Nosotros, los que no olvidamos

El 3 de julio de 2006 se produjo en Valencia el mayor accidente de toda la historia del metro en España. El descarrilamiento acabó con 43 muertos y 47 heridos. Ese día empezó a escribirse uno de los capítulos más vergonzosos de la historia de la infamia de este país (del valenciano, digo) al que todavía no se ha puesto final. Una sociedad deslumbrada por una ciudad de cartón piedra que no reparaba en gastar millones de euros en la visita papal o en invertir en un circuito de fórmula 1 del que solo se beneficiaron unos pocos, no advertía que la realidad no se encontraba en el decorado del faraónico altar que se levantaba en el puente de Monteolivete para mayor gloria de Benedicto XVI, sino en sus propias entrañas. El subsuelo por el que circulaban trenes obsoletos sobre vías igual de desgastadas y sin las más elementales medidas de seguridad. Los ferrocarriles, los túneles y las estaciones del metro de la línea 1 eran mucho más reales que el espejismo que las autoridades del PP fabricaron con el dinero de todos.
Mucho más cómodo que contemplar una realidad siempre desagradable era recrearse ante la mentira de una sociedad que creía vivir en la opulencia. Así fue como los valencianos dieron la espalda a las víctimas del metro, ayudados por la infecta maquinaria de manipulación y mentiras en que se convirtieron el Palau de la Generalitat y Canal 9, su terminal mediática. El PP se había propuesto borrar de la memoria el accidente o, en su defecto, relegarlo al olvido. Lo habría conseguido si la Asociación de Víctimas del Metro, como si fueran las madres de la plaza de Mayo en Buenos Aires, no hubiera guardado la memoria con concentraciones mensuales todos los días 3. Lo habría logrado si no hubiera sido porque los partidos de la izquierda (PSPV, Compromís y EU) se mantuvieron siempre firmes al lado de las víctimas. Hubiera triunfado si no fuera porque algunos medios (pocos, dos, Levante-EMV y EL PAÍS) no hubieran recordado puntualmente las 78 concentraciones que, con frío, calor o bajo la lluvia, soportaron las decenas, en escasas ocasiones centenares, de personas que acompañaban todos los meses con su solidaridad a los familiares de las víctimas en su dolor.

Ahora hay quien lamenta el olvido e incluso se arrepiente en público. Bien está, más vale tarde que nunca. Pero algunos —no demasiados, es cierto— no olvidamos ni entonces ni ahora. No podemos olvidar esa breve y superficial investigación judicial que destrozó las esperanzas de las familias, ni la farsa en que el PP convirtió la comisión de investigación sobre el accidente en las Cortes Valencianas. Un programa de televisión, casi siete años después del siniestro, y las redes sociales sacaron a las víctimas del olvido e hicieron posible que una multitud las arropara el pasado viernes. ¿Qué pasará en noviembre, por ejemplo? ¿Cuántos valencianos habrá en la plaza de la Mare de Déu? Las heridas siguen abiertas y son profundas. La frialdad con que el PP, el presidente Fabra y la consejera Isabel Bonig despachan el asunto es inhumana: “Si hay nuevas pruebas que las presenten en el juzgado”, dicen y parecen quedar en paz con sus conciencias. No han entendido que el problema no es de justicia. Esa vía ya está cegada. Lo que reclaman las víctimas es sensibilidad, comprensión, humanidad. Bastaría un pequeño gesto para que las heridas comenzaran a restañarse. Qué le costaría al presidente recorrer los apenas 100 metros que separan su despacho del punto de concentración y, sin cortesanos de por medio ni aparataje mediático, pedir perdón a las víctimas por lo que su antecesor y su partido han hecho o por lo que dejaron de hacer. Por ejemplo, no asumir ninguna responsabilidad política. ¿Tan complicado es eso? ¿Qué le costaría al presidente de las Cortes, Juan Cotino, acercarse desde su despacho, también a un centenar de metros del punto de concentración, para presentar sus excusas a las víctimas y aclarar cualquier malentendido que hubiera podido producirse? No les costaría nada. Simplemente les humanizaría, que no es poca cosa. Y mientras eso no suceda y mientras las víctimas se concentren los días 3 de cada mes, nosotros, los que no olvidamos, estaremos con ellas. Como desde hace casi siete años.

Una Senyera no tapa el paro

Hace cosa de un año las Cortes Valencianas, presididas entonces y ahora por Juan Cotino, y la consejería de Gobernación cuyo titular era,  entonces y ahora, Serafín Castellano, tuvieron a bien encargarle a la Universidad de Alicante la organización de una exposición que recordara el trigésimo aniversario de la aprobación del Estatut d’Autonomía que se inauguró en Alicante con la presencia y los parabienes de uno de sus patrocinadores, la directora general Asunción Quinzá que acudió en representación del consejero de Gobernación, en tanto que el prólogo de catálogo iba firmado por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, para quien la exposición mostraba “un buen número de páginas brillantes de nuestra historia” y animaba a los posibles espectadores a “adentrarse en la realidad de la Comunitat desde una nueva perspectiva [para que] conozcan mejor esta apasionante encrucijada histórica que hace treinta años recorrió este territorio y sus gentes y desde la que emprendió un itinerario que llega hasta nuestros días y se prolonga con pasos firmes hacia el futuro”.

