mencionaba el crimen organizado como amenaza a la paz y la seguridad y 28 resoluciones en 2014. Cómo actuar, y conducir la mediación, cuando estos actores están presentes es objeto de debate en instituciones internacionales y centros especializados, ya que desafían la concepción tradicional de mediar sobre objetivos políticos que pueden ser objeto de compromiso y acuerdo.

El caso extremo de este desafío es América Latina. Se la considera una región en paz y no hay guerras excepto en Colombia, mientras ha habido transiciones exitosas desde la dictadura y la guerra a la democracia y la paz. Pero ésta es la región más violenta del mundo; de hecho, se puede considerar la “zona cero” de la violencia no convencional.

El Estudio Global sobre Homicidios 2013, realizado por UNODC, muestra que en 2012 hubo 165,617 homicidios (28,5 por 100.000 habitantes, una ratio cuatro veces superior a la media global, y el 36% del total mundial de homicidios intencionados). Los cinco países más violentos en este estudio eran Honduras (90,4), Venezuela (53,7), Belice, El Salvador y Guatemala. El Salvador se ha situado ahora en el primer puesto con más de 100 homicidios por 100,000 habitantes. Las cifras del Instituto Mexicano de Geografía y Estadística (INEGI) señalan que en México han muerto de forma violenta más de 160.000 personas desde el año 2007, una cifra superior a la suma de Afganistán e Irak. Por supuesto, estas cifras dejan fuera la extorsión, secuestros, desplazamiento forzado y desapariciones que acompañan a los homicidios.

En esta región, los protagonistas de la violencia son las maras, grupos vinculados al narcotráfico, organizaciones creadas por presidiarios, oficiales y sectores del Estado corruptos, vigilantes y milicias paramilitares, en un contexto de profundas desigualdades, corrupción y debilidad institucional. Vinculados a la economía informal o ilegal, estos actores tienen motivaciones territoriales y/o económicas, no políticas. Las respuestas se han centrado en la supresión del crimen con políticas como la “mano dura” en Centroamérica o la “guerra contra las drogas” en varios países de la región, entre otras.

¿Es posible la mediación en este tipo de violencia?

América Latina presenta varias experiencias. La más ambiciosa se dio en El Salvador en 2012. Un ex guerrillero y asesor del Gobierno, y el obispo castrense mediaron durante meses para lograr una tregua entre las dos principales bandas, MS-13 y Barrio 18. Sus líderes fueron trasladados a prisiones ordinarias para facilitar la comunicación con sus filas en la calle, y los homicidios diarios cayeron de catorce a cinco. La contrapartida fue una mejora de las condiciones penitenciarias. Por primera vez desde la guerra, se invitó a una misión del CICR a monitorear la situación de los derechos humanos en las cárceles. La OEA dio un paso arriesgado al apoyar de forma abierta el proceso y, cuando el Gobierno reconoció su propio apoyo, la UE también participó.

Los opositores a la tregua siempre defendieron que sólo servía para permitir a las bandas reorganizarse y rearmarse. La extorsión continuó (desde el principio, sus portavoces afirmaron que no podían ponerle fin mientras no tuvieran alternativas económicas para ellos y sus familias). Pero la reducción sostenida de los homicidios permitió avanzar hacia una segunda fase, de pacificación. 11 municipios se declararon zonas de paz. Aquí, los mediadores, las bandas, la sociedad civil y las autoridades municipales se comprometían a impulsar el desarrollo de las comunidades marginadas, la rehabilitación de jóvenes en riesgo, y la reducción de las operaciones policiales indiscriminadas, a cambio del fin de todas las actividades criminales.

Las causas fundamentales del fracaso de esta iniciativa hay que buscarlas en una posición ambivalente del Gobierno (y el reemplazo de algunos de sus miembros que apostaban por explorar esta vía), una fuerte polarización de la opinión pública y la oposición de importantes sectores conservadores, incluyendo parte de las fuerzas de seguridad y los medios de comunicación. Hoy, El Salvador se ha aupado al puesto de país más violento del mundo.

En cualquier caso, las noticias pronto se extendieron por Centroamérica. En mayo de 2013, las mismas maras en Honduras anunciaron el fin de los homicidios a cambio de una serie de peticiones a las autoridades. Con la mediación de un buen conocedor de las bandas, el arzobispo de San Pedro Sula Rómulo Emiliani, y el apoyo de la OEA, el anuncio logró apoyo verbal del Gobierno, pero éste nunca se materializó. En realidad, los anuncios fueron separados (indicador de que aún no había tregua entre bandas), y éstas tienen en este país un liderazgo menos fuerte y más fragmentación interna. Además, en Honduras los actores violentos están más diversificados (grupos del narcotráfico, sectores corruptos de las fuerzas de seguridad y el establishment) y el Gobierno, que había emergido tras el golpe de Estado de 2009, carecía de legitimidad interna y externa para recabar apoyos.

