¿Barcos para matar civiles en Yemen? ¡No, gracias!

Por: | 11 de noviembre de 2016

María del Pozo, Jordi Armadans, Sara del Río, Carmen Suárez-Llanos y Alberto Estévez, responsables de la campaña Armas Bajo Control de Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón

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Efectos de los bombardeos en Yemen. Foto: AI

Mi hijo iba al mercado a diario. No pudimos localizar todo su cuerpo, sólo pudimos encontrar su pierna derecha después del ataque aéreo”.

Así contó Hasan Mohamed Masafi a Amnistía Internacional cómo perdió a su hijo de 18 años y dos primos, uno de ellos un niño de 12 años, en un mortífero ataque aéreo de la coalición saudí contra un concurrido mercado en la gobernación de Hajjah, en el norte de Yemen, controlada por fuerzas huzíes. El ataque se produjo el 15 de marzo de 2016. Murieron al menos 44 civiles y decenas resultaron heridos.

El hijo de Hasan Mohamed es una de las más de 7.000 personas muertas, 36.000 heridas y 3,2 millones de desplazadas internas que ponen rostro al coste humano de 19 meses de guerra en Yemen.

Imagínense que la mitad de la población española necesitase ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades básicas. Pues esa es la situación en Yemen para más de 21 millones de personas, en una crisis exacerbada por el bloqueo naval de Yemen, una violación grave del derecho internacional humanitario y donde, según Oxfam, la falta de combustible por el bloqueo naval saudí podría causar más muertes que la propia violencia.

Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la ONU han documentado presuntos crímenes de guerra de la coalición encabezada por Arabia Saudí en Yemen, un conflicto en que todas las partes han cometido graves violaciones y abusos que deberían ser investigados. Ha habido decenas de bombardeos ilegítimos de hospitales, escuelas, mercados y mezquitas en los que se emplearon municiones de racimo fabricadas en Brasil, EE.UU. y Reino Unido, unas armas de efecto indiscriminado prohibidas internacionalmente.

Hoy, el mismo día que el gobierno desbloquearía la venta de munición a Arabia Saudí, Felipe VI inicia una visita del gobierno español a ese país. Es llamativo que, la misma semana en que en Marrakesh se iniciaron las negociaciones de la COP22 tras la firma del Acuerdo de París sobre el clima, cuestiones clave para Greenpeace y Oxfam Intermón, el primer destino de la agenda exterior del Rey sea  uno de los mayores productores de crudo, uno de los principales verdugos globales  en el que se reprime la libertad de expresión y los derechos de las mujeres. Todo indica que una prioridad de la visita será impulsar la firma del contrato entre la empresa pública Navantia y la armada saudí para la construcción de cinco corbetas en los astilleros de Ferrol y Cádiz. Hay tres elementos a considerar en este caso: i) la legalidad del contrato; ii) los puestos de trabajo que supondría, y iii) “si no vendo yo, lo hará otro”.

En cuanto al primer argumento, en enero ya denunciamos en una carta abierta al Gobierno español y a Navantia que esta operación es ilegal de acuerdo con la normativa española e internacional sobre comercio de armas. Se lo hemos reiterado esta semana por carta al Rey y al nuevo Ministro de Asuntos Exteriores.

Tras 19 meses de guerra y dada la comisión de presuntos crímenes de guerra por la coalición saudí en Yemen, en la actualidad existe un riesgo manifiesto de que estos barcos podrían utilizarse para llevar a cabo ataques militares directos a la población civil, ataques indiscriminados contra civiles y para mantener el bloqueo naval que ha agravado la crisis humanitaria en Yemen.

El Gobierno español sabe que estas prácticas son violaciones graves del derecho internacional humanitario y, concretamente, del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) cuya adopción en la ONU en 2013 apoyó. El Artículo 6 del TCA prohíbe la venta de armas si, en el momento de la autorización, como es este caso, el Estado tiene conocimiento de que las armas “podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales, u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales en los que sea parte”. Blanco y en botella.

Igualmente, debería cumplir la Proposición No de Ley aprobada en abril de 2016 en el Congreso de los Diputados que instaba al Gobierno español a, entre otras medidas, no autorizar ventas de armas a las partes del conflicto de Yemen.

Pasemos al segundo argumento, los puestos de trabajo.  De nuevo ha habido declaraciones de  representantes de partidos políticos y sindicatos, hasta el momento todas a favor del contrato, obviando sus gravísimas implicaciones para la población civil de Yemen. Las ONG no nos oponemos a la creación de puestos de trabajo en los astilleros de Navantia, que está negociando acuerdos con otros países. Siempre que esos contratos respeten el derecho internacional, no habrá problema.

 No se trata de tener que escoger entre el derecho al trabajo y el derecho a la vida, entre “nuestros” y “sus” derechos humanos, pues estos son universales e indivisibles. Si este caso ayuda a plantear un debate serio sobre la necesidad de reconversión de la industria militar española, bienvenido sea. Sin embargo, no es eso lo que nos ocupa, pues es únicamente que la venta de barcos de guerra a Arabia Saudí es manifiestamente ilegal.

El tercer elemento a considerar es “Si España no vende estos barcos a Arabia Saudí, lo hará otro país”. Eso no es necesariamente así. El Tratado sobre el Comercio de Armas, que entró en vigor en 2014, se adoptó precisamente para evitar este tipo de situaciones. 130 Estados ya han firmado el Tratado y 87, incluida España, lo han ratificado. Eso quiere decir que deben aplicar y respetar las normas globales para regular la venta de armas establecidas en el Tratado, entre cuyos fines está contribuir a la paz y la seguridad y reducir el sufrimiento humano.

Con el tiempo, los Estados que aún no han ratificado este Tratado se darán  cuenta de los beneficios de que todos los exportadores de armas apliquen las mismas reglas. Si no, se quedarán fuera de los acuerdos que impliquen la transferencia de tecnología avanzada y perderán oportunidades de negocio. Y no querrán convertirse en parias de la comunidad internacional que vendan armas para cometer atrocidades, sometidos al escrutinio de la opinión pública mundial. Porque en el comercio de armas también hay reglas, y la primera es que vender armas para cometer atrocidades está prohibido.

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Paz, en construcción

Sobre el blog

Un espacio de reflexión y debate sobre la necesidad de generar condiciones de paz en un mundo azotado por la violencia y la injusticia. El blog será coral, nutrido por colaboraciones de varias personas vinculadas a los centros de investigación, ONG y movimientos sociales por la paz de todo el Estado. También contará con alguna colaboración puntual de voces internacionales.

Sobre los autores

Jordi Armadans Jordi Armadans Politólogo, periodista y analista en temas de seguridad, conflictos, militarismo, desarme y cultura de paz. Director FundiPau (Fundació per la Pau), miembro de la Campaña Armas Bajo Control y miembro de la Junta Directiva de AIPAZ.

Jordi CalvoJordi Calvo Economista, analista e investigador sobre economía de defensa, militarismo, paz y desarme. Investigador del Centro Delàs de Estudios por la Paz (Justícia i Pau) y miembro de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’ONG y del International Peace Bureau (IPB).

Josep Maria RoyoJosep Maria Royo Politólogo, analista e investigador sobre conflictos y construcción de paz de la Escola de Cultura de Pau de la UAB. Miembro de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’ONG.

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