Antonio Estella

Vamos a definir un nuevo papel de España en Europa

Por: | 22 de julio de 2014

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El pasado 19 de Julio, en el Congreso extraordinario del PSC que tuvo lugar en La Farga de l'Hospitalet, el nuevo Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, dijo lo siguiente: “vamos a definir un nuevo papel de España en Europa, en otra Europa”.

Es la primera vez que oigo a un dirigente del PSOE pronunciar, alto y claro, estas palabras. Queda mucho trabajo por hacer en este camino que ahora abre el Partido Socialista en relación con Europa, lo sé. Pero la buena noticia, que debemos celebrar todos, es que al fin el PSOE, con su secretario general a la cabeza, se ha dado cuenta de que España no puede simplemente sentarse a esperar cómo Europa cambia en la dirección que los progresistas desearíamos. Ello puede ocurrir; pero en el interim, debemos “definir” el nuevo papel que le toca a España desarrollar en la Europa actual.

Los cambios llevan tiempo y cuestan sacrificios. No veremos al PSOE modificar su discurso y sus políticas sobre Europa de la noche a la mañana. Pero con el tiempo, se articularán las dos cosas, un nuevo discurso, y nuevas políticas de España hacia Europa. ¿Por dónde podrían ir los tiros? En lo que sigue, señalo algunos aspectos que podrían ser útiles en esta nueva reconfiguración:

 

  1. El PSOE va a definir un nuevo papel de España hacia Europa. Ya lo hemos dicho antes, pero hay que insistir machaconamente en esta idea. A partir de ahora, se pone un punto y final con la narrativa anterior. Ni Europa es un valor para España siempre, ni todo lo que venga de Europa es bueno para España siempre, ni “más Europa” es, siempre, la solución a todos nuestros problemas. La visión romántica e idealista que teníamos sobre Europa se ha terminado, y con ello, toda una época. Entramos en una nueva fase, en la que Europa debe interesar a España para que España se interese de verdad por Europa.
  2. España necesita, en este nuevo período que se abre, articular un nuevo conjunto de alianzas. No se trata tanto de aliarse con los países del sur, como dice Podemos, sino de aliarse con todos aquellos países que estén en una situación parecida a la que está España, y que compartan con ella intereses y preocupaciones. Ello incluye a muchos países del sur, pero no solamente. Puede incluir a otros países del norte de Europa que pueden tener muchos reparos en relación con cómo se están haciendo algunas cosas en Europa. Con cómo se están haciendo, ¿en qué materia? Sobre todo, en materia de lo que podríamos llamar gobernanza económica europea, es decir: las reglas y las acciones económicas que tienen que ver con el euro tanto de manera directa como indirecta. El área que más le interesa a España para reconfigurar sus alianzas ya no es la agricultura o los fondos estructurales: es la que tiene que ver con la gobernanza del euro. A partir de ahí, identificado qué es lo que nos interesa, debemos de acercarnos y trabar alianzas con aquellos que están o pueden estar en una situación similar a la nuestra.
  3. ¿Qué hacemos en materia de gobernanza del euro? No es este el lugar para atacar este punto con profundidad. Nos llevaría mucho tiempo y espacio. Pero lo fundamental es lo siguiente: el nuevo PSOE tiene que mandar un mensaje claro a Europa de que no todo valdrá para salvar al euro la próxima vez. A partir de ahora, nos pondremos enfrente, amenazando con todo aquello con lo que haya que amenazar, para obstaculizar aquellas medidas que para salvar al euro condenen a la mayor parte de la población europea pero sobre todo a la española. Salvar el euro a cualquier precio no puede ser una alternativa. Sobre todo, si ese precio lo va a pagar, de nuevo, la gente, los españoles. No con España, no con el PSOE.
  4. Necesitamos urgentemente reactivar nuestra industria en el área de la nueva economía, sin olvidar algunas sectores más tradicionales. Esto está directamente ligado a la gobernanza del euro, puesto que tal y como la misma está planteada en este momento, las políticas industriales son de muy difícil activación en la Unión Europea. Busquemos excepciones, opting-outs, derogaciones, flexibilizaciones, como queramos llamarlo, pero si no nos ponemos en serio con este tema, en la próxima crisis económica profunda que tengamos (y créanme: la tendremos) España se verá de nuevo sin herramientas para parar el golpe.
  5. Necesitamos volver a poner en el primer plano de nuestra agenda comercial, económica, cultural (lingüística sobre todo) y política las relaciones con América Latina y con el norte de África. Es fundamental para nuestros intereses, y para nuestra propia comprensión de nosotros mismos como país: nuestra identidad pasa por estos dos lugares del mundo. Si Europa nos da cuerda para ello, bienvenido sea. Pero si nos limita nuestras posibilidades de relación con estos dos polos del planeta, deberemos, una vez más, pedir excepciones, flexibilizaciones, opting-outs y lo que sea menester. Ambas partes del mundo van a jugar un papel esencial en lo que queda de siglo XXI, y España tiene que ir de la mano de lo que son sus alianzas naturales.

