Ética para todos y todas

                     

 

 

 

 

 

                                                                   Alberto Fernández, con Néstor y Cristina Kirchner

   En las oficinas de YPF Repsol, un torre vidriada que se eleva en Puerto Madero, funcionarios del Gobierno que forman parte de flamante la intervención en la compañía hallaron contratos firmados por los gerentes del área de Comunicación Estratégica y Asuntos Públicos de la gestión anterior; encontraron papeles que les pareció conveniente difundir. 

   A través de Tiempo Argentino, diario oficialista si los hay, se supo que el ex jefe de gabinete Alberto Fernández ganaba un honorario de 25 mil pesos al mes por un servicio de consultoría que, según los términos del contrato, consistía en mantener a los directivos del área bien informados sobre la actividad parlamentaria y política del país.

    El diario consignó por error que el contrato se había iniciado en octubre del año pasado: el propio Fernández aclaró luego que la relación se había originado mucho antes, y muy poco después de su salida del Gobierno, en julio del 2008, y por una gestión de Néstor Kirchner. 

   La anécdota, por un lado, diferencia a Néstor de Cristina Kirchner. La salida de Fernández, que había formado parte del círculo íntimo del matrimonio durante muchos años, lo había enemistado con la presidenta, pero Néstor Kirchner se sensibilizó cuando supo que su ex colaborador había sufrido un problema de salud y lo llamó para ofrecerle un ingreso mensual a través de YPF Repsol.

   El relato también corrobora la intensidad del vínculo de Kirchner con Enrique y Sebastián Eskenazi. Viejos conocidos suyos de los tiempos de la privatización del Banco de Santa Cruz, Kirchner introdujo a los Eskenazi en YPF Repsol, cuando la petrolera era propiedad exclusiva de compañía la española, en un proceso de "argentinización" del 25 por ciento del paquete accionario, que se financió con créditos garantizados por los dividendos de propia la compañía. 

  El foco de la nota de Tiempo Argentino fue que Fernández había ocultado su condición de "lobista" de la empresa cuando opinó en algunos medios de comunicación de manera crítica sobre proceso de expropiación de las acciones de Repsol, a modo de reproche por su falta ética.

   Entrevisté al ex jefe de gabinete en el programa que conduzco en Radio Continental, y Fernández objetó que lo llamaran lobista, porque su trabajo no consistía en hacer gestiones ante funcionarios del Gobierno o del Congreso en favor de la empresa, sino que brindaba información a los directivos, un trabajo más hacia adentro que hacia afuera. Muchas empresas importantes pagan a consultores y encuestadores para acceder a sus análisis y datos, y no es infrecuente que tengan servicios contratados en forma mensual. 

   En Argentina no existe legislación que establezca reglas para los funcionarios que egresan de la función pública. Otros países fijan un "período de carencia ex post": son normas que buscan prevenir los conflictos de interés para quienes están en tránsito entre la función pública y la actividad privada. Durante uno o dos años, el funcionario saliente no puede trabajar del otro lado del mostrador como lobista en el mismo sector de influencia que tuvo desde el Estado.

   La ley de Ética Pública 25.188 sancionada en 1999 contemplaba alguna de estas restricciones, pero el artículo fue vetado por el entonces presidente Fernando De la Rúa en el año 2001. Cuando le hablé de las normas de carencia ex post, Fernández me dijo que, de existir, tampoco comprenderían su caso, ya que YPF Repsol no estaba bajo su ámbito de influencia directa como jefe de gabinete.

   "No trabajé sobre información confidencial y no quise representar los derechos de la empresa", se defendió. También dijo que, para evitar conflictos de interés del estilo, él mantuvo cerrado su estudio de abogados mientras trabajó en el Gobierno, y que no lo dejó funcionando bajo la tutela de un tercero como se estila en la política argentina. 

   Considero que él igual debió informar a la opinión pública, al opinar sobre YPF Repsol, su condición de contratado por la empresa, porque resulta una norma bastante elemental de transparencia, aunque puede resultar algo incómodo de aclarar. 

   También puedo comprender que el ex jefe de gabinete diga que los medios oficialistas no quieren promover un debate sobre la ética de los funcionarios públicos, sino que sólo buscan mellar su credibilidad ahora que él integra las filas de la oposición, porque jamás repararon en exhibiciones tan grotescas como el significativo incremento patrimonial de la familia Kirchner desde su ascenso al poder.