La muestra, que lleva por título Nosaltres. 30 anys del Estatut d’Autonomía, se exhibió sin ningún problema en Alicante y el 25 de abril (aniversario de la batalla de Almansa y Día de las Cortes  Valencianas) se inauguró en el parlamento autonómico con gran consternación de buena parte de los diputados del PP, quienes organizaron un buen cirio por entender que la misma está sesgada hacia posiciones catalanistas. El propio Serafín Castellano ha reclamado que sea retirada del Palau dels Borja y Juan Cotino cumplirá la orden de forma inmediata, faltaría más. El más belicoso, sin duda, fue el portavoz adjunto del grupo popular. Rafel Maluenda, una reliquia de los viejos tiempos, actuó cual Paquita Rebentaplenaris (para quien no se acuerde de ella, un personaje de la transición bien conocida por su capacidad para insultar y amenazar a cargos públicos, básicamente de la izquierda, y por ver catalanistas encubiertos hasta entre quienes comían jamón con pan y tomate) reclamando respeto hacia las señas de identidad valencianas, como si las que se exponían no lo fueran.

¿Cómo llegó la exposición hasta las Cortes Valencianas? Serafín Castellano encarga a Remedios Sánchez, profesora de la Facultad de Derecho que sea la comisaria de la muestra, el catálogo (que, dicho sea de paso, es lo único que ha pagado las Cortes) es supervisado por la propia consejería y presidencia de la Generalitat que dan su visto bueno. Incluso antes de que la exposición viaje a Valencia, el jefe de gabinete del presidente del parlamento valenciano, David Calatayud, se desplaza hasta Alicante y da su visto bueno. No hay ningún problema hasta que se conocen los datos del paro correspondientes al primer trimestre de este año.

Los datos de la Comunidad Valenciana son aterradores: 727.000 personas (el 29,20% de la población activa) están en el paro. Entre las personas jóvenes menores de 25 años el desempleo alcanza el 55,7%. Desolador. El PP, cuando la oposición plantea temas como la reforma del modelo de Estado, mejoras en la financiación autonómica o critica determinadas política (anti)sociales, acostumbra a despejar los temas afirmando que son cuestiones que no interesan a nadie, que lo importante es la lucha contra el paro. Ayer cambiaron su línea argumental. Lo que importaba era la defensa de las señas de identidad de los valencianos ante el contenido catalanista de la exposición que ellos mismos habían encargado y financiado para que se mostrara en lugar tan solemne como las Cortes.

Hubo un tiempo en que los populares fueron capaces de trasladar la ilusión de ser un partido moderno que sabía conjugar el pasado con los retos del futuro. El PP representaba la modernidad y los valencianos se lo reconocieron concediéndole abultadas y consecutivas mayorías absolutas. De un tiempo a esta parte, sin embargo, están desnortados. La crisis económica y la corrupción han liquidado su credibilidad. Hechos como el protagonizado por Maluenda ponen de manifiesto hasta qué punto han perdido el contacto con la realidad. Los viejos demonios familiares ya no asustan a nadie. Otros son los problemas. El paro, por ejemplo. Y ese drama no se tapa con una senyera por muy cuatribarrada que sea.

Exhaustos

Sostiene Ximo Puig que “los valencianos estamos exhaustos de tanto ofrendar nuevas glorias a España”. No le falta razón al secretario general del PSPV-PSOE. Después de tantos años de gobiernos del PP, estamos exhaustos de los escándalos provocados por la corrupción, el despilfarro, el paro, los aeropuertos sin aviones, de la quiebra de un sistema financiero de la que nadie se hace responsable, de un modelo de financiación autonómica injusto, del desplome de la inversión del Estado, de aportar al resto de España el 10% del PIB y de recibir el 8,7% en los últimos diez años pese a tener una renta per cápita inferior a la media. Exhaustos de ver cómo ni un solo cargo público conservador ha tenido la decencia de dimitir por sus responsabilidades políticas. En realidad, más que exhaustos, estamos hartos. Hartos de ser elegidos como el paradigma del desastre económico y financiero español en todos los medios de comunicación importantes del mundo, hartos de comprobar día a día la incapacidad del Consell para transmitir un poco de esperanza, ya que no puede hacer mucho más dadas sus limitaciones de todo tipo.

