Arias Cañete, fin de la segunda parte

Por: | 22 de abril de 2014

 El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, pasa sus últimos días en la sede de Atocha en lo que ha sido su segunda parte, antes de iniciar su campaña para las elecciones al Parlamento Europeo. Dos años y pico no son un periodo excesivamente largo como para marcar el desarrollo de una política agraria donde las actuaciones suelen tener un efecto a medio y  largo plazo. Sin embargo, partiendo de lo que había sido política agraria en los años precedentes, especialmente en la última etapa de Rosa Aguilar, se podría hablar de un periodo, en líneas generales positivo, donde se han puestos en marcha algunas  bases, pero se trata de un proyecto de política agraria que necesita continuidad.

El presidente de Gobierno optó en su día por Arias Cañete, en contra del dicho de que segundas partes nunca fueron buenas, por tratarse de una persona conocedora del sector y preparada para abordar la política agraria desde lo que, en ese momento, era lo más importante, como las negociaciones en Bruselas. Agricultura no debería volver a ser ese comodín al que acuden presidentes de gobierno para colocar barones o buscar equilibrios de partido o regionales.

Uno de los aciertos de Arias Cañete al frente de Agricultura fue construir un equipo desde la profesionalidad, contando con incorporaciones  y manteniendo a altos cargos de la etapa anterior socialista y que incluso había relegado la propia Rosa Aguilar.

En la política agraria de los últimos dos años, un hecho clave, por lo que  suponía marcar el futuro, ha sido la aprobación de la reforma de la Política Agrícola Común. No es momento para hacer un análisis a fondo de la misma. El balance se puede resumir,sin embargo, en pocas palabras: positivo al mantener los recursos del periodo anterior, dada la coyuntura económica en la UE, aunque no contempla el efecto negativo de una inflación del 12% prevista para el periodo 2014 a 2020.

Respondiendo a la obsesión del ministro de no transferencias importantes de fondos entre territorios, cultivos o explotaciones, la aplicación de la reforma ha estado presidida por una política de estabilidad a la que también se apuntaron,sin dudarlo, mayor parte de las Comunidades Autónomas que se sentían beneficiadas por esa filosofía de reparto. Eso supone que si uno percibía ayudas importantes, las va a seguir recibiendo y quienes no las cobraban seguirán sin hacerlo, en muchos casos por desarrollar el mismo trabajo, lo cual supone consolidar también muchas injusticias que estaban ligadas a los derechos históricos. Aunque el problema radicaba en ver a quién quitaban unos fondos para entregárselos a otros, se perdió una ocasión para hacer ajustes.

Se puede considerar correcta la definición de actividad agraria para evitar abandonos subvencionados y una amplia gama de picaresca, pero no  ha sidso suficiente la definición de activo a la hora de acotar a las personas prioritarias para recibir las ayudas al contemplar que puedan ser consideradas como tales las explotaciones donde solamente el 20% de los ingresos procedan de la venta de sus productos y el 80% de las ayudas PAC. No es la reforma ideal, pero, honestamente, una gran parte del sector la habría firmado frente a los documentos de partida,aunque  hoy se critique.

En política agraria nacional, ha sido importante  la Ley de Integración Cooperativa y la de la Cadena Alimentaria. La integración cooperativa es un viejo reto del que han existido múltiples intentos y donde los avances siguen sin ser los necesarios. No es cosa de regular una y otra vez, sino de convencer e implicar a los agricultores y ganaderos a dar esos pasos. En el caso de la cadena alimentaria, otra de las  grandes demandas del sector, se trata de buscar un mayor equilibrio entre los intereses de la producción, la industria y la distribución, evitando los actuales abusos contra los productores. En esa misma línea de apoyar al sector agrario se hallan los convenios promovidos por Agricultura y suscritos con la industria y la gran distribución para lograr unos precios sostenibles en leche y aceite frente a la banalización de los mismos siempre con precios de oferta. Hasta la fecha, los convenios no han dado los resultados esperados al tratarse de un vicio muy arraigado, pero se ha iniciado un camino que nunca se había intentado.

En el ibérico, hay una nueva disposición para su regulación, simplificando, en parte, la normativa con  la implantación de cuatro colores para que el consumidor pueda  diferenciar cada tipo de producto, rojo, negro, verde y blanco y, se complicó la etiqueta con la exigencia de señalar porcentaje de raza pura de cada pieza. Se eliminó la categoría de cebo de campo que tenía un peso muy reducido y se mantienen las de dehesa, de campo y de granja o de debo. Probablemente no había hecho falta una nueva disposición si hubieran funcionado correctamente los controles sobre el etiquetado al consumidor y evitar el fraude.

En marcha está la ley de Calidad Alimentaria para tratar de unificar normas en todo el territorio estatal;  una nueva  ley de Arrendamientos Rústicos por la que se pretende dar una mayor movilidad a la tierra. Este objetivo se quiere lograr dando una mayor seguridad a los propietarios para arrendar sus tierras, que las pueden recuperar antes, rebajando el periodo de arrendamiento mínimo de cinco a tres años, pero dejando libertada a las partes para fijar plazos superiores; una disposición para realizar en el campo una consulta electoral para  medir la representatividad de cada sigla de cara a ocupar los puestos en el Consejo Agrario, la distribución de subvenciones y el patrimonio de las viejas Cámaras Agrarias. Hay oposición en el sector a una consulta que no se hace en la industria para ver si Ceoe o Cepyme son representativas de cara a su acceso a las ayudas y se deben negociar cómo se desarrolla el proceso para  fijar condiciones de quién es votante. Las organizaciones agrarias no están para gastar un duro que no tienen. Finalmente, entre otras actuaciones se hallan los trabajos para acelerar la aprobación de los planes de cuenca previos a nueva política de regadíos y para la diversificación de la economía rural

Entre los ministros de Agricultura habidos en los últimos tiempos, se puede decir que Arias Cañete ha sido el único con un cierto peso en su partido y en el propio gobierno, lo cual era un dato positivo a la hora de  defender intereses agrarios. Pero, por lo visto, hay cosas que, al parecer, son intocables. Agricultura no ha podido frente a los intereses de las eléctricas en Industria para modificar las condiciones de las tarifas eléctricas en  los regadíos y Economía sigue sin aplicar la ley de Comercio minorista para meter mano a la distribución en  las ventas a pérdidas y tirando los precios de productos agrarios, mientras el gobierno lleva un tiempo además desmantelando lo poco que quedaba para hacer mínimamente atractivo el mundo rural.