  "Cuando salí de la función pública, yo no tenía imprentas a nombre de mis amigos y ni tenía hoteles para vivir", afirmó Fernández. La imprenta fue una referencia a la investigación en marcha sobre los vínculos del vicepresidente y de su socio, José Núñez Carmona, con el grupo inversor que levantó la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica; con esa frase, Fernández aludió también a los hoteles de lujo que el matrimonio Kirchner construyó en El Calafate. Uno de ellos es explotado en alquiler por un empresario que es a su vez contratista del Estado y el otro aloja a las tripulaciones de la compañía aérea estatal Aerolíneas Argentinas.

    La fortuna del matrimonio Kirchner se multiplicado de manera notable desde que Néstor Kirchner llegó a la presidencia, allá por el año 2003, gracias a sus hoteles y a la compra a valor fiscal de terrenos en El Calafate que luego vendieron por millones. Boudou también declaró que su patrimonio aumentó mientras se desempeñaba como ministro de Economía gracias a ingresos provenientes de sociedades que creó con amigos suyos de la infancia, cuya actividad se desconoce.

   Puede sonar ingenuo, pero sigo creyendo que sería muy deseable para mejorar la calidad de nuestra democracia y para bajar los niveles de corrupción en la política argentina que estos debates se dieran con más frecuencia, y no siempre de manera sesgada.

 

 

 

Axel Kicillof, el protagonista

 

     Durante más de seis horas, Axel Kicillof ocupó el centro de la escena en el Senado. Y emergió ante la opinión pública en el principal defensor de la medida económica de mayor impacto adoptada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hasta la fecha, la expropiación del 51 por ciento del paquete accionario de la empresa petrolera Repsol-YFP.

   Con 41 años y poca experiencia en la función pública, Kicillof no se veía para nada intimidado por las circunstancias. Rodeado de veteranos del Gobierno, relegados por su protagonismo a un papel secundario, el viceministro de Economía se presentó ante los legisladores con el mismo aspecto que arrastra de sus años dedicados a la academia: patillas al estilo Elvis y la camisa siempre abierta, sin corbata a la vista, pero resultó evidente que en poco tiempo se ha convertido en una de las voces más influyentes en la Casa Rosada.

   Cuando la presidenta inauguró su segundo mandato, el 10 de diciembre pasado, Kicillof ascendió de una gerencia en Aerolíneas Argentinas y de un puesto en el directorio de Techint en representación del Estado, al cargo de viceministro de Economía. Desde allí moldeó el proyecto para estatizar Repsol-YPF y también fue designado como el segundo funcionario de jerarquía en la intervención, pensada como una transición hasta que el Congreso apruebe su nueva conformación. Tanto poder acumuló en tan poco tiempo que de manera inevitable se convirtió en objeto de gran curiosidad para los medios, en una reconstrucción muchas veces plagada de inexactitudes.

   Kicillof no es hijo de militantes montoneros de los años '70, ni tampoco debe su inclusión en el Gobierno a su pertenencia a la agrupación La Cámpora, como muchos suponen o imaginan. Hijo del psicoanalista Daniel Kicillof y de una psicóloga, creció en una típica familia de clase media intelectual de origen judío, para nada religiosa, y de una ideología de centroizquierda, progresista, y para nada peronista, sino más bien antiperonista. 

   Axel es el hermano del medio. El mayor, Nicolás, fue becario en Microsoft, y la empresa de Bill Gates le consiguió una visa especial para que pudiera regresar a trabajar en cuarteles centrales en Seattle, en los Estados Unidos, para la división de telefonía de la empresa, donde reside con su mujer e hijos hace años. La menor, Irene, es psicóloga como su mamá, y los tres hermanos son graduados del colegio de la elite intelectual porteña, el Nacional Buenos Aires. Aunque cursaron la secundaria en una escuela pública, pasaron durante la primaria por colegios privados, como la Nueva Escuela Argentina 2000, fundada en 1969 por Antonio Salonia en base a experiencias de instituciones europeas que promovían el pensamiento crítico desde una edad temprana.

