La universidad española en su conjunto no es mala. Pero podría ser mejor. Por eso es bueno que hablemos de reformas y hagamos diagnósticos. Hace unos días el grupo de expertos convocado por el Ministro de educación entregó su informe al respecto. No es un informe más, por el prestigio de quien lo elabora y la relevancia de quien lo encarga.
Mi opinión global es favorable, lo que no es óbice para plantear una serie de dudas sobre las propuestas. Lo que más me gusta es que el informe incide en la necesidad de reforzar los incentivos para cambiar. Hay que huir del café para todos. Existen pocos ámbitos como la universidad en los que la cantidad y calidad del esfuerzo sea mensurable. Por eso, es más fácil definir esos incentivos que deben dirigirse a personas, grupos de investigación, facultades, campus y universidades. Hay que fichar a los mejores, recompensar a quien se esfuerza más y logra mejores resultados, potenciar la transferencia de conocimiento de la universidad hacia las empresas, la sociedad y las administraciones públicas. Es fundamental que se estimen y difundan rankings de resultados a todas las escalas; que se racionalicen los mapas de titulaciones, huyendo de los campus generalistas y las duplicidades poco razonables y reforzando los vectores de especialización en cada campus; y que se promueva la movilidad de estudiantes mediante programas de becas suficientemente dotados.
Por supuesto, todo esto no resulta gratis. La financiación de las universidades españolas es baja en perspectiva internacional. Es clave que aumenten los patrocinios y que se refuerce la financiación pública vinculada al cumplimiento de objetivos.
Entre las cuestiones que me plantean más dudas aparecen, en primer lugar, la sugerencia de cambio del actual sistema de filtro para la contratación de personal estable basado en la acreditación, por una fórmula similar a la habilitación nacional que estuvo en vigor unos años en la década pasada. Comparando ambas experiencias, creo que sigue siendo sustancialmente mejor un sistema de acreditación reformado que una vuelta al pasado. En segundo lugar, no creo que sea necesario ni positivo hacer divisiones de universidades en función de su capacidad investigadora. Porque en cualquiera de ellas existen grupos potentes que no deben ser perjudicados porque su entorno inmediato sea menos brillante.
Tercero, la propuesta de gobierno de las universidades es un cambio radical. Concuerdo en que hoy padecemos un exceso de asamblearismo impropio de una institución que busca funcionar con eficiencia y eficacia; una innecesaria e injustificable contaminación del sistema de partidos políticos; un insuficiente poder real de los directores de departamento, decanos, vicerrectores y los propios rectores; y una escasa responsabilidad ex-post de los gestores por lo hecho. Probablemente haya soluciones intermedias razonables y más factibles.
Cuarto, el informe pone el acento en la investigación y tiende a quitarle importancia a la enseñanza de grado a la hora de evaluar la calidad o definir indicadores. Creo que no debe ser así. Las encuestas a los propios alumnos y las autoevaluaciones departamentales son instrumentos que no han agotado su capacidad para discriminar entre mejores y peores docentes, mejores y peores departamento, centros y campus.
Finalmente, me plantea alguna duda la representación de la Comunidad Autónoma en los órganos de gobierno. No tanto por una cuestión de principios, sino de pragmatismo. La experiencia con las cajas de ahorro en muchas autonomías, por ejemplo, nos da una pista de la dificultad de que se logre que los representantes acaben siendo personas realmente capaces y de prestigio.