A modo de balance, se podría decir que Cañete ha cumplido en Bruselas con la reforma de la PAC, pero hay cuestiones pendientes  y muchas en  sectores  como aceite-precios almacenamiento, leche-fin de cuotas, frutas y hortalizas-mercados en terceos países, azúcar-cuotas, vino -derechos, mientras aquí ha movido las hojas, no la raíces, de una política agraria que venía de la enfermería. Era fácil dar esa sensación de  movimiento. Cañete no ha sido lo peor que le podía pasar al campo.El sector espera que la persona  que llegu sepa lo que tiene entre manos

 

Deoleo, CVC o el pájaro en mano

Por: | 14 de abril de 2014

En contra de las previsiones iniciales de la empresa Deoleo que se daba un plazo de varios meses para la venta del 31% de las acciones en poder de cuatro entidades financieras, Bankia, Caixabank, Kutxabank y BMN, así como para dar entrada a un accionista mayoritario en el grupo, al consejo de administración de la aceitera le faltó tiempo para aceptar la oferta del fondo CVC para convertirse en el acionista mayoritario de la sociedad, mientras las dos cajas con obligación de vender aceptaban igualmente la oferta de 0,38 euros frente a los 0,42 euros a los que se cotizaba en bolsa.

Sobre el papel se hablaba de la posibilidad de, una vez analizadas todas las ofertas, establecer una negociación para tratar de mejorar las condiciones de venta y acceder al control del grupo.Sin embargo, hubo un acuerdo rápido, casi unánime, para aceptar la oferta del fondo inglés, salvo el rechazo de cooperativa Hojiblanca que aspiraba tambien a encabezar otro grupo de referencia y el control de la empresa.Con la mejor oferta económica sobre la mesa, ha primado la necesidad de liquedez del grupo para funcionar con la mirada puesta en el futuro, cansado de las estrecheces de los últimos años por su elevado endeudamiento que estaba encogiendo a la aceitera en todos los mercados.

Para las cajas con obligación de vender sus acciones, Bankia y BMN, el precio ofertado por acción,céntimo arriba o abajo,estaba dentro de lo previsto y por encima de las cifras manejadas por analistas, a la vista de  los resultados del úlltimo año y de su nivel de endeudamiento.Para la aceitera, el fondo aporta fundamentalmente tranquilidad en disponibilidad de recursos, junto al compromiso de no dividir ni trocear el grupo, ni vender las marcas.

Frente a los planteamientos de CVC,la cooperativa Hojiblanca ofreció la posibilidad de comprar al mismo precio las acciones de las dos entidades BMN y Bankia que vendieron su paquete al fondo.Mirado desde la distancia, no se entiende muy bien que, al mismo precio, unas entidades financieras nacionales no vendieran su participación a una empresa cooperativa española.Sin embargo, la operación de venta iba más lejos que la compra de unos paquetes de acciones, sino que estaba  diseñada fundamentalmente para meter dentro a un grupo que asegurase su financiación de futuro y pusiera fin a los problemas sufridos en los años precedentes.Visto lo sucedido,a la oferta de Hojiblanca le faltó credibilidad, no solo para la compra de acciones, sino, sobre todo, por las dudas de que tuviera por detrás ese apoyo financiero amplio que necesitaba el grupo para funcionar desde la normalidad.

Deoleo tenia urgencia para recuperar un terreno que había perdido en los años precedentes por falta de medios, dedicada al trabajo de reducir su endeudamiento,CVC ha sido ese pájaro en mano que cumplía las condiciones exigidas al que se ha agarrado la aceitera huyendo de otras aventuras que no se veían tan claras.

Cerrado el acuerdo para dar entrada a ese socio inglés mayoritario, el fondo CVC, sin que se hubieran desarrollado anteriormente otros planteamientos en la salida a la aceitera, no se ve ahora mucho sentido a que desde el gobierno se plantee dar entrada a capital público, con una participación mínima, lo que supondría meter en el tinglado a la política, como no sea para vigilar la empresa.

 

Bajada de pecios alimentarios¿Quién paga la fiesta?