De todo ello, el actual presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, tiene una responsabilidad reducida a su condición de espectador pasivo de tanto desafuero sin haber hecho nada por evitarlo. Francisco Camps le legó una herencia que es una ruina. Limpiar los establos de Augias no es tarea fácil ni cómoda. Apartar del PP a presuntos corruptos, reducir la administración a golpe de ERE —algunos tan brutales como el de Ràdio Televisió Valenciana— mandar a casa a una legión de enchufados de su propio partido en empresas públicas y fundaciones, reivindicar en privado más inversiones para la Comunidad Valenciana y disimular en público y gestionar la miseria económica requiere mucha más decisión de la que se trasluce de un presidente de tan frágil apariencia política como firmeza a la hora de ejecutar sus decisiones, tal como se ha revelado con el apartamiento de todos los imputados del equipo de dirección del grupo parlamentario del PP en las Cortes Valencianas. Las medidas adoptadas en punto al saneamiento del partido eran, obviamente, necesarias, pero siguen siendo insuficientes. Lo suyo sería que reclamara el acta a los imputados o, en su defecto, que les expulsara al grupo de no adscritos como hizo en su día Esperanza Aguirre con los diputados de Madrid implicados en el caso Gürtel. No es probable que se atreva a tanto, le va en ello la mayoría absoluta. Pero no se le puede regatear el reconocimiento al esfuerzo realizado. Estos últimos días, con las imputaciones de Sonia Castedo, Luis Díaz Alperi y Rafael Blasco no han debido ser fáciles.

Cosa distinta es la falta de pulso político que revela un Consell al que ya se da por amortizado, con monumentales desastres en la gestión como el fracaso en la reforma sanitaria, que por si solo debería haber bastado al consejero de Sanidad, Luis Rosado, para presentar su dimisión. El principal déficit de Fabra radica en su lentitud para acometer tareas urgentes y la contradicción existente entre lo que dice y lo que hace. La política no es solo gestión. Son gestos, actitudes, formas; democracia, en definitiva. Y el presidente predica la transparencia, pero practica el ocultismo, como cuando pide a la Comisión Europea que no revele según qué datos de la Ciudad de la Luz. Habla de consenso e intenta imponer un trágala en el consejo de administración de RTVV y no es capaz de encabezar un movimiento en el que participen la oposición, los empresarios, sindicatos y la sociedad civil para buscar un frente común que plante cara al desprecio con que el Gobierno de Rajoy trata a la Comunidad Valenciana.

¿Exhaustos? No. Hartos.

¿Valenciano y federal?

La Comunidad Valenciana, a diferencia de Cataluña, nunca ha tenido ningún problema de encaje con España. Es, sencillamente, España. Y sin embargo… La españolidad de los valencianos nunca ha sido tan dominante como para borrar por completo la conciencia de ser diferentes. La historia, la lengua y la cultura, por más que se haya hecho por borrarlas del subconsciente colectivo de los valencianos, aún tienen un peso importante. No es gratuito que los partidos políticos mayoritarios (PP y PSOE) se acerquen a sus electores con espejuelos que reflejan vaporosos signos identitarios. Más potentes los de la derecha que, desde la transición, construyó su discurso sobre dos pilares que se muestran todavía hoy tan firmes como eficaces: El anticatalanismo más cerril de toda España (y la derecha española ya es de por si anticatalana) y el desprestigio de la izquierda, singularmente de los socialistas, a la que sin ningún fundamento acusan sistemáticamente de plegarse a los intereses de los catalanes. Si a ello se le une un discurso xenófobo, que establece que todos los que no entienden el valencianismo de acuerdo con la particular versión de la derecha son antivalencianos, tendremos la trinidad que configura el valencianismo oportunista del PP. Valencinismo lo ha llamado alguien.

El PSPV, con una clara mayoría en las urnas durante los primeros años de la democracia fue incapaz de imponer su relato. Las algaradas callejeras y el terrorismo de baja intensidad contra intelectuales como Joan Fuster y Sanchis Guarner instigado y apoyado desde medios absolutamente reaccionarios y tolerado por el gobierno de la UCD, acoquinaron a los socialistas que prefirieron renunciar a su concepción del País Valenciano a cambio de paz social. Consiguieron lo segundo; en parte, no del todo, pero su deserción de lo primero todavía lo están pagando. Lo que era una cuestión táctica se convirtió en estratégica. La cesión ante la derecha llevó aparejada la renuncia a tener un proyecto propio. El PSPV ha ido resignándose a ser una terminal del PSOE sin ninguna autonomía política. No es extraño que las encuestas le señalen sistemáticamente como el partido que menos defiende los intereses de los valencianos.