Estos son sólo algunos puntos. Hay muchos más. Pero el aparente giro que ha comenzado a dar el PSOE con su nuevo secretario general en materia europea es uno de los amarres fundamentales para que este partido político recupere la credibilidad perdida. Bienvenido sea.

Justificar lo obvio: Juncker, no

Por: | 18 de julio de 2014

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Hemos llegado a un momento de confusión tal que parece necesario justificar hasta las obviedades. Una de ellas es la explicación de la decisión que ha tomado el nuevo Secretario General del PSOE de que los diputados de este partido político, integrados en el PSE (Partido de los Socialistas Europeos) no voten a Juncker como Presidente de la Comisión Europea. En un mundo diferente, normal, explicar el motivo de esta decisión sería innecesario. Pero no vivimos en ese mundo: vivimos, más bien, en una dimensión para-normal,  en la que se hace necesario incluso explicar que dos más dos son cuatro.

La primera de las razones es tan obvia que casi no debería ni mencionarse, pero bueno, a ello voy. Los socialistas no podían votar a Juncker porque el grupo de diputados en cuestión es progresista y Juncker es conservador. ¿Se acuerdan, no? Izquierda, centro, y derecha. Esas son las dimensiones ideológicas que existen en democracia. El PSOE está a la izquierda. Juncker está a la derecha. Por tanto, dos más dos son cuatro: la izquierda no vota a la derecha, menos aún en cuestiones absolutamente fundamentales, como ésta.

Bien, hecha esta aclaración de primero de parvulario, vamos a recordar quién es Juncker y qué ha hecho Juncker. Esto necesita algo más de desarrollo, puesto que quizá la gente desconozca ambos aspectos. Juncker es un político luxemburgués que ha estado gobernando este país desde 1995 hasta 2013 como Primer Ministro. Durante este tiempo, se ha dedicado a hacer de Luxemburgo algo muy parecido a un paraíso fiscal (miren la lista de Forbes de los 10 paraísos fiscales "mejores" del mundo: Luxemburgo figura en tercer lugar). A finales de los 80, principios de los 90, la por entonces mustia economía de este país no tuvo más remedio que reinventarse a sí misma y hacer del suelo luxemburgués el lugar de destino de los activos de la mayor parte de las entidades bancarias importantes tanto europeas como mundiales. ¿Cómo lo hizo? Eliminando, o bajando muy drásticamente, los impuestos a las actividades de dichas entidades. ¿Quién le ayudó en ello? Por supuesto, la Unión Europea. Ser un paraíso fiscal no está prohibido por el derecho de la Unión. La Unión Europea ha llegado a intervenir incluso en materia de etiquetado de los yogures. Pero ha sido incapaz de ponerse mínimamente de acuerdo en una de las cuestiones más importantes sobre la que puede y debe decidir: en materia de armonización fiscal. El resultado es que el dumping fiscal está en la Unión Europea a la orden del día. Los países compiten en bajar los impuestos porque carecen de reglas comunes. Y también porque hay países-pirata que no dudan en jugar al máximo con esta carta. Luxemburgo es uno de ellos, y en su ejemplo se miran muchos otros más, como Holanda o la propia Irlanda.