Por: | 03 de abril de 2014

Tradicionalmente, los intermediarios han sido la salida obligada para la comercialización de una buena parte de los productos agrarios, especialmente de los frescos, y denuncia histórica en las protestas del sector por márgenes que han llegado a superar el 1000%. Había un problema para los pequeños productores.
Con el objetivo de romper esa situación, desde las diferentes administraciones se empujó a agricultores y ganaderos a lograr una mayor organización y concentración de la oferta en base a estructuras como Sociedades Agrícolas de Transformación, cooperativas u organizaciones de productores; a tener una posición de mayor fuerza a la hora de comercializar y defender el valor de sus producciones y depender menos de la cadena tradicional de intermediarios.
A este reto respondió una parte muy importante del sector agrario y, con esa nueva estructura, miles de productores dejaron de depender de esa larga cadena de pequeños o medianos operadores. Pero,con esa mayor producción y concentración de oferta en sus manos, los agricultores y ganaderos pasaron ahora a depender de unos pocos grandes grupos de distribución que habian ido más deprisa en sus procesos de concentración, con más capacidad para imponer de una sola tacada más exigencias que toda la vieja cadena de intermediarios, solo en función de sus estrategias de ventas donde dominan las políticas de precios bajos y hoy se hallan más indefensos que antaño. De Málaga a Malagón.
Con esa transformación de la cadena alimentaria como la madre del cordero, el sector agrario y la industria alimentaria andan hoy revueltos porque, un día sí y otro también, hay en el mercado productos en oferta, pollo, conejo, leche, aceite etc..a precios por debajo de costes de producción, sin que desde las Administraciones se tomen decisiones a pesar de las denuncias de los sectores afectados. Ahora han quedado lejos los intermediarios de siempre y, agricultores, ganaderose industria denuncian que, con esas políticas es probable se venda más, que aumente la demanda y que ello sea un apoyo para las previsiones oficiales, pero se olvidan los efectos que esa nueva estructura está arrojando sobre los más débiles de la cadena.  
Obviando ese escenario y con un marcado tono optimsista, hace unas fechas, el ministro de Agricultura, Arias Cañete, ofrecía las cifras sobre el comportamiento del consumo alimentario en España con un panel basado en 12.000 encuestas. De los datos aportados se podría deducir una evolución moderadamente positiva en el gasto total del consumo, 101.250 millones, un 0,6% más que en 2012 y con un aumento en los hogares del 2,4% gracias a un crecimiento en volumen del 0,8% y del 1,6% en los precios e incluso una mejora en el porcentaje de compradores que adquieren sus artículos en función de su calidad y no de su precio. ¿Salida de la crisis?. ¿Nuevo escenario de confianza de los consumidores?.Solo cifras.
 Porr debajo de todos esos números, en la evolución de la demanda alimentaria, tanto en volumen como en el precio, han influido otros factores que no se incluyen en ese panel. En ese mantenimiento de la demanda han jugado un papel clave el peso de las marcas blancas a bajos precios, a costes mínimos, soportados, en primera instancia, por las industrias, pero a la postre, repercutidos sobre los precios percibidos por los agricultores y ganaderos, ambos sectores como importantes benefactores del IPC. A este fenómeno ya ampliamente instalado en el consumo alimentario, donde ese tipo de oferta ya supone una cuota de entre un 60% y un 70% de las ventas, actualmente se ha unido además un nuevo jugador: las marcas de fabricante sumándose al festival de reducciones de los precios que han llegado a superar enalgunos casos el 30%.
Se trata de un nuevo escenario de bajadas,una burbuja, que podría tener dos orígenes.Por un lado, como una exigencias de la gran distribución para vender más. Pero eso solo lo podría imponer a pequeñas y medianas empresa, con escasa capacidad para defender sus condiciones.Sin embargo, se trata de una política que han adoptado igualmente los grandes grupos multinacionales alimentarios que siempre tuvieron capacidad para mantener e imponer sus precios a la distribución.En este caso, esa estrategia de bajadas respondería fundamentalmente a una decisión interna para mantener sus cuotas mercado, por encima de todo, en tiempos de ajustes en la demanda.
Vender a precios máas bajos es la consigna general. Y ya no son solo las marcas blancas. Habrá que ver si se factura más y si la medida solo lo soporta la parte más débil de cadena, porque las bajadas deben salir de alguna parte. Habrá que ver quién paga la factura de la fiesta.

Alimentación - Moncloa, matrimonio de conveniencia

Por: | 19 de marzo de 2014

Los industriales alimentarios al completo y el presidente del Gobierno, se dieron una gran cita festiva hace unas fechas en Moncloa. Pedro Astals,ex consejero delegado de Central Lechera Asturiana, como nuevo presidente de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas, hizo la presentación multitudinaria del Programa o Marco estratégico para el sector con el horizonte 2020, reafirmando así que habían llegado nuevos tiempos a la organización. Tenía mucho aire el Programa, pero no voló porque se trataba de un recinto cerrado,donde lo importante era lo mucho que estaba haciendo el sector por la economía y, lo de menos, la cifras rellenables sobre el futuro. Mariano Rajoy, por su parte se apuntó al carro de los éxitos cosechados en los últimos tiempos en el exterior por el sector y repitió obviedades. Un montaje de conveniencia.Desde Federación, para marcar el inicio de una nueva etapa con un presidente que ahora no tiene empresa, pero que quiere ser ejecutivo de todo el sector.Y, el presidente Rajoy sacando pecho por un sector tradicionalmente más relegado en las esferas políticas que otros, a pesar de su importancia económica, social y por el espacio que ocupa en el territorio.

Es positivo que Moncloa acogiera en su sede a una parte de la más florida del panorama empresarial de una industria alimentaria que, aunque en menor medida que el sector agrario, no había gozado del reconocimiento y consideración de otros sectores de la actividad económica. Sin embargo, ese reconocimiento a un sector, no es cuestión de actos protocolarios, de gestos o montajes como el de Moncloa, si el mismo no se concreta en respuestas a las demandas que hoy tienen sobre la mesa industriales y sector agrario, porque hay cosas que van íntimamente ligadas.

El apoyo a un sector que lanzó el globo de llegar a los 115.000 millones de facturación frente a los 90.000 actuales y la creación de 60.000 empleos hasta el 2020, se puede comenzar llamando hoy IVA para determinados productos básicos con fiscalidad reducida. Apoyar a ese sector a cuyos éxitos se apuntan hoy los políticos, es trabajar para que medidas proteccionistas en diferentes terceros países, falta de nuevos acuerdos o aperturas o cierres indiscriminados de fronteras, pongan freno a las ventas en el exterior. Apoyar al sector puede suponer evitar que se inunde el mercado interior con productos importados no compitiendo en condiciones de igualdad en el mismo espacio. Los políticos pueden preguntar a los exportadores de frutas y hortalizas que sufren barreras en fronteras de grandes países consumidores fuera de la Unión Europea sin que nadie acuda a solventar esas trabas; a los exportadores de aceite hacia algunos terceros países donde se inventan tipos de aceite para evitar la entrada exterior o a los exportadores de porcino que sufren cierres y aperturas indiscriminadas en Rusia sin razones aparentes que los justifiquen. Apoyar al sector significaría además un mayor seguimiento de los productos baratos desde terceros países en virtud de acuerdos de los que solo se benefician exportadores de bienes industriales de otros países comunitarios. Apoyar al sector sería evitar que la gran distribución, hoy ese nuevo gran intermediario con más poder que toda la cadena  tradicional, siguiera marcando la ruta de las empresas con poder para imponerr precios y condiciones de compra, solo en aras de su estrategia para mantener sus ofertas al consumo. Y, no existirían esas industrias, si no hubiera debajo un sector agrario al que, sin embargo, como ha sucedido en los últimos tiempos, se le agrede con políticas como la aplicada en la energía eléctrica para regadíos; a empresas de transformación que funcionan especialmente en campañas, almazaras y bodegas; o la actual ofensiva contra las plantas de cogeneración de purines que puede suponer el cierre de miles de explotaciones ganaderas en un sector puntero en la exportación.