La artificiosidad del discurso del PP y la trivialidad del socialista han quedado aún más al descubierto con la crisis económica. Por decirlo en palabras de Josep Ramoneda: “Los proyectos políticos han decaído o se han camuflado en la sumisión de la política a los designios de la ortodoxia económica”. Designios que en el caso español vienen establecidos desde los países de la Europa del norte y en el valenciano, de Madrid; tanto da que sea el Gobierno o la dirección federal del PSOE. El análisis de Ramoneda concluye: “Nadie osa explicar el futuro de España o de la sociedad que debe salir de la crisis. Derecha e izquierda se escudan en el día a día, para evitar el verdadero debate político”. Los partidos mayoritarios ni antes de la crisis ni ahora han explicado cuál es su proyecto para la Comunidad Valenciano. Y los minoritarios tampoco es que se hayan tomado muchas molestias en darlo a conocer. Tampoco nadie se ha preocupado demasiado en reclamárselo.

Pero los espejuelos siguen brillando en la oscuridad. Apenas reflejan luz porque los discursos pseudoreivindicativos son todavía de menor intensidad que en el pasado. Al PP, por boca del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, se le escucha muy en sordina reclamar una mejor financiación autonómica. Exigencia que también forma parte del argumentario del secretario general del PSPV. Ximo Puig añade, además, una tímida demanda a favor del federalismo como forma de organización del Estado; pero no va más allá de una formulación genérica. Y es una lástima porque es probable que la Comunidad Valenciana sea el punto desde el que se podría articular con fuerza un discurso federalista. Dos históricos socialistas, los profesores Joaquín Azagra y Joan Romero, en su libro Desde la orilla izquierda, reivindicaron el modelo federal, no sin constatar con un pesimismo realista la ausencia de discurso político. Otro histórico del PSPV, Antonio García Miralles, (ahora tan olvidado por su propio partido) expresó su deseo de avanzar hacia un “federalismo asimétrico temporal” que Europa acabaría por corregir con una política fiscal unitaria. Desde entonces nadie con autoridad en el seno del socialismo valenciano ha vuelto a hablar del modelo federal en serio.

Y probablemente este sea el momento más adecuado para poner sobre la mesa la revisión del actual sistema de organización territorial del Estado. Ante el agotamiento del modelo autonómico, que tanto ha contribuido a la mejora del bienestar de los ciudadanos, están surgiendo dos grandes corrientes antitéticas: la recentralización que defiende el sector más duro del PP y la UPyD de Rosa Díez que aspira a una reforma completa del título octavo de la Constitución y la línea soberanista mayoritaria en el País Vasco y, con total seguridad, en Cataluña desde el 11 de septiembre. Frente a este choque de trenes, personas tan poco sospechosas como Rodolfo Martín Villa apuestan por la vía federal como una vía de superación del actual Estado de las autonomías y un freno al soberanismo. Lo que está por ver es si no se ha llegado demasiado tarde.

En un artículo publicado en EL PAÍS el pasado día 14, el profesor Santiago Petschen defendía un “federalismo utópico”. Una España federal formada por cuatro unidades: la castellana, la catalana, la vasca y la gallega. La Comunidad Valenciana no figuraba. O tal vez sí: Dentro de la España castellana. ¿Es este el futuro que quieren el PSPV, Compromís y Esquerra Unida (sobre lo que pretenden el PP y UPyD hay pocas dudas) para los valencianos? ¿Se puede ser valenciano y federal o, como en la boutade de Pío Baroja sobre el pensamiento navarro: “Si lo primero, ¿cómo lo segundo?”, también van a ser términos excluyente

Indocumentados e ignorantes

La ignorancia de los valencianos de Valencia sobre todo lo que ocurre más allá de  las tierras que se divisan desde la torre de El Micalet es secular. En algún momento de su historia, el Cap i Casal maldijo al reino al que da nombre condenándole a cargar con todas sus desgracias y no regalándole ninguna de sus virtudes que, por otra parte, son bastantes.Indocumentados algunos e ignorantes los más, no es extraño que hubiera un dirigente del PSPV, Joan Ignaci Pla, que pretendiera “quemar” las gaiatas de Castellón o que el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, eleve sus jeremiadas  victimistas porque se pretenda trasladar el día grande de las fallas a un lunes y no se haga lo propio con la fiesta de la Magdalena de La Plana. Si el uno y el otro hubieran tenido un mínimo de conocimiento de la historia del quereclaman como su Reino, región, Comunidad o País sabrían que las gaiatas no se queman y que la Magdalena se celebra siempre el tercer domingo de cuaresma. Por seguir la terminología castellonense, estos mig ouets no saben de lo que hablan. Mucho peor ha sido la memez -y me quedo corto en el calificativo- del presidente de la Junta Local Fallera de Xàtiva, Javier García Paños, que ha dicho que “tiene gracia que alguien de Castellón nos diga desde Alicante lo que tenemos que hacer en Valencia”. Cuánta razón llevaba Joan Lerma cuando dijo aquello que de que “hay animales invertebrados que viven tan ricamente”. Sobre todo cuando se escucha a anélidos como GarcíaPaños que, seguro, se proclama más valenciano que El Palleter.