   Crecieron en un ambiente intelectual y sin privaciones económicas. Con un abuelo que había sido un empresario exitoso, y con padres profesionales, los hermanos pasaban los fines de semana en un barrio cerrado del oeste del conurbano de la provincia de Buenos Aires y veraneaban en Uruguay. Lo han tildado de marxista por su formación con esa orientación académica en la Universidad de Buenos Aires, pero Kicillof nunca integró las filas del Partido Comunista, por su entorno y formación era más probable que escuchara a Silvio Rodríguez en Punta del Este. Además de su hermano, tiene otros familiares cercanos residentes en los Estados Unidos, profesores de la universidad también, y no faltó en su infancia el viaje a Disney para conocer el reinado del ratón Mickey.

   El resto de su historia es bastante más conocida: en la facultad, donde se destacó por su desempeño como estudiante, integró una agrupación estudiantil, Tontos pero No Tanto (TNT), que pudo derrotar a la aceitada maquinaria de los radicales de la Franja Morada. Desarrolló una carrera como investigador, fue becario del economista Miguel Teubal (pareja de la socióloga Norma Giarraca, referente en estudios rurales); fue docente de la facultad, llegó a doctorarse y resultó un gran estudioso de la vida y obra John Maynard Keynes. Con el kirchnerismo dejó la academia de lado para ejercitarse en el poder, arrastrando la soberbia propia de quien supone que gracias a su sólida formación intelectual cuenta con todas las herramientas necesarias para moldear la agenda pública. Aunque tuvo un camino paralelo al de Iván Heyn, quien falleció en Uruguay durante una misión oficial, supo adaptarse con mayor facilidad a la lógica del poder.

   Casado con Soledad Quereilhac, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, doctora en Letras, y madre de sus dos hijos, Kicillof solía pasar mucho tiempo de lectura y en familia en una propiedad que compró antes de llegar al Gobierno en Colonia, Uruguay. Pero ya no dispone de tanto tiempo para la reflexión. Su padre falleció hace años, y su mamá, una especialista en temas de infancia, le suele aconsejar, medio en broma, medio en serio, que regrese cuanto antes al apacible mundo de la academia. 

 

 

El peronismo y la lealtad

   Los peronistas clásicos suelen decir que la lealtad es uno de los principios rectores de su fuerza política. Suena bien, pero el problema es que el concepto de la lealtad, aplicado a la práctica del ejercicio del poder, resulta por demás relativo. ¿Cómo determinar quién traiciona y quién es leal? Por otra parte, ¿quién es leal a quién o qué causa?.

   La pregunta viene a cuento de la reciente "renuncia" de Esteban Righi. Peronista histórico, con una historia de lucha contra la dictadura, respetado por sus adversarios políticos, Righi resultó eyectado de su cargo de Procurador General de la Nación tras la embestida del vicepresidente Amado Boudou, un recién llegado al partido que fundó Juan Domingo Perón, un converso que de joven abrazó con fervor los principios neoliberales más recalcitrantes del ingeniero Alvaro Alsogaray, hasta que se cruzó con el kirchnerismo y se convirtió a la nueva causa.

   Righi había sido designado jefe de los fiscales en el año 2005, por el entonces presidente Néstor Kirchner. Para un presidente peronista comprometido con la lucha contra la impunidad de los crímenes de la última dictadura, no existía un candidato mejor: siendo muy joven, Righi había ocupado el cargo de Ministro del Interior durante la breve presidencia de Héctor Cámpora, en el año 1973, y en un contexto complejo había pronunciado un discurso valiente ante los comisarios de la Policía Federal, en contra de la represión ilegal y en apoyo a la protesta legítima. Con el golpe militar, Righi debió exiliarse y regresó al país con la democracia, convertido ya en un jurista de prestigio, y construyó un estudio influyente. 

   Que su estudio de abogados siguió funcionado, con su esposa y uno de sus hijos como socios, aún después de su nombramiento, no era ningún secreto. De hecho, Kirchner contrató al estudio García, Labat, Musso y Righi para que lo representara en una causa por enriquecimiento ilícito que se tramitó en el juzgado de Julián Ercolini. Contrató sus servicios al igual que muchos otros intendentes oficialistas y funcionarios del Gobierno; y también, dirigentes opositores, porque es un estudio "transversal": una de las socias es esposa del ministro de Seguridad de Mauricio Macri, Guillermo Montenegro. 

