Pistolas en el Parlamento

El mismo día que el Parlamento griego debía teóricamente revisar un proyecto de ley antirracista –y el Congreso español debatía una condena del franquismo, ya es casualidad-, la prensa griega se desayunaba con una seria advertencia del Departamento de Estado norteamericano acerca de las actividades del partido ultranacionalista y neonazi Aurora Dorada (AD), con 18 diputados y un rosario de incidentes a cuestas, el último, el intento de uno de sus parlamentarios de entrar en el edificio de la Cámara armado con una pistola.

Aunque su identidad no ha sido revelada, el susodicho bien podría ser Panayotis Iliópulos, el legislador –es un decir- que el viernes fue expulsado por encararse con el vicepresidente del Parlamento en una sesión de control y, brazo en alto, gritar “Heil Hitler!” mientras era jaleado por su bancada. Una diputada de la conservadora Nueva Democracia se quejaba este domingo en una entrevista de que Iliópulos suele ir armado, pero no es el único: a comienzos de mes, un conspicuo correligionario suyo echó presuntamente mano de su pistola durante un rifirrafe con los guardaespaldas del alcalde de Atenas, que horas antes había prohibido un reparto de comida gratuito del partido –sólo a griegos- en el centro de la ciudad.

Como para no preocuparse, del Departamento de Estado al lucero del alba. En la policía griega funciona desde hace meses una unidad especializada en delitos de índole racista; la semana pasada detuvo a dos tipos por agredir a un camerunés y prender fuego a su negocio, un modesto café, en Ajarnón; los individuos, por cierto, guardaban panfletos de AD en sus casas. Nada se sabe sin embargo de los agresores de un chaval de 14 años paquistaní, tundido a palos hace unas semanas. Tampoco de los asesinos del joven iraquí cosido a cuchilladas el pasado agosto en el centro de Atenas (sí fueron detenidos en cambio dos hombres por el del paquistaní Shehzad Luqman, muerto en enero en Peristeri). El logo de AD aparecía también en las amenazas que este fin de semana recibió la Asociación de Musulmanes de Grecia: “Os vamos a masacrar como a pollos”.

Pero se ve que la retórica “violentamente racista y antisemita” que denuncia en AD el Departamento de Estado no es suficiente para que los tres partidos que componen la coalición del Gobierno aúnen voluntades; al revés, lo que no ha logrado el pesaroso desgaste de la crisis, la suma de ajustes y miserias, bien podría precipitarlo el proyecto de ley contra el racismo: la crisis definitiva del Ejecutivo. Sin ambages lo apuntaba así este martes el siempre ecuánime diario conservador Kathimerini, que agrupaba en su apertura un montón de noticias preocupantes: la actuación de “brigadas de asalto” de AD en Kipseli y Ayios Pandeleimonas, dos barrios atenienses con un alto porcentaje de población inmigrante; la intranquilidad de los habitantes de Patras tras los disturbios de los últimos días, y la respuesta de la comunidad musulmana a las amenazas de muerte (instalar cámaras de seguridad).

Que un periódico como Kathimerini, tan establishment, dedique su apertura a un asunto hasta hace pocos meses menor en su jerarquía informativa es indicador de la dimensión del problema. De seguridad, de orden público, pero también de amenaza de ruina democrática. Porque cuando hablamos de antipolítica lo hacemos casi siempre de las espantadas de Beppe Grillo y sus grillini, una anécdota –inmanejable, eso sí- en comparación con la violencia sistemática del partido neonazi griego, una cuña en un sistema político moribundo que no sólo podría apuntillar la frágil coalición de gobierno, también hacer saltar por los aires el penúltimo intento de consenso (además de las lejanas esperanzas de la izquierda de gobernar algún día).

“La legislación antirracismo divide a la coalición [de Gobierno]”, titulaba este martes la edición inglesa de Kathimerini.Los dos miembros menores del tripartito, el socialista Pasok e Izquierda Democrática, solicitan que el proyecto de ley sea debatido sin demora; Nueva Democracia, que lidera la coalición, insiste en modificar el texto, y el ministro de Justicia, el independiente y respetado Andonis Rupakiotis, amenaza con dimitir si se tumba el proyecto. El partido del primer ministro Andonis Samarás ha reiterado sus temores de que la “criminalización” de AD, su conversión en mártir por el sistema, le haga acreedor de un caudal de simpatía traducible en más votos (es tercero en las encuestas de intención de voto).