¿Qué más ha hecho Juncker? Juncker, como Presidente del eurogrupo que ha sido desde 2005 hasta 2013, es uno de los hacedores de “la solución” que ha adoptado la Unión Europea para intentar salir de la crisis económica. Cuando en 2010 se empezó a atisbar el verdadero perfil que estaba adquiriendo la crisis, y que su capacidad de exterminación del propio euro era muy real, se pusieron dos posibles soluciones encima de la mesa de gente como Juncker (forman parte de este grupo Merkel, Schäuble y Weidmann, además de Lagarde). Las soluciones eran o bien la restructuración de la deuda de los países más afectados por la crisis, o bien el rescate financiero. Se apostó por la segunda. Pero ese rescate financiero podía tomar dos caras, o bien el “bail-out” es decir, el rescate desde fuera, o bien el “bail-in” es decir, el rescate desde dentro. ¿Quién debía pagar el rescate, quien debía generar ese cordón de seguridad para la eurozona, los ciudadanos o las propias entidades financieras? Los primeros, dijeron Juncker y sus acólitos. Evidentemente haber impuesto un rescate desde dentro, por las propias entidades financieras, hubiera generado muchísimas dificultades para muchas de ellas, y adicionalmente, hubiera creado gravísimos problemas para países como Luxemburgo (y Alemania, no lo olvidemos nunca). No, los bancos no rescatan bancos. Los ciudadanos, sí.

Bueno, creo que ya debería quedar más o menos claro por qué la decisión del nuevo SG del PSOE es un acierto, y por qué los socialistas no podían votar a Juncker. Pero cabe añadir varios puntos más. Primero, no han sido los únicos que no han votado a Juncker dentro del grupo de los socialistas europeos. Los laboristas británicos, por ejemplo, tampoco lo han hecho. Y exactamente por los mismos motivos que estoy señalando en este artículo. Segundo, el compromiso de no votar a Juncker era un compromiso de los tres candidatos a la SG del PSOE, no solamente del que finalmente resultó vencedor (cosa que honra a los tres, por cierto). Por tanto, nadie se podía llamar a engaño cuando el nuevo SG del PSOE dictó la orden de que no se votara a Juncker. Los otros dos, de haber salido elegidos, habrían hecho exactamente lo mismo. Y tres: ¿de verdad queda alguien por ahí fuera que todavía no se haya dado cuenta de que lo que le pasa al PSOE es que la gente tiene la percepción de que más a menudo de lo que sería explicable no hace lo que dice y dice lo que no hace? Maravíllense: sí, muchos.

El juez nacional en la encrucijada de los derechos fundamentales

Por: | 26 de junio de 2014

Alonso García

 

Este es el título del discurso con el que Ricardo Alonso García, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid y experto en derecho europeo, se incorporó el pasado 24 de Febrero de 2014 a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

Nadie me ha hecho pensar más en el sentido del derecho, su finalidad, la manera en la que debemos abordarlo, y su carácter (o no) “contextual”, que dos personas en nuestro país: una es el Profesor García de Enterría; y la otra es Ricardo Alonso García. Ricardo Alonso es el responsable directo de haber situado en su mayoría de edad al Derecho Europeo en el ámbito español. Él mismo fue muy influido por el viejo maestro Enterría en este propósito. Y el resultado es que el derecho de la Unión se trata ya en España como un derecho con autonomía propia, desligado ya de sus vestigios internacionalistas. La complejidad en el tratamiento que hace Ricardo Alonso del análisis del derecho comunitario positivo es tal que gracias a ello podemos hablar hoy en día de una verdadera ciencia del derecho europeo aquí, en España.

Una excelente prueba de lo que digo es precisamente su discurso de ingreso en la Real Academia. En este ensayo, Ricardo Alonso trata del dilema al que se enfrenta el juez nacional cuando tiene que aplicar e interpretar derecho fundamentales contenidos bien en las propias constituciones nacionales, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, o en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por paradójico que parezca, la aplicación de uno o de otro, o de la combinación de los tres o de alguno de los tres, puede suponer la aplicación de un estándar de protección diferenciado (más elevado, o menos elevado) del mismo derecho fundamental. El juez se enfrenta pues a un verdadero dilema, puesto que si entiende bien su misión como juez, que es la de impartir justicia, debería entonces otorgar el máximo nivel de protección; pero al mismo tiempo, ello podría truncar algunos de los principios fundamentales en los que se basa nuestro ordenamiento jurídico, como es el del respeto a la posición normativa que cada uno de estos sistemas de protección tienen en el ordenamiento jurídico entendido éste en su totalidad.