Hace nada se ha cumplido el 30 aniversario del Estatut de la Comunidad Valenciana. Un texto que se recibió como el único instrumento capaz de vertebrar un territorio cuyos habitantes siguen viviendo desde hace décadas ignorándose los unos a los otros. El Estatut, las instituciones del autogobierno –Generalitat, Consell, Corts Valencianes…- iban a permitir a los habitantes de la Comunidad Valenciana
recuperar su identidad como pueblo. Nada más incierto. Tres décadas después, el descrédito de las instituciones arrastradas por el fraude de una política y de unos políticos mediocres, la campaña de la derecha aprovechando la crisis financiera y económica, la incapacidad de la izquierda oficial y la frivolidadde la emergente, el despilfarro de algunos gobiernos regionales -singularmente
el valenciano-  están dando alas a quienes piensan que el Estado de las autonomías es el responsable de todos los males que se ciernen sobre España. Y no es verdad. No dicen eso los datos. Pero a quién le importa. La sociedad está en otros problemas y los políticos hace tiempo que solo piensan en el cortoplacismo.

La propuesta del presidente Fabra, que lo es de todos los valencianos, aunque el estulto del presidente dela Junta Local Fallera lo descalifique por haber nacido en Castellón, debería ser considerada, del mismo modo que trasladar las fiestas locales a los lunes. Cuál es el problema. ¿Habrá fiesta en la ciudad de Valencia con más tradición que la del Corpus Christi y pasó de celebrarse uno de los jueves que relucían más que el sol a un domingo sin que nadie se rasgara las vestiduras? A qué
viene ahora tanta alharaca si las fallas o las hogueras arden un lunes en lugar de cualquier otro día de la semana. Ganas de tocarle las narices, políticamente hablando, al presidente por parte de algunos de sus compañeros (alcaldesa y vicealcalde de Valencia), y por parte de la oposición que siempre está a la que salta, aunque lo que salte sea un mcguffin de los que Hitchcok empleaba en sus películas para distraer al personal de lo realmente importante: la crisis económica.

Sí que me parece impresentable la idea presidencial de trasladar la fiesta del 9 d’Octubre.  Ahí sí que lleva razón Barberá. Nadie en su sano juicio en Francia, Inglaterra o Cataluña suprimiría el 14, el 4 de julio o el 11 de septiembre, respectivamente. Nadie renuncia a su partida de nacimiento como pueblo, salvo que le importe una higa ser un pueblo. Fabra debería meditar sobre esto y el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, también. Dice Joan Calabuig que pertenece a un partido “valencianista y progresista”.
Dándose por bueno lo segundo, no está tan claro lo primero. Es verdad que hay valencianistas en la federación valenciana del PSOE, pero no dejan de ser sujetos aislados sin ningún peso orgánico. De valencianistas, poco. Véase si no lo que hicieron los diputados del PSOE por la Comunidad Valenciana el jueves 20 de julio. Contra todas sus proclamas, su programa, su supuesto proyecto votaron a favor de la prioridad del corredor ferroviario central. Otro fraude más.
¿Valencianistas? No más que  el palleter fallero de Xàtiva.

La alcaldesa que se subió al bus

La alcaldesa de Valencia se subió a un coche oficial allá por 1991 y no se ha
vuelto bajar del mismo desde entonces (el suyo, de hecho, acumula polvo en las
dependencias municipales, que utiliza como garaje a coste cero). Tampoco está
muy claro que con anterioridad a su elección como primera edil de la ciudad
fuera una usuaria habitual del transporte público en sus desplazamientos por
Valencia. Uno no acaba de imaginársela en el metro ni subida a un autobús. Lo
de desplazarse a pie a una parada o a una estación del suburbano debe resultar
harto fatigoso.

Pero el pasado sábado, aprovechando que un autobús estaba parado frente a la puerta
de su casa, la alcaldesa decidió subir. No, desde luego, para compartir sus
experiencias como usuaria del transporte público urbano. No, por descontado,
para preguntar a los viajeros por la calidad del servicio. No, por supuesto,
para interesarse por sus inquietudes o para recabar sugerencias que ayudaran a
mejorar la prestación del servicio. No. La alcaldesa de Valencia subió al bus
para abroncar a su conductora y echarle en cara el sueldo que cobra.

Los trabajadores de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia (EMT) han
convocado varias jornadas de huelga ante el retraso del Ayuntamiento en
pagarles las nóminas y en protesta por los recortes y despidos que plantea la
dirección. Los empleados exhiben pegatinas y camisetas en las que se puede leer
Rita no paga a sus trabajadores. El autobús de la línea 31 que se
encontraba detenido frente al domicilio de la alcaldesa también llevaba una de
esas pegatinas: Rita no paga.

