Maria O´Donnell

Sobre el autor

Maria O'Donnell. Periodista, licenciada en Ciencia Política, trabajó en dos diarios a lo largo de 15 años, fue corresponsal en Washington, y publicó dos libros políticos de actualidad (El Aparato y Propaganda K) Conduce La Vuelta por las tardes en Radio Continental.

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Una década de promesas incumplidas

Por: | 17 de junio de 2013

Castelar

El último accidente del Sarmiento -que suma tres víctimas fatales a las 51 muertes que había provocado el mismo tren hace 16 meses, cuando se estrelló contra la estación Once- se pudo haber evitado. 

Más allá de las pericias -que vendrán a determinar si es cierto que el maquinista ignoró las tres señales que le indicaban que debía detener la marcha, si los frenos funcionaban, o si fallaron como dice el maquinista- el accidente se pudo prevenir. 

¿Cómo? 

El Sarmiento -que recorre el trayecto Moreno-Once, Once-Moreno, transportando a quienes vienen del oeste del conurbano a trabajar en la ciudad de Buenos Aires y de la ciudad capital a sus hogares- debería contar hace ya tiempo con un sistema de frenado automático. 

De haber funcionado el jueves de la semana pasada, con las tres señales que le indicaron al maquinista que debía frenar -aún cuando el maquinista decidiera ignorar esas advertencias, aún cuando los frenos no le respondieran, en cualquiera de las dos circunstancias- las formaciones se habrían detenido, porque se trata de un sistema de seguridad diseñado para evitar accidentes ante una falla técnica o error humano.

Modernizar el vetusto sistema de señalización del Sarmiento e incorporar el sistema de frenado automático, conocido con ATS por su sigla en inglés (Automatic Train Stop), estuvo en los planes del Poder Ejecutivo. 

No se trata de una tecnología inaccesible: ya funciona en el ramal Roca y también en los subtes. De hecho, a finales del año 2006, sobre el final de la presidencia de Néstor Kirchner, el entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime, adjudicó la obra a la empresa alemana Siemens y le giró 52 millones de pesos. 

Pero esa obra, que pudo haber salvado tres vidas, nunca comenzó. 

Al día siguiente del choque en Castelar entrevisté a Florencio Randazzo, el ministro de Interior que asumió también Transporte después de la tragedia del Sarmiento en la estación Once. Le pregunté por qué no se había iniciado la obra para renovar todo el sistema de señales del Sarmiento (los maquinistas dicen que muchas veces ignoran las advertencias porque el sistema funciona tan mal que ya no son confiables y que detenerse cada vez podría generar aún más demoras en un servicio que ya tiene suficientes). 

Respondió Randazzo:

 - Cuando asumimos hace un año, nos encontramos con que la obra había sido adjudicada en el año 2006 a (la empresa alemana) Siemens y en enero del 2007 se le habían entregado 52 millones de pesos. Nosotros intimamos a la empresa para que nos certifique cuál era la obra que había hecho. Ahí nos certifica que había hecho el 3.9 de la obra. Entonces lo que hicimos fue a través de una carta documento, intimarlos a que devuelvan el dinero, ya que no podían seguir con la obra según ellos. Entonces devolvieron 52 millones de pesos más 12 millones de pesos de intereses, que fueron depositados en la cuenta de la secretaría de Transporte. Paralelamente a esto llamamos a una licitación internacional para el señalamiento del Sarmiento. Usted tiene que entender que las obras del señalamiento es una de las obras más complejas que hay. Se presentaron tres de las empresas más importantes del mundo. El pliego técnico fue abierto y en pocos días se va a abrir la oferta económica.

- ¿Esta obra incluía el sistema de frenado automático?

- Sí, por supuesto. Por supuesto.

- Entonces, con esta obra, si el maquinista ignora las señales, el tren se frena igual…

Entonces Randazzo dijo que, para no demorar más, están ahora buscando cerrar un acuerdo con una empresa china que pondría a funcionar el sistema de ATS sin necesidad de completar toda la renovación de las señales de Sarmiento, una obra que demandará algo más tiempo. 

¿A quién podría culpar la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando estamos hablando de una obra que fue adjudicada hace siete años pero que no avanzó ni un centímetro? 

Como si la década que tanto reivindican como la década ganada ya no le perteneciera, Fernández de Kirchner se refirió al choque el mismo jueves por la noche, en un acto de entrega de créditos para la construcción de viviendas:

"No puedo dejar de mencionar, en primer término, mi solidaridad, mi acompañamiento y también mi dolor para las tres familias (…) También tengo que decirlo: siento un poquito de bronca e impotencia. Porque la verdad que estamos poniéndole todo, no solamente en materia de muchísimos recursos económicos, inversiones, sino también en tiempo, en recursos humanos y que pasen cosas como estás, la verdad que nos duele a todos.

 (…) Por eso digo que es un día hoy de broncas, de impotencias, de dolor, pero también de realizaciones y de logros. La vida es así también, nada es perfecto. No tenés días perfectos, ni todo es perfecto de la mañana a la noche, ni del primer día hasta el último, es parte de la vida. El dolor sí por la parte fea que le toca de la vida, hoy, a algunos argentinos, y la alegría por la parte linda de la vida que sí le toca, hoy, a otros argentinos".

Tuneladora

Durante la entrevista, Randazzo también admitió nuevas demoras en la obra de soterramiento del Sarmiento, anunciada por el kirchnerismo en cuatro oportunidades (la primera de ellas, en enero del 2008), y cada vez, como si fuese una novedad. 

En septiembre del 2011, después de un accidente en un paso a nivel en Flores entre un colectivo y una formación del Sarmiento que dejó un saldo de once muertos, el predecesor de Randazzo como secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, celebró el arribo al país de una máquina tuneladora, con tecnología alemana de última generación, que en un período de 44 meses iba a permitir que el Sarmiento circulara bajo tierra. La máquina, pintada con los colores de nuestra bandera y bautizada Argentina, jamás se puso en marcha. 

- Cuando asumí el soterramiento era una obra que estaba iniciada. Se había hecho toda la obra civil y se había hecho toda la obra que permitía que funcionase la tuneladora. En aquel momento estaba garantizado el financiamiento, que se cayó producto de las circunstancias económicas. Ahora el Gobierno está tramitando un nuevo financiamiento con el Gobierno Brasil, a través el Bandes.

- ¿La obra no empezó?

- La obra tiene un gran desarrollo de obra civil, tiene una inversión ya hecha de 600 millones de pesos. 

- Pero no empezaron...

- Está la tuneladora y falta comenzar el túnel.

- Pero la tuneladora no se prendió todavía

- No. Son 22 kilómoetros, es una obra muy ambiciosa que resuelve el problema estructural del Sarmiento, que está vinculado fundamentalmente a un tren que está en superficie, que tiene 52 pasos a nivel y entonces divide la ciudad. Si usted me pregunta si hay demoras, sí hay demoras. 

El riesgo autoritario

Por: | 30 de mayo de 2013

Aunque a la presidenta no le guste hablar de fin de ciclo, las elecciones legislativas de octubre cerrarán una etapa. Después de la renovación del Congreso, a Cristina Kirchner le quedarán por transitar los últimos dos años de mandato que le permite la Constitución. Cómo será la transición permanece una incógnita.

Pero, a medida que se acerca el final del proceso que arrancó en el 2003 con la presidencia de Néstor Kirchner, la presidenta no emite señal alguna de estar pensando en un recambio ordenado; en cambio, aparece lanzada a concentrar cada vez más poder en su figura y en el Ejecutivo, en detrimento de otros poderes de la República. 