Pongo solamente un ejemplo para que esta cuestión tan aparentemente técnica se entienda algo mejor. El ejemplo está sacado del propio ensayo de Alonso, y se refiere a la cuestión de la lucha contra el blanqueo de capitales. Vaya de antemano que para hacer más sencilla la explicación, simplifico mucho y remito a todos aquellos que estén interesados a la lectura del texto de Ricardo Alonso. En 1991 se adoptó la directiva 91/308, sobre blanqueo de capitales. La directiva fue modificada, años más tarde, por la directiva 2001/97. En esta segunda directiva se obligaba a declarar las transacciones financieras sospechosas de comportar blanqueo de capitales a una serie de profesionales ajenos al sector financiero, en particular, a los abogados. Finalmente esta segunda directiva fue sustituida por la directiva 2005/60, que puntualizaba que los abogados no se verían en la obligación de transmitir dichas informaciones cuando dichos abogados estuvieran defendiendo a sus clientes “en proceso judiciales o en relación con ellos” independientemente de que hubieran obtenido dicha información antes, durante o después de tales procesos.

Pues bien, a partir de ahí, se plantearon dos asuntos, uno belga y otro francés. En el asunto belga, la Corte de Arbitraje (el Tribunal Constitucional belga) solicitó al Tribunal de Justicia de la UE que se pronunciara sobre la validez de los preceptos de la directiva antes mencionados. Por su parte, el TJUE, examinó la cuestión desde la perspectiva del derecho fundamental a un proceso justo, ante lo cual señaló que siempre que no mediara un proceso judicial, los abogados se verían eximidos de suministrar la información potencialmente sospechosa sobre blanqueo de capitales. Interpretada desde esa perspectiva, la directiva era válida de acuerdo con el derecho comunitario en vigor.

Sin embargo, en el asunto francés, el Consejo de Estado de este país (el más alto Tribunal Administrativo francés), en un asunto similar, examinó indirectamente la validez de la misma directiva anteriormente mencionada. Sin embargo, hubo dos diferencias con el anterior caso: primero, que el Consejo de Estado no remitió cuestión prejudicial alguna al TJUE y, segundo, que analizó la cuestión desde la perspectiva al derecho a la vida privada. Para el Consejo de Estado, la normativa nacional adoptada en aplicación de la directiva no era, sin embargo, contradictoria con el derecho fundamental a la vida privada. El recurrente en la causa principal, Sr. Michaud, decidió recurrir a su vez al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quien examinó la cuestión, de nuevo, desde la perspectiva del derecho a la vida privada y secreto profesional del abogado. El Alto Tribunal, tras constatar la inexistencia de incompatibilidad entre la directiva y tales derechos, dio un paso más y argumentó que esa compatibilidad era posible gracias al “filtro protector” que suponía que el abogado tuviera que remitir la información no directamente a las autoridades financieras nacionales sino al Colegio de Abogados quien, tras procesar la información, la remitirían a las autoridades fiscales competentes.

Las diferencias son claras: unos tribunales entienden que es necesario plantear la cuestión prejudicial, mientras que otros no; unos entienden que el tema queda resuelto examinando la cuestión desde la perspectiva del derecho a un proceso justo, mientras que otros entienden que el tema también afecta al derecho a la vida privada; finalmente, unos entienden que la mediación del Colegio de Abogados es clave, mientras que otros entienden que ésta no es fundamental.

La pregunta es pues evidente: ¿con qué opción protectora e interpretativa se quedaría un juez nacional? Parece que tiene varias a su disposición, y que dependiendo de a cuál de ellas acuda, podrá obtener resultados diferentes.

Pero el planteamiento que hace Alonso García quizá vaya mucho más allá, en realidad, del dilema al que se puede enfrentar un juez nacional en este ámbito -por otro lado perfectamente natural, teniendo en cuenta el contexto de multiplicidad de jurisdicciones como el que vivimos. La pregunta sería, además, la de intentar entender cuál es el verdadero papel y la consideración que tiene el derecho a la hora de resolver conflictos de manera igualitaria. Por lo que vemos, no parece existir una técnica jurídica que, al aplicarla, de soluciones interpretativas similares cuando los hechos son similares. Ello socava de una manera muy profunda la propia legitimidad del derecho. Es por ello por lo que el derecho tiene que desarrollar técnicas hermenéuticas más sofisticadas y mucho más elaboradas que impidan esta “exuberancia” casi irracional en lo que a los argumentos y resultados jurídicos se refiere. De otro modo, el derecho adquiere unas características meramente discursivas que le alejan correlativamente de cualquier tentativa de ofrecer un sistema objetivo y cerrado de reglas que sean uniformes en su aplicación e interpretación. La apelación a la totalidad del derecho queda gravemente desacreditada cuando examinamos de manera microscópica la realidad jurídica y jurisdiccional, como hace Alonso García.