Aquellodebió ser demasiado para Barberá a la que se le subió el pavo autoritario que
lleva dentro, por mucho que intente domeñarlo a fuerza de sonrisas y gestos afables.
A la alcaldesa de Valencia no le gusta demasiado verse puesta en solfa. En
realidad, no le gusta nada. Genio y figura, la seña Rita se encaró con
la conductora y explicó a los viajeros que la trabajadora de la EMT tenía un
sueldo de 3.000 euros mensuales que, dicho así, no es mentira, pero tampoco acaba xde ser verdad. Si Barberá,tan didáctica cuando le viene en gana, hubiera explicado a los ocupantes de ese
autobús que esa cantidad se correspondía con el sueldo bruto, pero que a su
casa llegaban entre 1.400 y 1.700 euros netos, la cosa no hubiera sonado tan
demagógica.

En mala hora se subió la alcaldesa al autobús, cuando vive tan ricamente instalada
en el coche oficial, con su conductor y su escolta. Por cierto, que cada vez
está menos claro que los concejales del PP del Ayuntamiento de Valencia puedan
seguir disfrutando del servicio de chóferes-escoltas a costa del erario público
cuando el ministerio del Interior ha reducido la protección a jueces y fiscales
tras el cese de los atentados de ETA. Veremos que excusa se busca ahora la
alcaldesa para justificar lo que antes podía ser un servicio de protección
necesario y ahora es un despilfarro inexplicable.

Es su vergüenza

El vicepresidente del Consell, José Ciscar, aseguró el pasado viernes que “algunas de las expresiones que hemos visto [en el escándalo de las ayudas a la cooperación] son absolutamente reprobables”. Dijo más, dijo que le producían vergüenza ajena; pero no quiso ir más allá. Hubiera estado bien que concretara qué expresiones le parecían “absolutamente reprobables”. Tal vez fueran esas en las que el director general de Cooperación, Josep María Felip, sugiere que el responsable de la ONG Esperanza Sin Fronteras, Fernando Darder,  “monte el número en declaraciones a la SER, a los diarios, en contra de…, que vaya allí y se encadene, él y su parroquia al árbol de EL PAÍS, que vayan allí, que vayan todos, y que asalten EL PAÍS y pidan explicaciones y monten el número y lleven un fotógrafo, oye, ya está bien”.

Felip era de los que pasaba por ser un militante del PP con pedigrí democrático, de los que tenían un historial de militancia en la lucha contra la dictadura franquista, de los que pelearon por las libertades. Tal vez por eso se limitaba a pedir un asalto a EL PAÍS, como si este periódico fuera la Bastilla o el Palacio de Invierno. Este demócrata de guardarropía nunca debió dedicar un segundo a la reflexión de Thomas Jefferson sobre el dilema entre prensa y poder. El político y pensador americano dijo: “Si me incumbiese decidir entre un gobierno con periódicos o periódicos sin gobierno no vacilaría un segundo en preferir lo segundo”. Qué prefiere el PP de la Comunidad Valenciana es una pregunta retórica que se contesta solo con ver Canal 9.

El exdirector de Cooperación, con todo, es un ilustrado, una persona refinada y exquisita al lado del abogado de César Augusto Tauroni, uno de los principales cerebros de la trama que saqueó la consejería de Cooperación. Vicente Gómez Tejedor -quede el nombre de este leguleyo para la posteridad- mantuvo una conversación con el tal Tauroni de la siguiente guisa. Dice el tiburón, perdón, Tauroni: “habrá que meditar qué hacemos con la Mireia [Mollà, diputada autonómica por Compromís] si la denunciamos o qué hacemos con ella”, A lo que responde el picapleitos: “La violamos o cualquier barbaridad de esta, ¿no?”. Y Tauroni: “Sí, lo que sea, pero...”. El abogado le interrumpe: “Más quisiera la pobre, en fin”. Estos mafiosos de opereta utilizan en sus conversaciones un lenguaje soez, machista, grosero, insultante y agresivo. A los periodistas incómodos se les califica de “sicarios”, pero los partidarios de utilizar las armas son ellos. Marc Llinares, exjefe de área de Cooperación, cuenta que su mujer le aconseja ir “con la metralleta a matar” a un periodista. En la Consejería de Solidaridad y Cooperación debían saber mucho de luchas armadas.

Claro, ahora dirán que todo era una exageración, que se trataba de bravuconadas sin intención, tonterías que se dicen al calor de una discusión. Recordando a Felip –por cierto, si ése es el demócrata, cómo serán los otros-. “Oye, ya está bien”.