Mientras tanto, el modelo económico que le entregó sucesivos triunfos electorales muestra signos claros de agotamiento. Pero Cristina Kirchner se resiste a revisar políticas que, si fueron adecuadas para la crisis que marcó el nacimiento del kirchnerismo, han perdido su eficacia; ignora problemas tan evidentes como la inflación. Las respuestas son elaboradas por un equipo de cinco funcionarios, ninguno de los cuales ejerce las funciones cabales que le corresponderían a un ministro de Economía.

De un tiempo a esta parte, cualquier proyecto de ley que llega al Congreso enviado desde la Casa Rosada es aprobado en cuestión de días y sin sobresaltos. Tal vez previendo que la relación de fuerzas puede variar en diciembre (sobre todo en la Cámara de Diputados), la presidenta avanzó en los últimos tiempos con un conjunto de reformas del Poder Judicial, que entre otras cosas, permite a las mayorías circunstanciales controlar al Consejo de la Magistratura, el organismo que participa en la designación y remoción de los jueces. (En archivo de este blog, un texto llamado "Mayorías" con más detalles.) 

De paso, y justo cuando las sospechas de corrupción surgen por primera vez en la agenda de la opinión pública como un tema que lastima al Gobierno, la presidenta eliminó el último de los mecanismos de transparencia que exigía a los funcionarios del Ejecutivo, cada año, rendir detallada cuenta de la evolución de sus patrimonios ante la Oficina Anticorrupción. (Ver: "La transparencia es puro cuento")

En este contexto, muchos dirigentes opositores han planteado que lo que está en crisis, o extinguida, es la democracia misma.

Elisa Carrió, previsible, entregó el diagnóstico más dramático: "Estamos técnicamente en una dictadura. La señora Cristina Kirchner dijo que no hay más Justicia y no hay más medios". El diario La Nación trazó desde su página editorial un paralelismo -a mi gusto, desafortunado por muchas razones- entre los tiempos que corren y los inicios del nazismo. Desde el radicalismo, Ricardo Alfonsín señaló con mayor austeridad: "Este es un gobierno autoritario y populista que se caracteriza por destratar y violentar a las instituciones".

En el debate sobre la relación entre democracia y república, sobre la diferencia entre un sistema democrático y otro autoritario, ahora muy de moda en medios periodísticos, una referencia ineludible para la academia y la ciencia política -y muy especialmente para mi- es el trabajo de mi papá, el politólogo Guillermo O' Donnell.

Papa

Mi viejo falleció hace un año y medio, y lo extraño de muchas maneras. Con toda esta discusión, busqué uno de los pocos textos anclado en la coyuntura que aceptó escribir por encargo (le costaba acotar una idea a un número limitado de caracteres, y sentía que la frecuencia atentaba contra la profundidad y la calidad de su producción): una reflexión sobre los liderazgos y las presidencias de Néstor Kirchner y de Hugo Chávez en Venezuela.

El artículo, publicado en el diario La Nación en mayo del 2009, me impactó -leído cuatro años más tarde- por su estricta actualidad. 

Para lectores no familiarizados con su producción académica, el texto empezaba con una rápida definición de las "democracias delegativas", que había aplicado en los años '90 a las presidencias de Carlos Menem y de Fernando Color de Mello.

"Se trata de una concepción y una práctica del poder político que es democrática porque surge de elecciones razonablemente libres y competitivas; también lo es porque mantiene, aunque a veces a regañadientes, ciertas importantes libertades, como las de expresión, asociación, reunión y acceso a medios de información no censurados por el Estado o monopolizados"

Decía que los líderes de estas democracias, por lo general surgidos de crisis graves -como había ocurrido con Menem después de la hiperinflación y con Néstor Kirchner tras el estallido de la convertibilidad- entienden la representación como una delegación del tipo cheque en blanco y no conciben la necesidad de ningún tipo de contrapeso. 

"Creen tener el derecho -y la obligación- de decidir como mejor les parezca qué es bueno para el país, sujetos sólo al juicio de los votantes en las siguientes elecciones. Creen que éstos les delegan plenamente esa autoridad durante ese lapso. Dado esto, todo tipo de control institucional es considerado una injustificada traba; por eso, los líderes delegativos intentan subordinar, suprimir o cooptar esas instituciones.

(…) Sus seguidores (en el Congreso) repiten escrupulosamente el discurso delegativo: ya que el presidente ha sido elegido libremente, ellos tienen el deber de acompañar a libro cerrado los proyectos que les envía "el Gobierno". Olvidan que, según la Constitución, el Congreso no es menos gobierno que el Ejecutivo; producen entonces la mayor abdicación posible de una Legislatura, conferir (y renovar repetidamente) facultades extraordinarias al Ejecutivo.

En cuanto al Poder Judicial (en el caso nuestro, a contrapelo de buenas decisiones iniciales en la designación de miembros de la Corte Suprema y reducción de su número), se van apretando controles sobre temas tales como el presupuesto de esa institución y, crucialmente, las designaciones y promociones de jueces. 

Asimismo, con relación a las instituciones estatales de accountability (rendición de cuentas), auditorías, fiscalías, defensores del pueblo y semejantes, se apunta a capturarlas con leales seguidores del presidente, al tiempo que se cercenan sus atribuciones y presupuestos. Todo esto ocurre con entera lógica: para esta concepción supermayoritaria e hiperpresidencialista del poder político, no es aceptable que existan interferencias a la libre voluntad del líder. Por momentos, el líder delegativo parece todopoderoso. Pero choca con poderes económicos y sociales con los que, ya que ha renunciado en todos los planos a tratamientos institucionalizados, se maneja con relaciones informales. Ellas producen una aguda falta de transparencia, recurrente discrecionalidad y abundantes sospechas de corrupción.

En verdad, ese líder no puede tener verdaderos aliados. Por un lado, tiene que lidiar con los nunca confiables señores territoriales. Ellos deben proveer votos, así como un control de sus territorios que, sin importarle demasiado al líder cómo, no genere crisis nacionales. Por supuesto, los gobernadores (no pocos de ellos también delegativos, si no abiertamente autoritarios) pasan por esto facturas cuyo monto depende del cambiante poder del presidente; así se pone en recurrente y nunca finalmente resuelta cuestión la distribución de recursos entre la Nación y las provincias.

En cuanto a los colaboradores directos de estos líderes, ellos tampoco son verdaderos aliados. Deben ser obedientes seguidores que no pueden adquirir peso político propio, anatema para el poder supremo del líder. Tampoco tiene en realidad ministros, ya que ello implicaría un grado de autonomía e interrelación entre ellos que es, por la misma razón, inaceptable".

Y cuando la crisis asoma -y asoma también el final, como ocurre ahora, me atrevo a pensar- los rasgos de este tipo de liderazgos se acentúan:

"Desde su creciente aislamiento, el líder reprocha la "ingratitud" de quienes, luego de haberlo aplaudido, ahora resienten la reemergencia de graves problemas y las maneras abruptas e inconsultas con que intenta encararlos (si no negarlos como malicioso invento de condenables intereses expresados en los nunca tan molestos medios de comunicación). Este es un estilo de gobernar que corresponde rigurosamente a la constitutiva vocación antiinstitucional de la democracia delegativa.

De hecho, el líder tiende a adoptar un mecanismo psicológico bien estudiado, típico de estas situaciones: no logra distinguir caminos alternativos y se aferra a seguir haciendo lo mismo y de la misma manera que no hace mucho funcionó razonablemente bien. (…)  El líder ya no vacila en proclamar que el principal contenido de toda la oposición es ser la antipatria, de las que nos quiere salvar. La imagen asustadora del retorno a la crisis de la que nació su gobierno -el caos- aparece en su discurso. En cuanto a la oposición, tiende a aglomerar, entre otros, a sectores sociales y actores políticos que aquél justificadamente criticó. De allí resultan incómodas compañías, intentos de diferenciación y apuestas en pro y en contra de la polarización que impulsa el líder delegativo.