Existen sin embargo salidas a lo que parece una dificultad casi insoslayable, a ese estado de cosas que parece que tenemos que aceptar en virtud del cual, por mor del pluralismo jurídico, el derecho tiene que aceptar un permanente flanco de crítica desde la perspectiva de su propia legitimidad. Esa solución probablemente pasaría, en primer lugar, por poner en el centro de los curriculums de enseñanza del derecho la formación en hermenéutica jurídica. Las reglas de hermenéutica, basadas en las reglas de la lógica en general y de la lógica jurídica y matemática en particular, son el propio corazón del derecho y deberían de configurar el esqueleto fundamental de cualquier grado o licenciatura o más en general de cualquier enseñanza en esta disciplina. Ningún alumno debería salir de las aulas de una facultad de derecho sin ser un experto hermeneuta y un experto en lógica jurídica. Y en segundo lugar, es preciso dotar al derecho de una mayor cientifismo. El derecho debe quedar avalado, siempre que sea posible, por datos, por evidencias, más que por argumentos cuya procedencia es muchas veces poco más o menos que completamente voluntarista. Volvamos a los clásicos y al racionalismo, en definitiva.

Todos estas reflexiones (y muchas más, que por razones de espacio omito) son las que me sugiere la lectura del excelente ensayo de Ricardo Alonso García sobre el juez nacional y la encrucijada de los derechos fundamentales. Enhorabuena, maestro.

PIB: Una mirada al corazón de nuestra economía

Por: | 20 de junio de 2014

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Foto: Cañada Real Galiana, el mayor supermercado de droga de Madrid

 

Hace unos años escribí un artículo en el que alababa los intentos del Presidente de la República Francesa, Nicolás Sarkozy, por relanzar un proyecto dirigido a conseguir una nueva medida del bienestar de la gente que sustituyera al PIB. El grupo de trabajo, liderado por el economista Joseph Stiglitz, intentaba fundamentalmente dar respuesta a la pregunta de por qué a pesar de que las sociedades seguían creciendo (en términos de PIB) cada vez la gente consideraba que tenía menos bienestar. Claramente, medir el bienestar y la felicidad de la gente solamente a través del PIB parecía insuficiente.

La propia Comisión Europea se embarcó en un proyecto similar, que lleva por nombre “Beyond GDP Initiative”. Esta iniciativa, en palabras de la propia Comisión Europea, pretende desarrollar indicadores que, siendo tan claros como el PIB, intenten abarcar los aspectos medioambientales y sociales del progreso. El propio José Manual Barroso, el Presidente de la Comisión europea, saludaba en 2010 esta iniciativa diciendo que:

 

“La elección adecuada de indicadores es clave para impulsar la comprensión de la complejidad de nuestras sociedades en la Unión Europea, para mejorar la comunicación sobre esta cuestión, y para responder mejor a las nuevas necesidades políticas".

 

Lo más curioso de todo es que, de forma paralela, en 2010, los Estados Miembros de la Unión, instados por la propia Comisión Europea, decidieron cambiar la metodología de cálculo del PIB. Se trata del SEC 2010 (Sistema Europeo de Cuentas, 2010). El reglamento nº 549/2013, de la Unión Europea, es el encargado de regular de forma concreta esta cuestión. ¿Lo hace en el sentido establecido por proyectos como el “Beyond GDP initiative”, a pesar de que el propio reglamento lo cita? No, por supuesto que no. El reglamento –que será aplicable a partir del próximo mes de septiembre- establece una nueva forma de contabilizar el crecimiento a través del PIB, en el que actividades como la prostitución, el tráfico de drogas, la venta ilegal de alcohol o tabaco, quedarán reflejadas (vid aquí las FAQs del SEC 2010, su cinismo no tiene desperdicio). La consecuencia fundamental será que algunos países, como por ejemplo el nuestro, aumentarán su PIB en uno o quizá dos puntos porcentuales.