   En Argentina el ejercicio del poder tiene muy pocas incompatibilidades con el mundo de los negocios (algo que me obsesiona como uno de los puntos más débiles de nuestra democracia, como habrán notado ya los lectores asiduos de este blog). Así como a los presidentes, ministros y legisladores nada les prohíbe hacer negocios privados, en el poder judicial también existen reglas bastante laxas. Sus integrantes no pueden tener otro trabajo, salvo la docencia, pero no hay leyes referidas conflicto de interés. 

   Si bien el procurador tiene prohibido dar instrucciones a los fiscales sobre causas particulares (sólo puede establecer lineamientos generales), resulta evidente que para un fiscal litigar en contra del hijo o de la esposa de su jefe puede resultar, como mínimo, incómodo. Nada de esto parecía ser un problema. 

   Hasta que un juez (Daniel Rafecas), quien había trabajado con Righi, delegó en un fiscal  de esos con vocación genuina por investigar casos de corrupción (Carlos Rívolo) la causa en la que se investiga si Boudou intercedió para lograr que la ex Ciccone Calcográfica, una imprenta en quiebra, cayera en manos de grupo económico desconocido, aunque en apariencia bien conectado con el vicepresidente, y para que obtuviera un contrato salvador y millonario con el Estado para la impresión de billetes.

   En el marco de la causa, Rívolo solicitó, y obtuvo de Rafecas, una orden de allanamiento de un departamento que es propiedad de Boudou. El allanamiento detonó una embestida letal del vicepresidente contra Righi. Boudou recordó de golpe algo que ocurrió que hace años, cuando él administraba los fondos de los jubilados en la Anses:  

   "Me vinieron a ver de un estudio de abogados, el estudio García, Labat, Musso y Righi, a mi despacho para decirme que yo era nuevito, que no entendía cómo funcionaba esto, que yo tenía que tener buenos lazos con Comodoro Py (sede los tribunales federales), que era muy importante desarrollar esa relación".

   Cuando ya había ascendido a ministro de Economía, Boudou recibió otras dos visitas similares:

   "Otra vez con el mismo cuento, que tenía que tener una buena relación, que ellas eran el nexo adecuado, que había que aceitar la relación con los jueces". 

    La conversación con los socios el estudio de la esposa del procurador, según Boudou, "fue muy desagradable"  pero él se mantuvo firme y se negó a contratar servicios que tenían la forma de un tráfico de influencias.

  Después de tamaña acusación por parte del vicepresidente, Righi entendió que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ya no lo quería en cargo y renunció a las pocas horas con un texto en el que defendía su honorabilidad, la de su familia, y su trayectoria. En fondo, sostenía haber ejercido con lealtad el cargo que le fue confiado por Kirchner.

   Ahora, ¿cuál era el reproche de la presidenta y de su vice al procurador? Difícil creer que fuera el supuesto tráfico de influencias, dado que sus socios y sus clientes eran cualquier cosa, menos desconocidos para la Casa Rosada. El pecado de Righi fue no haber obstaculizado la causa contra Boudou. 

  Sin hacer ningún juicio de valor sobre la afrenta que representa para la independencia del Poder Judicial que el Poder Ejecutivo le exija al procurador que vaya más allá de la ley y que controle a jueces y fiscales para que no avancen en una investigación contra el vicepresidente, el columnista Mario Wainfeld, del diario Página 12, muy alineado con el Gobierno, escribió en su columna de los domingos:

    "Ya antes de la denuncia pública del vicepresidente Amado Boudou, en el Gobierno le recriminaban al procurador Esteban Righi haberse desentendido de lo actuado por el juez federal Daniel Rafecas y sobre todo el fiscal Carlos Rívolo. Rafecas es discípulo de Righi, trabajó con él. Hay funcionarios que consideran que fue un acto irresponsable del juez haber delegado la instrucción de un expediente tan sensible en el fiscal. “Lavarse las manos” o algo peor. Los argumentos de Righi eran su imposibilidad de “conducir” al juez y al fiscal".