Es positivo, aunque con el patrocinio de varias empresas no alimentarias que aportaron los 300.000 euros pagados a la consultora por el estudio, que se hayan puesto en orden y en forma de programa o marco estratégico las fortalezas, retos, oportunidades, debilidades y amenazas de la industria alimentaria,aunque no eran ningún secreto para nadie. Suena bien ese Programa Marco hasta 2020 con esos 60.000 nuevos empleos o la facturación de hasta los 115.000 millones. Tiene música, pero le falta una letra que deben escribir los industriales y el gobierno. Hay aires de cambio en la FIAB. De entrada, porque ha llegado un presidente sin empresa, con más tiempo libre, más como presidente ejecutivo que como nombramiento de tarjeta de visita solo para la firma. El cambio se ha visto fuera, hasta en Moncloa, aunque tuviera mucho de montaje o de boda de conveniencia.Pero, parece que también se está produciendo dentro, otra forma de hacer la FIAB.

La sucesión de Cañete

Por: | 05 de marzo de 2014

 Con las votaciones al Parlamento Europeo a la vista y la confección de las listas electorales, una de las personas que más aparece en las quinielas para salir es el actual ministro de Agricultura, Arias Cañete. Está por ver el final del misterio de los populares, la persona que encabece esa lista y quiénes formen parte de la misma. En todo caso, se trata de una situación que ha dado luz verde al desarrollo de todos los interrogantes sobre la sucesión de ministro andaluz al ser el miembro del gobierno más valorado en los últimos meses y por su evidente peso en el equipo de los populares.

Siempre se ha dicho que segundas partes nunca fueron buenas. En este caso, acertó Rajoy frente a otras opciones que se barajaron en aquel momento, como la de García Margallo, por tres razones: primero, por el conocimiento del sector agrario tras su etapa anterior; segundo, por su conocimiento, y algo más importante, su peso en Bruselas; y, tercero, por la formación de un equipo donde, por encima de ideologías, primaron razones de profesionalidad, lo que llevó a mantener en los altos niveles a  cargos de la administración socialista.

No es el momento para hacer un balance detallado la política desarrollada en esta media legislatura. El acuerdo en Bruselas para la reforma de la Política Agrícola Común ha sido la negociación estrella y se puede decir, con una valoración positiva, aunque a la hora de su aplicación en España, se han infiltrado al final elementos con tintes sureños frente los intereses de producciones y colectivos de otras zonas. Pero, lo que es evidente, es que los resultados de esta reforma no se habrían logrado con otro ministro de los populares, con otro equipo, y menos aún, con las dos ministras que con las que nos regaló la vista Zapatero en la anterior legislatura. Bajo su mandato se han desarrollado importantes disposiciones para el sector agrario que tienen buena música, pero a las que falta ponerles la letra. Si Cañete deja finalmente Atocha, la realidad es que se crea un vacío que va a ser muy difícil que lo pueda llenar otra persona con la misma intensidad, y no es cuestión de tamaño, aunque lo más probable es que, si se va, Arias Cañete, allá donde esté, siga siendo como la sombra positiva del departamento.

Cuando algo está funcionando de una forma aceptable, no caben los experimentos y, lo más lógico, es que hubiera una línea y una política de continuidad basada en personas que conozcan lo que hay entre manos. No tendría sentido que, como ha sucedido otras ocasiones, por ser como un ministerio comodín, visto en muchos casos como de segunda, se siga utilizando el mismo para hacer componendas entre comunidades autónomas,(Castilla y León, que ha sido en esta legislatura para Agricultura como una astilla de la propia madera); para hacer ajustes de cuotas de igualdad o entre las diferentes corrientes de un partido para dar salida;para colocar a los descolocados o simplemente para políticas de compensaciones por los servicios prestados, dando un ministerio como si se tratara de un título a ex ministros en el exilio o presidentes autonómios que se aburren lejos de Madrid. No vale cualquiera y ante un relevo, debería anteponerse el conocimiento sobre todo lo demás. Lo del campo no se aprende en un día, uno no le toma cariño a la cosa por decreto y no basta lo que decía Rosa Aguilar, que venía a pintar el ministerio de verde, para mostrar su compromiso con el sector.

En Atocha, algo importante, hay un equipo que está funcionando con el ministro abarcándolo casi todo, pero con la presencia en el día a día, de forma más directa, de la secretaria general Isabel García Tejerina y del subsecretario Jaime Haddad. Hay mimbres dentro para dar continuidad a la línea de trabajo actual. Y, si se imponen los planteamientos políticos sobre los de la eficacia, que no se repitan escenas como las protagonizadas por la última ministra de Izquierda Unida con los socialistas, Rosa Aguilar, que simplemente se dedicó a desmontar el equipo socialista para dar entrada a amigos y compañeros de su partido. Cañete ha puestos algunos cimientos en política agraria, pero que deben tener un largo recorrido en su aplicación para que se pueda hablar de los mismos como pilares de una nueva política para el sector. Y ello necesita continuidad y conocimiento.Y no habría que ir a buscar fuera lo que ya hay dentro.  

Industria apedrea al sector agrario

Por: | 25 de febrero de 2014

Hace unas fechas, los ganaderos de porcino y hoy salen a la calle los regantes en contra las políticas del Ministerio de Industria respaldando los intereses de las compañías eléctricas y en defensa de  la viabilidad de sus explotaciones. Se trata de unas protestas anunciadas que vienen de lejos, hace unos meses, en el caso de los ganaderos, y varios años en relación con los regantes, sin que, hasta la fecha, haya servido para mucho la mediación de los hombres de Atocha que están más cerca de los planteamientos del sector agrario.

Los ganaderos se hallan con el agua al cuello ante la propuesta oficial para seguir rebajando la retribución a la energía producida por las plantas de cogeneración en base a la utilización de los purines de las granjas, que desde 2012 habían pasado de 160 euros Mw a 136 en el segundo semestre de 2013 y que ahora caería  hasta los 83,9 euros. Con esta  retribución, mantener la actividad de las plantas, sin cargar más costes  a los ganaderos, arrojaría pérdidas y la Administración solamente deja abiertas dos salidas: por un lado, gravar más los costes a los granjeros, lo que supondría perder competitividad. Por otra parte, cerrar las plantas,algo que provocaría un grave problema de excedentes de purines si los ganaderos no disponen de la superficie necesaria para esparcir los mismos sin crear problemas medioambientales peligrosos y que podrían acabar provocando un cierre de granjas. Reducir las retribuciones a las plantas de cogeneración de forma universal, es desconocer la parte  medioambiental y económica que supone la eliminación de los purines, algo que podría tener cabida en el futuro en los planes de desarrollo rural si siguen ganando el pulso las eléctricas. 