(…) En la lógica delegativa, las elecciones no son el episodio normal de una democracia representativa, en las que se juegan cambios de rumbo, pero no la suerte de gestas de salvación nacional. Para una democracia delegativa, hasta las elecciones parlamentarias adquieren auténtico dramatismo: de su resultado se cree que depende impedir el surgimiento de poderes que abortarían esa gesta y devolverían el país a la gran crisis precedente. Hay que jugar todo contra esta posibilidad porque, para esta concepción, todo está realmente en juego. Es importante entender que estos argumentos no son sólo recursos electorales; expresan auténticos sentimientos".

Manifestaba ya en el 2009 "una honda preocupación" sobre el devenir del sistema político en la Argentina, creía imprescindible avanzar en la construcción de una democracia representativa, pero advertía enormes dificultes y riesgos:

"Uno de los riesgos de la democracia delegativa: en respuesta a la crispación que produce a su líder la para él/ella injustificable aparición de aquellas oposiciones, le tienta amputar o acotar seriamente las libertades cuya vigencia la mantienen en la categoría de democrática. Que este riesgo no es baladí se muestra en el desemboque autoritario de Fujimori en Perú y de Putin en Rusia, y en el similar desemboque hacia el que hoy Chávez empuja a Venezuela. Felizmente, la Argentina no tiene las condiciones propicias para ese desenlace, pero no es ocioso recordar que la democracia también puede morir lentamente, no ya por abruptos golpes militares sino mediante una sucesión de medidas, poco espectaculares pero acumulativamente letales".

El blanqueo de Moreno

Por: | 14 de mayo de 2013

 

 

Como efecto del blanqueo, Guillermo Moreno emergió de las sombras transformado. Secretario de Comercio Interior desde el año 2005, controla de manera personal cada vez más asuntos: exportaciones e importaciones, la liquidación de divisas, los precios y las estadísticas. Aunque poderoso, el público le conocía más los modales que la voz, porque no concedía entrevistas de ninguna especie. 

La semana pasada, cuando funcionarios del equipo económico salieron a defender los proyectos para atraer dólares no declarados a cambio de un bono al 4% anual o de un certificado para inversiones inmobiliarias, Moreno se sumó al grupo y acaparó la atención con sus argumentos excéntricos y un estilo renovado.

Habíamos visto a Moreno retratado en imágenes con guardaespaldas corpulentos, con la patota que intervino al INDEC (el instituto nacional de estadística que ya nunca más produjo estadísticas confiables), con el cotillón Clarín-miente, y cuando le hacía el gesto de que le cortaría el cuello a su joven compañero de gabinete Martín Lousteau. La semana pasada lo escuchamos por primera vez explayarse en público. 

Participó de una conferencia de prensa, pasó por el Congreso y el domingo a la noche "debutó" en 678, el programa de propaganda política en "la televisión pública". Ya no era el mismo: habló del paraíso, de la felicidad, de la alegría y de la conquista de la suegra, aunque insistió también con la clásica línea dura contra Héctor Magnetto, Clarín y la oligarquía exportadora. 

Ricardo Echegaray, el titular de la AFIP (la agencia nacional de recaudación de impuestos) también participó del programa que marcó el estreno de Moreno en Canal 7, pero apenas pudo meter bocado y sus gestos dejaban adivinar algo de impaciencia por haber quedado reducido a la intrascendencia. 

Aquí una síntesis de los conceptos del secretario de Comercio en 678, celebrados algunos por carcajadas del panel y otros rematados con elogios del conductor Jorge Dorio, quien se declaró impactado por la claridad y la simpatía de Moreno.

Inflación alta gama

"La canasta que utiliza el CEMA (Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina), de Carlos Rodríguez, que a la vez que fue viceministro de Roque (Fernández, con Carlos Menem) es una canasta para ejecutivos (…) Una inflación del 20 (por ciento) para ejecutivos que comen en Puerto Madero, que veranean en Cariló, que en general tienen autos de alta gama, cuya ropa también es de alta gama, porque tienen un ingreso de alta gama. De la misma manera que digo que esa tasa (…) me parece razonable para ese sector social, en el agregado de la Argentina, la que publica el Indec también me parece la acertada, porque ahí empata en otros estamentos".

La pesificación de la economía, los caminos del Señor y el paraíso

"Los caminos del Señor no son una línea recta (…) la pesificación  es el objetivo estratégico, igual que el paraíso. Pero los caminos para llegar son sinuosos (…) no tenga duda que estos dos instrumentos (blanqueo vía bonos y vía certificados para inversiones inmobiliarias) tienen el objetivo de la felicidad de los pueblos y la felicidad de la patria". 

Plata del choreo versus plata de los desaguisados (y la omisión del blanqueo del 2009)

"Tantos años de desaguisado macroeconómico que le hicieron a usted atesorar en dólares no significan que usted sea un delincuente. No es la plata del choreo, como dijo un periodista del diario de (Francisco) De Narvaéz (El Cronista) (…) No estamos diciendo la plata producto de hechos delictuales... La plata de hechos delictuales esté blanqueada o no esté blanqueda sigue siendo plata ilícita generada por delincuentes de hechos delictuales. Estamos diciendo de estas actividades que se desarrollaron en una economía complicada desde el '60 hasta el 2003 (…) exteriorice la plata y si la quiere exteriorizar en bonos le damos un premio del 4 % anual". 

La felicidad, la suegra y los dólares.

"A su vez le decimos: mire, usted que tiene que tiene comprarle la casa a su hija que se casa, y tiene unos dólares (…) no queremos que sigan circulando esos dólares porque hay una decisión estratégica de fortalecer el peso. Ponga esos dólares en esos bancos, agarre este certificado, vaya, compra la casa sin inconvenientes y esto empieza a circular, con todo lo que eso significa en el mercado de la construcción y en el mercado inmobiliario. Porque la alegría, la alegría, es contagiosa, ustedes lo saben. Una persona que está buscando una casa está feliz tres meses antes de buscar la casa y está feliz tres meses después que se mudó, al margen de todos los changuistas que están felices: el cerrajero, el que pinta, el que puso… el que enceró y hasta la visita de tu suegra tiene otro cariz si te pudiste mudar (…) Ellos quieren que en vez de pedirle a la suegra, que ya es difícil, se lo tengas que pedir al peor de todos, que es el banquero. ¡No! la verdad es que es preferible pedirle a la suegra."

Papel Prensa y el destino de Magnetto.

"Por primera vez se produjo una división entre los grandes exportadores, la oligarquía argentina dueña de la soja, que beneficia al proyecto nacional. Eso ha frenado la hipótesis de cambio institucional producto del desgobierno que ellos querían generar. A su vez, anclado en el jefe de cierto grupo económico, que sabe que tiene un destino fijo, porque se apropió de una empresa en la sala de torturas. Tiene las manos manchadas de sangre. Tarde o temprano ese crimen de lesa humanidad en este país va a ser juzgado y él es el principal responsable".

Una batalla ganada y la que sigue.

"(Todo esto) estaba también articulado con lo que nos pasaba en el sistema financiero con este famoso dólar blue y algunos otros temas de movilizaciones, caceroleos y demás. Era el cóctel explosivo. Desarmamos el esquema de base, que tenía que ver con que no me vendan la soja para no tener los dólares en el Banco Central. Ahora generamos estas políticas que tienen estos efectos claros y contundentes y después tenemos que salir a militar con todas las fuerzas para ganar las elecciones".

 

El secretario habló gran parte del programa encuadrado en un zócalo que decía: la demonización de Moreno. Dorio lo despidió así: "¿Cómo alguien que reivindica a la suegra no va a ser una forma de demonio?".