   Wainfeld no objeta la eyección de Righi, ni tampoco la elección del sucesor: Daniel Reposo, un abogado que trabajó en la Anses y en el ministerio de Economía con Boudou. Sin prestigio como jurista, Reposo llegó a titular del organismo de control, la Sindicatura General de la Nación (Sigen), donde será recordado por haber interrumpido la publicación de los informes en la página web y por haber rechazado en forma sistemática todo pedido de información proveniente de la Auditoría General de la Nación, organismo de control que depende del Congreso y cuyo titular es designado por la oposición. 

   En cuanto a Righi, el columnista de Página 12 consideró que "fue desmedido e injusto el modo de despedirlo". Ocioso resulta discutir sobre el destino de Righi, ya que a nadie le interesa de verdad el debate de fondo sobre los conflictos de interés en la administración pública. Ahora la discusión gira alrededor del sucesor propuesto por la presidenta. Reposo deberá contar con la aprobación de dos tercios del Senado, un número bastante exigente para un figura que no cuenta con el prestigio de su antecesor, aunque sus credenciales de lealtad, según el criterio del Gobierno, son hasta aquí impecables.

 

Repsol YPF, un poco de historia

   Primero, una breve introducción al tema.

   Repsol YPF, la principal empresa petrolera del país,está bajo fuego. A la compañía, propiedad en un 57 % de la compañía española Repsol, gobernadores de distintas provincias le han quitado quince concesiones en las últimas semanas, siempre con el aliento del Gobierno nacional y por presuntos incumplimientos en las inversiones. 

   El valor de las acciones sufrió un importante deterioro, y su cotización padeció también los rumores que indican que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hará en breve un anuncio que cambiará las reglas del negocio.

   Hay muchas versiones circulando, pero todas van en la misma dirección: como la producción resulta deficitaria para las necesidades del país, y la importación de combustible desequilibra las cuentas públicas en un contexto de escasez de divisas, el Gobierno buscará incidir en forma mucho más directa en las decisiones de Repsol YPF, a través de la sanción de una ley con un nuevo marco de regulación para la actividad o con la compra de un porción significativa de sus acciones.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Antonio Brufau, el presidente de Repsol, llegó en las últimas horas una vez más a Buenos Aires con la intención de encontrar una solución que ponga fin a la escalada.

 

Las reacciones, aquí y allá.

  El diario El País reflejó desde su página editorial una visión muy crítica sobre el accionar del Gobierno argentino con Repsol YPF. Un artículo titulado "El Tango del expolio" denunció la "arbitrariedad" detrás de la quita de concesiones, porque atenta contra la "seguridad jurídica" de las inversiones extranjeras y responde a una "suerte de delirio en contra de las inversiones extranjeras" que busca "un chivo expiatorio que pague las consecuencias políticas del encarecimiento de la energía", producto de "decisiones incompetentes, se ha producido un crecimiento desaforado de la demanda energética y una caída en picado de la producción" 

   Un segundo artículo, del mismo tenor, motivó una respuesta del diario oficialista Página 12, cuya línea editorial es un buen reflejo del pensamiento del Gobierno. El columnista especializado en temas de economía Alfredo Zaiat escribió:

   "(...)La debacle de la economía española es notoria, y sus grupos económicos, que se expandieron al exterior, con preferencia hacia Latinoamérica, pueden mantenerse a flote gracias a las extraordinarias ganancias que le reporta una región pujante, en especial Brasil, Argentina y Venezuela.

   (...) El editorial del conservador diario El País de España de ayer es la manifestación de esa decadencia, que se expresa así patética: afirma que el gobierno de CFK está “intentando esconder el fracaso de su gestión económica detrás de una fachada de nacionalismo”. 

   (...) Este editorial tiene el objetivo de defender los intereses de Repsol en la petrolera nacional YPF, compañía a la que “le están retirando arbitrariamente permisos de explotación en las provincias argentinas y sobre la que pende en los últimos meses un decreto de nacionalización”.

   (...) El modelo económico español se reveló un fiasco, está en una debacle cuyo fondo no es fácil advertir y el diario El País de Madrid observando la economía argentina trabaja gratis para la revista Barcelona".

      La revista Barcelona es una revista de mirada ácida sobre la realidad: Zaiat sugiere que la nota es material perfecto para la burla.

 

   Ahora, algo de perspectiva.