”Desde hace meses seguimos utilizando los purines en nuestra planta de cogeneración para producir energía con pérdidas, señalaban responsables de la cooperativa Coren en Galicia, uno de los mayores productores de porcino. Pero no  paramos porque ello supondría el cierre de las explotaciones ganaderas al no poder desprenderse de los purines y las granjas abiertas crearían un grave problema medioambiental.”

Los regantes llevan años luchando para que las eléctricas les rebajen el precio de la parte de potencia en la factura dado que  solamente la utilizan unos meses al año, o la posibilidad de hacer en un mismo ejercicio varios contratos en función de las exigencias de los riegos. Frente a esas demandas, desde que en 2008 se eliminaron las tarifas especiales de riego, todo han sido malas noticias para este colectivo que ha pasado de pagar una factura de 389 millones de euros, a 700 millones con  el importe del término potencia disparado.

  Debe de ser muy fuerte el poder del sector de la energía, cuando esa fue una de las promesas que no pudo cumplir el propio Zapatero y, por lo visto, tampoco le es posible ahora a los populares. Frente a las demandas del sector, Industria respondió con más subida que frena  la competitividad de muchos regadíos.

El porcino es la producción ganadera que ha experimentado en las últimas décadas los mayores niveles de crecimiento, aunque se ha reducido el número de granjas. De los temores por la peste porcina allá por los ochenta y noventa, se ha pasado de una producción de  2, 5 a 3,5  millones de toneladas. España es ya el segundo país productor de la UE; la exportación supone más del 35% de las  ventas, desde los países cercanos a los asiáticos; no dispone, ni dispuso nunca de ayudas PAC; ha  modificado las granjas a su cargo en función de las exigencias sobre bienestar animal y ha hecho un importante esfuerzo para evitar el deterioro del medio ambiente con una distribución responsable de los residuos, los purines, en las superficies de las explotaciones agrícolas o por el empleo de los mismos en las plantas de cogeneración para la producción de energía eléctrica.

El sector de los riegos en España supone aproximadamente el 17% de la superficie de cultivo, pero significa más del 45% del valor de la producción final agraria; es una pieza clave en  la creación de empleo durante todo el año; solamente en frutas y hortalizas supone unas  exportaciones anuales de casi 11.000 millones de euros y  en los últimos años ha hecho un gran esfuerzo inversor en la mejora de  las estructuras de riego para  ganar en eficiencia y ahorro de agua, con unas producciones que en su mayor parte tampoco han dispuesto de ayudas directas.

Al gobierno se le llena la boca cuando habla de los sectores agrarios y alimentarios como motores de las exportaciones, por su capacidad para competir en el exterior donde, casualmente porcino y frutas y hortalizas son  protagonistas de esos éxitos. Pero, al final, ese mismo gobierno pone, o le obligan a poner, palos en las ruedas de los mejores carros.

Solo a los tontos se les ocurre tirar piedras contra su propio tejado. Y, por lo visto, la luz lo ciega casi todo.

Purines, algo más que mierda

Por: | 16 de febrero de 2014

El conjunto del sector agrario, la oposición y hasta los diputados populares de las zonas más ganaderas, andan estos días revueltos por la previsible propuesta de Industria para rebajar las compensaciones a la producción de energía vía las plantas de cogeneración a partir del uso de los purines de las explotaciones porcinas intensivas. Si eso se confirma, habría un problema de rentabilidad de las plantas, sobrecostes para los ganaderos y, previsiblemente, un ajuste de las cabañas. Pero, por debajo, hay algo más:¿Qué hacemos con los purines si no cuadran las cuentas en las plantas de cogeneración?.

Países como Holanda o Dinamarca tuvieron que frenar su expansión en la producción de porcino ante la contaminación provocada por los residuos de las granjas, con alto contenido de nitratos y la no existencia de tierra agrícola suficiente para esparcir los mismos sin afectar negativamente a suelos, ríos  o aguas  subterráneas.

Qué le vamos a hacer. Las granjas de cerdos, más que las de otras cabañas como ovino o vacuno, no dan colonias, sino mucha mierda y orines y una mezcla final de todo ello con restos de comida y agua que se denomina purines y que tiene un elevado poder de fertilización para las superficies de cultivo. Mal utilizados o utilizados de forma abusiva con una elevada concentración, si no se dispone de superficies de terreno, pueden dar lugar problemas para los propios cultivos y provocar problemas de contaminación ambiental en suelos y acuíferos. De los purines proceden esos malos olores que, a veces,  llenan el ambiente cuando estamos en el campo y hay un ganadero con su cisterna esparciendo esas aguas en las tierras. Sucede además que, mientras en los territorios donde hay más superficies de terrenos agrícolas el grado de concentración de granjas es reducido, en otros donde se concentran las mayores  producciones de porcino de engorde, las tierras disponibles para esparcir esos los residuos son más bien reducidas, como sucede en Galicia, algunas provincias catalanas, como Lleida, Murcia o Segovia.

Es posible que, como en otras opciones para la obtención de energías renovables, sea necesaria una revisión de esas compensaciones. Pero con transparencia, con luz y un criterio, que, en el caso de los purines,debería ir más allá de lo puramente económico. A la vista de esas ayudas a las energías alternativas, han proliferado los parques de molinos de viento como un buen negocio para los  fabricantes de las torres y  los propietarios de las superficies donde se instalan. Se han extendido los huertos solares y el negocio de los fabricantes de placas. Han resurgido los cultivos energéticos para biomasa. En lo que afecta a las plantas de cogeneración para la transformación de los purines, a la vista de unas determinadas reglas de juego, se han desarrollado una treintena, con unas inversiones medias superiores a los 20 millones de euros en función de unos censos de las cabañas ganaderas.