Por supuesto hay más ejemplos, como la mediación para reducir la violencia en Medellín, los intentos del Gobierno mexicano de integrar a las autodefensas de Michoacán en las fuerzas oficiales (y otros intentos previos de reducir la violencia entre cárteles del narcotráfico), o la tregua que, según medios brasileños, mantuvo durante seis años el gobierno de Sao Paulo con el Primeiro Comando da Capital (PCC).

Estos intentos, en su mayoría fallidos, muestran varios problemas que es preciso clasificar y ordenar. Algunos afectan al núcleo de la mediación. En un excelente documento, Teresa Withfield se pregunta cuál es el fin último de una mediación con grupos criminales: ¿la reducción de la violencia? ¿el final de todas las actividades ilegales? ¿la desaparición de los grupos? Una cuestión siempre latente es si la mediación otorga legitimidad a estos actores ilegales. Otros analistas plantean que los mediadores deben considerar la economía política de las actividades ilegales y qué alternativas se pueden proporcionar.

En El Salvador, el proceso más duradero se basó en un intercambio de peticiones realistas y legales, cuyo cumplimiento permitió crear la confianza para avanzar. El apoyo del Gobierno abrió paso a la participación internacional, aunque varias razones le llevaron a retirarlo después. Éste es un problema clave: el uso de la seguridad pública y la mano dura como bazas electorales impone serios obstáculos a cualquier posibilidad de explorar esta vía.

En ninguno de los casos hubo una estrategia de comunicación que permitiera conciliar la necesaria confidencialidad de las conversaciones con la pedagogía hacia la opinión pública. Los protagonistas de la mediación fueron lo que el PNUD y otros denominan insiders: en lugar de diplomáticos internacionales, figuras locales que conocen el contexto, tienen autoridad y son percibidas como justas por las partes. Pero sin apoyo externo, son vulnerables a cambios en los vientos políticos e incluso a la persecución judicial posterior.

Aunque las palabras “tregua” y “mediación” siguen siendo tabúes en gran parte de América Latina, es previsible que de una forma u otra estos procesos continúen. Cabe preguntarse si el “kit de herramientas” de la comunidad internacional podría adaptarse a estos casos, o si es necesario desarrollar uno nuevo. Y de qué forma los actores internacionales involucrados en mediación podrían contribuir con su reflexión y experiencia práctica a dar apoyo a estos procesos.

Mabel González Bustelo es consultora internacional en paz y seguridad, y Fellow de la Global South Unit for Mediation (GSUM), que ha publicado su informe Mediation with Non-Conventional Armed Groups? Experiences from Latin America. @MabelBustelo

Paz y seguridad en el acuerdo PSOE - Ciudadanos

Por: | 24 de febrero de 2016

ACUERDO

Foto: Juan Medina (Reuters/Atlas)

Pedro Sánchez y Albert Rivera acaban de firmar en el Congreso el pacto entre el PSOE y Ciudadanos para explorar la investidura de un nuevo Gobierno, 2 meses después de las Elecciones Generales del 20 de Diciembre.

Más allá de dilucidar las bases de posibilidad y viabilidad que pueda tener este acuerdo -asuntos bien interesantes pero que no competen a este blog- nos interesa, aquí, analizar el papel y alcance que los temas de paz, defensa, seguridad y desarme tienen en este acuerdo.

Hay que advertir que, tradicionalmente, todos estas cuestiones han tenido poco espacio en los programas electorales y, aún más, en los espacios de debate público. Aún más, si cabe, sucedió en las pasadas elecciones.

También es cierto que, en los redactados de los programas electorales así como en otras propuestas lanzadas y publicitadas en período electoral, las propuestas suelen ser lo suficientemente genéricas y abstractas para que puedan interpretarse y concretarse de maneras muy diferentes y, en algunos casos, claramente contradictorias.

Finalmente, es obvio que, de concretarse un acuerdo de Gobierno, cosas que no se incluyen en el acuerdo podrían ser impulsadas y cosas que sí se incluyen podrían ser reformadas o cambiadas.

Sin embargo, y pese a todas estas advertencias, siempre resulta interesante analizar qué papel y espacio reservan los partidos a estas cuestiones y, en concreto, qué se comprometen a llevar a cabo.