Coimas (en la Aduana)

Por: | 07 de mayo de 2013

Ralph

Ricardo Echegaray, el titular de la AFIP, la agencia de recaudación de impuestos, que es a su vez  jefe de la Aduana, no le había dado la menor importancia a un hecho documentado de pago de coimas a funcionarios públicos que trabajan bajo su conducción.

Hace un par de semanas, Ralph Lauren, empresa multinacional de indumentaria y perfumes, admitió que había sobornado funcionarios de la Aduana argentina y se dispuso a pagar un millón 600 mil dólares en multas con tal de evitar un juicio que le podía entablar el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por violar la ley que prohíbe a las compañías que cotizan en bolsa el pago de coimas en el extranjero.

Echegaray redujo todo el episodio a una estrategia de Ralph Lauren para justificar el cierre de sus tres locales de venta al público en Buenos Aires (uno en la elegante avenida Alvear, otro en las Galerías Pacífico y un tercero en el Unicenter de Martínez). La empresa había anunciado en agosto del 2012 una suspensión "temporaria" de las operaciones en el país debido a las crecientes trabas a las importaciones que impuso el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. 

"Ralph Lauren utiliza a la Aduana para justificar el vaciamiento de la empresa", sentenció Echegaray. El juez en lo penal económico Jorge Brugo entendió sin embargo que el hecho ameritaba al menos una investigación preliminar y citó al titular de la AFIP como testigo: lo espera mañana a las once en su despacho.

El juez debería sumar otro caso más: entre las compañías sujetas a regulaciones de los Estados Unidos, Ralph Lauren no fue la única que admitió (allá) haber pagado coimas (acá). La empresa petrolera Helmerich & Payne (H&P) -perfora pozos en Salta, La Pampa y en la región patagónica- también reconoció ante una comisión llamada Security Exchange Commission (SEC) haber realizado pagos ilegales.

Según admitió a la SEC, H&P destinó 166 mil dólares en coimas entre los años 2004 y 2008 para acelerar trámites de exportación e importación, y para ingresar por la frontera mercadería no permitida por las normas vigentes. 

A lo largo de un período similar, entre el 2005 y el 2009, Ralph Lauren asignó 593 mil dólares con fines parecidos: agilizar el ingreso de la mercadería, a veces sin haber completado los formularios requeridos, y en otros casos, para evitar inspecciones que podrían haber detectado el contrabando productos no autorizados. 

Al mismo tiempo, Ralph Lauren "adornó" a tres altos funcionarios argentinos (que no identificó por nombre ni cargo) con regalos de la marca: recibieron desde perfumes hasta carteras y otros productos con un valor de mercado que en algunos casos trepaba hasta los 14 mil dólares. Convendría investigar de quiénes se trata: un funcionario no puede conceder un "favor" a un particular a cambio de regalos de ninguna especie, y si eso ocurre, incurre en el delito de dádivas.

Tanto H&P como Ralph Lauren "tercerizaron" la coima: los pagos, según detallaron ante la SEC, se hicieron a través de los despachantes de aduana contratados para completar los trámites, y figuraron en las facturas que las filiales locales presentaron a sus casas matrices bajo un rubro vago (del tipo "costos adicionales" o "costo extra"). 

Conocemos algunos detalles de los casos porque tanto H&P como Ralph Lauren llegaron a un acuerdo con la SEC (los links derivan hacia la versión en inglés de los mismos) y pagaron una multa a cambio de no ser demandadas por incumplimiento de la ley que prohíbe a las compañías que cotizan en bolsa en los Estados Unidos pagar coimas en países extranjeros (Foreign Corrupt Act, en su designación en inglés).

Parte del acuerdo entre empresas y la SEC es de carácter público, aunque nunca mencionan por su nombre a los extranjeros envueltos en el caso. El Departamento de Justicia persigue el pago de coimas en el extranjero, entre otras cosas porque supone una forma de competencia desleal para obtener un negocio, pero no tiene competencia ni se interesa por identificar a los extranjeros que reciben la coima. Si el país donde se produjo el ilícito está interesado en perseguir el caso, debe solicitar la información y exigir colaboración de las empresas.

Son procedimientos bien conocidos en Estados Unidos, aunque Echegaray haya pretendido presentarlo como una estrategia artera de Ralph Lauren, y la SEC publica casos que ocurren en el mundo entero de manera casi rutinaria.

A cambio de no ir a los tribunales, Ralph Lauren aceptó pagar dos multas, una la SEC, otra al Departamento de Justicia, por un monto total de 1 millón 600 mil dólares (una manera de calcular el monto de la multa consiste en estimar los beneficios que obtuvo la compañía con el negocio que llevó adelante); y H&P debió pagar un monto apenas menor (las multas combinadas sumaron algo menos de 1 millón 380 mil dólares).

De manera insólita, Echegaray consideró que no tenía nada que revisar. "Los despachantes de Aduana que intervinieron en las operaciones de comercio exterior entre 2005 y 2009 no son funcionarios públicos de esta administración ni del Estado Nacional. Son profesionales privados contratados por la propia compañía que cumplen un rol de auxiliares del comercio exterior, similares a la tarea que desarrolla un asesor contable", dijo el titular de la AFIP. 

Resulta obvio que, sin la complicidad de funcionarios públicos, ningún despachante privado podría jamás ingresar de manera ilegal un container en la Aduana.

Pero, si fuese por el titular de la AFIP, no habría nada que investigar. Tal vez Brugo se interese en pedir los datos en Estados Unidos.

Mayorías

Por: | 26 de abril de 2013

Esley

 

Agotados, pero eufóricos, los diputados kirchernistas celebraron haber alcanzado la mayoría especial que exigía la reforma del Consejo de la Magistratura. Necesitaban sumar la mitad más uno del total de los miembros de la Cámara Baja, 129 votos como mínimo, para cambiar las reglas de juego de la designación y remoción de jueces. Con el nuevo sistema, si las elecciones acompañan, la Casa Rosada podrá manejar el Consejo de la Magistratura en pocos meses y sin tanto esfuerzo.

La oposición sostiene que la reforma viola la Constitución de 1994. Raúl Alfonsín abrió la puerta para la reelección de Carlos Menem, y a cambio le exigió que limpiara un poco la Corte Suprema de Justicia y que sacara el proceso de selección de jueces de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para llevarlo a un ámbito con menor influencia del Poder Ejecutivo. Así nació el Consejo de la Magistratura, y la idea de que se integrara también con representantes de abogados, magistrados y académicos. Pero éstos ya no serán designados por sus pares, sino que irán a parar a las boletas de los partidos políticos, con un procedimiento único en el mundo.

Si no fuera por el artículo 114 de la Constitución, habría sido más sencillo volver al viejo sistema y terminar de una buena vez con el Consejo de la Magistratura. En defensa de los cambios dijeron que le devolvían el poder de decisión "a la gente" para eliminar el poder oculto de la "corporación judicial". Si los planteos de inconstitucionalidad no prosperan, el procedimiento que pondrá en marcha la presidenta Cristina Fernández de Kirchner será bastante excéntrico para el derecho comparado en su manera de integrar el Consejo de la Magistratura, pero el riesgo mayor está en el tipo de mayorías que alienta. 

En su composición actual suma 13 integrantes: 

- 6 representantes del Congreso (tres senadores, tres diputados)

- 1 representante del Poder Ejecutivo

- 2 abogados elegidos por sus pares

- 3 representantes de magistrados

- 1 académico

Con la nueva ley, serán 19 en total. Suma un abogado y cinco científicos o académicos que ya no necesitarán ser abogados (antes corrían para ser miembro del consejo los mismos requisitos que para que integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación) De este modo, científicos y académicos de cualquier ámbito igualarán en número a los legisladores nacionales.