José Ciscar confiesa que “algunas expresiones” le causan vergüenza ajena. No, vicepresidente. Todo el sumario causa vergüenza; pero en su caso no es ajena. Es propia. Es su vergüenza. El gobierno en el que se desarrollaron todas estas trapacerías, era del PP, su partido. El responsable político de la consejería en la época en que se produjo el saqueo es, hoy, no ayer, ni anteayer, el portavoz de su grupo parlamentario en las Cortes Valencianas. Es su vergüenza, vicepresidente. Y lo seguirá siendo mientras Rafael Blasco ocupe cualquier puesto de responsabilidad en el PP. Y sí, hay que respetar la presunción de inocencia porque es lo que nos corresponde como demócratas; pero eso no le impide al presidente Alberto Fabra adoptar las decisiones políticas que considere oportunas. Si espera que los jueces le hagan el trabajo sucio para destituir a Blasco al frente de la bancada popular en el Palau de Benicarló, por muchas y buenas que sean sus intenciones, quedará claro que Fabra, como tantos otros políticos, quiere hacer pasar por prudencia y respeto a las normas lo que no es más que pusilanimidad. Es su vergüenza, no la nuestra.

Por cierto que no estaría de más que el presidente explicara porque los imputados no son buenos para dirigir el PP; pero sí para representar al millón largo de valencianos que les votaron. Todos y cada uno de ellos debería sentir vergüenza. En este caso, ajena. Ahí sí.

CON VERGÜENZA Francisco Camps, en su condición de expresidente de la Generalitat dispone de coche oficial, chófer y secretaria. Nada que objetar. Pero utilizar el vehículo de alta gama que tiene a su disposición, un Audi por más señas, para desplazarse apenas 300 metros como hizo el pasado jueves a eso de las 10.30 de la mañana solo puede significar una cosa. No se atreve a pisar la calle porque siente vergüenza y miedo. Vergüenza por lo que hizo y consintió en el “Caso Gürtel” y miedo de que algún ciudadano se lo eche en cara en plena calle

A mí que me registren

Adelino Santamaría (PP). Alcalde de Borriol. Juzgado por prevaricación. “Yo confío en los técnicos. Si tuviera que leer todo lo que firmo, no haría otra cosa”.
Milagrosa Martínez (PP). Alcaldesa de Novelda y diputada en las Cortes Valencianas. Imputada en el "caso Gürtel" por cohecho y prevaricación. Exconsejera de Turismo. En su declaración ante el juez desvió hacia los técnicos la responsabilidad de adjudicar a la trama Gürtel el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur durante su etapa como consejera de Turismo.
Pedro Hernández Mateo (PP). Diputado en las Cortes Valencianas. Exalcalde de Torrevieja. Imputado por prevaricación y falsedad documental tras la adjudicación de la contrata de basuras del municipio de La Vega Baja a un grupo de empresas por 9,7 millones de euros. Hernández Mateo alegó en su defensa que no leía los documentos que firmaba. “Los decretos siempre los mandaba el departamento correspondiente y yo me limitaba a firmar. Yo era el último que firmaba”.
Enrique Crespo (PP). Exalcalde de Manises, exvicepresidente de la Diputación de Valencia,expresidente de Emarsa (entidad encargada de la gestión de las aguas residuales de Valencia de y varios municipios de su área metropolitana). Imputado por malversación de caudales públicos, estafa continuada, delito societario y falsedad documental, aseguró no haber estado “nunca” al tanto de las irregularidades que se cometían en la planta. No conocer a los proveedores de la empresa y no haber dado “nunca” instrucciones para contratar a personas o con empresas.
Jorge Vela (PP). Exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), exdirector de las Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA). Imputado por su supuesta implicación en la gestión de los contratos firmados entre el Instituto Nóos y la Generalitat a través de CACSA. Declaró ante el juez que los acuerdos con Nóos estaban firmados por su antecesor y que se limitó a renovarlos por indicaciones de otros. Vela añadió que seguía indicaciones de Luis Lobón, responsable en esas fechas de los grandes proyectos del Consell. En su comparecencia ante la comisión de las Cortes Valencianas que investiga la quiebra de Caja Mediterráneo (CAM) por su cargo como director del IVF declaró que la responsabilidad sobre las cuentas de la entidad recaía en los gestores “no en los supervisores”.
Por extraño que parezca, estas cinco personas nunca creyeron sentirse incapacitadas para desarrollar su gestión. Al contrario, presumieron de sus méritos, alardearon del respaldo de la sociedad y ningunearon a sus adversarios. Solo cuando se vieron ante un juez se volvieron humildes y se declararon irresponsables. A ellos que les registraran. Nunca habían roto un plato.
En manos de quiénes hemos estado (y estamos).