No parece lógico que se cambien las reglas a mitad de la partida, primero por los efectos económicos negativos sobre quienes acometieron esas inversiones, en algunos casos, desde sociedades cooperativas ganaderas, como en el caso de Coren que supone con su planta el 60% de la producción en Galicia. Pero, también por el impacto que la medida tendría sobre la propia actividad del sector y los riesgos para el medio ambiente al tener que desparramar por los campos lo que hoy se transforma. Lo mismo que sucede a plantas orujeras en el sector del aceite para eliminar residuos.

En el porcino, tenemos un sector donde se ha producido el mayor proceso de transformación experimentado por una cabaña ganadera en las últimas décadas. De una actividad marcada y arrinconada por la peste en  los años ochenta, se ha pasado a un sector donde España ocupa ya el segundo lugar en la producción  comunitaria, sólo por detrás de Alemania, con una producción que ha pasado de 2,5 a 3,5  millones de toneladas y  donde la exportación al resto de la UE y a terceros  países supone el 35% de  la misma. Este proceso no se ha hecho sin sacrificios y ajustes. El porcino ha sido escenario de un cambio de modelo de producción pasando de docenas de miles de pequeñas granjas a otro marcado por las grandes explotaciones intensivas y los grandes grupos de integración. Para lograr ese crecimiento ha sido indispensable el desarrollo paralelo de salidas para la utilización de los residuos. Esos purines que, en otros  países comunitarios como Holanda o Dinamarca, fueron el motivo para frenar su crecimiento en la producción de porcino por problemas de contaminación y falta de suelo donde esparcir los residuos.

En España no hemos sido ajenos a problemas puntuales en algunas zonas por la concentración excesiva de las granjas cuando los ganaderos esparcen en los campos sus cisternas. Estos problemas se han ido resolviendo, en parte muy importante, por el empleo de esos residuos en las plantas de cogeneración. Hoy, con la rebaja de las  compensaciones a la energía procedente de esas plantas de cogeneración, se daría un duro golpe  las granjas aumentando los costes de producción y, en definitiva, a la posición competitiva de un sector en todos los mercados. Habría un ajuste de cabañas y probablemente el sector se recuperaría del golpe. Pero, sobre todo, se agravaría  el problema de los excedentes de los purines, y se debería plantear qué hacer con millones de metros cúbicos en zonas ya hoy saturadas  que podrían acarrear serios problemas  medioambientales. Los purines son algo más que mierda y potencial energía. Son también una exigencia del medio ambiente.

El campo y la potencia de las eléctricas

Por: | 04 de febrero de 2014

Desde 2008, una de las reivindicaciones más importantes en el conjunto del sector agrario y especialmente entre los regantes, fue el desarrollo de una nueva regulación para fijar el coste de la factura eléctrica tras la eliminación de las tarifas especiales de riego. Durante el mandato de los socialistas, los populares se hartaron de reclamar al gobierno de Zapatero el cumplimiento de su promesa para reestablecer el viejo sistema de la tarifa especial u otra fórmula que, al final, supusiera un ahorro en el coste de la energía. Hoy, al cabo de más de dos años en el poder, son los socialistas quienes acusan a los populares de no modificar ese sistema de tarifas, mientras el PP, lejos de aplicar rebajas prometidas, encarece y agrava aún más los mecanismos denunciados por los agricultores, el concepto de potencia, en relación con la factura eléctrica.

Según las cuentas que hacen los regantes, desde la eliminación de las tarifas especiales de riego en 2008, la factura pagada ha pasado de 389 millones de euros a más de 700 millones, con un incremento superior al 80%, y con un aumento de los costes fijos, los regulados, por encima del mil por cien. Los regantes han planteado a la Administración una serie de demandas como la rebaja del 21% del IVA, como si regar fuera un lujo, a una cifra más reducida del 10%, frente al 7% de Italia. Pero, lo que más preocupa al sector, es tener que pagar un precio alto por el término fijo de potencia contratada durante todo el año, una potencia que debe ser alta dadas las condiciones existentes para la obtención de agua vía pozos a gran profundidad o para su transporte, cuando la misma solamente se utiliza varios meses. Los regantes piden algo tan simple como pagar solamente en término potencia en los periodos de riego, no pagar esa potencia elevada cuando no se utiliza, o la posibilidad de poder firmar al año varios contratos en función de las necesidades de riegos.

Mucha potencia deben tener las compañías de la energía en la Administración para que los populares, no solamente no hayan respondido positivamente a las demandas que se hacen desde el sector agrario, sino que además, hasta la última decisión de hace uno días, hayan seguido incrementando el término potencia en las facturas y vayan a poner el campo en pie en las próximas semanas. Cabe señalar que los riegos suponen en España 3,5 millones de hectáreas, solo el 15% de la superficie agraria, pero que representa más del 50% de la Producción Final Agraria ya que son una pieza clave en las producciones más importantes. Además el coste del término potencia afecta, no solamente a los riegos, por ser una actividad de temporada, sino también a otras industrias que operan fundamentalmente varios meses al año, como podrían ser las más de un millar de almazaras en época de molturación o bodegas en el periodo de vendimia.

Se ha dicho históricamente que el sector agrario, desde los grandes a los pequeños empresarios, es un vivero de votos para la derecha. No debe de serlo tanto cuando la Administración popular está prácticamente dejando secos esos viveros de afines o creen sus políticos que esos plantones de agricultores tienen raíces para aguantar sin agua…

Reforma de la PAC,luces y sombras

Por: | 30 de enero de 2014

Ministerio de Agricultura y las Comunidades Autónomas acaban de dar luz verde en la Conferencia Sectorial a la aplicación efectiva de la reforma de la Política Agrícola Común que, en principio, estará en vigor hasta 2020. Tas su aprobación en junio del pasado año, quedaba por saber lo más importante, cómo sería su aplicación, a la vista del margen de flexibilidad que se dejaba a cada Estado miembro para la distribución de sus recursos. Esas incógnitas ya se despejaron inicialmente y de manera general en la Conferencia Sectorial celebrada el pasado mes de junio y se acaban de concretar hace unas fechas, salvo en la división  del territorio en regiones donde debe existir una cierta convergencia de las ayudas.