   Para quienes no somos expertos en la producción de hidrocarburos, el debate resulta complejo de seguir. Se discute, por ejemplo, si los niveles de inversión fueron o no los adecuados, si los accionistas priorizaron la extracción de dividendos sobre la sustentabilidad del negocio o si la caída de la producción responde a una mala política de regulación por parte del Gobierno o a la madurez de los pozos que explota Repsol YPF, todo con grandes cifras de por medio.

   En cualquier caso, repasar la historia de Repsol YPF puede resultar una tarea ilustrativa de cómo llegamos a este punto. La política de Néstor Kirchner (2003-2007) y desde entonces de Cristina Kirchner con la principal petrolera del país ha tenido muchas oscilaciones. Para ir hacia atrás, recomiendo la lectura de los textos de María Eugenia Estenssoro, actual senadora por la Coalición Cívica, y crítica tanto del Gobierno nacional como del manejo de YPF (sigla que responde a Yacimientos Petrolíferos Fiscales, de los tiempos en que era una empresa estatal) por parte de Repsol. 

  Antes de ingresar a la política, Estenssoro trabajó como periodista: estudió en la universidad de Columbia, en Nueva York y fue corresponsal en Argentina de la revista Time. Además, la historia de YPF es, también, la historia de su familia: su padre, José Estenssoro, fue el último director de la compañía antes la compra por parte de Repsol a mediados de la década del 90 (Carlos Menem privatizó la compañía en dos etapas, primero en forma parcial y luego ya en forma total). Siendo directivo de la empresa, en mayo de 1995, Estenssoro falleció en un accidente aéreo que aún hoy despierta sospechas para su hija.

    Cuando se discutía la compra por parte de Repsol, la actual senadora Estenssoro escribió:

    "(...) El martes 4, se cumplieron cuatro años de la muerte de mi padre, Pepe Estenssoro, quien como presidente de YPF llevó a cabo su transformación, y quien dio la vida, literalmente, en su afán por convertirla en una gran empresa. No sé si él hubiera podido frenar la embestida del Gobierno para que Repsol se quede con YPF, pero estoy segura de que mi padre hubiera librado una pelea dura, ruidosa y pública con el presidente Menem y su ministro Roque Fernández, en defensa de los intereses de YPF y de todos los argentinos. Por eso quiero dar a conocer lo que hay detrás de esta venta.

     (...) Si YPF es absorbida por Repsol, es probable que el país pierda una empresa que genera US$ 3200 millones al año en pago de impuestos, dividendos y regalías, y una tremenda fortaleza geopolítica como proveedor principal de hidrocarburos en América del Sur.

    (...) La privatización de YPF (parcial, que se había dado con anterioridad) dejó en manos del Estado una acción dorada ( golden share) , que le da un poder de veto especial para evitar tomas hostiles o copamientos contrarios a los intereses del país. Pero el Gobierno en lugar de guardián resultó ser el “zorro del gallinero”.

    Desperado por tapar el déficit fiscal, y con su afán privatizador, Menem vendió todo el paquete accionario de una empresa estratégica para el desarrollo del país (al Estado sólo le quedó el poder de veto para ciertas circunstancias y una representación casi protocolar en el directorio). Años más tarde, desde la presidencia, Néstor Kirchner promovió la "argentinización" parcial de la empresa a través del ingreso de un socio local, que terminó siendo la familia Eskenazi, carente de experiencia en el negocio de los hidrocarburos y sin fondos suficientes como para comprar el paquete accionario con fondos propios, pero bien conectada con el poder. Con ingenio, Brufau describió a sus nuevos socios como "expertos en mercados regulados". Sin embargo, el vínculo de la familia Eskenazi con los Kirchner se deterioró, así como las cuentas públicas, y los socios argentinos dejaron de ser un escudo protector para Repsol.

   En otro de sus textos, titulado "El vaciamiento de YPF, una política de Estado", Estenssoro agregó:

    "Hasta hace muy poco eran mejores amigos, casi de la familia, los Kirchner y los Eskenazi. Eran tan amigos que gracias a Néstor y Cristina, "Enrique, Sebastián y Matías" (como los llamaba cariñosamente la Presidenta en actos públicos) se convirtieron en dueños del 25% de YPF, la mayor empresa del país, sin tener experiencia alguna en la industria petrolera y sin poner un peso

   (...) La Presidenta podrá hacerse la sorprendida con YPF, pero el vaciamiento de la mayor empresa del país, y la consiguiente depredación de sus yacimientos, es el resultado directo del acuerdo de "argentinización" diseñado personalmente por Néstor Kirchner, que siempre estaba en todo, y refrendado por los funcionarios del actual gobierno, el secretario de Energía, Daniel Cameron, y Roberto Baratta, director estatal en YPF.