A quien sea, el asunto se le ha ido de las manos: el informe sobre libertad religiosa del Departamento de Estado reprocha a las autoridades griegas “no hacer lo suficiente” para atajar los desmanes neonazis; la presunta estrategia de restar votos a otras formaciones –Syriza la primera- dejando campar libremente a AD puede ahora salir por la culata. Y la democracia, acabar herida de muerte por el concurso de una banda de hooligans y energúmenos que, puede que sí tengan razón en su alegato favorito –“AD no es un partido neonazi, sino nacionalista griego”-, están lejos de ser neonazis: esto no tiene nada que ver con la ideología, sino con el matonismo.

Pies de foto:

1. Simpatizantes de Aurora Dorada se manifiestan en Atenas el 22 de marzo en contra del rescate de Chipre. France Presse.

2. El sudanés Hassan Meki muestra su espalda tras la agresión de un grupo de hombres vestidos de negro y envueltos en banderas griegas, en diciembre de 2012. Yannis Behrakis (Reuters)

3. El diputado de Aurora Dorada Panayotis Iliópulos abandona la Cámara el pasado 17 de mayo. AFP / Eurokinissi.

Trabajar por decreto ley

Primero fueron los trabajadores del metro de Atenas, en enero. Un mes después, los portuarios. Ahora, los profesores de secundaria, los últimos –de momento- a los que una medida de excepción ha impedido ejercer su derecho de huelga para garantizar, según el Gobierno, el normal desarrollo de los exámenes de fin de curso y, sobre todo, de las pruebas de acceso a la universidad, conocidas como paneladikés (panhelénicas), que han arrancado con normalidad este viernes.

El poderoso sindicato del ramo, Olme, con 88.000 afiliados, se había echado a la calle para protestar contra el aumento de la jornada, dos horas a la semana hasta 20,5, y el traslado de docentes a zonas remotas del país. La central no se cansa de denunciar la depauperación del sector, con una plantilla un 12% inferior desde 2009 y salarios entre un 50% y un 70% más bajos que la media comunitaria.

Es la tercera vez en cinco meses que el Ejecutivo, esgrimiendo razones de interés público, revienta legalmente una huelga mediante una norma que se había usado muy poco desde el restablecimiento de la democracia, en 1974, y que parece haberse convertido en un tic del poder frente a las protestas sociales y laborales, un fenómeno diario en las calles de Atenas y Salónica (los últimos en manifestarse, este miércoles, han sido los vendedores callejeros y ambulantes).

El continuado recurso a esta medida, que desde 2007 se aplica a cualquier emergencia “en tiempo de paz” –si es que así puede denominarse la situación de urgencia humanitaria en que se ha hundido el país desde 2010-, suscita fundadas sospechas de una deriva totalitaria por parte del Ejecutivo griego. El decreto de “movilización civil” tiene la potestad de forzar el fin de un paro en caso de desórdenes civiles, catástrofe natural o riesgo para la salud pública.

Pero ninguno de los tres supuestos se pueden aplicar en el caso de la huelga del metro, la de los marinos o la de los enseñantes. Organizaciones como Amnistía Internacional subrayan que, además de innecesaria, la movilización forzosa de docentes viola los derechos fundamentales. No han faltado voces críticas en el seno del Gobierno tripartito. El líder de Izquierda Democrática, Fotis Kuvelis, pidió el jueves al Gobierno que revocara la orden de movilización civil en un ejercicio de retórica sin parangón, pues su partido integra la coalición de gobierno. También clamó en contra la opositora Syriza, que calificó la medida de “movimiento que priva a los ciudadanos de libertades constitucionales”. 