En relación con esta reforma, se puede señalar, en primer lugar y, en la parte positiva, que España no salió mal parada globalmente si se considera que se ha mantenido el volumen de fondos del periodo anterior, 35.700 millones de euros para ayudas directas, y más de 8.000 para desarrollo rural. Estas cifras no contemplan el efecto de la inflación para este periodo, pero se debe hablar de un logro importante el conseguido por Arias Cañete dado el escenario económico de ajustes y además, teniendo en cuenta que en los pagos comunitarios directos Bruselas nunca hizo una revisión anual de los mismos por ese mismo motivo.

A partir de este dato positivo, se puede decir que la reforma de la PAC ha sido una ocasión perdida para llevar a cabo más cambios necesarios en la distribución de los recursos dando por buena la aplicada en base a los derechos históricos. La aplicación de la reforma ha estado dominada más por la filosofía de la estabilidad territorial, que por lograr un mayor equilibrio en la distribución de los fondos con la mirada puesta en los profesionales y en quienes dedican su tiempo y arriesgan su dinero a esa actividad. Con esa estabilidad como objetivo, el ministro y todo el equipo de Agricultura habían insistido hasta la saciedad sobre la necesidad de que la misma no supusiera un trasvase de fondos entre territorios, superficies, cultivos y explotaciones, pero ha sido igualmente una posición defendida con uñas y dientes por cada una de las Comunidades Autónomas donde el triunfo para sus gobiernos era mantener los mismos niveles de ayudas.”Reforma sí, pero a mí que no me quiten ni un euro”. Es lo que ha sucedido con un acuerdo donde sólo se ha producido una oscilación al alza o a la baja del 0,67% entre lo que recibía en el pasado y percibirá en el futuro, por lo que alguna organización agraria hablaba de una reforma hecha más desde las posiciones y los intereses de las Comunidades Autónomas que desde los intereses de los profesionales.

Con la aplicación de esta reforma se vendría a dar por hecho, a confirmar, que la distribución de los pagos por derechos históricos, el modelo aplicado hasta la fecha, era el sistema más justo para todos. Ello ha supuesto que los sectores y las producciones que recibían las mayores ayudas las van a seguir recibiendo y los que no estaba apuntados a ese modelo de pagos históricos, se quedan fuera sólo con unos mínimos ajustes. Hay además casos significativos donde la aplicación de las ayudas en base a los derechos históricos es aún más sorprendente al estar una parte de la producción con ayudas y otra sin ellas. En el viñedo, tiene ayuda quien en su día entregó producción para la quema en destilación y no las tiene quien comercializó sus vinos en los mercados. Algo similar sucede en los cítricos. Quienes hicieron entregas a la industria tiene derecho a cobros y se quedan fuera quienes operaron con sus producciones en los mercados. En otras palabras, sin generalizar, premio a quien acudió a la transformación o industrialización y castigo al que luchó por vender la producción directamente.

Un segundo aspecto clave en la reforma a partir de esa estabilidad en la distribución, ha sido la asignación los recursos a partir de las definiciones de actividad agraria y agricultor activo. En principio, la definición de actividad agraria parece suficiente para excluir de la misma en los pagos a las superficies sobre las que no haya actividad, agrícolas o ganaderas, siempre que funcionen los necesarios controles. En lo que afecta a la definición de los activos como personas físicas o jurídicas con derecho recibir los pagos, las exigencias se han quedado cortas, y mucho más habría sido si, a última hora no se aumenta del 10% al 20% el porcentaje de ingresos por la actividad, tras la posición de las organizaciones agrarias. Será activo quien en sus ingresos en la explotación obtenga sólo hasta un 80% de ayudas y al menos el 20% sea consecuencia de la actividad productiva .Es corto ese 20% y el mismo, obviamente, no parece pensado para explotaciones de secano con bajas ayudas, sino para determinados cultivos en regadío con ayudas muy altas en base a los derechos históricos y desligadas de la producción. La reforma ha sido una ocasión perdida para enmendar muchas injusticias y para lograr una mayor concentración de ayudas en manos de profesionales, lo hagan labrando directamente la tierra o que dediquen, inviertan y se jueguen los cuartos en el sector. Con esta reforma, dice Agricultura, se van a excluir a poco más de 70.000 perceptores que no llegaban a ese 20% de ingresos por la actividad frente a más del 80% en el volumen de las ayudas, una quita de unos 550 millones. Con la reforma se eliminarán también a unos 100.000 perceptores que reciban 100 euros en 2015, 200 en 2016 y 300 en 2007, aunque se deja la puerta abierta para seguir cobrando esos fondos si en este tiempo desarrollan una política de integración a efectos de las solicitudes. Sin embargo, no se abordó el mecanismo para ajustar la cifra actual de 900.000 perceptores a menos de la mitad para lo cual habría sido necesario poner sobre la mesa una cuestión delicada, pero muy importante como las ayudas a los jubilados, apoyos en muchos casos indipensables para la supervivencia dada la baja cuantía de sus pensiones, en el marco de un del relevo generacional.

Finalmente, hay otro debate clave como es el proceso de despoblamiento del medio. Obviamente se trata de una cuestión que se enmarcaría en los programas de desarrollo rural. Pero, no habría estado de más que, a la hora de definir agricultores activos se hubiera tenido también en cuenta, como un plus muy importante, a quienes viven y sufren día a día el medio rural donde son la pieza clave para el sostenimiento de pueblos, patrimonios y territorios, desde la biodiversidad a la seguridad, a falta de los cuarteles de la Guardia Civil.

Ibérico, más colores que controles

Por: | 19 de enero de 2014

Tras casi dos años de negociaciones con todos los muchos intereses encontrados que existen en el sector y entre Comunidades Autónomas, al final salió la nueva norma por la que se regulará la calidad de los productos del cerdo ibérico.Casi un tema de Estado.