A mí que me registren

Adelino Santamaría (PP). Alcalde de Borriol. Juzgado por prevaricación. “Yo confío en los técnicos. Si tuviera que leer todo lo que firmo, no haría otra cosa”.
Milagrosa Martínez (PP). Alcaldesa de Novelda y diputada en las Cortes Valencianas. Imputada en el "caso Gürtel" por cohecho y prevaricación. Exconsejera de Turismo. En su declaración ante el juez desvió hacia los técnicos la responsabilidad de adjudicar a la trama Gürtel el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur durante su etapa como consejera de Turismo.
Pedro Hernández Mateo (PP). Diputado en las Cortes Valencianas. Exalcalde de Torrevieja. Imputado por prevaricación y falsedad documental tras la adjudicación de la contrata de basuras del municipio de La Vega Baja a un grupo de empresas por 9,7 millones de euros. Hernández Mateo alegó en su defensa que no leía los documentos que firmaba. “Los decretos siempre los mandaba el departamento correspondiente y yo me limitaba a firmar. Yo era el último que firmaba”.
Enrique Crespo (PP). Exalcalde de Manises, exvicepresidente de la Diputación de Valencia,expresidente de Emarsa (entidad encargada de la gestión de las aguas residuales de Valencia de y varios municipios de su área metropolitana). Imputado por malversación de caudales públicos, estafa continuada, delito societario y falsedad documental, aseguró no haber estado “nunca” al tanto de las irregularidades que se cometían en la planta. No conocer a los proveedores de la empresa y no haber dado “nunca” instrucciones para contratar a personas o con empresas.
Jorge Vela (PP). Exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), exdirector de las Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA). Imputado por su supuesta implicación en la gestión de los contratos firmados entre el Instituto Nóos y la Generalitat a través de CACSA. Declaró ante el juez que los acuerdos con Nóos estaban firmados por su antecesor y que se limitó a renovarlos por indicaciones de otros. Vela añadió que seguía indicaciones de Luis Lobón, responsable en esas fechas de los grandes proyectos del Consell. En su comparecencia ante la comisión de las Cortes Valencianas que investiga la quiebra de Caja Mediterráneo (CAM) por su cargo como director del IVF declaró que la responsabilidad sobre las cuentas de la entidad recaía en los gestores “no en los supervisores”.
Por extraño que parezca, estas cinco personas nunca creyeron sentirse incapacitadas para desarrollar su gestión. Al contrario, presumieron de sus méritos, alardearon del respaldo de la sociedad y ningunearon a sus adversarios. Solo cuando se vieron ante un juez se volvieron humildes y se declararon irresponsables. A ellos que les registraran. Nunca habían roto un plato.
En manos de quiénes hemos estado (y estamos).

Los niños no vienen de París

El gato escaldado del agua fría huye, así que nadie debería extrañarse de que el personal reciba con hartas dosis de escepticismo el anuncio de que el Consell y el Ayuntamiento de Valencia tienen a punto de caramelo un acuerdo con un grupo inversor para instalar el parque temático de Ferrari en Cheste. Vaya por delante que una inversión cercana a los 1.000 millones de euros es cosa seria y que con las cosas de comer, más aún en los tiempos que corren, no se puede jugar. Una inversión de esta cuantía —si llega a ramos de bendecir— merece todos los plácemes y esfuerzos por parte de las administraciones públicas. Aún en tiempos de recortes en la sanidad y la educación, sería una irresponsabilidad si nuestros gobernantes no hicieran un esfuerzo económicamente razonable para que el parque Ferrari se convirtiera en realidad.
La pregunta obvia —puesto que no hay en Europa una solo instalación de estas características que sea rentable— es qué tiene Cheste que no tengan Madrid o Barcelona. Y la respuesta es sencilla: un circuito que pierde dinero y cuya explotación la Generalitat cederá por cero euros al grupo inversor que encabeza el israelí Castro Khatib (en la foto, con la alcaldesa de Valencia en las pasadas fallas). Se entiende que el vicepresidente José Ciscar eludiera dar una respuesta clara cuando se le preguntó por esta cuestión tras el pleno del Consell celebrado ayer.
También se entiende el esfuerzo de todos los portavoces del PP en insistir en que la inversión no va a costarle un euro a la administración. La historia de los grandes eventos en la Comunidad Valenciana está plagada de mentiras de políticos del PP que engañaron a los ciudadanos con cuentos y cuentas. Lo sabían ellos entonces y ahora lo sabe todo el mundo. Mintieron cuando dijeron que Terra Mítica iba a ser el negocio del siglo y mintieron cuando afirmaron que el coste del circuito urbano de fórmula 1 sería cero euros. Ahora andan con pies de plomo; pero tampoco dicen la verdad.
No es cierto que el parque temático Ferrari no le vaya a costar dinero al contribuyente. En el supuesto de que se haga, los ciudadanos ya hemos pagado por anticipado el coste del circuito de Cheste, como pagaremos los terrenos donde se instale —¿los dueños de los solares no van a cobrar?— y, con toda probabilidad, los nuevos accesos que habrá que construir. Nada es gratis. Estaría muy bien que el parque Ferrari se instalará en Cheste; pero, por favor, que no nos cuenten que los niños vienen de Paris. Estamos ya muy mayores.