Con cifras del paro del 27% (el 64% entre los menores de 25 años, datos de febrero), y una población activa de 3,6 millones de personas para sostener a 7,2 millones, obligar a trabajar por decreto ley es una paradoja cruel. En el pulso entre Gobierno y Olme aparece también el telón de fondo de la reestructuración de la Administración: 15.000 funcionarios menos hasta fines de 2014; 150.000 menos en cuatro años. Y se dibujan las disensiones, cuando no el cansancio de un lustro de lucha, en el seno del movimiento sindical: Olme, Adedy (el gran sindicato del sector público) y GSEE (sector privado) convocaron sus protestas por separado. El órdago de Olme a las autoridades -llegó a amenazar con una huelga indefinida- se quedó en papel mojado por la falta de apoyo de sus correligionarios.

Por unas cosas u otras, las calles de Atenas muestran hoy el mismo aspecto que lucían en los años ochenta, cuando Mitchell Grammaticus, uno de los personajes del trío protagonista de La trama nupcial, de Jeffrey Eugenides (Alfaguara), visita la ciudad. "Grecia no era Europa. Era Oriente Próximo. (...) De los tejados y azoteas sobresalían vigas de acero, de forma que los remates de los edificios que se recortaban en el aire acre parecían erizados de púas. Era como estar en Beirut. La niebla espesa se mezclaba con los gases lacrimógenos, dadas las cargas policiales casi diarias contra los manifestantes en las calles. Las marchas de protesta se sucedieron constantemente; contra el Gobierno, contra la interferencia de la CIA, contra el capitalismo, contra la OTAN, y en favor del regreso a Grecia de los mármoles de Elgin. Grecia, la cuna de la democracia, bloqueada por la libertad de expresión. En los cafés todo el mundo tenía una opinión informada, y nadie podía lograr que nadie hiciera nada. (...)". Sólo hay que cambiar la CIA por la UE, la OTAN por la troika y todo lo demás conserva su vigencia. Y lo que queda...

 

Funcionarios

A ver si nos aclaramos. El ministro de Economía griego, Yanis Sturnaras, acaba de declarar que lo peor de la crisis ha pasado, pero a la vez los europeos creen que lo peor de la crisis está por llegar. El FMI alaba los progresos hechos por Grecia “en medio de una crisis económica voraz”, y Atenas se felicita por hollar la senda correcta. El mismo día, en España, un leve descenso del paro (46.000 personas) mueve al optimismo más “esperanzador” a algún que otro dirigente del Partido Popular. ¿De verdad hay motivos para alegrarse?

Portugal despedirá a 30.000 funcionarios. Chipre prescindirá de 4.500 –como poco- hasta 2016. En España están a pan y agua, sin paga de Navidad, con menos moscosos y el sueldo congelado, y en Irlanda por el estilo. Pero el tijeretazo que Grecia va a darle a su Administración no tiene parangón, como tampoco el tamaño del Estado (y de la deuda pública, que el FMI subraya “sigue siendo muy alta”). La primera condición de la troika para aflojar el dinero de los dos rescates no ha variado un milímetro: hasta 2015 hay que adelgazar el sector en 150.000 contratos –un 30% del total.

Atenas aspira a matrícula, y asegura que su objetivo es reducir 180.000 puestos. Gracias a una ley de 1911 que aseguraba los puestos de trabajo público frente a los cambios de gobierno, los funcionarios griegos –incluso los mangantes o los corruptos, hasta que se demostrara que lo eran, lo cual llevaba años- han estado protegidos. Por eso la cosa pública se ha convertido en un ente elefantiásico sobre el que reposan los peores vicios del sistema político: el clientelismo, el nepotismo y toda esa serie de pecados ligados a la urdimbre de privilegios y relaciones. Y estrechamente relacionados con la servidumbre que se depara al poder, sea este celestial o prosaico. Quien haya presenciado el ocasional besamanos de ciudadanos de a pie –campesinos, jubilados, mujerucas isleñas- al gobernante de turno, idéntico al que se reserva para las dignidades de la Iglesia, sabrá de qué estamos hablando.

Nadie se pone de acuerdo sobre el número exacto de trabajadores del sector público. Hace ahora tres años, cuando arrancó el viacrucis de ajustes, los sindicatos recurrían a la cuenta de la vieja para calcularlo. Adedy, el sindicato público mayoritario, cifraba su número en unos “setecientos y pico mil” y su porcentaje sobre la fuerza de trabajo, “entre un 10% y un 20%”. El actual viceministro de Economía, Jristos Staikuras, que en 2010 era portavoz parlamentario de la opositora Nueva Democracia (hoy en el poder, al frente del Gobierno tripartito), lanzaba imprecisiones (y confusión): “Ni siquiera el Gobierno [del socialista Pasok] lo sabe. ¿Quizá unos 670.000?”.