Oficialmente, según indica Agricultura a la hora de justificar la nueva normativa, la misma era necesaria por muchas y muy importantes razones: por una excesiva relajación en la aplicación de los criterios de calidad desde la producción a la comercialización de los productos del cerdo ibérico debido a la regulación de 2007 de la etapa socialista con Elena Espinosa de ministra. ¿Otra herencia?; por el descenso de la cabaña ganadera en la dehesa y la pérdida de raza; por la existencia de un modelo productivo intensivo de cebo (regulado en 2001 por Arias Cañete),que ha dado lugar a una sobre explotación y a un exceso de oferta en los mercados; por la existencia de logotipos y símbolos en los productos que inducían a la confusión, como poner un cerdo de cebo criado en una granja pastando bajo una encina; por la instauración de cuatro denominaciones de ibérico; por la existencia de cargas ganaderas excesivas en las dehesas y en las granjas de cebo; por el mal funcionamiento de las certificadoras que, en muchos casos, daban denominaciones sin pisar un matadero; por la falta de los pesos mínimos en muchas de las canales que se sacrificaron y la falta de controles en los periodos de curación. Y, en definitiva, porque no funcionaba nada y el ibérico era un barco a la deriva.

Frente este panorama de caos y con el objetivo de sacarlo a flote, Agricultura se atrevió con una nueva normativa donde se contemplan unas mayores exigencias en cargas ganaderas en las dehesas o superficies por animal en las granjas; en el peso de los animales sacrificados; en los periodos de curación de los productos, reduciendo las anteriores denominaciones de calidad a tres, de bellota o dehesa, de cebo de campo y de cebo de granja, eliminando la categoría de recebo; exigiendo que en cada etiqueta se informe sobre el porcentaje de pureza de raza del animal cuando no sea 100% ibérico y, como novedad más significativa para el consumidor, exigiendo instalar un precinto inviolable en cada pieza que será negro para el producto de bellota 100% ibérico, rojo cuando sea bellota, pero que no llegue ese porcentaje racial, verde para los cerdos de cebo de campo y blanco para los de cebo de granja. Este precintaje, no estará plenamente vigente en el mercado hasta pasados unos meses ante el periodo transitorio amplio que ha dado la Administración para implantar ese sistema para las piezas que se hallen hoy en proceso de curación. Además, el consumidor se podrá encontrar con otro precinto marrón que se deberá aplicar a los productos en  proceso de elaboración de los cerdos de recebo, categoría que se elimina con la nueva normativa.

 Hay que reconocer el valor de Agricultura para meterse otra vez en la regulación de ese avispero de intereses encontrados que hay sobre el cerdo ibérico. Simplificando las cosas, toda esa problemática a la que se refiere la Administración para justificar la necesidad de la nueva norma, se podría concretar en dos causas: el exceso de oferta barata y la falta de controles.  

En cuanto al exceso de oferta, el origen se remonta a 2001 cuando Arias Cañete como ministro se atrevió a tratar de poner orden en el sector instaurando oficialmente la categoría de cerdo de cebo para un animal  criado en una granja intensiva a base de pienso en cualquier punto de España y que se podría producir igualmente en cualquier parte del mundo al no estar ligado a la dehesa. Eso provocó que, entre los años 2004  y 2007, se desarrollara un censo de este tipo de ibérico de casi cuatro millones de animales provocando cerca de ocho millones de jamones. A este tipo de producción se apuntaron grandes grupos de ganaderos que estaban pasando una situación crítica de precios con el cerdo blanco, empresas cárnicas que vieron la posibilidad de mejorar sus ingresos en base a la imagen de lo ibérico y  empresarios de otros sectores en busca de nuevos negocios. Ello supuso que el ibérico pasara de ser un producto caro y  casi exclusivo, a un producto barato de oferta por sus menores costes, arrinconando poco a poco a las producciones de bellota más caras por su sistema de cría, cuyo censo fue cayendo desde los 800.000 a menos de 500.000 animales de los que solo unos 150.000 son ibéricos 100%.

Pero el problema que supuso para el sector la invasión de producto de cebo de granja, no fue solamente por una mayor oferta. El efecto más negativo sobre el sector de lo ibérico lo produjo el hecho de que  una parte muy importante de ese tipo de producciones se comercializaran muy baratas,lo ibérico se convirtió en un producto reclamo de oferta como la leche o el aceite,sin que funcionasen los mecanismos de control para evitar etiquetados fraudulentos que suponían un engaño al consumidor en medio de la inoperancia de Comunidades Autónomas.

Poner orden en el sector no se logra solo reduciendo a tres las denominaciones de lo ibérico, como dispone la nueva norma, exigiendo los porcentajes de raza en cada etiqueta, limitando las cargas ganaderas en granjas y dehesas o poniendo bridas de colores para que el consumidor lo tenga más fácil a la hora de elegir un producto. No se va a recuperar la raza por poner los porcentajes en las etiquetas, aunque ello aporte más información al consumidor a la hora de elegir.

La nueva normativa aumenta algunas exigencias en materia de espacio en la producción de los animales de cebo de granja pero, se mantiene la clasificación, en contra de los más puristas de la dehesa y, obviamente, con el apoyo de los grandes intereses económicos que giran hoy en torno a ese tipo de explotaciones, por lo que es complejo dar marcha atrás. Pero, con la normativa anterior, se podían haber controlado todos los procesos que hoy se tratan de poner en orden, desde la fase de producción a la industria y a la comercialización, desde las cargas ganaderas a las certificadoras criticadas de forma generalizada en el propio sector por su funcionamiento inadecuado.

El escenario negro que dibujaba la Administración a la hora de justificar su normativa, no era consecuencia solamente por la invasión de los animales de los cebaderos en los mercados, sino por la no aplicación de los sistemas de control existentes ante la permisividad y la inoperancia de las  Administraciones con responsabilidades en la materia. Si se hubiera aplicado la norma anterior, no se habría llegado a la situación actual.Y, a lo mejor, hasta habría sobrado la nueva norma.

 

 

Trigo Limpio

Sobre el blog

Hablaremos de la política agraria, de los políticos que la ejecutan, de los agricultores y ganaderos que la sufren o disfrutan, de la agricultura y la ganadería, de la agroindustria, el consumo y del mundo rural

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Vidal Maté

Vidal Maté. Soy periodista y pequeño agricultor. Nací y viví pegado al campo y al mundo rural. Aprendí de agroindustria y la distribución para seguir el calvario (ahora se llama cadena alimentaria) que siguen los productos agrarios hasta el consumidor. Dicen que soy un histórico - he visto pasar a todos los ministros - y un tipo crítico. Nunca me he casado con nadie. Defiendo un futuro para el mundo rural. Soy trigo limpio.

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