En el acuerdo firmado hoy, el conjunto de la política exterior (que incluye Europa, Latinoamérica, África, cooperación, derechos humanos, paz, defensa y seguridad) ocupa 6 páginas del documento, lo que supone un 9% del total. La parte específica de paz, seguridad y defensa supone 2,5 páginas, menos de un 4% del total.

En general, en el acuerdo presentado hoy, y comparándolo con los programas respectivos con los que el PSOE y Ciudadanos acudieron a las urnas, se aprecia una ligera preponderancia de la visión del PSOE en los temas de cooperación, derechos humanos y crisis de refugiados (aspectos a los que Ciudadanos dedicaba muy poco espacio) y que en los de Defensa, se recogen varias de las preocupaciones compartidas entre el PSOE y Ciudadanos pero con más acento de Ciudadanos.

¿Qué propone el acuerdo sobre paz, seguridad y derechos humanos?

Ante la crisis de refugiados, el programa recoge fundamentalmente la propuesta de impulsar una política común europea de asilo e inmigración, así como incrementar el número de acogidos en España y una mayor dotación de los programas de reasentamiento.

Se estipula que los derechos humanos deben convertirse en eje fundamental de la política exterior y, en concreto, se apuesta por la adopción de un Plan renovado de Derechos Humanos, así como revocar la reforma del Gobierno del PP que dio fin a la jurisdicción universal. 

Por lo que respecta a la cooperación al desarrollo, se menciona la voluntad de que recupere parte del espacio perdido (incluyendo una 'senda realista' en lo que respecta a la dotación presupuestaria) en los últimos años y se anuncia la voluntad que la cooperación forme parte de un pacto de Estado sobre política exterior.

Sobre paz, seguridad y defensa, un primer aspecto a lamentar es que la palabra paz no aparece en ninguno de los títulos de los cuatro objetivos fundamentales de la política exterior ni en los subtítulos interiores. Puede parecer algo menor, pero no lo es tanto: en los programas previos respectivos, el PSOE situaba el objetivo de la paz (más allá del grado de coherencia que ello implicara) como un objetivo fundamental de la política exterior mientras que en el programa de Ciudadanos no había ningún apartado, título o subtítulo que incluyera la paz. Así, en el programa conjunto final, la paz como objetivo político en sí mismo, ha desaparecido.

En segundo lugar, y pese que en la política contra el terrorismo y en el fomento de una gobernaza global se reconoce la necesidad de fomentar las dimensiones no militares de la seguridad, la mayoría de propuestas tienen que ver con la política de defensa militar. En este ámbito, los redactados son poco explícitos pero se deduce fácilmente que el acuerdo no contempla la reducción del gasto militar. De hecho, en los programas previos respectivos, el PSOE apostaba por no reducirlo y, en el caso de Ciudadanos, se hablaba de incrementarlo (para alguién interesado en conocer y comparar las propuestas sobre paz y desarme de los partidos, puede consultar este informe que elaboró FundiPau). 

La única revisión, parcialmente crítica, que se recoge respecto a la política de Defensa practicada por el Gobierno del PP es en relación a la no presupuestación de los programas de adquisición de armas. El acuerdo, así, supone una enmienda a la práctica del PP (y, todo hay que decirlo, también del PSOE anteriormente) de, vía decisiones adoptadas en el Consejo de Ministros, incrementar el gasto militar, especialmente, en el apartado de compras de armamentos. Sin embargo, en ningún lugar se plantea que deba revisarse las políticas de adquisiciones (que, como sabemos, son absolutamente desproporcionadas, y han generado una enorme deuda).

En el programa conjunto desaparecen las menciones a fomentar la cultura de defensa (que, des del movimiento por la paz, siempre se ha interpretado como una voluntad de legitimar el militarismo y contrarestar la educación por la paz).

Por contra, si bien el programa del PSOE incluía algunas, pocas, propuestas sobre desarme (desarme general, desarme armas qímicas y biológicas, desarme nuclear) en este acuerdo todo esto desaparece.

Finalmente, por lo que respecta al comercio de armas, si bien se menciona la necesidad de cumplir estrictamente la Ley, denegando la autorización a aquellas ventas que puedan ser usadas 'contra la dignidad humana', el redactado es mucho menos explícito y detallado que el que aparecía en el programa del PSOE. Claro está, más allá de las propuestas y las promesas, están las realidades: el PSOE se ha mostrado favorable (también Podemos e IU) a la venta de corbetas de Navantia a Arabia Saudí, un claro ejemplo de venta que no cumple los requisitos impuestos por el Tratado sobre el Comercio de Armas o la Ley española.