   (...)El contrato societario firmado por Repsol y el Grupo Eskenazi el 21 de febrero de 2008 -publicado desde entonces en la página de la Comisión Nacional de Valores (CNV)- obliga a los accionistas a distribuir el 90% de las utilidades anuales, cuando lo usual es el 25 por ciento. Este mecanismo permitió que "el amigo argentino" comprara su parte en la empresa con los dividendos de la propia compañía.

   (...) Pregunto: si se acordó retirar prácticamente el total de las ganancias cada año, ¿con qué dinero se esperaba financiar la reposición de reservas y la ampliación de la producción? Repsol aceptó el acuerdo sin protestar, porque así emprendía la retirada con los bolsillos llenos y silbando bajito. Además, esta práctica depredadora la utilizó en la Argentina desde el inicio. Entre 2003 y 2007 repatrió el 97% de las utilidades de la empresa. Toda esta información está en los balances públicos.

   Repsol, además, aprovechó la euforia generada por la "argentinización", para separar los activos del holding español de los de la petrolera estrictamente argentina. En el proceso, se quedó con todos los yacimientos que YPF había comprado en los 90 en Brasil, Perú, Ecuador, Estados Unidos, Indonesia y Rusia, cuando era una multinacional argentina controlada por el Estado nacional. Esos yacimientos hoy valen una fortuna, porque los compró a US$ 20 el barril de crudo, que hoy está a US$ 100.

   La "argentinización" fue una puesta en escena para ocultar una gran estafa. Los accionistas de YPF distribuyeron casi US$ 5000 millones en ganancias, endeudaron a la empresa en US$ 2300 millones, mientras las reservas y la producción cayeron sin parar. En estos cuatro años los Eskenazi recibieron cerca de US$ 1000 millones. Con eso ya repagaron gran parte de los US$ 2235 millones que Repsol y un consorcio de bancos europeos les prestaron para financiar el 25% de la petrolera. Si era gratis, ¿por qué no la compró el Estado?

  (...) La Presidenta se podrá hacer la indignada pero, con todo respeto, no es creíble. Toda la operatoria fue avalada por documentos públicos que fueron refrendados por los funcionarios y organismos responsables. El Gobierno no ha sido la víctima, sino el victimario".

 

 

Hagan sus apuestas

   La provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, debe tener una de las normativas  más permisivas del mundo hacia el negocio del juego. 

   Todo empezó hace algo más de dos décadas, cuando el entonces gobernador Eduardo Duhalde abrió las puertas para que creciera una estructura que hoy cuenta con 11 casinos, 46 salas de bingo, 5 hipódromos y más de 3000 agencias de quiniela. Pero en los bingos de la provincia, nada importan los cartones con los numeritos: el gran atractivo son las máquinas tragamonedas. 

   En teoría, debieran ser bingos y nada más; en teoría, debería estar prohibido fumar en ellos, pero resulta que rige una excepción a la ley anti tabaco para los espacios cerrados con superficies de más de 400 metros cuadrados, que le calza justo. Las empresas no quieren que el jugador, si sale a fumar, piense en la posibilidad de irse a su casa; y para que nada se interponga en su deseo de apostar, el consumo de alcohol está permitido, las salas pueden estar abiertas a cualquier hora y algunos bingos tienen incluso un cajero automático puertas adentro, para facilitar la extracción de dinero. 

   Desde Duhalde en adelante, los gobernadores de la provincia siempre han sido permisivos con el juego, una de las fuentes más prósperas del financiamiento ilegal de la política. Felipe Solá primero y Daniel Scioli ahora, en lugar de limitar su expansión, prorrogaron concesiones con la firma de decretos que saltean a la Legislatura. El único paso en dirección a una mayor transparencia surgió del trabajo de una comisión investigadora, cuyo informe puso en evidencia que la recaudación de la provincia (a través del canon fijo que cobraba por las licencias) era miserable en comparación con los motos que movía un negocio, y que la falta de control respondía a un patrón de corrupción. 