Por supuesto, los elementos medioambientales o sociales mencionados en el la iniciativa “Beyond GDP” están casi completamente ausentes en la nueva metodología. A partir de aquí, creo que ayuda bastante hacernos al menos las siguientes preguntas:

 

1)      ¿Por qué se incluyen determinadas actividades ilegales, y no otras? Por ejemplo, no se incluye el tráfico de armas, el tráfico de seres humanos, o el tráfico de órganos, además de un largo etcétera. De acuerdo con las autoridades europeas, la prostitución, el tráfico de drogas, y la venta ilegal de alcohol y tabaco son “actividades que deben tenerse en cuenta con el fin de tener una visión completa y precisa del valor de la producción/consumo en un período determinado”. ¿Hay que entender, entonces, que las demás carecen de valor, en el sentido de la definición anterior, a pesar del volumen que comportan en la economía global? ¿O más bien tenemos que pensar que la Comisión Europea ha incluido solamente aquellas actividades que son más aceptables –y aceptadas- moralmente en nuestras sociedades?

 

2)      ¿Cómo calcularlas? Por definición, al ser transacciones ilegales, no me imagino a los camellos de la Cañada Real Galiana, o a las Madames de los prostíbulos de la carretera de Andalucía, yendo a declarar al INE, o a Eurostat, sobre sus transacciones. Lo normal es que las estimaciones que se hagan tengan muy poco que ver con la realidad. Y además, pueden provocar un efecto contrario, y es que en lugar de arrojarse más luz sobre las mismas, estas actividades se vuelvan todavía más opacas.

 

3)      ¿Qué hay, realmente, detrás de todo esto? ¿Por qué ahora? Esta es la pregunta del millón. Para algunos, se trata de una maniobra para rebajar el peso de la deuda y déficit públicos de los Estados Miembros sobre el PIB. Es decir, si no puedes modificar el numerador, ya sabes, modifica el denominador. Para otros, se trata simplemente de que las estadísticas oficiales reflejen de manera “más fidedigna” el auténtico crecimiento de un país. Nunca lo sabremos. Europa es, como alguna de estas actividades ilegales, una “democracia” en la que la opacidad es el plato principal.

 

Alguien decía que el PIB es una ventana abierta que mira directamente al corazón de la economía de una sociedad. El problema está cuando solamente queremos mirar, a través de esa ventana, la parte de ese órgano vital que está más dañada, la que es más oscura, la que ofrece una imagen más patética de nuestra vida. Algunos parecen completamente empeñados en dibujar un mundo entre tinieblas. Este es un ejemplo más de ello, aunque seguramente, no será el último.

Con las condiciones de la gente

Por: | 03 de junio de 2014

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La historia de la democracia es, en gran medida, la historia de cómo se pasó de un sistema, el ateniense, originalmente concebido para que fuera la gente la que tomara las decisiones, a un sistema, el liberal, en el que son los representantes de la gente los que las toman. O si queremos, es la historia de cómo se va transitando del autogobierno hasta el actual sistema de gobierno representativo. Es tan fuerte la asimilación que hacemos hoy en día entre “democracia” y “representación” que a menudo nos resulta casi completamente imposible entender la democracia como lo que originalmente fue: el gobierno de la gente, el autogobierno.

Como Bernard Manin ha expuesto de forma magistral en su libro “Los principios del gobierno representativo” (1998), la imagen idealizada que habitualmente tenemos de la democracia ateniense, en la que las decisiones las tomaba el pueblo, por el pueblo, y para el pueblo, dista algo de lo que ocurría en la realidad. En la práctica, la democracia ateniense daba un cierto margen al establecimiento de instituciones que “corrigieran” de alguna manera el sesgo populista que la idea de “democracia directa” originalmente pudiera proyectar. Dicho de otra manera, los atenienses creían en la democracia, pero también eran pragmáticos. Sabían que no todas las decisiones se podían tomar en asamblea. Sabían, en definitiva, que el fin último de la democracia era la libertad, no los procedimientos. Todo el gobierno del pueblo que fuera posible, siempre y cuando ese ideal de justicia colectiva (la libertad) no se truncara.