Ahora veamos cómo se reparten entre mayorías y las minorías:

- 2 senadores por la mayoría, 1 por la primera minoría.

- 2 diputados por la mayoría, 1 por la primera minoría.

- 2 abogados por la mayoría, 1 por la primera minoría.

- 2 jueces por la mayoría, 1 por la primera minoría.

- 4 académicos por la mayoría, 2 por la minoría.

Como las elecciones a consejeros van a coincidir con las presidenciales (este año será la excepción: en un sistema de transición se van a elegir en las primarias previas a las legislativas), el oficialismo de turno (en el escenario más probable) contará con la fidelidad de 13 de los 19 integrantes del Consejo de la Magistratura (sumo en esta cuenta al representante del propio Poder Ejecutivo). Número más que suficiente para manejar sin sobresaltos la conformación de las ternas y la remoción de los  jueces.

El viejo consejo exigía una mayoría de dos tercios para las decisiones importantes, pero merced a los cambios que aprobó esta semana la Cámara de Diputados -ahora tiene que volver al Senado, donde saldrá como un tubo- diez votos serán suficientes para cualquier decisión. Porque para cualquier votación bastará con la mitad más uno del total de los miembros.

Salvo que no tenga mayoría en alguna o en ninguna de las cámaras del Congreso, el oficialismo de turno contará con 13 votos, y le alcanzará con apenas 10 para elegir y remover jueces.

La transparencia es puro cuento

Por: | 18 de abril de 2013

Sauces

 

 

 

 

 

 

 

Con la bandera de la transparencia, Cristina Fernández de Kirchner está a punto de enterrar una de las pocas herramientas disponibles en Argentina para  luchar contra la corrupción de manera eficaz.

Me refiero a la obligación para el presidente, ministros, secretarios y otros integrantes del Poder Ejecutivo de presentar, una vez al año, una declaración jurada de bienes, los propios y de los cónyuges.

De aquí en más, gracias a la Ley de Carácter Público de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de los Funcionarios Públicos, que el Congreso se apresta a sancionar, muchos menos datos serán públicos.

Bastará que la Presidenta y sus colaboradores difundan por Internet formularios idénticos a los que cada año presentan ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) -pero- "con excepción del anexo reservado que contendrá la totalidad de los datos personales y patrimoniales exentos de publicidad correspondientes a cada una de las personas obligadas en la presentación".

El cambio significa un retroceso drástico.

Los formularios que desde el año 2000 atesora la Oficina Anticorrupción -accesibles para cualquier ciudadano mediante un trámite sencillo- ofrecen muchos datos.

Al consultarlos se pude saber si los inmuebles declarados son terrenos, departamentos o casas; la fecha de la compra; si fueron adquiridos con ahorros, créditos o por herencia; la ubicación de los mismos, los metros cuadrados y la valuación fiscal. También consignan la participación en sociedades, la actividad que desarrolla y el porcentaje de acciones que ostenta, además de ingresos anuales y antecedentes laborales. El rubro de las cuentas bancarias discrimina depósitos a plazo fijo, moneda de origen, deudas, títulos y una serie de asuntos que ofrecen un panorama detallado de la situación patrimonial de los funcionarios obligados.

El proyecto de ley que Fernández de Kirchner envió al Congreso no precisa cuál formulario de la AFIP va a sustituir al de la Oficina Anticorrupción. Podría ser el 711, de impuestos a las ganancias, o el 762, de bienes personales, o ambos. En cualquier caso, sólo ofrecen cifras sin ningún tipo de explicación adicional.

En un lugar del listado completo de propiedades que la Presidenta estaba obligada a entregar (ver por ejemplo su declaración del 2011, en un trabajo de investigación del diario La Nación) obtendremos el valor fiscal total de todos ellos juntos, o el patrimonio neto total calculado para una fecha determinada.

Es decir, presentará un número global en lugar del listado con 12 departamentos, 6 casas, 6 terrenos, 4 locales y las sociedades que controlan hoteles de lujo en El Calafate, un conjunto de activos de la familia presidencial valuados en el 2012 en 89 millones 300 mil pesos. 

Con suerte, si la reglamentación se inclinara por exigir la difusión del formulario 711, sabremos cuánto pagan de impuestos los funcionarios. De sus parejas ya nada sabremos, con lo cual tampoco serán públicos los bienes de la sociedad conyugal, sino tan sólo la parte que le corresponde a quien ejerce la función pública.

La transparencia de ciertos datos resulta más imprescindible en Argentina que en otros países con mejores prácticas éticas, porque ninguna norma prohibe aquí la actividad comercial en simultáneo con desempeño de un cargo en el Estado. En otros países, los presidentes deben depositar el manejo de sus finanzas privadas en un tercero mediante la figura del fideicomiso ciego, que les impide saber en qué están invertidos sus ahorros.

De esa manera, prevenien el uso de información privilegiada en beneficio propio (como por ejemplo comprar dólares antes de una devaluación) o los conflictos de interés (por acaso pavimentar una calle, mejorar un aeropuerto o realizar cualquier otra obra que aumente la cotización de un bien propio).

Desde que Néstor Kirchner asumió el poder en el año 2003, el matrimonio incrementó su patrimonio declarado ante la Oficina Anticorrupción de 7 millones a 82 millones de pesos. Un incremento notable para cualquiera, pero mucho más para una pareja dedicada a la función más demandante de tiempo que pueda ofrecer la política.

Gracias a la información disponible, los periodistas que tuvieron la voluntad de indagar un poco más descubrieron que una parte importante de los ingresos de la pareja provenían del alquiler de uno de sus hoteles, Los Sauces, a un precio muy conveniente, al empresario Juan Carlos Relats. Además de alquilar el hotel del matrimonio Krichner, Relats explota concesiones del Estado. De un lado paga, del otro cobra.

Otro ejemplo: en los formularios de la OA, el vicepresidente Amado Boudou debió informar sobre las sociedades comerciales que comparte con José Núñez Carmona, su amigo de la infancia y nexo con Alejandro Vanderbroele, la cara más visible de un grupo que gracias a las facilidades que le otorgaron la AFIP y el ministerio de Economía casi se queda con la imprenta de billetes ex Ciccone.

De aquí en más, ninguno de estos datos serán de acceso público, y lo más cínico del caso es que desde el Gobierno y en el kirchnerismo todo, el retroceso se plantea ante la opinión pública como un supuesto avance en materia de transparencia. 

¿Qué pasó? Una ley, la 25.188, cumplió con una exigencia de la Constitución del año 1994 al sancionar un régimen de ética pública, que sin embargo nunca se instrumentó de manera cabal en los tres poderes del Estado. Ni el Poder Legislativo ni el Poder Judicial pusieron en marcha los organismos de control y publicidad de las declaraciones juradas, como sí hizo el Poder Ejecutivo al crear en el año 2000 la Oficina Anticorrupción. 

Tanto los jueces como los legisladores, salvo contadas excepciones, impidieron a lo largo de todos estos años y con trabas burocráticas la publicidad de sus declaraciones de bienes, mientas que a los formularios de los integrantes del Poder Ejecutivo se accede hace más de una década sin dificultad, después de llenar una solicitud online y al cabo de 72 horas se retiran las copias en la sede de la Oficina Anticorrupción.

Ahora, en el paquete de leyes de la así llamada democratización de la justicia, Fernández de Kirchner coló un proyecto que obliga a los tres poderes de la misma manera, bajo un mismo régimen, a publicitar en Internet sus declaraciones juradas. Pequeño detalle: los formularios ya no serán los de antes. Si pretendía de verdad promover la transparencia, era cuestión de hacer cumplir la ley 25.188 de manera cabal. 

Con la nueva normativa, los funcionarios del Poder Ejecutivo podrán esconder un montón de datos que hoy en día sí están obligados a revelar y la información que aporten los demás poderes también van a resultar insuficiente para detectar casos de corrupción.