   Con Solá se impuso un primer y elemental mecanismo de control a través de un software que le permitía a la provincia monitorear las apuestas. Pero luego alentó la prórroga de licencias con el argumento de una necesidad fiscal. Por cierto, la expansión del negocio hizo que los ingresos que aporta el juego a la recaudación fiscal de la provincia adquiriera con el años un peso nada desdeñable (aunque produce pérdidas sociales no estimadas en ninguna estadística) Para el 2012, la provincia espera recaudar 13 mil millones de pesos de impuestos al juego.

   Scioli se encuentra ahora en una encrucijada. Las dos empresas más importantes del sector en la provincia son la española Codere (que administra 14 de las 46 salas de Bingo) y la nacional Boldt, encargada de capturar las apuestas online de quiniela y dueña de una porción de las máquinas tragamonedas. En las últimas semanas, Boldt quedó bajo ataque del Gobierno nacional. Según el vicepresidente Amado Boudou fueron sus accionistas, integrantes de la familia Tabanelli (en teoría ligada a Duhalde en deudas de gratitud), quienes echaron a correr las versiones que lo vinculan a él en negocios incompatibles con la ex Ciccone Calcográfica, una imprenta que competía con Boldt en muchos terrenos. Para salir en defensa de Boudou, los legisladores de la provincia que responden al Gobierno nacional impulsaron (y lograron que se aprobara) la semana pasada un pedido de informes a Scioli. El gobernador deberá explicar en qué consisten los negocios de Boldt con la provincia: detallar contratos vigentes e informar bajo qué normativa se le concedieron prórrogas.

   El efecto más interesante que produjo el rebote del affaire de Boudou fue que por primera vez en la historia, se ventilaron en el recinto de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires las sospechas que pesan sobre el negocio del juego en general (que tributa aquí mucho menos que en cualquier otro país europeo).

   Seguí parte del debate a través de mensajes irónicos que el diputado Mauricio Dalessandro lanzó en a sus seguidores en Twitter. "Alguien abrió la puerta y entra viento, a algunos se les vuelan los papeles", escribió Dalessandro, divertido con la incomodidad que el debate -parcial, sólo acotado a una empresa- iba generando, y subrayó un hecho por lo menos curioso: la bancada oficialista pedía informes al gobernador de su misma agrupación política. El vicegobernador Gabriel Mariotto, que es el hombre de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, celebró la discusión, porque "el juego es una disciplina que siempre ha estado sospechada por distintos usos de recursos".

 

    

                                 Cristina y Néstor Kirchner con Cristóbal López

 

   Pero esas mismas sospechas, de una convivencia poco transparente entre la política y el dinero proveniente del juego, pesan también sobre el kirchnerismo. Alcanza con recordar el último decreto que firmó Néstor Kirchner como presidente. El 7 de diciembre de 2007, tres días antes de transferirle el poder a su mujer, firmó una prórroga -hasta el año 2032- de la concesión para la explotación de las máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo, de la ciudad de Buenos Aires, que se encontraba en en manos de uno de los empresarios más ligados al kirchnerismo, Cristóbal López y sus socios. El decreto, que no se publicaría en el Boletín Oficial hasta el 31 de diciembre, sólo imponía a López y a sus socios la obligación de aumentar el número de máquinas tragamonedas a cambio de tan generosa extensión del contrato.

   El legislador Walter Martello, un dirigente de Coalición Cívica que lleva muchos tiempo predicando en el desierto para controlar, acotar y transparentar el negocio del juego, reclamó sin suerte un pedido de informes que abarcara a todo el sector, para que Scioli se viera obligado a informar también sobre Codeare, sobre los negocios de López (que lleva años intentado aumentar su presencia en el rubro en la provincia de Buenos Aires) y agregó en la lista a Daniel Angelici, el hombre que llegó a la presidencia del club de fútbol Boca Juniors de la mano del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, luego de acumular varias licencias de explotación de bingos en la provincia.

 

                                                                              Mauricio Macri y Daniel Angelici

 

 

   Martello dijo, como ilusionado, que podían estar abriendo una caja de Pandora. Al final, votó a favor del pedido de informes sobre Boldt. Entendió que algo es mejor que nada, aún cuando la posibilidad de que la dirigencia política de la provincia rompa su relación promiscua con el negocio del juego no parece cercana.