Tirando de hemeroteca, he aquí el bosquejo de la maraña de la Administración que hacía en 2010 el actual ministro de Economía, Yanis Sturnaras (entonces, profesor universitario y director del think tank Iobe): “[Sólo] Entre 2004 y 2009, se han creado en Grecia 75.000 puestos en la Administración y 300 organismos públicos nuevos”. Ese periodo incumbía a un Gobierno conservador (y al reflujo entusiasta, económicamente hablando, de los Juegos Olímpicos de 2004). En 2010, 1.700 empleados daban servicio a los 300 diputados en el Parlamento griego, es decir, casi seis trabajadores (y seis sueldos) por escaño.

En Boomerang. Viajes al nuevo Tercer Mundo europeo (Ediciones Deusto), un entretenido libro publicado en  2011, el periodista Michael Lewis dibuja un demoledor escenario del descontrol público. Tras años de barra libre crediticia, y una deuda contraída sin supervisión alguna –ni propia ni ajena-, “al final, lo que los griegos quisieron hacer, una vez que se apagaron las luces y se quedaron solos y a oscuras con un montón de dinero prestado, fue convertir su gobierno en una piñata repleta de dinero y dejar que sacara tajada de ella el mayor número posible de ciudadanos” (pag. 62). En una docena de años, el gasto de personal público se duplicó, recuerda Lewis; organismos como los Ferrocarriles, que funcionaban como una tortuga renqueante y deficitaria, tenían entonces unos gastos de personal de 400 millones (un promedio de 65.000 euros al año por trabajador) frente a unos ingresos de 100, y unos cuantos cientos más en gastos. En esa época había tres empresas de Defensa propiedad del Gobierno, mientras en Atenas el transporte ferroviario dependía de tres compañías (públicas, of course) distintas.

Pero el principal problema del sector público griego es su disfuncionalidad, más que su dimensión mostrenca: su tamaño está por debajo de la media europea, según estadísticas de 2011 del Banco Central Europeo: frente al 38% que supone en Bélgica o el 31% en Francia, en Grecia el sector público representa sólo el 29% de la fuerza laboral del país (algo más de cinco millones). Así las cosas, y mientras la crisis siga acuciando, aquel mensaje del trabajo para toda la vida que los padres inoculaban en los hijos resulta inapropiado (y falso), aquí y en Salónica. Ya no hay trabajos para toda la vida; porque ahora la vida, y los trabajos, se conforman con ser remiendos de ratos.

 

Famélica legión

El Parlamento griego acaba de aprobar un nuevo paquete de ajustes que tiene toda la pinta de no ser el último, tantas veces han repetido sus líderes que no habría más; de eso los españoles y los portugueses también vamos sabiendo lo nuestro. Su contenido es una perfecta combinación de rumores y desmentidos previos: rebaja del salario mínimo a 490 euros para jóvenes desempleados (casi cien euros de una tacada, desde los 580 acordados en febrero de 2012); supresión de 15.000 puestos en la Administración hasta finales de 2014 (sólo este año se perderán 4.000); reducción en un 15% de la impopular tasa inmobiliaria que se cobra a través del recibo de la luz (aunque se anuncia un nuevo impuesto unificado sobre propiedades para el año próximo), liberalización de algunas profesiones (y fin del monopolio de las panificadoras, sic), y prolongación de jornada obligatoria de dos horas, a partir de septiembre, para los docentes de primaria y secundaria, a fin de no tener que contratar interinos.

Hay muchas más technicalities en el mamotreto legislativo de 110 páginas que se votó este domingo por la noche –luego dice frau Merkel que los griegos no trabajan…- como un solo proyecto de ley, y por la vía de urgencia, para aligerar el trámite (y las objeciones de inconstitucionalidad de Syriza). Pero el resultado es lo que cuenta y, con un total de 168 diputados a favor y 123 en contra, el Eurogrupo aflojará ipso facto 2.800 millones de euros del rescate pendientes desde marzo, imprescindibles para pagar sueldos y pensiones; otros 6.000 millones serán liberados a mediados de mayo.