Sin recurrir a la manipulación burda no hay manera de presentar el cambio que se viene como un progreso.

 

 

La captura de una mentira en la red

Por: | 04 de abril de 2013

Bruera

El martes por la tarde cayó sobre La Plata un diluvio de tal intensidad que en pocas horas convirtió a la ciudad, capital de la provincia de Buenos Aires, en un río correntoso que se llevó 51 vidas. El intendente Pablo Bruera se encontraba en Brasil y no regresó hasta el día siguiente, pero mediante un mensaje que circuló en Twitter y en Facebook fingió que había recorrido centros de evacuados la misma noche de la lluvia.

Junto a un texto que decía "Desde ayer a la noche recorriendo los centros de evacuados" se acompañaba una foto del intendente en acción de socorrista: Bruera en una escuela, con un bidón de agua mineral en la mano, una imagen con luz natural. Luz de día. ¿No era de noche?

El periodista Ramón Indart pescó la inconsistencia y publicó un artículo en la edición online del diario Perfil. El intendente o alguien de su equipo, da lo mismo, creyó conveniente borrar la prueba: eliminó el tuit de la cuenta @PabloBruera y en la página de Facebook dejó la foto, pero sacó el texto que lo acompañaba.

Diez minutos más tarde, a las 18.40 del día miércoles, Santiago Martorelli, jefe de gabinete de Bruera, agrandaba la mentira (recomiendo un vídeo que se encuentra en Youtube con una cronología minuto a minuto de este caso). El conductor Horacio Cabak le preguntó por radio dónde se encontraba Bruera el martes por la noche. El funcionario respondió de manera tan exagerada que le atribuyó al intendente algo imposible: el haber estado al frente del operativo de rescate "desde antes" del inicio de la tormenta.

- Perfil dice que el intendente volvió hoy por la mañana de Brasil, ¿el intendente estaba en La Plata desde ayer o volvió hoy de Brasil?, preguntó Cabak. 

- El intendente, desde antes que se inicie la tormenta, estuvo al frente de todos los operativos. El comité de crisis que se constituyó anoche tuvo como objetivo central salir a responder en la calle lo que estaba sucediendo. Eso implicó la toma de un muchísimas decisiones que, el intendente, al frente de esta mesa del comité, lo hizo...

- Más allá de que estaba al frente del operativo, ¿regresó hoy a la mañana?, insistió.

- No, no, no, ya desde ayer estaba aquí en la ciudad. 

A las nueve de la noche, viendo que circulaban por las redes muchos mensajes de usuarios que a través de distintos motores de búsqueda habían capturado el tuit borrado, Bruera finalmente admitió que había regresado al país el mismo miércoles al mediodía, y atribuyó el malentendido a "un error del equipo de comunicación".

La aclaración le demandó cuatro mensajes: 

Debido a un error de mi equipo de comunicación en uno de mis tuits, debo aclarar que llegue hoy a media mañana (cont)

 Fue en ese momento que me puse a recorrer las zonas afectadas (cont)

Quienes desde el primer momento estuvieron abocados a asistir a los vecinos afectados fue el gabinete municipal (cont)

Por supuesto que tomaré las medidas necesarias para que se respete la veracidad de la información y el espíritu colaborativo de las redes.

Si fue un error y no una mentira, ¿por qué mintió su jefe de gabinete cuando dijo que Bruera había estado en La Plata la noche del diluvio? Si fue un error y no una mentira ¿por qué borraron los mensajes?

También a Mauricio Macri la tormenta, que en la ciudad de Buenos Aires dejó seis muertos, lo encontró de vacaciones en Brasil. Al jefe de gobierno de la ciudad le había ocurrido lo mismo el año pasado, para la misma época, cuando una fuerte lluvia que causó destrozos lo sorprendió en San Martín de los Andes. Dijo Macri que los funcionarios públicos merecen su descanso también, pero de tanto hablar del equipo tal vez haya entendido que el jefe de un equipo no puede estar ausente cuando se juega el partido más relevante, y esta vez regresó con mayor celeridad. 

Si la palabra, la verdad y la honestidad tienen algún valor público, un político no puede pretender que estuvo donde no estuvo, justo cuando más lo necesitaban, en la peor tragedia de la historia de una ciudad. 

Bruera ha dicho que no siente que tenga ningún motivo para renunciar. Con 51 muertos, puede parecer una nimiedad discutir sobre un mensaje en Twitter o en Facebook. Pero no lo es. 

Porque el mensaje y todo su derrotero evidencian el montaje inicial, la mentira posterior y el intento por borrar los rastros con total impunidad, aún cuando la tecnología actual ya no permite cierto tipo de manipulación. 

Cuando la ciudad se hunde, lo menos que pueden pedir sus habitantes es que les digan la verdad.

El Papa y las villas

Por: | 25 de marzo de 2013

Pepe y bergoglio

Con la llegada de Jorge Bergoglio al Vaticano, en medios del mundo entero se escuchó el testimonio de los "curas villeros" de la ciudad de Buenos Aires: sacerdotes que hablaron del impulso que el nuevo Papa había dado al trabajo que ellos desarrollan en los barrios porteños a los que no llega el asfalto, el gas, el tendido del teléfono ni las cloacas, por no mencionar escuelas ni hospitales.

Aparecía en sus relatos un Bergoglio comprometido con la tarea de los religiosos que eligen vivir sin comodidades para estar cerca de los más necesitados. Pero, si escuchamos con más atención, suena también la realidad de una geografía que quienes habitamos la parte urbanizada de la ciudad muchas veces ignoramos, como si no existiera. Porque en la ciudad de Buenos Aires -la capital del país, la más rica de todas-, a lo largo de la última década -un período de crecimiento económico sostenido-, la población en las villas se ha duplicado.

Desde la Iglesia, Bergoglio duplicó también el número de integrantes del Equipo de Sacerdotes para las Villas de Emergencia (partiendo de los once que misionaban cuando fue nombrado arzobispo de Buenos Aires, en 1998). Creó además una vicaría zonal para las villas -que se sumó las ya existentes del Centro, Flores, Devoto y Belgrano- con responsabilidad sobre 18 barrios no urbanizados y una población de 162 mil personas, según el censo del año 2010.

Al frente de la vicaría, Bergoglio nombró al padre Pepe, José María Di Paola, un cura carismático que llegó a conocer cada rincón de la villa 21-24 de Barracas y sintió la necesidad de crear en el ámbito de la Iglesia, como una extensión de su labor pastoral, un hogar para ayudar a la recuperación de los adictos a las drogas, en especial, al paco. 

En el 2009, una amenaza creíble de unos narcos obligó a Pepe a dejar la villa en la que daba misas tan concurridas como un recital de música popular, y se trasladó a Santiago del Estero por dos años para cuidar su seguridad (volvió hace algunas semanas y eligió una villa en el municipio de San Martín, con la intención de extender el trabajo de los curas villeros porteños al conurbano bonaerense). Los vecinos todavía lo extrañan y cuando llega de visita es una fiesta, pero Bergoglio escuchó la sugerencia del padre Pepe y nombró en su lugar al padre Toto, Lorenzo De Vedia, que siguió con la misma línea.

Curas villeros

 

 

 

 

Los curas "villeros" se reivindican seguidores de la obra del Carlos Mugica, el fundador de la capilla Cristo Obrero que vivía en la villa de Retiro, hoy la 31, cuando fue asesinado en 1974 por grupos paramilitares. El padre Pepe también se siente continuador de Daniel De la Sierra, un cura menos conocido que Mugica, un español que predicando y con una guitarra a cuestas llegó hasta la villa 21, fundó una parroquia y organizó la resistencia de los vecinos a las topadoras que mandaba la dictadura militar para volar del mapa a las villas. Murió en un accidente de bicicleta y los vecinos llevaron sus restos a la parroquia Nuestra Señora de Caacupé, ahí en el barrio, para tenerlo cerca. 