Aparece, también un gazapo: el acuerdo plantea perseguir el tráfico ilegal de armas, cosa bien necesaria, pero también se habla de 'prohibir'. Sin duda, no se puede prohibir lo que es ilegal. En cualquier caso, sí poner más medios y voluntad a combatirlo.

En definitiva, poco espacio, poca priorización y, especialmente en lo referente a paz, desarme y seguridad, poca novedad respecto a lo acontecido en los últimos años.

Escenarios de riesgo y oportunidades de paz para 2016

Por: | 12 de enero de 2016

Según un informe de la Escola de Cultura de Pau, de cara a 2016 existen algunos escenarios de riesgo y diversas oportunidades de paz que pueden posibilitar, a corto o medio de plazo, la construcción de la paz o bien conllevar un incremento de la violencia y la inestabilidad, por lo que es imprescindible aumentar el acompañamiento para consolidar los procesos de paz en unos casos, o por otra parte, aumentar la presión en otros para que la situación de inestabilidad actual no se deteriore aún más si cabe.

Oportunidades de paz

Mapa oportunidades pazFuente: Escola de Cultura de Pau

Chipre. El reinicio las negociaciones de paz en 2015 y la confluencia de factores vinculados al proceso –compromiso del liderazgo local; acompañamiento internacional; movilización pro-diálogo de actores no gubernamentales de ambas comunidades de la isla; y resultados tangibles, incluyendo medidas de confianza de peso; entre otros– supone una ventana de oportunidad histórica para la consecución de un acuerdo definitivo, a pesar de los obstáculos coyunturales y de fondo.

Burkina Faso. El país ha puesto fin a la fase de transición abierta tras la caída del régimen de Blaise Compaoré mediante la celebración de las elecciones presidenciales y parlamentarias que habían sido pospuestas tras el fracasado golpe de Estado de septiembre de 2015. Los comicios han devuelto al pueblo burkinés el control de las instituciones políticas tras 18 meses de Gobierno interino, representando para la sociedad burkinesa el comienzo de un nuevo periodo democrático.

Myanmar. Los resultados de las elecciones generales, que han otorgado una abrumadora mayoría al partido opositor NLD de Aung San Suu Kyi y que conducirán a la formación de un nuevo Gobierno sin tutela militar, unidos a la firma de un acuerdo de alto el fuego con ocho organizaciones insurgentes, permiten augurar avances en el camino hacia la democracia y la paz en el país durante 2016.

Tailandia. Durante el 2015 se reanudaron las conversaciones exploratorias entre la junta militar y Mara Patani, una organización que agrupa a los principales grupos armados que operan en el sur del país. La unificación de las demandas por parte del movimiento insurgente y el reconocimiento por parte del Estado de que hace falta el diálogo para resolver el conflicto armado suponen dos condiciones necesarias para la creación de confianza entre las partes.

Procesos de paz. Investigaciones recientes demuestran que los procesos de paz inclusivos desde una perspectiva de género y con la sociedad civil son más sostenibles y tienen más posibilidades de resultar en la firma de acuerdos de paz que aquellos que no lo son. Además, la presencia de mujeres podría contribuir también a la redacción de acuerdos en los que se integren cuestiones de igualdad.

Escenarios de riesgo

Mapa escenarios riesgoFuente: Escola de Cultura de Pau

Burundi. En los últimos años se ha producido un deterioro significativo de la gobernabilidad en el país. El creciente autoritarismo y la controvertida candidatura del presidente Pierre Nkurunziza junto al clima de violencia política y las violaciones de los derechos humanos son diferentes elementos que revelan la gravedad de la situación y que han situado al país en los últimos meses al borde del conflicto armado.

Malí. En junio del 2015 se logró un acuerdo de paz entre el Gobierno y los movimientos rebeldes árabe-tuareg que operan en la región septentrional, después de tres años y medio de conflicto armado. Sin embargo, la exclusión de los movimientos yihadistas de las negociaciones y la ineficacia de las medidas de securitización para contener su presencia, representan serios obstáculos para lograr el fin de la violencia, pudiendo incluso poner en riesgo la implementación de los acuerdos de paz.

República Democrática del Congo. La proximidad del nuevo ciclo electoral está derivando en una escalada de la violencia política y de la inestabilidad general como consecuencia de los intentos del presidente Kabila para posponer las elecciones presidenciales y así prolongar su mandato, a lo que se unen los fracasos de la operación militar contra las FDLR y de amnistía y retorno del grupo armado M23, que podrían suponer la reactivación del conflicto.