Este pequeño recordatorio tiene que valer para intentar entender cuál es el reto que tenemos por delante, en lo que a la democracia se refiere, en el siglo XXI, en nuestro país y también fuera de él, por ejemplo, en Europa. Ese reto es el de retomar el ideal de democracia original, el ateniense, o si uno prefiere, el republicano, e ir abandonando de manera progresiva el actual modelo de democracia solamente concebida a través de la representación. Y al hacerlo, debemos de ser conscientes, también, de los problemas que tiene la democracia directa, el autogobierno en todas y cada una de las circunstancias, el continuo recurso a la decisión de la gente, de la misma manera que los fundadores del ideal de democracia al que tenemos que volver eran conscientes de ellos. Autogobierno, siempre y cuando sea posible. En los demás casos, gobierno con las condiciones de la gente.

Los resultados que arroja la democracia directa, en aquellos países en los que se practica, son como mínimo inciertos. La gente participa poco cuando es llamada a decidir sobre todas y cada una de las cuestiones que nos podamos imaginar: así ocurre en Suiza. Pero entre el extremo de estar decidiendo todos y cada uno de los días y el de elegir solamente cuando hay elecciones a representantes cabe un camino intermedio que en realidad es el que nos conecta con la democracia ateniense.

Uno de los ámbitos en los que ese camino se puede empezar a transitar es el del gobierno de los partidos políticos. No tendría sentido que todas y cada una de las decisiones que toman los partidos políticos se decidieran en asamblea. Incluso Podemos se ha dado ya cuenta de ello: si quiere seguir progresando necesita dejar de ser completamente asambleario. Pero tampoco tiene sentido que sean los dirigentes de los partidos los que tomen las decisiones que les conciernan siempre y en cualquier contexto. Hay decisiones clave que se tienen que devolver a la gente. Por ejemplo, la de cuáles serán sus candidatos y sus dirigentes.

Los atenienses veían en la democracia, en el gobierno del pueblo, un conjuro frente a lo que ellos consideraban como uno de los peores males del buen orden social: el profesionalismo político. Por ello establecían todo un entramado institucional, que pivotaba en torno a la asamblea del pueblo, y que intentaba evitar ese riesgo. Como señala el propio Manin “los demócratas atenienses percibían un conflicto entre democracia y profesionalidad en cuestiones políticas”. Ante ello, la democracia “consistía en dejar los poderes decisivos en manos del pueblo”. Es del pueblo de donde deben emerger los posibles líderes; y es el pueblo el que los debería elegir.

En el conflicto que se ha producido en el PSOE, a raíz del resultado de las elecciones del pasado 25-M, se han planteado numerosas alternativas para la elección de sus nuevos dirigentes. Ha habido tres modelos: la elección a través de delegados; la elección a través de militantes; y la elección a través de la gente. El primero enlazaría con el viejo modelo de democracia liberal, a través de representantes, al que estamos acostumbrados; el tercero conectaría con esa vuelta al sentido original de democracia que defiendo en estas líneas; y el segundo sería un término medio entre los dos anteriores.

Elegir a los futuros dirigentes del Partido Socialista a través de representantes nos devuelve, como ya hemos dicho, a la noche más oscura del liberalismo democrático, a la visión más profesionalizada de la política. Pero, ¿qué decir del voto a través de los militantes? Se suele aducir que en realidad los militantes son “los dueños del partido”, y que son los dueños los que tienen que decidir sobre su dominio. Sin embargo, creo que los auténticos dueños de los partidos políticos son, en realidad, los ciudadanos. De los partidos es de donde salen los líderes que luego dirigirán al conjunto de la gente. Por tanto, la gente, toda en su conjunto, es la que tiene que poder decidir sobre esos dirigentes que quizá, algún día, llegarán a gobernarles. La elección por primarias abiertas a toda la ciudadanía de los dirigentes de un partido político no es una cuestión que solamente ataña a los partidos. Más bien, es una cuestión que enlaza con el debate de qué democracia queremos a partir de ahora; de cómo reconectamos con el sentido original que la palabra democracia una vez tuvo y que, con el tiempo, ha ido perdiendo casi por completo.

Sobre el autor

es Catedrático Jean Monnet de Gobernanza Económica Global y Europea y Profesor Titular de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III de Madrid. Es doctor en derecho por el Instituto Universitario Europeo y posee un master en Derecho Europeo por la Universidad Libre de Bruselas. Es promotor y miembro del Grupo de Trabajo 'Plan B', dedicado a realizar propuestas alternativas a las salidas de la actual crisis económica.

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