Aunque se puedan trazar líneas de continuidad con el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, por su opción por los pobres como línea principal de la Iglesia, la problemática del Equipo de Sacerdotes para las Villas de Emergencia se circunscribe en muchos aspectos a la realidad cotidiana de sus barrios (porque en la villa se dice barrio a la villa: aunque afuera, el barrio sea el barrio urbanizado, y lo demás, la villa).

Estos curas, muchos de ellos nacidos y criados en familias de clase media acomodada, reivindican la cultura de los barrios que habitan. Pelean contra la estigmatización, rescatan la solidaridad, las colectas ante cada muerte para que nadie sea privado de un velatorio digno, la alegría que no se rinde ante la adversidad y todo eso quieren defender ante la mirada que sienten prejuiciosa del afuera. Por eso hablan de integrar, antes que de urbanizar.

En el año 2007 el equipo de sacerdotes para las villas emitió un documento sobre los varios proyectos, casi todos abandonados, de urbanización de estos espacios geográficos. Decía entre otras cosas:

   "¿Por qué pensar que el cambio de apariencias –cambio de una casa de ladrillo y chapa hecha por el esfuerzo del villero por otra casa del Instituto de la Vivienda de varios pisos- es ya un progreso?; en ese caso, ¿urbanización no será más bien otra cosa que emprolijar la villa para que el resto de la ciudad no chille y dejarla conforme?; ¿Cuándo se piensa solamente en hacer casas que estén pintadas?, ¿acaso no hay sobrados ejemplos de barrios que cambiaron su fisonomía, y su realidad es peor que la vida hace tiempo? 

  ¿Acaso urbanizar no sería más bien crear situaciones positivas donde se den las mismas posibilidades a los que viven en la villa que a los que viven en Belgrano o cualquier otro lugar de la ciudad? ¿No será urbanizar garantizar el acceso escolar para todos los niños y jóvenes de la villa, o que cuando se inauguren las salitas de salud cuenten con el mínimo indispensable como son las cloacas? 

    ¿No será urbanizar el día que los médicos, sacerdotes, abogados, profesores o capataces surjan de las villas para que imbuidos de la solidaridad de la cultura villera pongan su vida al servicio de su barrio, de la ciudad, del país? Más que urbanizar nos gusta hablar de integración urbana, esto es, respetar la idiosincrasia de los pueblos, sus costumbres, su modo de construir, su ingenio para aprovechar tiempo y espacio, respetar su lugar, que tiene su propia historia".

El jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, viajó raudo al Vaticano para la misa inaugural de Francisco, pero incumple de manera sistemática todas las leyes que ha votado la Legislatura para urbanizar esos territorios que habitan los curas villeros. En una ciudad con 2.800.000 habitantes, que casi 200.000 vivan en condiciones de alta precariedad no es más que el trasfondo que se asoma detrás de la historia de la elección de Bergoglio como Papa. La voz de estos curas se ha escuchado mucho en los medios, pero su prédica, la problemática de la que dan testimonio, permanece desatendida.

La potencia de la austeridad

Por: | 18 de marzo de 2013

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Un periodista chileno me contó que, cuando ya había dejado la presidencia, Michelle Bachelet lo invitó a su casa, y ella misma sirvió en la mesa la comida que había preparado en un departamento sin lujos, el mismo que habitaba antes de su paso por el Palacio de la Moneda.

Nos habíamos cruzado en Cádiz, España, ambos invitados por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, fundada por Gabriel García Márquez, a un encuentro de periodistas y políticos. La charla informal, fuera del programa, giró en esa dirección cuando reparamos en que el ex presidente de Colombia, Ernesto Samper, que formaba parte del mismo grupo, se movía sin pretensiones en un hotel que ofrecía comodidades más que suficientes para un periodista, pero tal vez limitidas para alguien habituado a los cinco estrellas.

Por esos días, el presidente uruguayo José “Pepe” Mujica había impresionado a un equipo de la televisión inglesa que visitó su finca en Montevideo y concluyó que Mujica llevaba una vida poco menos que espartana. Como me tocaba hablar de los argentinos, me sentí en falta: si hacemos a un lado a Raúl Alfonsín, el primer presidente de la transición democrática, la austeridad no ha sido la virtud de ninguno de los presidentes que gobernaron desde el final de la dictadura hasta la fecha.

¿A qué viene todo esto? Aunque lleva pocas horas como Papa, resulta evidente que Jorge Bergoglio ha decidido que la manera más clara de construir una Iglesia más cercana a sus fieles es a través de gestos que muestran a Francisco despojado del oro y de los demás lujos que son habituales en el Vaticano.

Sabemos que cambió su pasaje de clase ejecutiva por uno de económica y que donó la diferencia a obras de caridad cuando iba rumbo a Roma; que pasó por el hotel donde se alojaba a pagar él mismo la cuenta, cuando ya lo habían elegido Papa; que eligió llamarse Francisco en honor de Francisco de Asís para señalar su compromiso con los pobres; que calza los mismos zapatos de cuero negro que ha gastado en las calles de Buenos Aires; que su anillo no será de oro, como no es de oro la cruz que cuelga de la sotana blanca, sin bordados de hilo de oro a la vista tampoco; que prefiere andar en micro con los obispos en lugar de viajar en limusina, algo que no sorprende a los porteños, porque ya sabemos que como arzobispo recorría la ciudad en transporte público; y que pidió a sus amigos y conocidos en Argentina que no viajaran a Roma para la inauguración de su papado: prefiere que destinen el dinero del viaje a fines más altruistas.

No le han hecho mucho caso: son numerosos los legisladores que igual viajan a Roma, engordando una comitiva que, dadas la circunstancias, no debió ir mucho más allá de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y algunos representantes de la oposición. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, decretó asueto en las escuelas de la ciudad -en todas las escuelas, las estatales, laicas por definición, y en todas las privadas, incluso en las escuelas asociadas con otros credos- y partió con rumbo a Roma.

Creo que el mensaje de la austeridad -aunque muchos digan que Francisco es demagógico, que son gestos nada más, aunque muchos opten por desobedecer- resulta muy potente. Resuena fuerte porque en Argentina no estamos acostumbrados a cosas que en otros países forman parte de la normalidad: que los políticos que llegan lejos en el poder tengan, al terminar sus mandatos, vidas parecidas a tantas otras.

Porque en Argentina alcanza con ser secretario o vocero de un ministro para aspirar a viajar por Europa en primera clase, todo pago por el Estado. Difícil que un alto funcionario viaje en tren, subte o colectivo, y de ahí que los hábitos del Papa sean vistos como algo excepcional. Porque el Gobierno desdobla el discurso de sus prácticas cotidianas.

El vicepresidente Amado Boudou, que habita uno de los edificios más caros de la ciudad, ubicado en el barrio más pretencioso (Puerto Madero), defiende como si fuese natural el haber encargado en Italia un nuevo escritorio para su despacho en el Senado. Difícil que alguien lo amoneste, ya que la familia Kirchner ha comprado pisos en el mismo edificio y la presidenta utiliza aviones y demás bienes del Estado sin demasiada inquietud por el ahorro del dinero ajeno.

Mientras tanto, la novia de Boudou, Agustina Kämpfer, se despacha a través de su cuenta en Twitter contra Bergoglio, por motivos que muchos podemos compartir, como el tono condenatorio que utilizó Bergoglio para rechazar la sanción de la ley de matrimonio igualitario cuando se debatió en el Congreso. Kämpfer acaba de regresar de un prolongado viaje por la India, donde visitó el templo de su líder espiritual, Osho, en un complejo que cobra hasta las túnicas moradas que son requisito indispensable para la meditación.