Sudán del Sur. Tras la firma de la paz después de 20 meses de cruenta guerra civil, la falta de apropiación del acuerdo por parte de las partes enfrentadas, las decisiones unilaterales del Gobierno en materias que deberían ser competencias del nuevo Gobierno de Transición aun por crear, las violaciones reiteradas al alto el fuego, así como el surgimiento de nuevos actores armados, están poniendo en serio riesgo las perspectivas de paz en el país.

Venezuela. El contundente triunfo en las elecciones parlamentarias de la oposición ha abierto en el país un nuevo escenario político marcado por la polarización de fuerzas entre el poder Ejecutivo y el Legislativo. Esta nueva situación política, que tras 15 años modifica sustancialmente el poder del chavismo, puede favorecer nuevas tensiones y disputas entre el Gobierno y las fuerzas opositoras que podrían convulsionar aun más la política nacional, ampliar la fragmentación social y propiciar brotes de violencia.

Afganistán. El proceso de negociación entre los talibán y el Gobierno afgano ha sufrido un parón por la crisis interna del movimiento talibán. La división en torno al liderazgo perjudica el futuro de las negociaciones. La apuesta de Ashraf Ghani por dialogar a pesar del aumento de la violencia y de tender la mano a Pakistán, que sigue dando santuario a la cúpula talibán, debilita aún más al ya frágil Gobierno afgano. Asimismo, aunque Pakistán debe formar parte del acuerdo, su deseo de controlar el proceso está enfrentando más a las partes.

Filipinas. Las dificultades y retrasos por parte del Congreso para aprobar la Bangsamoro Basic Law, una suerte de estatuto de autonomía que regula la nueva entidad autónoma de Bangsamoro y concreta los contenidos del histórico acuerdo de paz que firmaron el Gobierno y el MILF en 2014, han provocado una parálisis en el proceso de paz y hacen temer por una fractura interna del MILF y una reanudación de la violencia en Mindanao.

Turquía. El conflicto entre Turquía y el PKK se deterioró gravemente en 2015 de la mano de factores como la urbanización de la guerra, la “sirianización” de la cuestión kurda de Turquía y la irrupción de ISIS en suelo turco, el deterioro del clima social, la regresión democrática y los interrogantes sobre opciones sostenibles de diálogo. Estas dinámicas podrían agravarse en 2016 si no se ponen en marcha urgentemente medidas de confianza y de desescalada de la violencia.

Yemen. La violencia en el país escaló significativamente a partir de marzo de 2015, cuando una coalición internacional liderada por Arabia Saudita decidió intervenir para frenar el avance de las milicias al-houthistas, que a principios de año habían forzado la caída del gobierno. De cara a 2016, la situación amenaza con agravarse dada la creciente complejidad del conflicto armado, el severo impacto de la violencia en la población civil y los obstáculos para una salida política al conflicto.

Amenaza yihadista. ISIS se ha consolidado como un nuevo modelo para el yihadismo internacional y competidor de al-Qaeda, demostrando una mayor capacidad para actuar con una proyección global. Múltiples factores pueden favorecer un aumento de la violencia yihadista en el futuro, entre ellos una intensificación en la pugna entre ISIS y al-Qaeda, una mayor incidencia de acciones armadas de milicianos retornados o “lobos solitarios” y los posibles efectos adversos de la respuesta internacional a ISIS.

 

Paz, en construcción

Sobre el blog

Un espacio de reflexión y debate sobre la necesidad de generar condiciones de paz en un mundo azotado por la violencia y la injusticia. El blog será coral, nutrido por colaboraciones de varias personas vinculadas a los centros de investigación, ONG y movimientos sociales por la paz de todo el Estado. También contará con alguna colaboración puntual de voces internacionales.

Sobre los autores

Jordi Armadans Jordi Armadans Politólogo, periodista y analista en temas de seguridad, conflictos, militarismo, desarme y cultura de paz. Director FundiPau (Fundació per la Pau), miembro de la Campaña Armas Bajo Control y miembro de la Junta Directiva de AIPAZ.

Jordi CalvoJordi Calvo Economista, analista e investigador sobre economía de defensa, militarismo, paz y desarme. Investigador del Centro Delàs de Estudios por la Paz (Justícia i Pau) y miembro de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’ONG y del International Peace Bureau (IPB).

Josep Maria RoyoJosep Maria Royo Politólogo, analista e investigador sobre conflictos y construcción de paz de la Escola de Cultura de Pau de la UAB. Miembro de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’ONG.

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