Lo de las excepciones al salario mínimo fue un truco de magia que incluyó a última hora el ministro de Economía, Yanis Sturnaras –era desde hace meses la principal demanda de multinacionales extranjeras para invertir en Grecia-, pero el resto entraba dentro de lo previsto. Algunos medios, como el diario conservador Kathimerini, definen la ley como “una serie de medidas previamente acordadas con la troika”, pero otros no son tan comprensivos y ven una imposición sin condiciones por parte de los prestamistas internacionales (incluida la rebaja del salario mínimo, que ya había aventado hace unos meses el mismísimo Olli Rehn, vicepresidente de la Comisión Europea). El resumen de la jugada, y no sólo en Grecia, sino también en España, viene a ser: si el Gobierno desmiente un rumor sobre un hipotético ajuste, mejor ponerse en lo peor (y echar mano a la cartera).

Tras algunas semanas de calma chicha, sin titulares alarmantes sobre una inminente bancarrota, un lector se preguntaba recientemente en la sección de Cartas de este periódico qué pasaba con Grecia tras la lectura de un artículo del economista Yanis Varufakis titulado Grecia ha muerto, un texto vomitado vertiginosamente por las redes sociales que al parecer es espurio, pero que en verosimilitud -y veracidad- no supera el mejor de los reportajes sobre el tema.

El citado lector reclamaba más información sobre lo que sucede en aquel país, pero la respuesta la tiene mirando en derredor: a los más de seis millones de parados de España, una situación que parece pedir a gritos una revolución, como apuntaba el escasamente revolucionario diario francés Le Monde; los colegios abiertos en Andalucía o Canarias para garantizar una comida al día a los alumnos hambrientos; los 1,3 millones de empleos que se perderán en esta legislatura; el cerca de un millón de extranjeros que se han quedado sin atención sanitaria.

Así que ¿para qué mirar a Grecia si aquí sucede lo mismo? Una nueva casta de pobres, expulsados del paraíso de la otrora clase media, va ganando terreno allí, pero también por estos lares. Para muestra, un botón tan poco retórico como una reciente manifestación de homeless en las calles de Atenas: la crisis ha disparado su número hasta los 20.000 en todo el país –un 30% más que en 2009-, y el 20% de ellos tiene título universitario, según la ONG Klimaka.

Tras los discapacitados y los jubilados, los más parias entre los parias fueron los últimos en manifestarse en el centro de Atenas hace un par de semanas para denunciar el deterioro de las condiciones de ¿vida? por el efecto acumulativo de los recortes. Últimos en la cadena de supervivencia, dependientes de inexistentes mondas en cubos de basura previamente esquilmados por otros, los indigentes gritaron sus demandas, igual que viene haciendo el resto de la famélica legión de víctimas de los rescates: millones de europeos desheredados, desposeídos de todo, hasta del derecho a la salud... Una gran mancha de aceite sobre el manto de austeridad que asfixia a Europa.

Créditos de las fotografías:

1. Manifestación de 'homeless' en Atenas el pasado 12 de abril. / Petros Giannakouris (AP)

2. Pintada en el Pireo: "Queremos trabajo. No matéis a los jóvenes".

3. Manifestación de discapacitados en Atenas, en octubre pasado.

Chipre, coge el dinero y corre

La información sobre Chipre lleva casi un mes manando a borbotones. Hasta el 16 de marzo pasado, fecha del primer acuerdo del Eurogrupo para rescatar a la isla, las noticias sobre este país se limitaban a alertar, casi en sordina, de una crisis incipiente y de los efectos de la deuda griega en sus dos principales bancos. Pero el primer rescate convirtió la crisis en una disparatada yinkana con actuaciones estelares como la del presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, y obstáculos tan pavorosos, por inéditos, como el primer corralito en la eurozona. De esa chapuza ha pasado casi un mes, tiempo durante el cual la información se ha hecho pródiga en titulares. Si, como dice el refrán, lo importante es que hablen de uno, aunque sea bien, Chipre debe de sentirse hoy satisfecho.