La pretendida espiritualidad despojada de quienes meditan en la India y habitan en Puerto Madero choca contra su propia hipocresía. Porque la austeridad puede parecer poca cosa para quienes de cualquier modo llevan una vida de privilegios, pero tiene la potencia de iluminar grandes contrastes.

 

 

Justicia y medios, vías paralelas

Por: | 28 de febrero de 2013

Tribunales

Tengo la sensación de estar viendo la misma película otra vez, sólo que ahora se traslada al Poder Judicial. 

Así como el kirchernismo impulsó y sancionó una nueva ley de servicios de comunicación arropado en la bandera de la "democratización" de los medios, ahora levanta el mismo concepto para promover cambios en el funcionamiento de la Justicia. 

Llegó la hora -nos dicen- de "democratizar" el funcionamiento de los Tribunales.

Como había ocurrido ya con la discusión sobre los medios, el kirchnerismo alimenta su discurso con el trabajo de muchos académicos, en este caso juristas, de prestigio, progresistas, que vienen hace años planteando fuertes críticas (diríamos por izquierda) al funcionamiento interno del Poder Judicial.

Estos debates, que antes sólo se daban en círculos reducidos, por fuera del mainstream (del público en general) pasan a ser alentados desde la Casa Rosada y en todos sus medios de propaganda y afines. De manera inevitable, en el proceso, estos debates se transforman y adquieren otros sentidos, porque empiezan a jugar otros intereses.

¿Cristina Fernández de Kirchner quiere democratizar a la Justicia o sólo busca una excusa para extinguir focos de rebeldía al Poder Ejecutivo?. Con los medios, la pregunta equivalente era si pretendía terminar con el Grupo Clarín y las posiciones dominantes del mercado de cable o barrer también con cualquier expresión de periodismo crítico. 

Uno y otro son procesos emparentados: la Casa Rosada posó la lupa sobre los Tribunales a partir del enojo con las medidas cautelares y el lento trámite que la ley de medios ha tenido en la Justicia (que aún dirime un planteo del Grupo Clarín en contra del artículo que lo obligaría a desprenderse de parte de sus medios y un centenar de licencias de cable para adecuarse a la normativa sancionada en el año 2009). 

Deben haber colaborado también los disgustos que ocasiones con sus fallos le depara la Corte Suprema de Justicia co al Ejecutivo, aún cuando su actual composición, que la convierte en la de mayor credibilidad de esta etapa de la democracia, es mérito de las designaciones y los procedimientos que puso en marcha Néstor Kirchner. La causa que compromete al vicepresidente Amado Boudou y a su socio comercial en las gestiones para sacar de la quiebra y entregar a manos amigas la imprenta Ciccone Calcográfica marcó también un punto de inflexión en la relación con el Poder Judicial. 

El Procurador General, Esteban Righi, pagó con su cargo el no haber impedido que le allanaran un departamento a Boudou y el fiscal Carlos Rívolo se quedó sin la causa. Así y todo, el caso de Boudou es una excepción, porque el expediente aún camina, lento, pero camina. Los jueces federales no suelen hurgar en el poder, los fiscales no tienen autonomía para investigar, faltan recursos para combatir delitos complejos y los funcionarios y ex funcionarios aprovechan las ventajas que ofrece el código procesal para alargar las causas hasta el punto de la prescripción. 

La reforma que propone el kirchnerismo, por lo que escuchamos hasta ahora, no busca apuntalar las debilidades del sistema judicial para perseguir casos de corrupción, ni pone el foco en las trayectorias dudosas y las vidas ostentosas de ciertos de jueces federales. Por ahora se trata de un concepto que el Gobierno no tradujo en medidas o propuestas concretas, pero la presidenta podría darle contenido a la "democratización de la justicia" cuando presente mañana sus prioridades para el año legislativo 2013.

Pero ya conocemos ciertos rasgos del discurso que va tomando forma. Cristina Fernández de Kirchner postula que ciertas corporaciones económicas y los medios comunicación ejercen una enorme influencia sobre las decisiones los jueces, fiscales y camaristas. Alega que, si bien siempre se denuncian presiones del Poder Ejecutivo, tanto medios como jueces responden, en realidad, a intereses concentrados de grupos de poder que no aceptan la voluntad de las mayorías. La independencia del Poder Judicial o la libertad de expresión se deprecian en ese movimiento discursivo hasta transformarse en consignas del antiguo régimen.

Justicia Legítima, la agrupación de jueces y fiscales que (justo) ayer se lanzó en la Biblioteca Nacional, expresaba esta misma idea con las siguientes palabras: 

"Es el primer paso de un largo camino que no se agota en la indignación y en el rechazo a una manera falaz e intencionada de “invocar independencia” para encubrir sumisión a grupos, intereses y poderes partidarios, económicos, mediáticos a cambio de ventajas y beneficios incompatibles con un servicio de justicia en un Estado de Derecho. (…)

"Llegó la hora de mirar hacia adentro del sistema de administración de justicia y hacer pública nuestra autocrítica a fin de dar sentido a la diferencia entre el accionar corporativo y una “justicia legítima”. (…)

Justicia Legítima -liderada entre otros por la nueva jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó y la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez- propone entre otros puntos: "discutir cómo se forma a los jueces, magistrados, funcionarios y agentes; cómo y por quienes se llevan adelante los procesos de selección para ingresar y permanecer en la institución judicial en todos sus niveles", para eliminar un sistema de designaciones dominado por parentescos y amistades que ha sabido construir la así llamada familia judicial.

(Sólo un paréntesis para enfatizar una de las incoherencias típicas del kirchnerismo: el mismo grado de discrecionalidad, con alta dosis de nepotismo, impera en las contrataciones de los otros dos poderes, de modo que sería deseable que las nuevas reglas a todos abarquen. Lo mismo vale para regalos, viajes y pago de ganancias. No resulta defendible el privilegio auto-concedido por el Poder Judicial a sus integrantes para que no paguen ganancias, pero debemos apuntar que los legisladores no se aplican a sí mismos ningún código de ética, y que la mitad del salario de bolsillo que cobran está exceptuado del pago de ganancias, porque lo perciben en concepto de viáticos y gastos de representación).

Como ocurrió ya en otros ámbitos con la ley de medios, entre los académicos y juristas y empleados del Poder Judicial que venían bregando por una mayor democracia se está produciendo un quiebre. Están quienes prestan sus voces y su trayectoria para legitimar los planes del Poder Ejecutivo y quienes alertan que la maniobra resulta demasiado peligrosa como para ser avalada. 

Entre los más críticos de los críticos se ubica el académico Roberto Gargarella. Describió en el blog de su cátedra como "repulsiva" la cercanía "que muchos integrantes de Justicia Legítima muestran en relación con el poder político", enumeró sus "peros" a las propuestas de la agrupación recién nacida y destacó la siguiente como su objeción más importante:

"Está perfecto que tomen partido en los asuntos públicos (frente a la bobada del "prejuzgamiento"), que tengan ideología, que sientan simpatía por el gobierno de turno. Pero nunca, nunca, nunca, ello debe empañar del modo en que lo hace el contenido de la agenda, para forzar el ocultamiento de problemas de escándalo, la protección de los corruptos amigos, la puesta de la justicia al servicio del mismo poder político que debe ser controlado. Aquí no vale la zoncera de que "poder también es el poder económico": ya lo dije antes, el récord de nuestras cárceles habla bien de qué selección han hecho ustedes entre pobres y ricos (cárcel para los primeros, cobijo feliz para los últimos)."

Continuará: la experiencia con la ley de medios indica que esto recién empieza.

El País

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