Un vistazo rápido a la prensa local revela los siguientes sobresaltos en un lapso de 24 horas: el gobernador del banco central afronta una investigación a instancias del Parlamento por engañar a los diputados y ocultar información sobre la crisis bancaria; se confirma que el fiscal general del Estado, una figura por encima del bien y del mal, frenó en su día una causa contra su hijo, detenido por conducir borracho un coche sin papeles; las líneas aéreas de bandera, Cyprus Airways, afrontan una reestructuración que puede poner en la calle a la mitad de su plantilla (500 personas), eso si no las compran los chinos o los libaneses de MEA; empresas de un magnate ucranio que eran clientes del bufete donde trabaja una hija del presidente Nikos Anastasiadis usaron presuntamente información confidencial para retirar al menos 13 millones antes de aprobarse el corralito; unos 6.000 depositantes, entre personas físicas y jurídicas, se olieron igualmente la tostada y sacaron cientos de millones de los bancos entre el 1 y el 15 de marzo.

Es cierto que todo lo que aflora a la superficie suena mal, y huele aún peor: rusos forrados que blanquean dinero dudoso; bancos hipertrofiados de bonos podridos, como los griegos; parientes avisados de la que se venía encima –como, presuntamente, el consuegro de Anastasiadis- para coger el dinero y correr a Londres o Atenas. O la lista de políticos, empresarios y sindicalistas que se beneficiaron de un trato VIP –condonación de deudas, préstamos con condiciones preferenciales- por parte de los dos bancos que están en el atolladero, el de Chipre y el Laiki.

Pero Chipre no es solo eso, en absoluto: es un país civilizado, con gente muy preparada y formada; una espléndida infraestructura hotelera y de servicios hasta el punto de ser desde hace lustros una sólida plataforma de negocios regional y, muy importante, con un Parlamento capaz de decidir en libertad y tumbar soberanamente el primer acuerdo del Eurogrupo. La peculiaridad del sistema, a medio camino entre el presidencial y el parlamentario, explica ese saludable contratiempo democrático.

Para arrojar un poco de luz sobre el colapso del país pueden servir algunos testimonios de chipriotas comunes, clase media decente que paga sus impuestos sin recibir mucho a cambio –el transporte público es escaso y caro; un recibo de la luz estándar ronda los 500 euros- y que, al contrario, sufrirá los recortes y los ajustes que vienen. “Chipre ha pasado en apenas dos generaciones de una situación de guerra, pobreza y hambre como la de 1974 [invasión turca], cuando muchos tuvieron que dejar sus casas con lo puesto y empezar literalmente de cero, a un espejismo de riqueza en el que cualquier chiquillo de 18 iba a la universidad en BMW o Mercedes, cuando no en coche con chófer”, explicaba días atrás en una cafetería de Nicosia una profesora en la treintena.

“Los bancos te perseguían por teléfono ofreciéndote tarjetas y más tarjetas [de crédito], aunque no tuvieras ingresos fijos; no entendían el no por respuesta”, contaba una universitaria; “el tren de vida era insostenible; la gente se endeudaba para comprar ropa de marca, un bolso de Louis Vuitton, el último modelo de coche de alta gama o un viaje de shopping a Londres o, en su defecto, Atenas”, por no hablar de la casa en la playa. “Estamos purgando un pecado de soberbia, nos creímos ricos y poderosos, y ahora pagamos la osadía, como en las tragedias clásicas”, remata la profesora citada.

Chipre. Un país donde las manifestaciones parecen convenciones de empleados del mes, por los atuendos y por lo modélicas; donde la Iglesia –que no paga impuestos- es accionista mayoritaria de uno de los principales bancos, el Hellenic Bank; propietaria de la principal marca de cerveza y la terrateniente por excelencia, y además alecciona a sus fieles sobre la conveniencia de votar a uno u otro candidato presidencial y, estos días, sobre la manera de superar la crisis. Los chipriotas normales, los pequeños comerciantes, los jubilados, los funcionarios, no han hecho nada para merecer esto, pero pagarán la factura de los sueños rotos durante años.

 

Pies de foto:

Manifestación contra la troika en Nicosia.

Retirada de efectivo en un cajero el día de reapertura de los bancos, el 28 de marzo.

Pintada en una zona comercial de Nicosia: "Compro, luego existo".